¿No existe o no queremos crearla?: https://t.co/AMqWm6EZgx
— La Corriente K (@lacorrientek) December 3, 2021
Pero estamos a nada de arreglar con el FMI. Una de cal y la otra también https://t.co/yTM7IlXlOO
— La Corriente K (@lacorrientek) December 2, 2021
Dicen que con la nueva fórmula de ajuste de los haberes los jubilados le ganarán este año a la inflación. Dicen, ojalá sea cierto, ver para creer. De cualquier modo, un bono extra, para fin de año y las fiestas, no les hubiera venido mal.
Máxime en un gobierno del peronismo, y considerando lo que perdieron en poder adquisitivo el año pasado y los años del gobierno de Macri, sobre todo después de aquella reforma previsional impuesta previa militarización del Congreso. Ni que hablar de la necesidad de complementar los ingresos de los beneficiarios de los planes sociales.
Pero no, no habrá nada de eso según anunció la vocera del gobierno: "no entra dentro de las posibilidades" y -sobre todo- no existe la voluntad política de crear esa posibilidad, dando esos bonos. La diferencia para el bolsillo de los posibles beneficiarios puede no ser sustancial pero es mejor recibirlos que no, y para el gobierno representaría un desembolso adicional, en una economía que -dicen- está creciendo al 10 % anual y con la recaudación -dicen- creciendo 5 o 6 puntos porcentuales reales, por encima de la inflación.
O sea que el problema no es de recursos, sino de falta de voluntad política: digámoslo de una vez, el gobierno asume que tomar esa medida sería mal visto por el FMI, cuando todo indica que está a punto de cerrarse el acuerdo para renegociar el pago del préstamo que le dieron a Macri. Esa es la pura verdad, aunque le complique las chances dialécticas a Cerrutti de explicar lo inexplicable.
Desde la heterodoxia económica se habla mucho de "puja distributiva", como uno de los factores que explican nuestra historia de altas inflaciones: en la Argentina la inflación sería difícil de bajar porque aquí está exacerbada la puja distributiva, por diferentes razones. Los empresarios tratan de captar la mayor parte posible de la renta nacional (como en todos lados), y un sindicalismo organizado y extendido trata de defender la parte que les toca a sus defendidos, los trabajadores, en ese reparto.
Eso, claro está, en teoría: hace pocos días la cúpula de la CGT se reunió con el ministro de Economía para conocer de su boca los detalles del posible acuerdo con el FMI, y pedirle que no implique un ajuste que recaiga sobre las espaldas de los trabajadores. Nada que reprochar al respecto, salvo que -al menos si estamos a lo que trascendió a los medios de la reunión- no le reclamaron que haga algo para recomponer lo que los trabajadores perdieron de poder adquisitivo en sus salarios por el macrismo y la pandemia, y lo que siguen perdiendo por la inflación, en especial de alimentos.
Esto último mientras es cada vez más incierta la suerte futura en el gobierno de Roberto Feletti, al que acaban de rajar a su segunda, sin siquiera haberla nombrado. De paso: no hubiera venido mal algún comunicado de respaldo de la CGT al que está poniendo, en soledad, lo que hay que poner en defensa del bolsillo de los laburantes y los sectores populares. ¿O es mucho pedir?
Del otro lado de la "puja distributiva" -los empresarios- no hay dudas, ni deserciones: nadie resigna nada, y todos resisten cualquier intento de instrumentar regulaciones o controles de precios, eso sí: sin dejarse de manifestarse nunca preocupados por la inflación. Y en el medio está el Estado, que además asume las veces de "sindicato" de los que no lo tienen: jubilados, desocupados, trabajadores informales, beneficiarios de planes sociales.
En un Estado peronista no debieran existir dudas sobre de que lado de la "puja" colocarse: es tan cierto que el peronismo no es anti-empresa, como que nació para expresar los intereses y deseos de los trabajadores argentinos, y sin ello carece de justificación histórica, y de destino político.
Para gendarmes (por acción u omisión) de la rentabilidad empresaria -como le gustaba decir a Cristina- y para administradores de la injusticia en la distribución del ingreso, sobran opciones políticas. Pero esas opciones -aunque muchos funcionarios y el propio presidente lo olviden a menudo- fueron derrotadas en las urnas la última vez que los argentinos eligieron quien los gobierne.
Si seguimos privilegiando presuntos (o reales, para el caso es lo mismo) equilibrios macroeconómicos a la reparación de las injusticias, después no nos sorprendamos si las elecciones terminan como terminaron las legislativas de éste año. El que avisa no es traidor.
