LA FRASE

"REGLAMENTAMOS EL FAL DE LA REFORMA LABORAL PARA QUE MENOS EN PAGAR INDEMIZACIONES POR DESPIDO SE PUEDAN INVERTIR ESOS RECURSOS EN PRÁCTICAMENTE CUALQUIER COSA." (LUIS CAPUTO)

viernes, 3 de febrero de 2017

MACRI Y EL FANTASMA DE LA ALIANZA


Los datos de la economía en éste -que se suponía, por fin “el año del despegue”- son apabullantes: los despidos crecen por montones en especial en la industria, la recesión se prolonga al punto que los medios oficialistas celebran que la velocidad de la caída sea menor, la inflación está tan lejos de ser “un problema fácil para resolver” como prometía Macri en campaña, como de los dibujos del presupuesto nacional y a los trabajadores se les está diciendo (de mil modos distintos, directos e indirectos) que éste año también deberán resignarse a que salarios vuelvan a perder poder adquisitivo.

Los tarifazos de la luz aprobados por el gobierno superan lo pedido por las generadoras y distribuidoras en las audiencias públicas, lo que denota como leyó Macri la rebelión social del año pasado contra los aumentos, y los fallos judiciales adversos: cumpliendo la formalidad de las audiencias, había piedra libre para hacer lo que se le antojara.

En su cruzada contra “la pesada herencia recibida” el gobierno se llevó puestos los planes de compra en cuotas (con la absurda promesa de que bajarían los precios de contado, una “ventaja” que aun de ser cierta pocos podrían aprovechar, con salarios por el piso) como “Ahora 12”, sumando un elemento más para que bajen las ventas, como si faltaran.

Tan cierto es que la inflación pautada en el presupuesto es inalcanzable que el Banco Central hace nueve semanas que mantiene altas las tasas, porque no ve “señales claras” de que baje, y los aumentos en el combustible y la electricidad junto con el “sinceramiento” de los planes de compra en cuotas ya están llegando a las góndolas de los supermercados, y a los locales de electrodomésticos.

Ya ni siquiera se habla de recomponer los salarios por lo que perdieron frente a la inflación el año pasado, ni del cumplimiento o no del “bono” de fin de año que supuestamente los compensaría; el pacto anti-despidos del gobierno con los empresarios es un chiste macabro y de lo que sí se habla es de ponerle techo a las paritarias de éste año, en base a las “metas de inflación” dibujadas en el presupuesto.

Si del mundo del trabajo se trata, el gobierno avanza con una batería de medidas para “bajar el costo laboral” (es decir reducir los salarios y precarizar las condiciones de trabajo), como el DNU de las ART y la intentona de replicar el acuerdo flexibilización de Vaca Muerta en otras ramas de la industria.

De común acuerdo entre Macri y los gobernadores (o al menos la mayoría de ellos) se decidió hibernar la paritaria nacional docente para desactivar toda discusión sobre un nuevo piso común para los salarios de maestros y profesores en todo el país, que dispare en algunas provincias reclamos de otros sectores estatales; mientras los mismos gobernadores arman su propia “paritaria” con el gobierno nacional, para ponerle un techo a los aumentos para el conjunto de los estatales, a tono con las “metas de inflación” previstas.

El gobernador de Río Negro (hombre del massismo, hoy, a ésta hora) hace punta completando la disyuntiva de Prat Gay sobre los zapatos que apretaban (resignar salario para conservar empleo), y plantea que mejor que tener un salario mejor, es poder cobrar en tiempo y forma el que se tiene.

En el gobierno de la transparencia y el sinceramiento empiezan a manipular desembozadamente las cifras de la inflación para diluir el peso de los aumentos de tarifas; y los otrora críticos del “relato k” se abroquelan en el discurso defendiendo los dibujos del presupuesto sobre inflación y crecimiento, como metas al alcance de la mano.

Ya ni se habla de Davos (pasó ya éste año ¿no se enteraron?) ni de la lluvia de inversiones, crecen las dudas por el financiamiento del Estado en particular (la velocidad de endeudamiento es difícil de seguir), y del supuesto “megaplan” de obras públicas reactivador, en particular; y en un esquema de suba de tasas, recorte del crédito para consumo y salarios a la baja ¿desde dónde podría venir el impulso reactivador de la economía?

