ENTRE LA ROSADA Y TRIBUNALES

Aclaración previa imprescindible: si alguien encuentra similitudes entre éste pot, y éste otro de Lucas de hoy, no es porque le hayamos choreado la idea; estábamos poniendo manos a la obra para armarlo cuando lo vimos. 

Tanto en el oficialismo como en la oposición o la corporación judicial, nadie niega abiertamente (porque no podrían hacerlo) que las propuesta de reformas en la justicia que envió Cristina al Congreso, tuvieron como uno de sus disparadores fundamentales la puja por la aplicación de la ley de medios; claro que cada uno le asignará un sentido diferente a la comprobación.

Y del mismo que en la discusión de la ley de medios (cuando el conflicto iba mucho más allá de la pelea por la democratización de la comunicación), lo que hoy está en juego en la discusión de la reforma judicial, tiene mucho que ver con la configuración a futuro del mapa del poder real en la Argentina.

Incluso se podría objetar (como lo hace Lucas) que las propuestas de reforma que impulsa el gobierno se quedan a mitad de camino, en tanto no avanzan sobre otras cuestiones vinculadas a la efectiva accesibilidad a la justicia de los sectores judiciales, para disminuir el sesgo marcadamente clasista del aparato judicial; aun cuando incursionar en ese terreno exige también (y sobre todo) reformas en los poderes judiciales de las provincias.

Pero esos cuestionamientos (como las críticas puntuales que se les puedan hacer a los proyectos), no deben hacernos perder de vista que lo que hay acá y ahora, es un conflicto político -y de alto voltaje- por el poder.

Conflicto que tampoco es unidireccional: no se trata sólo (como dice la vulgata mediática dominante) de que el Ejecutivo quiera avanzar sobre la justicia, como de que quiera marcarle la cancha a los que, desde la corporación judicial (empezando por Lorenzetti, pero no terminando en él, ni mucho menos), quieren ingerir en la transición hacia el 2015, en un contexto en el que -al menos hoy por hoy-Cristina no puede optar por otro mandato.

Del mismo modo que a Lorenzetti le resulta cada vez más dificultoso disimular que tiene aspiraciones políticas, a los sectores de la justicia que se expresan por su medio les cuesta bastante disimular su deseo de interferir no ya en la cuestión de la sucesión presidencial, sino  en condicionar la capacidad del gobierno de impulsar determinada agenda de cambios (reales o supuestos, para el caso es lo mismo); y de la propia Cristina de seguir teniendo capacidad de influencia política más allá del 2015, incluyendo claro la posibilidad de saldar la interna del peronismo dominante (que hoy reporta al kirchnerismo), eligiendo al candidato oficial para las próximas presidenciales: la percepción (acertada) es que el hombre  (o la mujer) determinará el rumbo.

A las trabas de algunos jueces (con la venia indisimulable de la Corte, o al menos de algunos de sus miembros) a algunas medidas del gobierno que afectan a sectores concretos del poder real (Clarín, la Rural, los bancos), Cristina les responde redoblando la apuesta, y promoviendo una discusión hacia el interior de la corporación judicial, sobre algunas cuestiones que ellos mismos nunca quisieran discutir, al menos en público; como el pago de Ganancias, o el manejo del presupuesto del poder judicial.

Kirchnerismo en estado puro: el gobierno se defiende ampliando su margen de maniobra y eligiendo un adversario (los jueces, la justicia) de escaso prestigio social; con el cual a la gente común (excepto el núcleo de los cacerolazos, que ya adversa al gobierno) le cuesta identificarse. Incluso tomando riesgos (otra característica del ADN kirchnerista), como plantear la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura.

En ese marco, será muy difícil que el previsible fallo de la Cámara Civil y Comercial a favor de Clarín en la causa de la ley de medios, no sea leído como la confirmación de al menos parte del discurso oficial: la que dice que la justicia siempre falla a favor de los poderosos; con la salvedad claro está, del grado de interés concreto que pueda mostrar en estas cuestiones el hombre común; cosa que también deberán sopesar Lorenzetti y los demás cortesanos, cuando a su turno tengan que analizar el expediente.

En ese sentido, el impulso político de las reformas es el mismo que llevó a Néstor Kirchner a promover la reforma de la Corte menemista, al contrario de lo que supone el exégeta oficial del santacruceño, es decir Alberto Fernández: la Corte de hoy, fruto de la renovación kirchnerista y más allá de su jurisprudencia (que siempre hay que dividirla claramente en progresista o conservadora, según las causas afecten o no al poder económico), se autoasumió como la cabeza de un poder conservador por historia y naturaleza, y una cabeza dispuesta a abroquelarse (al menos la mayoría de sus miembros) en defensa de los privilegios de ese poder.

