LA FRASE

"HICIMOS MÁS DE 16.000 REFORMAS Y SERÍAN 16.002 SI LOS KUKAS Y ZURDOS TERRORISTAS NO NOS HUBIERAN CAGADO LA LEY DE TIERRAS Y LA DEL MANEJO DEL FUEGO." (JAVIER MILEI)

miércoles, 26 de diciembre de 2018

¿LA CASA ESTÁ EN ORDEN?


El peor gobierno -sin dudas y por lejos- desde la restauración democrática está transitando el diciembre más tranquilo en años, más incluso que aquel del 2013 en el que el país fue sacudido por revueltas policiales, y los consiguientes saqueos fruto de la ausencia de las fuerzas de seguridad.

No hay conflictos sindicales generalizados (sí puntuales), ni protestas sociales extendidas, ni cortes de ruta importantes, ni saqueos; fenómenos todos tan anunciados siempre para ésta época del año, en contextos de dificultades socioeconómicas crecientes, como el actual.

¿Significa esto que el gobierno ha logrado controlar la situación, que los datos objetivos de ésta no justifican protestas o que es cierto -como dicen algunas encuestas oficiosas- que Macri ha recuperado imagen positiva? ¿Acaso una "mayoría silenciosa" confía en que el rumbo que lleva el país es el correcto, aun cuando el presente sea de dificultad?

Otros relevamientos de opinión demuestran que no es así, y que decir de los más objetivos indicadores económicos: la actividad se desploma, la industria no encuentra piso en su recesión, el consumo retrocede,los salarios y las jubilaciones pierden por goleada frente a una inflación que -al menos en los consumos básicos- está lejos de ceder. Ni que hablar de otros indicadores a los que desde el gobierno o "los mercados" se les presta más atención, como el riesgo país, que anda por las nubes y parece no detenerse. 

¿Por qué entonces el país no está a las puertas de otro 2001, ni cerca de ello? Ensayemos algunas respuestas.

Para empezar -y sin que el orden de enunciación esté vinculado a la importancia- el gobierno parece haberse logrado una transitoria calma cambiaria a costa del sacrificio de todos los demás indicadores, y el hecho de que no existan saltos bruscos del dólar (habrá que ver por cuanto) descomprime un factor de tensión y psicosis, y un acelerador del proceso inflacionario.

Por otro lado, si bien el "riesgo país" es un dato que parece preocupante, está vinculado a las perspectivas de una posible reestructuración o defáult de la deuda externa, eventos ambos lejanos a la preocupación del hombre común de la calle. No hay -por contraste con el 2001- un riesgo inmediato de crisis bancaria o "corralito" que afecte los ahorros de la gente en los bancos (o por lo menos no se vislumbra, nada es definitivo en  estos temas); y no está presente así el factor desencadenante decisivo de las protestas de los sectores de clase media de entonces. 

Sectores de clase media que -dicho sea de paso- constituyen hoy el núcleo duro del  apoyo social al gobierno, y que ven en Macri el liderazgo que no encontraron en su momento con De La Rúa: para ellos, mientras aquél no demostraba capacidad para mantener el esquema de la convertibilidad hererado del menemismo, éste parece dispuesto a ensuciarse las manos todo lo que sea necesario, para liquidar al kirchnerismo y su herencia. Un motivo y un sujeto menos entonces, para la protesta social: la "cacerola" del cantito célebre.

Disgresión: aunque el objeto de estas líneas no es analizar la crisis del 2001, los tiempos actuales y la perspectiva de los años permiten poner en su justo lugar lo que algunos romantizaron como "el Argentinazo"; y al mismo tiempo, evaluar la consistencia de la teoría radical que pone siempre las culpas de su fracaso, en las conspiraciones del peronismo: ¿no sería éste el mejor momento para poner en marcha una, cuando hay condiciones objetivas y malestar social para explotar?. Pues bien, no está ocurriendo. 

Pero volvamos al presente, ¿qué ocurre por contraste con los sectores populares, principales perjudicados por las políticas del macrismo, que no ganan las calles en protesta? 

Ocurre en primer lugar que, fruto de la "pesada herencia" del kirchnerismo, el "piso" de protección social es mayor que en la crisis anterior, y más extendido: aun socavadas en su poder adquisitivo por la inflación y los tarifazos, las jubilaciones generalizadas hasta casi alcanzar la cobertura total de la población en condiciones de acceder a ellas, y la AUH inexistente en el 2001 y ampliada por Macri a los monotributistas, proporcionan cierto nivel de ingresos a la base poblacional por ingresos, que si bien son magros, son fijos.