En voz baja y sin admitirlo en público en el gobierno empiezan a comprender que del “mundo” poco podemos esperar, aunque algunos talibanes como el Secretario de Comercio sigan delirando con “las oportunidades del libre comercio; y así es como pasamos -casi sin transición- del “Estamos creciendo” de un dossier “secreto” del gobierno filtrado a la tapa de Clarín (al mejor estilo del “Estamos ganando” de Gente en Malvinas), al “Caemos, pero menos”, como síntoma de supuestos brotes verdes reactivadores; y del segundo semestre al “antes de las elecciones” como promesa de futuro, como  si las anteriores hasta acá se hubieran venido cumpliendo con la precisión de un mecanismo de relojería.

Esos son los datos puros y duros de la realidad, y la pregunta entonces sería como se articulan con un gobierno que enfrenta elecciones cruciales, y que pretende ganarlas para profundizar éste rumbo.

En nombre de una UCR que considera que las cosas están lo suficientemente hechas mierda como para que la gente recuerde que ellos también son parte del gobierno, Sanz planteó el dilema en términos de “nosotros, o vuelve el populismo”, lamentando que el peronismo siga “atrapado en la lógica del kirchnerismo”; es decir que se resista a sumarse en bloque a la “gobernabilidad ampliada” donde gobierno y oposición difieren solo en detalles respecto a lo que hay que hacer en el país.

Es un guiño de reconocimiento implícito a los dadores voluntarios de gobernabilidad como Massa o Pichetto, que con un timming impresionante se prestaron a sumarle al gobierno argumentos y apoyos para los DNU de modificación de las ART y expulsión de extranjeros; mientras los empresarios (en especial la UIA) aceptan canjear recesión, caída en las ventas, tarifazo y apertura de las importaciones, a cambio de una baja en el costo laboral y una reformulación precarizadora de las relaciones del trabajo. Y por su parte la CGT sale de su hibernación para anunciar una movilización y un paro general...para marzo. En fin, esperemos que el plazo hasta entonces no sea otro intento de negociar vaya uno a saber que. 

Con estos datos en la mano, el gobierno avanza y queda para la discusión de café si con la precisión de ajedrecistas, o como elefantes en un bazar; y el resto de la oposición “no peronista” ni siquiera cuenta en el análisis, sea por levedad electoral o por hibridez política y discursiva. En la crucial provincia de Buenos Aires el gobierno ensaya montar una “colectora” que divida el voto peronista para ganar, con fantasmas del pasado como Duhalde, Ishi y Otacehé. Delicias de la "nueva" política.

Y mientras Macri saca pecho diciendo que le va a poner el cuerpo a las elecciones y no hará lo de De La Rúa en las legislativas del 2001, María Eugenia Vidal empieza a abrir el paraguas, diciendo que una posible derrota no cambia nada, ni disparará una crisis: ¿un reconocimiento temprano de que la mano viene mal?

En un peronismo todavía revuelto por las consecuencias de la derrota comienzan a ganar cuerpo los mensajes “conciliadores” y de unidad, que van dejando atrás los pedidos de “autocrítica”, para aceptar lo evidente: sin una candidatura de Cristina las chances electorales de derrotar al gobierno no es que son menores, sino que no existen, les guste o no; y el “post kirchnerismo” solo fue un rebusque de algunos que exploraron nuevos horizontes, y están volviendo al redil reculando en chancletas, pero silbando bajito para que no se note. O con previa escala en Jujuy (bienvenida sea), para reclamar la libertad de Milagro Sala. 

Por supuesto que con las elecciones tan lejos (tanto como pueden ser en la Argentina los seis o siete meses que restan hasta las PASO) son muchas las incógnitas por despejar, como por ejemplo ¿hasta donde llegará la posibilidad de seguir guionando con eficacia desde los medios adictos una realidad más amable, hasta las primeras facturas de gas y luz?, ¿hasta cuando podrán valer los argumentos de “la pesada herencia”, la demonización de Cristina y el pasado inmediato, es real la “comprensión” al ajuste de la que habla Macri, y de ser así, cuanto durará?

Las incógnitas podrán saldarse por supuesto cuando se abran las urnas, pero mientras tanto la Argentina parece un gigantesco ensayo de laboratorio de fórmulas y experimentos ya probados, y que siempre fracasaron. Si en ésta oportunidad consiguen ser bendecidos nuevamente con el voto ciudadano como en el 2015, la verdad es que nos convertiremos en un caso digno de estudio.

jueves, 2 de febrero de 2017

AFIRMAN QUE EL OPERATIVO SOL LOGRA RESUCITAR GENTE, Y HAY POLÉMICA

LAS OBRAS DE CORRAL, EL CANDIDATO DE MACRI



El año pasado en ésta entrada nos permitíamos poner en duda las cifras que dio Corral de lo que la municipalidad invertiría en obras éste año, y los fondos que iba a recibir a esos fines del gobierno de Macri. Dudamos de las dos cosas: de que toda la plata comprometida llegue, y aun de ser así, que Corral la invierta efectivamente en obras.