Porque no hay que engañarse: Lorenzetti dice críptico que la Corte defenderá la Constitución llegado el caso (lo que supone un recordatorio al Ejecutivo de que tiene la llave final de la aplicación de cualquier ley, como pasa con la de medios), mientras fuerza a los sectores del Poder Judicial que controla o expresa (elija cada uno lo que le parezca) a que se manifiesten públicamente en contra de la reforma; uno de cuyos puntos es cumplir con lo que dice el artículo 114 de la Constitución: que sea el Consejo de la Magistratura (ahora elegido por el pueblo) el que maneje el presupuesto y los recursos del Poder Judicial.

Lo que supone un problema para la Corte, porque la privaría de la llave con la que construye (sobre todo Lorenzetti) su manejo de la justicia, mientras ya lidia con la incomodidad de tener que decidir sobre el pago de Ganancias; desde que Cristina le pasó públicamente la pelota en el discurso de apertura de las sesiones del Congreso.

Mientras Lorenzetti y la corporación judicial alimentan los sueños y los discursos de opositores, medios y cacerolos, Cristina se le metió en la interna de la justicia, y le replica los movimientos políticos: el tipo pela la carta del Papa (escrita cuando asumió, o sea, antes de que los proyectos de reforma judicial aterrizaran en el Congreso) para mostrarse bendecido desde las alturas en su resistencia al avance oficial; y ella lo recibe a Arancedo para discutir cambios en el proyecto de reforma del Código Civil, el "chiche" de Lorenzetti.

Al mismo tiempo al anunciar los proyectos de reforma, dejó de lado la ley sobre el régimen de responsabilidad del Estado (con indudable olfato político: se estaba en el medio de las secuelas de las inundaciones en Buenos Aires y La Plata) que anunció en el Congreso, pero mantiene los cambios que introdujo al respecto en el proyecto de reforma de los Códigos que trata el Congreso.  

Cual sea el destino final de esa reforma es algo que no puede saberse hoy, pero el mensaje presidencial es claro: no se aprobará a libro cerrado (curioso: siempre se critica al kirchnerismo de lo contrario) un proyecto elaborado por juristas elegidos y conducidos por Lorenzetti; prescindiendo de cualquier consideración política (repetimos: cualquiera) sobre el efecto de esas reformas; que no son un problema de académicos, sino de los poderes políticos del Estado, que asumen la responsabilidad de discutirlas en el Congreso, y eventualmente sancionarlas.

De nuevo entonces la discusión sobre los límites y contornos del poder, cruzada por el clima de un año electoral y sin simplificaciones: si aceptar escuchar los planteos de la iglesia sobre las cuestiones que siempre le preocupan (las relaciones de familia, la fertilización asistida) suena conservador pero aun está por verse en que medida serán atendidos, corregir la pluma de Lorenzetti (de claro tinte neoliberal) en todo lo que tiene que ver con la regulación de los contratos y las sociedades anónimas es progresista; y eso ya lo hizo efectivamente Cristina, al mandar el proyecto al Congreso.   

Lo mismo se puede decir de la apertura a discutir las objeciones del CELS al proyecto sobre las cautelares: por un lado se desmiente de un modo práctico la supuesta cerrazón kirchnerista, y por el otro las críticas (que parecen hechas por una lectura apresurada del proyecto, con todo el respeto que nos merece Verbitsky y hemos expuesto acá varias veces) tienen mucho en común con las que mereciera la ley antiterrorista, en tanto plantean escenarios apocalípticos, luego desmentidos por la realidad. Lo que no implica que haya que cerrarse a escuchar.

Y resta analizar que papel juega en todo esto la oposición (al menos su núcleo duro), reducida hasta acá a hacer de claque de medios hegemónicos con negocios amenazados, jueces corporativos y cacerolos; y constreñida por Cristina a aceptar nuevos desafíos electorales, como la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura.

Hay que decir que su papel hasta ahora, no pudo ser más deslucido: en lugar de asumir como un desafío la representación política de los cacerolos, acompasan sus movimientos en el Congreso y aledaños, con la convocatoria del 18A para aportarle más concurrentes; sin el menor atisbo de darle direccionalidad, y sin la menor idea de en que puede terminar, o hacia donde dirigirse. 

Y con un relato en crisis: si el gobierno se cae a pedazos y la imagen de Cristina está por el piso, ¿cuál es el miedo de afrontar la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, planteando que de ese modo el kirchnerismo busca alzarse con el control del órgano?

Del mismo que abroquelarse en defensa de la independencia del Poder Judicial (sin aceptar siquiera discutir ninguna reforma a una estructura socialmente percibida como elitista, conservadora y corrupta) es reconocer implícitamente que esa independencia hoy existe; de lo contrario ¿qué es lo que defenderían?