Apenas a dos días de haber comenzado el gobierno de Alberto Fernández, decíamos acá respecto a la designación de la nueva ministra de Seguridad: "La apuesta de Alberto Fernández designando al frente de un área tan crítica a una académica, que viene del campo de la investigación en las ciencias sociales, es arriesgada en el contexto en el que habitualmente se discuten estas cuestiones; que parece pasar exclusivamente por quien la tiene más larga, o quien porta el arma de más grueso calibre, o puede impostar voz de mando con mayor eficacia.
Pero al elegir así, ha puesto las cosas en su lugar adecuado, porque la violencia es un fenómeno social, cuya manifestación más visible es el delito (el delito violento, precisamente, del otro, el de "cuello blanco", jamás se habla), y en consecuencia no puede ser abordado desde la chapucería "pistolera" con el que se lo ha tratado muchas veces, en especial en estos últimos cuatro años, con las consecuencias por todos conocidas. La demanda ciudadana por seguridad exige respuestas eficaces del Estado, y esas respuestas solo las pueden dar quienes han estudiado y se han preparado para darlas, no los improvisados efectistas. "
Desde ese lugar, no podemos menos que celebrar la Resolución 1231 de la ministra Frederic, publicada ayer en el Boletín Oficial (completa acá); por la que deroga de un plumazo todos los bochornosos "protocolos" de la gestión Bullrich, sobre el uso letal de las armas de fuego por las fuerzas de seguridad, el uso de las pistolas Táser, el "Servicio Cívico Voluntario en Valores", la posibilidad de que las fuerzas de seguridad requirieran el DNI en los trenes y también deja sin afecta la afectación de parte del predio de la unidad turística de Chapadmalal, para centro de formación de Gendarmería. Más allá del gesto político que implica dar marcha atrás con tanta barrabasada en apenas dos semanas de gobierno, lo interesante son los fundamentos que la resolución expone en cada caso, porque dan cuenta de otra visión de la seguridad pública en democracia.
Así por ejemplo al derogar el"protocolo" sobre la utilización de armamento letal por las fuerzas de seguridad, se señala: "...autorizar la utilización del armamento letal ante el mero acaecimiento de una fuga, o de resistencia a una detención si quien lo hace no encuadra en una situación estricta de “peligro inminente” de ocasionar la muerte, o, en su caso, lesiones graves de terceras personas o del personal de las fuerzas policiales y de seguridad intervinientes, así como habilitar su uso contra quienes portan otro tipo de armas o incluso no portan armas, atenta contra el principio de proporcionalidad y el de racionalidad del uso de la fuerza letal; principios que, junto con la excepcionalidad y la progresividad, rigen el accionar policial en el modelo de un Estado Democrático de Derecho,.."
Y se agrega: "...las circunstancias que habilitan el uso de la fuerza letal por parte del personal policial y de las fuerzas de seguridad, contempladas en la referida resolución, no configuran, en su mayoría, situaciones que generen un peligro inminente para la vida de los agentes y de terceras personas. Pero, además, ...configura una situación de riesgo para las personas víctimas de delitos, para personas ajenas al hecho y para los mismos integrantes de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, toda vez que el uso “irracional” de la fuerza genera un contexto de exponencial violencia que aumenta la vulnerabilidad y en nada contribuye a la protección de la vida de las personas involucradas en el hecho, ni de terceras personas ajenas al mismo. (y) "...incrementa la violencia en los hechos delictivos, pudiendo afectar de manera directa en la subjetividad de las personas que cometan un delito, toda vez que la ausencia de criterios de proporcionalidad y racionalidad en el uso de armas por parte de los funcionarios policiales, convierte en extremo cualquier enfrentamiento y estimula, por ende, el uso de armas por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad y por parte de quienes pretendan delinquir. Este aumento de la violencia genera una situación de mayor peligro para el personal policial, para quienes delincan y para terceras personas que se encuentren en las inmediaciones en las que suceda el hecho.". Dicho con simpleza: la violencia solo engendra violencia.
Sobre la resolución que autorizaba el uso de las Táser, dice Frederic al derogarla: "...se regulan de manera genérica y vaga los criterios a los que debe ajustarse el personal policial y de las fuerzas de seguridad en el empleo de armas electrónicas “no letales” -que, en realidad, son “menos letales”, tal como lo reconoce su fabricante-. En efecto, no se establece criterio alguno respecto del empleo de tales armas electrónicas. La categorización como arma electrónica “no letal” podría habilitar el uso indiscriminado si el mismo no se encuentra limitado por los principios que rigen la utilización del armamento letal,...". O sea, deja sentado que no solo no se trata de armamento "no letal", sino que además no se fijan criterios objetivos para que las fuerzas de seguridad lo empleen, en determinadas circunstancias.
