LA FRASE

"PARA MÍ LO PROMETIDO ES DEUDA." (LUIS CAPUTO)

jueves, 10 de abril de 2025

LA CONSTITUCIÓN DE BUKELE

 

En medio de la más absoluta indiferencia ciudadana y sin que buena parte de los santafesinos siquiera sepan que tienen que ir a votar el domingo (no digamos ya que sepan que es lo que se vota), iremos a las urnas para elegir nada menos que los convencionales que han de reformar la Constitución de la provincia, vigente desde 1962.

Con el propio gobernador Pullaro encabezando la lista de convencionales del oficialismo (y los sondeos previos), que comenzó su campaña prometiendo que en la nueva Constitución provincial se terminan "todos los garantismos", y por si eso fuera poco para calmar al electorado de derecha nos aclaró esta semana que no se piensa hacer cargo del problema de los sueldos de los trabajadores de Vicentín porque en Santa Fe no gobierna un Estado comunista.

Como (aclaró) cuando estaba Perotti, que quiso intervenir la empresa a través de la Inspección General de Personas Jurídicas o Alberto Fernández, que la quiso expropiar pero después se arrepintió. De paso, culpó de los problemas de Vicentín no a los delincuentes de sus dueños y directivos que la vaciaron, sino...a la política que metió la cola y no los dejó vaciarla tranquilos, impidiendo que se homologara el concurso preventivo y su propuesta de pago a los acreedores.

Pero volvamos a lo del garantismo, que -en palabras de Pullaro- sería una promo que se cancela el domingo si gana las elecciones: ayer leíamos en Rosario 12 esta nota a Oscar Blando, socialista encargado del diseño de la reforma constitucional provincial que en su momento ensayara Lifschitz en su gobierno. Cuestiona Blando que la ley que habilitó la reforma permita que la futura convención reformadora discuta cambios en el artículo 9 de la Constitución provincial vigente, que replica las garantías establecidas en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

En desmedro de la brevedad, lo transcribimos íntegramente para que se entienda de que se trata el artículo: "Ningún habitante de la Provincia puede ser privado de su libertad corporal, o sometido a alguna restricción de la misma, sino por disposición de autoridad competente y en los casos y condiciones previstos por la ley. Toda persona que juzgue arbitraria la privación, restricción o amenaza de su libertad corporal, puede concurrir ante cualquier juez letrado, por sí o por intermedio de cualquier otra que no necesita acreditar mandato, para que la haga comparecer ante su presencia y examine sumariamente la legalidad de aquéllas y, en su caso, disponga su inmediata cesación. Ninguna detención puede prolongarse por más de veinticuatro horas sin darse aviso al juez competente y ponerse a su disposición al detenido, ni mantenerse una incomunicación por más de cuarenta y ocho horas, medida que cesa automáticamente al expirar dicho término, salvo prórroga por auto motivo del juez. Queda proscripta toda forma de violencia física o moral sobre las personas sometidas a privación o restricción de su libertad corporal. Nadie puede ser penado sino en virtud de un proceso y de una típica definición de una acción u omisión culpable previamente establecidos por la ley, ni sacado del juez constituido con anterioridad por ésta, ni privado del derecho de defensa. No se puede reabrir procesos fenecidos, sin perjuicio de la revisión favorable de sentencias penales en los casos previstos por la ley procesal. Cuando prospere el recurso de revisión por verificarse la inocencia del condenado, la Provincia indemniza los daños que se le hubieren causado. Las cárceles serán sanas y limpias y adecuadas para la readaptación social de los internados en ellas. No se alojará a encausados juntamente con penados y los procesados o condenados menores de diez y ocho años y las mujeres lo serán en establecimientos especiales. La ley propende a instituir el juicio oral y público en materia penal.". 

Recordando los dichos del gobernador sobre ponerle fina al garantismo, se pregunta Blando (y nosotros también) que cambios quiere introducir Pullaro en ese texto (la ley declaratoria de la necesidad de la reforma habla vagamente del régimen del habeas corpus), y como hacer que esos cambios sigan haciendo que el texto provincial se ajuste al nacional. Recordemos por nuestra parte que el artículo 6 de la Constitución provincial vigente (que no se piensa reformar) dice que "Los habitantes de la Provincia, nacionales y extranjeros, gozan en su territorio de todos los derechos y garantías que les reconocen la Constitución Nacional y la presente, inclusive de aquellos no previstos en ambas y que nacen de los principios que las inspiran.". 

La Constitución Nacional -por su parte- en su artículo 5 establece la cláusula federal de garantía, bajo la cual reconoce a las provincias el uso y goce de sus instituciones y su autonomía: "Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.". Es decir que en nuestro sistema jurídico ser "garantista" (crea lo que crea Pullaro) no es opcional.

Pero no solo las declaraciones del gobernador hacen sonar alarmas al respecto: esta misma semana -también ayer- veíamos acá en el propio portal oficial del gobierno que enviarían a la Legislatura un proyecto de ley para "capacitar" a jueces y fiscales para que comprendan las circunstancias en las que -en ciertos casos- los agentes de las fuerzas de seguridad deben disparar, e incluso matar. Se la denomina "ley Luciano" por Luciano Novelli, el Chocobar santafesino que fue condenado en primera y segunda instancia por matar a dos delincuentes ya rendidos por la espalda, y luego absuelto por la Corte provincial, como prenda de paz con Pullaro cuando éste amagó con descabezarla.

Para que se entienda: jueces y fiscales serían capacitados (por policías) para que los "comprendan" en esos casos y los exoneren de culpa y cargo, aunque las circunstancias marquen claramente que se trata de casos de gatillo fácil. Otra muestra de la política "anti garantista" del Bukele santafesino, que apenas  Novelli fue liberado de culpa y cargo por la Corte (que en rigor mandó a hacerle un nuevo juicio), lo incorporó como asesor al Ministerio de Justicia y Seguridad; seguramente para que organice los cursos en los que se enseñará a jueces y fiscales la doctrina Chocobar.

Y esta misma semana -más precisamente el lunes- Pullaro firmó el Decreto 598 (ver imágenes en el tuit al final del post) por el cual adjudicó una "licitación acelerada" para comprarle a la única oferta presentada (una ignota SRL) micrófonos ocultos para tareas de inteligencia por más de 150.000 dólares, para la SIDE provincial creada por la Ley 14246 (más información al respecto, en ésta entrada). 

Les va costar conseguir votos con el discurso manodurista a LLA acá en Santa Fe (el PRO es aliado de Pullaro), porque el gobernador los acapara todos. Tuits relacionados:

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Muchachos: oponerle al mileíto calabresito santafesino como supuestas opciones supuestamente algo más valiosas a Perotti y/o Alberto F. me ubica ante dos opciones
1 . Es una fina ironía que no logro descifrar
2 . Que lo dicen en serio, en cuyo caso me produce una profunda tristeza.
Por las dudas un fraternal abrazo peronista, kirchnerista y cristinista

La Corriente Kirchnerista de Santa Fe dijo...

Es lo que dijo Pullaro. Todo lo demás corre por cuenta tuya.

Anónimo dijo...

Es notable como el comentarista obsesionado con Perotti elige siempre pegarle a él e ignorar lo que dice el post, cuando habla de Pullaro. Debe ser una casualidad.