LA FRASE

"EL GOBIERNO IMPROVISA BASTANTE CON LAS DESIGNACIONES, HABEMOS GENTE MUCHO MÁS CAPACITADA QUE FORADORI PARA EMBAJADOR EN GINEBRA. "MARIO BARLETTA)

lunes, 21 de mayo de 2018

VERANO EN SANTA FE BAJO EL MACRISMO



La imagen de apertura corresponde a un cuadro sacado del portal oficial del gobierno de la provincia (ver acá), que expone los gastos del Estado santafesino hasta el 31 de marzo pasado (último dato disponible); o sea antes de que comenzara a impactar a pleno el ajuste derivado del pacto fiscal, y antes también del cierre de las paritarias con los gremios docentes y estatales.  

El cuadro muestra un aumento interanual (de marzo de 2017 al mismo mes de éste año) del gasto del 29,91 %, en línea con la inflación real y no con la "meta" planteada por el gobierno nacional en el presupuesto, y en el de la provincia por carácter transitivo. 

El aumento interanual del gasto en “Remuneraciones” (los sueldos de los empleados públicos provinciales) fue en el mismo período del 23,61 %, o sea unos cuantos puntos por debajo del aumento del gasto global, y de la inflación. 

Primera conclusión: el problema de las cuentas del Estado (al menos en Santa Fe) no son los sueldos de los empleados públicos, o su cantidad. Más bien son la variable de ajuste.

El déficit previsto para todo en el año en el presupuesto para la Caja de Jubilaciones y Pensiones eran $ 2.990.365.000; pero solo en el primer trimestre ya acumula un déficit de $ 1.858.0641.161,17; que anualizado serían $ 7.432.256.644,68, o sea un 148,52 % más de lo previsto, e incluso podría ser más, por la incidencia de los aguinaldos. 

Segunda conclusión: los rumores derivados del pacto fiscal sobre una posible "armonización" de los sistemas previsionales (lo que supondría una baja de las jubilaciones provinciales) aceleraron exponencialmente los trámites para acceder a una jubilación de los que estaban en condiciones.

La partida "Servicios No Personales" tuvo un aumento interanual del 48,93 %, muy por encima del aumento global del gasto: en esa partida se pueden computar gastos como la comida de los hospitales, contratos de locación de servicios, la publicidad  oficial, los contratos con la empresa Nec (para las cámaras de seguridad) y Boldt (para la lectura electrónica de las apuestas de la Lotería), y el subsidio a los hospitales rosarinos; disfrazado como facturación a una prepaga.

Tercera conclusión: la provincia le pone "cepo" a sus paritarias (aun con cláusula gatilllo, arrojaron un 26,1 % promedio de aumento), pero no a la discusión con algunos de sus contratistas o proveedores. 

La coparticipación de impuestos a municipalidades y comunas tuvo un aumento interanual del 28,97 %, casi en línea con el aumento del gasto global, pero menos: habrá que ver en el avance de los meses de la ejecución presupuestaria como impactan (seguramente a la baja) las reformas previstas en el Pacto Fiscal.

La partida "Construcciones" (la obra pública) tuvo un aumento interanual del 71,72 % , muy por encima del aumento del gasto global, pero anualizando el importe gastado estaríamos hacia el final del año en un porcentaje de ejecución del 56,56 % sobre lo previsto en el presupuesto (el año pasado la ejecución fue del 61,98 %); que es en plata casi igual a lo previsto para el mismo rubro el año pasado: 19.802 millones en 2017, contra 19.847 éste año.

Cuarta conclusión: es claro que el aumento del gasto en "Construcciones" obedece en mucha mayor medida a las "redeterminaciones de precios" que inflan los contratos originales, que al avance real de las obras previstas, que incluso viene por debajo del del año pasado.

Las transferencias de capital: caen un 5,9 % interanual, y dentro de ellas el Fondo Soja que la provincia transfiere en un 30 % a las municipalidades y comunas, cayó un 61,37 %). 

Quinta y última conclusión: el ajuste nacional es trasladado a las provincias, aun antes de los anuncios de recorte en la obra pública que hizo Dujovne (ya había caído un 25 % en términos nominales la inversión en obra pública nacional); y en el caso del fondo sojero impactan la baja de retenciones, la retención de la cosecha por los productores y el mecanismo previsto en el pacto fiscal de condicionar las transferencias a que las provincias lo aprobaran, e implementaran las reformas previstas en él.

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