Y ocurre también que el gobierno ha tejido con habilidad (y predisposición de las contrapartes, digamos todo) alianzas con sectores del sindicalismo dialoguista y de los movimientos sociales "gerenciadores de la pobreza", para calmar las aguas: el anuncio de los bonos (aun limitados en sus alcances) y algún reparto más o menos discreto de fondos para apaciguar protestas, dieron sus frutos; en términos de tranquilidad callejera. A falta de "cacerolas", el gobierno se aseguró de que no hubiera "piquetes".

Claro que la zanahoria no excluyó al garrote, y otro elemento que debe señalarse que estamos ante un gobierno que se ha mostrado dispuesto a utilizar la represión ante cualquier esbozo de protesta, sin mayores pruritos. Y es en conexión con ese dato que la experiencia de aquel 2001 donde un gobierno "débil" se despedía con estado de sitio y 39 muertos en todo el país se resignifica hoy: la perspectiva de una represión sangrienta tiene capacidad disuasoria de muchos reclamos; en nuestra modesta opinión.

Pero puestos a arriesgar causas de la calma social que se ve en la superficie (en tanto ausencia de protestas masivas en el espacio público, u otros hechos similares), diríamos que la principal diferencia con aquel entonces, es que hoy existe una salida política a la crisis generada por las políticas del macrismo; aunque algunos -como decíamos acá- estén interesados en instalar una sensación de anomia y crisis de representatividad, que decante hacia el "que se vayan todos". 

Hoy la posibilidad de una salida electoral a la crisis es clara, y la perspectiva de un recambio político en el país a través de una derrota del oficialismo en las urnas es concreta, o por lo menos -en una perspectiva menos optimista- entra dentro del menú de opciones disponibles.

Y no cualquier derrota, ni a manos de cualquiera: hay un claro polo de oposición política que encuentra en Cristina su punto de acumulación, y que representa para muchos sectores la solución al actual estado de cosas, sea por contraste de la experiencia macrista con los cercanos años kirchneristas, o porque 12 años en la conducción del Estado muestran al kirchnerismo -aun con sus errores- como la única fuerza política en condiciones de gestionar la salida al laberinto macrista.

Es como si aquella inédita despedida en Plaza de Mayo el 9 de diciembre del 2015 volviera tres años más tarde, y resignificada por los estropicios macristas (como si uno volviera a mirar el debate entre los candidatos del balotaje, hoy), en una esperanza y expectativa tangible de solución a las graves dificultades concretas que atraviesan a diario millones de argentinos. Lo dicho no es una certeza indubitable, sino una perspectiva particular -la nuestra- y una invitación a la reflexión sobre el fenómeno. 

martes, 25 de diciembre de 2018

LOS LIBERALES MÁS LOCOS DEL MUNDO


¿Se ha alcanzado con esto el Everest de la pelotudez humana?

¿Será imposible superar este grado de forrez?

¿Es deseable que estos pelópidas se presenten y le resten votos a Macri?

Para pensar, argentinos.

MACRI, EL MANDADERO


En solo tres días de la semana pasada (entre el lunes y el miércoles, para ser más precisos) el gobierno de Macri produjo dos hechos significativos para la configuración del mapa de medios de la Argentina: el más conocido fue, por supuesto, la aprobación por el Senado del proyecto de que extirpó quirúrgicamente 8 artículos del texto de la Ley 26.736 sobre producción, distribución y comercialización de papel para diarios, en directo beneficio de Clarín y La Nación, accionistas mayoritarios y controlantes de Papel Prensa.

El otro fue anterior, y tuvo menos repercusión: el lunes pasado era publicado en el Boletín Oficial (completo acá) el Decreto 1133, que derogaba el sistema por el cual los medios podían canjear deudas impositivas con el fisco nacional, por espacios de publicidad oficial.

Acaso alguna podría pensar -con cierta razón. que la medida fue acertada, porque como lo dice el decreto, consagraba un privilegio a favor de las empresas propietarias de medios de comunicación (escritos o audiovisuales) del que no gozan otros sectores de la economía, pero la decisión debe ser sopesada en su contexto (que incluye el mencionado proyecto sobre el papel de diarios), y en sus propios fundamentos.