Si bien en la página de la Municipalidad no está aun disponible el presupuesto aprobado, siguen allí las promesas del intendente: “La inversión en obra pública está estimada en $ 2.261 millones, lo que representará cerca de 2.519 nuevos puestos de empleo en la construcción. El proyecto de Presupuesto prevé una inversión del Gobierno nacional de $ 1.438 millones; $ 757 millones con fondos municipales, y $ 65 millones con fondos provinciales.”.

Pero en la mismas página están disponibles también los números de la ejecución del presupuesto municipal al 30 de noviembre pasado (último dato disponible), lo que nos permite analizar en que medida Corral ejecutó los fondos que tenía asignados para hacer obras, y en que medida también Macri le envió recursos con ese fin. Vemos distintos ejemplos, sobre todo ahora que el tema cobra más actualidad, porque Macri le pide que sea candidato en las elecciones de éste año:   

* El “Programa Mejora de las Condiciones Sanitarias” (destinado a obras de agua potable y cloacas) tenía asignados en “Bienes de Uso” (partida con la cual se ejecutan las obras) $ 41.163.661,98, de los que se gastaron $ 12.386.614,84, o sea el 30,09. No llegaron fondos nacionales con éste destino.

* Para el “Programa Mejora Operativa del Sistema Hídrico” (es decir las obras de desagüe) había disponibles para obras $ 32.369.980, de los que se gastaron apenas $ 10.927.340,52, o sea el 33,75 de lo disponible. La nación envió fondos por un equivalente a apenas el 10,99 % de lo gastado.

* En el publicitado “Programa de Reconstrucción” (que son las obras de bacheo para las que Corral pidió endeudarse) se presupuestaron obras por $ 96.792.362,11, y se llevaban gastados hasta el 30 de noviembre solo $ 20.858.433.67, o sea el 21,54 %.

* Para el “Programa Mejora de la Red de Alumbrado Público y Electromecánica” (es decir la reposición de las luminarias o la colocación de columnas de alumbrado) los fondos previstos para obras, maquinaria y equipo (por ejemplo grúas o camionetas) eran $ 14.208.582,51; de los que se gastaron solo $ 2.690.505.93, es decir el 18,93 %.

* En el “Programa Mejora de la Red Vial” que comprende las obras de pavimentación y repavimentación de calles) el presupuesto previo $ 166.306.257,85 para obras, de los que solo se ejecutaron $ 82.810.402,40, es decir el 49,79 %. La nación aportó fondos por apenas el 5,91 % de lo ejecutado.

* Si sumamos los cinco programas mencionados (que constituyen el grueso de la obra pública municipal) vemos que sobre $ 350.840,844,45 presupuestados se ejecutaron apenas $ 129.673.297,36; o sea el 36,96 % de lo previsto. La Nación aportó apenas el 7,17 % de lo ejecutado.

* Para que se cumpla lo prometido por Corral para éste año, la ejecución de obras debería multiplicarse 17,43 veces, y los fondos enviados por Macri con ese fin, aumentar 154,58 veces. Parece difícil ¿no?

Pero veamos que pasó hasta el 30 de noviembre del año pasado con los fondos especiales afectados para obras, es decir partidas que no se pueden utilizar para otros fines:

* El Fondo de Obras Públicas (FOP) que se integra con el 30 % de lo recaudado en concepto de Tasa General de Inmuebles (TGI) que aumenta automáticamente cada tres meses, recaudó hasta entonces $ 99.247.002,36, de los que solo se gastaron $ 41.397.384,52, es decir el 41,71 %.

* El Fondo Conurbano (Ley 24443 y Prórrogas) que viene de la nación  la provincia y de allí a la municipalidad desde 1995 generó recursos por $ 8.500.000,00, de los que Corral gastó $ 4.500.210,30, o sea el 52,94 %.

* Por el Fondo Federal Solidario (integrado por el 30 % de lo producido por las retenciones a las exportaciones de soja, creado por Cristina en 2009) llegaron a la Municipalidad $ 58.185.235,47, de los que se gastaron $ 40.277.336,70; o sea el 69,22 %. Con estos recursos Corral (que se alinea con los reclamos del campo por la rebaja y eliminación de retenciones, como toda la UCR) construyó todos los jardines maternales que tanto publicita.    