Sobre la derogación del protocolo de seguridad en los trenes, que facultaba a las fuerzas de seguridad federales a exigir a los ciudadanos la exhibición del DNI, apunta la resolución: "..esta medida criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados. Que, asimismo, se trata de una herramienta que pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación, basándose para ello en el cuestionado fallo “Vera” del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad Autónoma de Buenos (y) contradice los estándares de seguridad democrática y, también, los estándares internacionales de Derechos Humanos, que impiden la detención de personas cuando no haya sospechas fundadas de la comisión de un delito. Así, cuando no hay sospecha suficiente de que alguien cometió un delito, detener para identificar es inconstitucional, tal como lo afirmó la Corte Interamericana de Derechos Humanos..." .
Respecto a la derogación del "Servicio Cívico Voluntario" instaurado por Bullrich en cuarteles y destacamentos de Gendarmería, señala la nueva ministra: "...se desprende de los preceptos de las Leyes Nros. 24.059 y 19.349 (leyes de Seguridad Interior y de Gendarmería, aclaramos) que el diseño institucional y las finalidades y funciones asignadas a la Gendarmería Nacional, no guardan correlación -y mucho menos en el marco de una política pública de seguridad democrática- con los objetivos y fundamentos del Servicio Cívico Voluntario en Valores, de tal modo que las tareas encomendadas a aquella Fuerza mediante son completamente ajenas a las competencias asignadas al Ministerio de Seguridad..." (y) "...el acceso a los derechos humanos esenciales tales como la educación y la inclusión social de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, forma parte de las obligaciones indelegables del Estado Argentino al suscribir a la Convención sobre los Derechos del Niño, y deben ser garantizadas desde las áreas de Educación, Desarrollo Social, Salud, Trabajo, Turismo y Deportes y, en general, por todas aquellas dependencias encargadas de diseñar e implementar las políticas destinadas al desarrollo pleno de niños y niñas, adolescentes y jóvenes.". O sea, zapatero a tus zapatos.
Agrega más al respecto: "...el Ministerio de Seguridad, al instituir el Servicio Cívico Voluntario en Valores, avanzó sobre una materia completamente ajena a sus objetivos y funciones, como lo es la educación de la población civil. Que, además de tratarse una tarea ajena a las funciones de la Gendarmería Nacional, la implementación del Servicio... amplía espacios de intervención de una fuerza de seguridad con niños, niñas y adolescentes. Y sumado a ello, esos espacios de intervención no se encuentran debidamente acotados y delimitados, dejando a criterio de la Gendarmería -y ajenas al control y supervisión ministerial- diversas cuestiones vinculadas, por ejemplo a cantidad de inscriptos; horario a cumplir; como se articulará con la educación formal y obligatoria; si pernoctan en las dependencias; como se organizarán las instalaciones para el caso en que se inscriban mujeres; cómo se seleccionará al personal para prestar funciones de formación; si el personal encargado de la formación estará habilitado a portar armas; si los niños, niñas y adolescentes tendrán cobertura médica; ....". Es decir, una chapuza más al estilo Bullrich, para la tribuna.
Y finalmente, los fundamentos de la devolución de la parte del predio histórico de Chapadmalal que Patricia Bullrich tomó (perdón, es la costumbre) para centro de formación de gendarmes, en los que, luego de historiar el origen del lugar y su expropiación a la familia Martínez de Hoz durante el primer peronismo, se señala: "...más allá de las inconsistencias, de cara al sistema de protección de la Ley N° 12.665 y sus modificatorias (porque no se esperó al dictamen de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, aclaramos), ...el emplazamiento de un “Centro de Formación de Gendarmes” en aquellas instalaciones suscitó múltiples voces de rechazo, tanto en el ámbito social como político...(porque) la medida constituye una afrenta a la conservación colectiva de un “ícono social” asociado al derecho del disfrute turístico de los sectores asalariados y postergados; que socava las deterioradas políticas de turismo social y contradice los valores de ese lugar emblemático de la cultura popular y la política argentina; y que simboliza un retroceso absoluto en materia de conquistas sociales y derechos humanos."
A lo que suma que "...la necesidad de contar con un “Centro de Formación de Gendarmes” que permita la formación de un mayor número de Aspirantes a Gendarmes, bien puede satisfacerse extremando otros recursos con los que cuenta el Estado Nacional a fin de asegurar el emplazamiento de la iniciativa en lugares que no susciten un rechazo de la sociedad por afectar un monumento histórico nacional vinculado a la memoria viviente de políticas sociales inclusivas; y por limitar las instalaciones del Complejo disponibles todavía para el acceso de sectores vulnerables al disfrute turístico y recreativo.". Más claro, imposible.
Y por si todo lo expuesto no fuera suficiente para tener esperanza en que la seguridad ha sido puesta en buenas manos, de gente con las ideas claras, la nueva ministra acaba de decir que, en su opinión, debe revisarse la participación de la Gendarmería en la muerte de Santiago Maldonado. Para dos semanas de gobierno y en un área tan crítica, no es poco.