En efecto, según consta en los considerandos del decreto, para el gobierno "...la innovación tecnológica introducida en el sector, así como la adecuación de las empresas como consecuencia de las reorganizaciones o adquisición de otros medios de comunicación, han puesto de manifiesto que algunas de las nuevas plataformas no resultan de interés para la apropiada aplicación de la publicidad oficial, circunstancia esta que condiciona la prestación del servicio para la cancelación de las obligaciones incluidas en los acuerdos suscriptos." (las negritas son nuestras); como si el hecho de que -por ejemplo- todos los diarios en papel o la mayoría de ellos tengan su versión digital no permitiera que en ellos se paute publicidad oficial.

O como si el gobierno fuera por completo ajeno al proceso de concentración de medios vía adquisiciones o fusiones, y no lo hubiera favorecido amputando de la Ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, aquellas cláusulas antimonopólicas que obligaban a desinvertir, a través del DNU 267/15.

Si a alguno se le pasó por la cabeza que la lógica del gobierno al dictar el decreto era asegurarle al fisco la percepción regular de los impuestos que le corresponden, el propio decisorio lo disuade, al señalar que "teniendo en cuenta que por el artículo 3° del Decreto N° 852/14 se dispone que “Los espacios publicitarios o los servicios cedidos en pago, serán utilizados conforme a las necesidades de comunicación institucional y de los actos de gobierno que fije la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros…”, y que dicha Secretaría de Comunicación Pública ha determinado que de entre las empresas que han solicitado su ingreso al sistema de dación en pago, ninguna responde a las necesidades de comunicación institucional, dado que la suscripción de los Acuerdos resulta facultativa, deviene innecesario mantener la vigencia de los mencionados decretos." (otra vez, las negritas son nuestras)

Traducimos: en ninguna parte del decreto se menciona cuáles son las empresas de medios que solicitaron acceder al beneficio de canjear deudas impositivas por espacios de publicidad oficial, pero es sencillo colegir que son -en su mayoría- las que no vienen recibiendo pauta oficial, por sostener una línea crítica del gobierno.

De donde se sigue que el efecto práctico de la derogación del decreto es asfixiarlas por una doble vía: la sequía de publicidad oficial, y el torniquete impositivo. Para otros grandes deudores del fisco por impuestos (como La Nación, por ejemplo) abunda la pauta, y el Estado hace la vista gorda ante la cautelar eterna que le permite eximirse de pagar contribuciones patronales, o deducirlas del IVA, desde el 2002.

Pero en rigor de verdad, tanto el decreto como la ley sancionada con la colaboración necesaria del "peronismo alternativo" (que cree de ese modo acrecentar sus nulas chances electorales, gozando de parte del blindaje mediático del cual disfruta el gobierno) no están pensadas para beneficiar al gobierno, o algún sector de la política, sino a las propias empresas periodísticas dominantes.

A punto tal que las nuevas reglas de juego impactan en el mercado de adquisiciones del sector: veíamos acá en La Política Online como la operación de compra del diario "La Capital" de Rosario a Daniel Vila por Nahuel Caputo (accionista mayoritario de "El Litoral" de Santa Fe) se frenó por la imposibilidad de deducir deudas impositivas canjeando publicidad con el gobierno, y tampoco tendría seguridades respecto del precio al cual Papel Prensa (es decir, Clarín y La Nación) le venderían el insumo crítico de los medios gráficos.

Pese a que Caputo es socio (algunos dicen que en rigor es un prestanombre) de Clarín en AGL (la empresa que imprime ambos diarios, y otros más), no sería extraño que fuera el mismísimo hólding de Magnetto el ineresado en adquirir "el decano de la prensa argentina", como lo hizo antes con otros diarios tradicionales del interior del país, como "La Gaceta de Tucumán", "La Voz del Interior" de Córdoba y "Los Andes" de Mendoza.  

Es que aun en tiempos de medios digitales, los diarios en papel (o sus versiones en la red) siguen gozando del poder de instalar la agenda de lo que se discute, o sobre lo cual se hablará; y siguen siendo la plataforma por excelencia para bajar línea a los gobiernos, y extorsionarlos para sacarles negocios: los medios audiovisuales replican y expanden sus contenidos, pero siguen siendo tributarios de ellos.