* En concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) Macri envió 47 millones de pesos para el proyecto “Construcción de 60 Viviendas Barrio Nueva Esperanza”, de los que se gastaron $ 8.119.604,22 , es decir el 17,27 %.

* A la inversa, del prometido ATN destinado a la construcción de 140 viviendas en el Barrio Jesuitas por $ 19.722.972,27 no llegó nada, ni siquiera un centavo.

* La municipalidad esperaba recibir de la nación $ 30.365.043,38 del PROMEBA (Programa Mejoramiento de Barrios), que es un préstamo del BID que viene desde el gobierno de Cristina; pero solo llegaron $ 4.763.928,34, o sea el 15,68 %.

* El fondo específico creado con recursos municipales para el “Plan Director Desagües Pluviales Ciudad de Santa Fe” tuvo asignados recursos por $ 41.730.378,23, de los que hasta el 30 de noviembre pasado no se había gastado ni un centavo. Un dato a tener en cuenta cuando al estallar la interna en el Frente Progresista por las inundaciones en Santa Fe Corral puso como ejemplo de lo que debía hacerse a la gestión municipal.

HAY QUE ENTENDER AL QUE DESPIDE. Y DE PASO DARLE UNA MANO


En un par de oportunidades analizamos acá el “Plan de Reconversión Productiva” elaborado por el gobierno (ver sobre todo acá y acá), y decíamos que de “reconversión” de la industria tenía poco, y de subsidio estatal a los despidos en el sector privado, bastante.

Y los pasos que vino dando el gobierno en su aplicación parecen confirmarlo: en el Boletín Oficial de este jueves apareció publicada la Resolución Conjunta 1/17 de los ministros de Trabajo (Triaca) y Producción (Cabrera) (completa acá), que modifica a la resolución original del “Plan”, pero con un detalle sugestivo: solo modifica lo que tiene que ver con la situación de los trabajadores que pueden perder sus empleos como consecuencia de la “reconversión” de alguna rama de la industria.

Los cambios no son menos sugestivos: el “Plan” originalmente otorgaba a los trabajadores “...que se desvinculen de una Empresa de Transformación Productiva...” (o sea aquella consideradas “inviables” por “falta de competitividad”) una suma de dinero complementaria del seguro de desempleo, por el término de seis meses desde su desvinculación; a pagarse luego de que les hubiera pagado la correspondiente indemnización por despido.

Este requisito ha desaparecido ahora, con lo cual los empresarios cuyas empresas estén “en reconversión productiva” podrán despedir sin pagar las indemnizaciones, y el Estado pagará este subsidio los primeros seis meses.

También cambio el monto del subsidio: en la resolución original era equivalente a la mitad del último salario percibido por el trabajador, no pudiendo ser inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Ahora se mantiene el mínimo, pero el máximo pasará ser el.equivalente a dos y medio (2,5) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Como se comprenderá, en determinados convenios colectivos de trabajo la mitad del último sueldo percibido es mayo a dos y medios SMVM, con lo cual en esos casos  el subsidio será menor que lo que era en el “Plan” original.

Para que no queden dudas de que es el Estado el que financia los despidos consecuencia de la “reconversión productiva” y no los empresarios, la nueva resolución aclara que en el caso de los trabajadores incorporados a una “empresa dinámica” (es decir las que se supone que pueden subsistir en un régimen de apertura porque son competitivas) el pago de los subsidios es a cargo del Ministerio de Trabajo (o sea, del Estado);  y durante los nueve meses que el trabajador lo percibe su nuevo empleador toma ese monto como pago a cuenta del salario de convenio que le corresponda percibir.   

Finalmente la resolución incorpora al “Plan” el subsidio para “...Los trabajadores que se incorporen a una empresa que no sea Empresa Dinámica...”, o sea aquellas que toman trabajadores, pero no tienen “competitividad” asegurada. En éste caso el monto del subsidio es menor, porque no puede superar el equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil, y se otorgaría por el plazo máximo de SEIS (6) meses. También es deducible de los salarios que le corresponda percibir al trabajador, de acuerdo al convenio respectivo.

Y como para que no queden dudas de que la cosa está complicada por el lado del empleo y los despidos, también en el Boletín del jueves apareció la Resolución 56 de Garavano, que fija en 205 el número de integrantes del “Registro Nacional de Conciliadores Laborales”, que tienen a su cargo el servicio de conciliación laboral obligatoria (SECLO), que estableció la Ley 24.635.

