Sobre la tarde/noche del jueves y mientras todavía resonaban los ecos de la salida de Lavagna y la intervención del INDEC, y la decisión de Milei de trasladar el sable de San Martín del Museo Histórico Nacional a Granaderos, se publicó en una separata del Boletín Oficial el Decreto 87 (completo acá), por el cual Milei deroga el Decreto 239/21 de Alberto, que encomendaba a la Procuración del Tesoro de la Nación constituirse como parte querellante en la causa en la que se investigaba el mega-préstamo del FMI contraído por Macri en 2018.
La medida fue aconsejada por el "Chino" Zanini cuando estaba a cargo de la Procuración, y al respecto decíamos en su momento en ésta entrada que "...se denuncia al gobierno anterior por las irregularidades en la concertación del préstamo, se tratará de que los que lo contrataron paguen de su bolsillo el perjuicio causado al Estado argentino (en ambos casos, con resultado vidrioso, atento el estado actual de la justicia), pero se pagará la deuda, en condiciones aun no definidas.".
La decisión fue una mínima concesión de Alberto y Guzmán al kirchnerismo, del cual muchos sectores cuestionaban que el préstamo se haya pagado a libro cerrado sin cuestionar su origen, y convirtiendo la renegociación con el Fondo en asunto de primera prioridad de la política económica: recordemos que por entonces el presidente y su ministro de Economía nos querían convencer que el FMI se había vuelto bueno, y que Kristalina Georgieva comprendía el problema de la pobreza porque lo había padecido de chica.
En posteo se detallaban todas las irregularidades cometidas por el gobierno de Macri para gestionar el préstamo, violando expresas y precisas disposiciones de la Ley 24156 de Administración Financiera, y de la Constitución Nacional; como asimismo por el propio staff del FMI, violando su propia Carta Orgánica al permitir -por ejemplo- que una ayuda financiera del organismo se destinara a financiar la fuga de capitales.
Con el tiempo lo mismo dijeron los propios estamentos técnicos internos del Fondo (corridos de opinar algunos de ellos por la presión política del gobierno de Trump para otorgar el préstamo a un aliado regional clave, según confesó después Claver Carone), y en idéntico sentido opinaron la SIGEN, la Auditoría General de la Nación y el Banco Central: un auténtico bochorno que le costó al país 45.000 millones de dólares de deuda (originariamente era por 57.000 pero Alberto desistió de utilizar el último tramo), que aun hoy está pagando.
En la causa judicial quedaron imputados Macri, Caputo, Dujovne, Sturzenegger y Sandleris; y después de casi cinco años de no investigar nada, la jueza Capuchetti (la misma que no quiso llegar nunca a fondo en la investigación del intento de asesinato contra Cristina, en busca de sus autores originales), archivó esta semana la causa, por inexistencia de delito y sosteniendo que eran cuestiones de política económica, no enjuiciables en sede penal.
Lo cual es claramente falso porque lo que postulaba el fiscal Piccardi (que apeló el archivo de la causa) eran las irregularidades y vulneraciones de normas legales de expresa aplicación al caso para contraer el préstamo, y allí existieron claramente delitos, además de que el acuerdo fue un desastre en términos económicos, reconocido esto mismo con posterioridad por el propio FMI. Lo que buscaba la querella de la Procuración era que, si mediaba condena penal que encuentre culpables, estos tuvieran que responder civilmente por los daños causados al país por haberlo endeudado en condiciones ilegales.
Esta semana y sin esperar que el fallo de Capuchetti dictado a la medida de Macri y sus secuaces de entonces -que en buena medida son los mismos que de Milei hoy, como Caputo y Sturzenegger- estuviera firme (de hecho no lo está porque el fiscal lo apeló), Milei dispuso retirar a la Procuración de la querella para proteger a miembros de su gabinete de rendir cuentas en la justicia, y renovar la alianza con el PRO en vísperas de votaciones clave en el Congreso.
Y de paso, ambos movimientos (el fallo de la jueza y el decreto presidencial) estuvieron sincronizados al milímetro con la visita al país de los representantes del FMI, que llegaron para supervisar la marcha del nuevo acuerdo firmado por el gobierno de Milei con el organismo, justo en medio de la virtual intervención que decidieron Caputo y Milei en el INDEC, postergando indefinidamente la puesta en marcha del nuevo IPC.
Es imposible no relacionar ambos conceptos, porque el Fondo debería "perdonarle" al gobierno el moco que se acaba de mandar con el IPC (cuando se había comprometido a poner en marcha el nuevo índice) para garantizarle otro desembolso (porque como en 2018 mandan las exigencias políticas del gobierno de EEUU sobre los acuerdos firmados y su cumplimiento); y si bien la justicia argentina no puede juzgar a sus funcionarios, no se vería bien para ellos que dictamine que en un punto fueron cómplices de un delito.
El acuerdo de 2018 era tan obviamente ilegal que cuando el propio Milei y Caputo fueron a negociar otro con el FMI, se cuidaron de no repetir el procedimiento de Macri y por lo menos dictaron un DNU a medida, que luego fue ratificado en el Congreso por las exigencias de la ley Guzmán (de "sostenibilidad de la deuda pública"), con la colaboración de la oposición pseudo oficialista. Y eso no va a cambiar por lo que diga Capuchetti, o el destino final de la apelación del fiscal Piccardi, pero si es un antecedente a tener en cuenta en el futuro, cuando nos vuelvan a decir que si el país le debe al FMI, no puede defoltear la deuda y tiene que pagarla religiosamente porque así lo mandan los mismos estatutos que ellos violaron cada vez que quisieron, o lo consideraron necesario.
No hay que dejarlos que se escapen y salgan indemnes como siempre (que es lo que ha venido pasando hasta ahora), porque esa es precisamente la razón por la cual lo vuelven a hacer, una y otra vez. Tuits relacionados:
El que las hace las paga, salvo que sea Caputo pidiéndole guita al FMI sin cumplir los requisitos legales, constitucionales y de la carta orgánica del Fondo. https://t.co/sL4XFykC3j
— La Corriente K (@lacorrientek) February 6, 2026
Plan canje: el Estado se retira como querellante de la causa por el préstamo del FMI a Macri y el Fondo se hace bien el boludo con la intervención en el INDEC y el frizado un eternum del nuevo IPC. Son muy obvios.
— La Corriente K (@lacorrientek) February 6, 2026
Plan canje: el Estado se retira como querellante de la causa por el préstamo del FMI a Macri y el Fondo se hace bien el boludo con la intervención en el INDEC y el frizado un eternum del nuevo IPC. Son muy obvios.
— La Corriente K (@lacorrientek) February 6, 2026
Lo del retiro de la querella de la Procuración del Tesoro es como cuando el mismo FMI le pedía a Duhalde modificar la ley de quiebras para que los banqueros no fueran presos por el corralón.
— La Corriente K (@lacorrientek) February 6, 2026
La decisión de correr al Estado de la causa por el acuerdo de Macri con el FMI tiene el mismo fin del frizzado del nuevo IPC: encubrir las huellas del fracaso de la derecha gobernando, y garantizarle la impunidad de sus delitos. Después dicen que van a auditar pensiones sociales.
— La Corriente K (@lacorrientek) February 6, 2026
Zafó del megacanje, está por zafar del acuerdo trucho con el FMI. En ambos casos gracias a la casta judicial. No debe haber nadie más casta que Federico Sturzenegger.
— La Corriente K (@lacorrientek) February 6, 2026
No hay comentarios:
Publicar un comentario