A nadie debería
llamarle la atención que un gobierno cuyo presidente asumió estando procesado
por montar una red de escuchas ilegales espíe a sus opositores políticos: por
el contrario, el sobreseimiento dictado a favor de Macri en esa causa a los
pocos días de haber asumido parece haber sido leído como un
salvoconducto para reincidir; ahora disponiendo de una estructura estatal con
experticia en el tema, como la AFI.
Tal como describió
con acierto Graciana Peñafort en su cuenta de Twitter, el modus operandi
utilizado en el caso de los audios que se difundieron de las conversaciones de
Cristina con Parrilli, es exactamente el mismo que se usó en las escuchas por
las que Macri fue procesado: con la excusa de investigar un delito y apelando a
los contactos con un juez amigo, se monta una red de espionaje para enterarse
de lo que hacen los opositores políticos (en éste caso Cristina), como antes
los familiares molestos, o los empresarios competidores.
La inverosímil
denuncia de Marijuan, para proteger a Stiusso no hizo sino ratificar los
vínculos promiscuos de buena parte del Poder Judicial de la nación con sede en
Comodoro Py con lo más sórdido del mundo del espionaje local; pero de un modo
que resulta -no casualmente- funcional al gobierno: mientras se hablaba mucho
del ex jefe de la AFI, poco se decía de que el actual (bajo cuyo mandato los
espías volvieron a escuchar teléfonos por orden judicial y sin control) debía explicar en los
tribunales las transferencias que recibió de Odebrecht en una cuenta oculta.
En el afán de
acosar judicialmente a Cristina y emparentar al kirchnerismo con una asociación
ilícita conformada al solo efecto de delinquir desde el Estado, el gobierno de
Macri no ha vacilado un instante en aliarse con personajes sórdidos traídos
desde las cloacas del hampa (como Pérez Corradi o los hermanos Lanatta), o en
aceptar los serviciales oficios de Stiusso y su pandilla; formen o no parte
formalmente de los cuadros del espionaje estatal.
Pero fueron mucho
más lejos aun: recordemos el DNU dictado por Macri en sus primeros días de
gobierno traspasando las escuchas telefónicas de la Procuración General a la
Corte, y la exención a la AFI de rendir cuentas del uso de todos sus fondos, y
no solamente de los directamente afectados a las tareas de inteligencia.
También por DNU
Macri pospuso la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la
Nación que había aprobado el Congreso durante el mandato de Cristina, con el
que los jueces federales perderían buena parte de sus poderes discrecionales
para manejar las causas a su cargo. Un favor a cuenta de los que luego les
pediría a los pandilleros de Comodoro Py.
Medidas todas que
marcaron un claro retroceso institucional y en términos de consolidación
democrática, a las que se sumaron luego los cuestionables candidatos propuestos
para dirigir la AFGI (por cierto: votados por la “oposición responsable” en el
Senado; respecto a los cuáles por ejemplo Carrió (“parte importantísima del
gobierno” según ella misma se ha definido) dice que Madjalani la espía.
Claro que con la
impunidad verbal que la caracteriza omitió señalar por cuenta y orden de quien,
si de Macri (lo que confirmaría por fuente insospechada de kirchnerismo que el
gobierno espía), o por decisión “libre” de la cúpula de los espías; supuesto en
el que se reafirmaría la sospecha de que opera -cuando lo cree
conveniente- sin control alguno, y con agenda propia. En cualquier caso, las
conclusiones son inquietantes.
Desde que asumió Macri su gobierno se impuso como
tarea de primer orden la cacería judicial de Cristina, a través de una entente
de periodistas, jueces, fiscales y ex y actuales servicios, fuera de control,
con operatorias más o menos organizadas; como lo comprueba el papelón de
Patricia Bullrich pactando con Pérez Corradi su regreso al país para declarar
contra el kirchnerismo en la justicia, para que luego embarrara a Ernesto Sanz
(lo que lo hizo desaparecer
bruscamente de los medios oficialistas) y finalmente fuera sobreseído por no
poder comprobársele ningún vínculo con el triple crimen.
El combo incluye la
participación de buena parte de la dirigencia comunitaria judía, y servicios de
inteligencia extranjeros como la CIA y el Mossad y sus conexiones en el aparato
judicial local, como ocurren el caso de la muerte de Nisman y de su denuncia
contra CFK. Y la complicidad por acción y omisión de la Corte Suprema, que se despega de la difusión de las escuchas, como si controlar que no se filtren por fuera de las causas en las que están ordenadas no fuera responsabilidad suya.
Un mecanismo al que cada vez más previsiblemente
se apela cuando la economía y la gestión traen malas noticias, o cuando el
gobierno tiene que salir a tapar de apuro escándalos propios; algo que para su
desgracia sucede cada vez con mayor frecuencia.
Porque es público y
notorio que al gobierno de los CEO’s que soslayaron y naturalizan los
conflictos de intereses le sobran los escándalos y donde tocan buscando
“corrupción k”, sale pus de las heridas propias; desde los “Panamá paper´s” al
“lava jato”, pasando por los turbios manejos de la fundación de Michetti, las
cuentas en Bahamas o las sociedades off shore del presidente.
Un gobierno que
ostenta el récord -en tiempos democráticos- de denuncias de corrupción en su
primer año de mandato; y un presidente que a título personal y de su padre, su
mujer, su familia, sus amigos y el núcleo duro del gobierno tiene un cementerio
lleno de esqueletos en el placard, ¿tienen certeza de que los espías de los que
hoy se valen no están juntando material para propinarles sus propios carpetazos
cuando lo crean conveniente o necesario, pueden dar fe de que no los están
escuchando también a ellos, podrían aseverar que de ese modo no conoceremos más cosas turbias?
¿O no fue acaso una "escucha anónima" que le llegó a su despacho a Patricia Bullrich lo que casi terminó con Gómez Centurión fuera de la Aduana, en un claro ajuste de cuentas interno?
En lo que hasta hoy
parece ser su principal (si no única por momentos) estrategia política el
macrismo va acumulando un oneroso pasivo de “favores” que en algún momento
tendrá que empezar a pagar, y si bien es cierto que estas cuestiones suelen
interesar poco al común de la gente (preocupada en cuestiones más acuciantes,
como llegar a fin de mes, o no perder el empleo), cuando estallan terminan
impactando sobre el conjunto del sistema político e institucional, con
derivaciones imposibles de prever.
De La Rúa terminó
yéndose en el helicóptero por la implosión del modelo de la convertibilidad y
el “corralito” que derivaron en un estallido social, pero su credibilidad
política y la suerte de su gobierno quedaron heridas de muerte cuando se
produjo el escándalo de la Banelco, en el cual los fondos oscuros de la ex SIDE
jugaron un papel trascendental.
Sin pretender paralelismos
forzados cabe preguntarse que pasará cuando a un gobierno que hace rato no
puede anunciar buenas noticias (y que se palpen en el bolsillo, sobre todo),
con apoyos contingentes en el Congreso (supeditados al toma y daca y al humor
cambiante que traducen las encuestas) y que se ha hipotecado con medios,
jueces, fiscales y espías buena parte de su futuro, los que hoy operan a su
favor le suelten la mano.