Lo curioso es que la cantidad de inscriptos en el Registro debían ser 230 (es decir más) de acuerdo a una resolución del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos de agosto del 2015, o sea del gobierno de Cristina.


En los considerandos de la resolución de Garavano se destaca este sugestivo párrafo: “Que en una nueva revisión, considerando el tiempo transcurrido, el incremento en el número de reclamos que ingresan al SECLO y la experiencia acumulada desde la implementación de la Ley Nº 24.635, amerita la adopción de medidas conducentes al mejoramiento global del sistema de la Conciliación Laboral Obligatoria.” (las negritas son nuestras)

miércoles, 1 de febrero de 2017

TAN AFECTADOS, QUE LOS DEJÓ MUDOS


MATERIAL DE ARCHIVO PARA ENTENDER COMO FUNCIONA UN TARIFAZO


Aunque los medios nacionales han puesto el foco en los porcentajes de aumento de la luz en la Capital y los partidos del conurbano bonaerense que atienen Edenor y Edesur, en realidad el servicio va a aumentar en todo el país; porque se aumentó el precio de la energía que le venden a las distribuidoras a través de CAMMESA, por la baja en los subsidios.

Por supuesto en esa farsa organizada que fueron las audiencias públicas (acá pasó lo mismo con el pedido de aumento de la EPE) los argumentos para justificar los tarifazos fueron siempre los mismos: "hay que generar recursos para hacer las inversiones necesarias para mejorar los servicios".

Cosa que es una total y completa sanata, como hemos demostrado muchas veces en éste blog, por ejemplo acá.

Pero desde que el gobierno nacional tomó la decisión de dar de baja los subsidios progresivamente, las cosas empeoraron, porque las distribuidoras provinciales tienen mayores costos por compra de electricidad; o una excusa más adecuada para aumentar la luz, aunque antes -cuando había subsidios- muchas lo hacían igual. Tal es el caso de la EPE, según vimos acá y acá.

Precisamente quizás a raíz de que se difundieron los números de la distribuidora estatal, el decreto cuyas imágenes ilustran el post estaba "escondido", pero lo encontramos. Y sirve para ilustrar como funciona el cuento de los tarifazos.

Lo que está haciendo el decreto es aumentar el presupuesto de la EPE por mayores recursos (unos 2240 millones de pesos adicionales) que le entraron a la distrubidora por los aumentos de tarifas del año pasado (dos: el que dispuso el socialismo por su cuenta, y el que aprobó luego que comenzara la baja de los subsidios nacionales).

Y luego en el mismo decreto se distribuye en que se gastarán esos 2240 millones de más que recaudó la distribuidora provincial por los tarifazos: 1300 millones (o sea el 58,03 % del total) se fue en pagarle a CAMMESA (la compañía mixta que administra el mercado mayorista de electricidad) los nuevos precios de la energía que la EPE compra (porque no la genera) para distribuirla a sus clientes.

Otros 285 millones de pesos se fueron en pagar impuestos indirectos (IVA, Ingresos Brutos) que están vinculados a la facturación: más factura la EPE, más impuestos paga. Y más se financia la provincia, porque Ingresos Brutos representa el 79 % de sus recursos tributarios.

Como pueden ver, parte importante de los mayores recursos (unos 516 millones de pesos) se destinan a los gastos en personal (sueldos), pero no solamente para hacer frente a los aumentos pactados en paritarias: 160 millones son para horas extras, en especial de las cuadrillas que trabajan en los casos de cortes y desperfectos; como consecuencia del estado de las redes, por la falta de inversiones.

Y finalmente otros 100 millones de pesos se destinan a transferencias a las municipalidades y comunas en concepto de "Cuota de Alumbrado Público": es una parte de las facturas que de luz que tiene ese fin. 

En total, todos los rubros indicados suman 1845 millones de pesos, y se llevan el 82,36 % de los mayores recursos que obtuvo la EPE en el último tramo del año pasado (agosto a diciembre) por los aumentos de tarifas.

Por el contrario en "Construcciones" (obras) o "Maquinaria y Equipo" (camionetas, transformadores) no gastó ni siquiera un centavo de esos 2240 millones de pesos.            

ANTE LA INFLACIÓN Y EL DERRUMBE DEL CONSUMO, MEDIDAS MÁGICAS


El gobierno macrista y su política económica, ha conseguido en su primer año de gestión generar una profunda caída de la actividad productiva y del consumo, caídas acompañadas de la inflación más alta de los últimos 25 años, 43% anual durante el año 2016.

