TIRADOS DE ABOGADOS

 

La nación le está debiendo a la provincia de Santa Fe los aportes para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones. El año pasado las transferencias venían demoradas, y desde que asumió Milei, directamente no llegaron más: un elemento que el gobierno de Pullaro menciona poco cuando habla del déficit, porque prefiere enfocarse en las reformas al régimen jubilatorio. De allí que no extrañe que la provincia haya iniciado algún tipo de reclamo para cobrar lo que se le debe, y de paso contribuir a disminuir el déficit de la Caja. 

Ya es más raro que contrate a un estudio jurídico privado a esos fines, cuando de acuerdo al artículo 82 de la Constitución de la Provincia para esos fines está Fiscalía de Estado; que tiene un montón de abogados de planta permanente para eso, incluyendo una delegación en Capital Federal para litigar -por ejemplo- en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Más raro todavía es que contrate en forma directa -es decir, sin ningún tipo de licitación o concurso- a un determinado estudio de abogados. Quizás no sea tan raro que el estudio elegido sea justamente el de los autores -en las sombras- del DNU 70 de Javier Milei, y de buena parte de la ley bases, y también en su momento de todo el marco regulatorio de las privatizaciones del menemismo (más antecedentes de Cassagne, acá): 

Pero lo más raro de todo es que le vayan a pagar al estudio de Cassagne (que de ellos se trata) 30 millones de movida, más una cuota mensual, más un porcentaje de lo que la provincia logre cobrar, por un juicio que ya se inició y se está tramitando en la Corte Suprema nacional, como lo reconoce el propio contrato de la provincia con el estudio, que está anexado al decreto; como pueden ver en la imagen siguiente.

Decir que en realidad le están pagando para que presenten un recurso contra el DNU 280/24 de Milei (que modificó el presupuesto, suspendiendo las transferencias a las Cajas provinciales) es tomarnos por boludos, porque el decreto fue dictado el 27 de marzo, o sea hace casi tres meses. Medio tarde se acordaron de recurrirlo. 

Pero que le están pagando al estudio de Cassagne para que siga un juicio que ya inició la provincia-como corresponde- a través de la Fiscalía de Estado no lo decimos nosotros: lo dice en primer lugar el propio contrato que van a firmar con el estudio.

Y lo dijo también el propio Pullaro en abril pasado, cuando dictó el Decreto 527, ratificando el juicio que ya había iniciado Perotti en su gobierno (pueden ver que el número de expediente es el mismo: CSJN 1970/2023), cosa que no hubiera sido en realidad necesaria porque el Fiscal de Estado necesita un decreto del gobernador no para iniciar un juicio, sino para desistirlo (artículo 4 de la Ley 11875).

Que era en realidad -según dicen las malas lenguas- lo que en realidad quería hacer el actual Fiscal de Estado de la provincia y de allí el decreto de Pullaro. Claro que ahora el hombre vuelve por sus fueros, y recomienda que le tiren un centro a Cassagne, que por supuesto lo va a cabecear gustoso. Y no precisamente gratis: