LLEGAN PARA LA AUTOPSIA

 

Bien pero tarde, los negocios ya están hechos. Precisamente ese fue el motivo por el cual el menemismo en los 90' suprimió el Tribunal de Cuentas de la Nación y adoptó el modelo de la AGN, empeorado en el Pacto de Olivos: https://t.co/hWAZW9EZNP

— La Corriente K (@lacorrientek) October 31, 2026

Tal como da cuenta el tuit de apertura, la Auditoría General de la Nación (AGN) auditará la concesión de la hidrovía, y la prórroga de la concesión de los aeropuertos a Eurnekián (Aeropuertos Argentina 2000) hasta el 2056. La semana pasada se supo que el diputado Mitchel (UxP) pidió que también auditen la privatización del 90 % del paquete accionario de AYSSA.

De acuerdo con su propio plan de trabajo, la AGN había hecho el seguimiento de las operaciones del Banco Central con el oro de sus reservas, y anteriormente, las del préstamo otorgado por el FMI a Mauricio Macri por 57.000 millones de dólares, en 2018.  En todos esos casos y más de la gana que le puedan poner los auditores, hay un elemento en común: llegan tarde para impedir el crimen, y solo les queda hacer la autopsia para conocer sus causas; lo cual es consecuencia del diseño de la Auditoría y sus funciones concretas para controlar, que vienen de la Ley 24.156 de Administración Financiera (1992) primero, y de la reforma constitucional de 1994 (artículo 85 de la Constitución), después.

Hace ya muchos años decíamos nosotros al respecto en esta entrada: "La Auditoría carece de las atribuciones que tenía el desaparecido Tribunal de Cuentas de la Nación para efectuar el control concomitante (preventivo) del manejo de la hacienda pública, a través del análisis de legalidad de los actos administrativos (con la posibilidad de observarlos y suspender su ejecución), y de la revisión de las cuentas y movimientos de fondos que podían dar lugar a los denominados juicios de cuentas y de responsabilidad; procedimientos ambos para hacer efectiva la responsabilidad contable y patrimonial de los funcionarios públicos."

"El control para ser eficaz debe ser oportuno, y en el caso de la AGN el modelo de control que la Ley 24.156 y la reforma constitucional llaman "global" es muy difícil que pueda serlo por su diseño. Que Cavallo y Menem hayan ideado un órgano de control tan amputado en sus facultades no extraña, pero que el radicalismo -con Raúl Alfonsín a la cabeza- lo haya mantenido y jerarquizado con rango constitucional, solo se puede entender desde la óptica de un partido que soñaba con un sistema parlamentario, en el que le tocaría exclusivamente el rol de controlar al gobierno, y en todo caso reemplazarlo mediante gobiernos de coalición y cohabitación; un sueño recurrente del ex presidente.".

Y no se trata de caerle a la AGN exclusivamente por el hecho de que el colegio de auditores lo integren miembros designados por los partidos políticos: al fin y al cabo, la práctica del loteo de cargos en los órganos de control no existe solo allí, y se replica incluso en los lugares en los que aun subsisten los Tribunales de Cuentas, como es el caso de Santa Fe; donde no casualmente la UCR intentó introducir en la última reforma constitucional el modelo de la Auditoría en su reemplazo.

Si hay que decir que el diseño previsto en el Pacto de Olivos y de allí en el texto constitucional nacional, suponía la existencia de dos partidos fuertes y organizados (la UCR y el PJ), que se turnaban en el poder, o más precisamente aun, uno de los cuáles gobernaba (el peronismo), y el otro lo controlaba (el radicalismo). Desde entonces, ambos partidos se han ido deshilachando al compás de la descomposición general del sistema de representación política (que curiosamente alcanzó reconocimiento constitucional cuando empezaba a profundizar su crisis), y eso termina impactando también en el funcionamiento del órgano de control; a lo que hay que sumarle sus fallas de diseño original apuntadas. 

En todos los casos señalados hay irregularidades notorias, licitaciones amañadas a medida de alguno, procesos sospechados de corrupción, remate de bienes públicos a precio vil, tasaciones insólitas (el modelo libertario ha llegado a excluir del proceso al Tribunal de Tasaciones de la Nación) y violaciones flagrantes a las normas aplicables.

Si existiera un órgano de control con facultades para efectuarlo en forma preventiva y concomitante, en tiempo oportuno, con la facultad de suspender los efectos de ciertos actos de los procedimientos administrativos podría haber evitado que se consumen negociados o perjuicios para el Estado y el patrimonio público, incluso aunque el gobernante de turno hubiera insistido en la ejecución de los actos observados, como podía hacerse frente a las observaciones legales del Tribunal de Cuentas. Pero en ese caso entraban en juego las responsabilidades políticas a ventilarse en el Congreso nacional, y quedaba subsistente la posibilidad de realizar los juicios administrativos de responsabilidad patrimonial.

Se dirá que existen otras instancias de control que también han demostrado su fracaso, como las comisiones bicamerales del Congreso o los entes reguladores y de control de los servicios públicos privatizados, en éste caso precisamente diseñados también en los 90' para que no controlaran nada, al menos con eficacia y oportunidad. Y todo eso es cierto, tanto como que la propia instancia del juicio político que contempla la Constitución ha devenido letra muerta por la dificultosa construcción de mayorías en el Congreso (fruto de un sistema político fragmentado), más que de la falta de causales para impulsarlo, que sobran.

Pero lo que existe (más incluso que los errores y carencias de la política y los partidos, y el diseño de los órganos de control) es la cada vez más mayor densidad de los intereses del poder económico que entran en juego en estos casos: piensen simplemente en los ejemplos que dimos al principio del post, y advertirán que en cada uno de esos casos hay una empresa, un grupo de ellas o un grupo económico poderoso, del país o del extranjero, con el poder suficiente para contar con terminales en el Estado que les permiten hacer negocios turbios (pero redituables) a costa del patrimonio de todos.

Ahí hay que buscar el problema de fondo, para el cual deberían estar preparados la política y los órganos de control. De lo contrario continuarán llegando tarde, para la autopsia del cadáver.