Esa combinación de recesión con inflación, fenómeno denominado estanflación por los economistas, tiene efectos desastrosos sobre la economía de un país, como se puede apreciar en éstos días en Argentina: abismal retroceso del Producto Bruto Interno, derrumbe de la actividad productiva y por lo tanto generación masiva de desempleo, aumento generalizado de precios y tarifas, y en consecuencia, una profunda caída del consumo, a causa que la población ve disminuídos día a día su capacidad de compra, y por lo tanto el consumo se limita a cubrir nada más que necesidades básicas en amplios sectores de la población.

 

En éste marco de descenso generalizado de las ventas, el gobierno recurre a lanzar una medida para “transparentar los precios”, a través de una Resolución del Ministerio de la Producción y la Secretaría de Comercio, la que puede verse completa acá, resolución que más allá de recaer sobre muchos aspectos que ya se encuentran normados desde hace años,  resulta poco efectiva en la medida que las condiciones económicas de recesión y caída del poder adquisitivo de los ingresos se mantengan en los niveles actuales.


El Secretario de Comercio Interior y el Ministro de Producción macristas lanzaron una medida que se dirige a diferenciar el precio de contado del de cuotas y explicitar el costo financiero total, y  vaticinan que a través de ésta medida los precios de contado “bajarán entre un 15 y un 20%” como podemos ver acá.
,
Lo que no explican, es porqué hasta ahora desde la Secretaría de Comercio Interior , y en el marco de un proceso de remarcación de precios monstruoso a lo largo de 2016, nada se hizo en base a las facultades que tiene ese organismo y de las leyes 24.240 (Defensa del Consumidor) y 22.802 (Lealtad Comercial),de las cuales la Secretaría de Comercio Interior es autoridad de aplicación. 

La nueva norma en su artículo 1, solo hace una interpretación elemental, obvia, de una norma sancionada hace más de 25 años: el artículo Artículo 37 de la Ley N° 25.065 (ley de Tarjetas de Crédito), el que  establece que no se puede efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta, sea de crédito o débito. Obviamente si se abona en un pago, porque de lo contrario, si se abona en cuotas, hay un recargo de financiación que varía de acuerdo al medio de pago que se utilize. La nueva resolución, solo aclara lo que está claro hace más de 25 años: que se aplica para el caso de abonar en un solo pago.

En el resto de la resolución se reitera normativa vigente en  base a la antigua Ley 22.802 de Lealtad Comercial, la que entre otras disposiciones, en su artículo 9 establece: “Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio,condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios.(las negritas son nuestras)

Hace décadas que en Argentina, justamente para evitar la publicidad engañosa, en cualquier forma de comercialización que se efectúe, deben especificarse al ofertar o publicar productos -entre otros aspectos- el precio de venta, y de ofrecerse una financiación, el monto de las cuotas y los intereses que se aplican sobre el precio de contado del producto.

Si frente a los incumplimientos de los comerciantes en cuanto al precio ofertado, o de los bancos que ofrecen planes de pago a tarvés de sus tarjetas, la Secretaría de Comercio durante el año 2016 no efectuó procedimiento ni aplicó sanción alguna, no se debió a falta de normativa vigente, sino a la inoperatividad deliberada del organismo. Tanto la Ley 24.240 (artículos 4 y 36), como la Ley 22.802 (artículos 9,11,12 inc.i,14,18), como también las disposiciones relativas a los usuarios de servicios bancarios, permiten sancionar esos incumplimientos; además de los artículos 1385 y 1388 del Código Civil y Comercial, que establecen la obligación de informar el costo financiero total que arrojan las operaciones de financiación.

Los funcionarios macristas pretender con ésta medida, generar una baja de precios en una economía que ellos mismos destrozaron, con una devaluación del peso demencial, generando una profunda caída de la actividad productiva y del consumo, y provocando niveles de inflación históricos. Convocan entonces para hacer anuncios y conferencias donde periodistas complacientes preguntan poco y pautado.

No es mucho lo que se puede esperar de un Secretario de Comercio Interior que es accionista de una gran cadena de supermercados y fuerte formadora de precios. Como tampoco el Ministro de Producción puede exhibir logro alguno, como no sea haber provocado durante su gestión el cierre de más de 4.000 Pymes, mientras el gobierno del que forma parte sigue apostando a la apertura de las importaciones.