De dónde en realidad el verdadero favor de la ley y el decreto no se lo hicieron Macri y los "peronistas alternativos" a sí mismos aunque así parezca y ellos lo crean: son simples mandaderos de un poder superior a ellos -como bien lo marcó Cristina en el Senado al discutirse la ley del papel para diarios-, que no vacilará en deshacerse de ellos cuando le molesten, o cuando ya no le sean de utilidad; como de hecho pasó la misma semana pasada, cuando en la mañana siguiente a la aprobación de la ley a la medida de Clarín, el diario de la cornetita destrozaba a Macri en la nota de Fernando González, el esposo de Ana Gerchenson que el día siguiente renunciaba a la conducción de la Radio Nacional macrista, a la que llegó de la mano de Hernán Lombardi.

lunes, 24 de diciembre de 2018

TWEETS POLÉMICOS

FOGONEANDO EL "QUE SE VAYAN TODOS"


Advertencia preliminar: el tipo de estudios sobre "lo que piensan los argentinos de..." (como éste del Observatorio Social de la UCA publicado en Infobae) deben tomarse siempre con pinzas, y no solo por posibles dudas que genere su consistencia metodológica o la amplitud y representatividad de la muestra, sino por el propósito que persiguen. 

El propósito da cuenta de un fenómeno que parece obvio, y no necesitaría ser apuntado: la disconformidad de la gente con la situación actual, por la incapacidad del sistema democrático para proveer soluciones a problemas sustanciales vinculados a las condiciones objetivas y materiales de subsistencia como el empleo, el salario, el consumo, la vivienda propia.

Que la gente está insatisfecha es obvio, lo que despierta sospechas del estudio son las conclusiones, en especial cuando las culpas por la insatisfacción que deberían tener un destinatario concreto (el gobierno y su plan económico) se diluyen en "la democracia", es decir, el sistema político en su conjunto.

Y ahí es donde se le ven las patas a la sota: se le achacan a un sistema las consecuencias de un modelo económico concreto -el neoliberalismo-, que está fehacientemente comprobado es el más incompatible con la idea misma de la democracia; mientras se advierte que esa insatisfacción social creciente puede derivar en opciones políticas "anti sistema" como un Bolsonaro criollo.

Casualmente (o no) el estudio da cuenta de que los niveles de insatisfacción con la democracia, desconfianza en las instituciones y apatía ciudadana son más altos en los sectores populares y marginales, y crecen a medida que se desciende en la pirámide de ingresos. Es decir -curiosamente, o no- en aquellos sectores donde las encuestas de intención de voto reflejan mayor adhesión a la candidatura de Cristina: jóvenes, trabajadores informales, desocupados, personas con menor nivel de instrucción formal. 

No se trata de que no exista el riesgo de la aparición de un Bolsonaro argentino, o que los sectores populares no sean permeables a este tipo de discursos, como se acaba de verificar en Brasil; sino de acotar que el estudio falla por la base (al no ampliar sobre las causas que disparan los niveles de insatisfacción social de los que da cuenta); y por las conclusiones: flota la idea de la reedición del "que se vayan todos" de la crisis del 2001, cuando está muy claro que, aun mediando en este caso otra crisis terminal, la situación sería muy distinta; precisamente porque el sistema tiene una alternativa, que es Cristina, como consecuencia de la experiencia kirchnerista.

El propio cuadro de apertura da pistas de ellos, si se comparan las cifras de los indicadores entre el 2011 (reelección de Cristina con el 54,11 %) y este 2018 (gobierno de Macri con crisis, recesión y ajuste), a salvo el "índice de participación ciudadana", que mediría el grado de involucramiento de la gente con alguna instancia colectiva de participación, que nos parece el indicador más irrelevante.

En efecto, el deseo de participar en alguna instancia puede incluso ser disparado precisamente por la disconformidad con las soluciones que provee el sistema, pero sin dudas está directamente vinculado a la posibilidad concreta de hacerlo, hasta por disponibilidad de tiempo: alguien preocupado por conseguir trabajo, o viviendo de changas o teniendo que repartirse en varias ocupaciones para suplementar ingresos propios o familiares, difícilmente pueda participar en algo, aunque lo deseara.

Un fenómeno que hay que contrastar con el "oenegeísmo" de las clases medidas y medias altas con problemas de subsistencia material resueltos, y tiempo disponible para otros menesteres. También aquí correspondería una disgresión sobre como, donde y por que se participa, porque no es lo mismo hacerlo en un sindicato o en una cooperativa de trabajo, que en una asociación por los derechos de las mascotas, por más loables que sean los propósitos de ésta; pero nos parece que en rigor, el indicador está puesto allí para darle cierta credibilidad a las conclusiones del estudio, al correlacionarlo con los demás, y no mucho más.

Lo mismo vale para la "desconfianza en las instituciones de la república": el estudio agrega que las más devaluadas en la apreciación social son -en ese orden- la justicia, el gobierno y el Congreso: que aparezca en primer término el desprestigiado Poder Judicial (tal su nombre correcto, porque la justicia es un valor) no estaría directamente vinculado a la degradación de las condiciones objetivas y materiales de subsistencia, sino a la (presunta) preocupación social por la corrupción, y la impunidad de los corruptos. No parece que sea ésa la preocupación dominante de los sectores populares, golpeados por la crisis.

El estudio, en síntesis, es una conveniente apreciación del fenómeno del descontento social que cualquiera puede palpar por la calle, en un modo muy convenientemente exculpatorio para el gobierno de Macri al diluir sus responsabilidades, y de modo también muy conveniente, derivando una posible corriente de "voto castigo" hacia la vía improductiva del "que se vayan todos", en contra de los números que vienen arrojando hasta los propios sondeos encargados por el gobierno.

Fogoneando esa anomia se intenta (se diga o no) morderle la base electoral al kirchnerismo, y los sectores donde puede crecer por contraste entre el gobierno actual, y sus experiencias de gobierno, como los sectores populares que votaron a Macri, por ejemplo. Tuit relacionado: 

domingo, 23 de diciembre de 2018

HIMNO A MACRI

NADA PERSONAL


Varias veces nos ocupamos acá del abultado plantel político de los gobiernos socialistas en Santa Fe, que fuero batiendo récords en la materia, de un mandato a otro: veíamos en ésta entrada como pese a su promesa de reducir en un 30 % los cargos políticos, Lifschitz había batido holgadamente la marca de Bonfatti en la materia, al designar 1077 funcionarios políticos; que hoy ya son 1081, fruto de sumar los 593 Autoridades Superiores (funcionarios propiamente dichos) y los 488 Personal de Gabinete (asesores). 

Y al parecer piensa batir su propia marca: al presentar el proyecto de presupuesto provincial para el año que viene que ya se aprobó, los ministros Saglione y Farías dijeron que en esta ocasión "el ajuste lo va a hacer la política", pero al menos en cuanto a la planta de cargos, eso no es lo que surge de los números remitidos a la Legislatura.

En efecto, analizando el detalle analítico de la planta de cargos de personal, vemos que se suman 679 cargos de Autoridades Superiores y 537 de Personal de Gabinete 537; es decir un total de 1216 cargos políticos. Dentro de ese total, hay casos que llaman la atención, a saber: 

* La Secretaría de Estado de Hábitat tiene 21 cargos políticos sobre 42 cargos totales: el 50 % de su planta de personal son funcionarios políticos.

* La Secretaría de Estado de Energía cuenta con 19 cargos políticos sobre un total de 49 cargos en su planta: el 38,77 % del total, son cargos políticos.

* El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva tiene 28 cargos de funcionarios políticos sobre 92 empleados, el 30,43 % de su planta total.

* Los otros días contábamos acá que Radio y Televisión Santafesina Sociedad del Estado (RTS SE) gastará el año que viene 50 millones de pesos, en 10 empleados; con un costo salarial mensual promedio de casi 385.000 pesos, que no es el de los sueldos de los miembros del directorio (que figuran como personal político en la planta del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, sino de los 3 Gerentes, los 5 Coordinadores y los 2 Productores Generales; o sea, no tiene empleados de categorías inferiores.

* El CEMAFE cuenta con una planta de personal propio de solo 2 Directores médicos (designados por el Poder Ejecutivo) y 1 empleado administrativo; con un costo mensual en salarios de $ 101.256 sobre un presupuesto total de $ 78.108.000. En "Personal" gastaría el año próximo solo $ 3.949.000; y no tiene asignados médicos, ni personal de enfermería o auxiliar, ni administrativos.