DIBUJOS EN UN PAPEL

Palabras más, palabras menos, los medios dan por hecho el acuerdo del gobierno con la “oposición responsable” (el massismo y la mayoría de los gobernadores del PJ) para aprobar el presupuesto 2019, que contendrá el ajuste pactado con el FMI en el stand by original y mucho más; porque es sabido que las previsiones originales del acuerdo ya quedaron atrás.

El 15 de éste mes es la fecha límite para que sea presentado en el Congreso de acuerdo con la Ley 24.156 de Administración Financiera, y el año pasado para esta misma fecha las cosas estaban en el mismo exacto punto: el gobierno tironeando con las provincias para imponer un ajuste, que luego quedaría plasmado -sucesivamente- en el pacto fiscal que firmó Macri con todos los gobernadores excepto Rodríguez Saá, la reforma tributaria y la reforma previsional que modificó la fórmula de cálculo de los aumentos a jubilados y pensionados. Horas después de haberse aprobado ese presupuesto (en medio de las protestas sociales), Marcos Peña, Dujovne y Sturzenegger modificaban la pauta de inflación que contenía, llevándola del 10 al 15 % anual. Lo que pasó después es conocido: las proyecciones macroeconómicas contenidas en el documento quedaron como un mal chiste, sepultadas por la realidad.

Este aspecto (el de las previsiones que hace el gobierno sobre el comportamiento de la economía) suele llevarse toda la atención en la discusión del presupuesto de cada año, cuando en realidad no son más que insumos que el Estado debe tomar en cuenta para proyectar cuantos recursos piensa obtener para financiar sus actividades, y de que fuentes; y son esos recursos a su vez los que financian los gastos que debe hacer, de los cuáles una gran mayoría son corrientes, es decir se repiten mes a mes, y año a año. La propia coparticipación federal de impuestos a las provincias (y acaso esto no sea muy conocido) no figura cuantificada como tal en ningún artículo del presupuesto, sino proyectada en los documentos que lo acompañan cuando aterriza en el Congreso.

En la actual coyuntura, transcurrido un año desde la aprobación del anterior presupuesto y con todo lo que ocurrió en el medio (ajuste aplicado sobre el presupuesto votado por el Congreso, freno del gasto corriente y de la obra pública, corrida cambiaria, acuerdo con el FMI y ahora pedido de revisión de ese mismo acuerdo, por devenir de imposible cumplimiento), es lícito preguntarse sobre que bases el gobierno y buena parte de la oposición están discutiendo un presupuesto, y según algunos, estarían a punto de cerrar un acuerdo para aprobarlo.

Empezando por lo más obvio, cuáles son las proyecciones macroeconómicas en las que se basan los cálculos de los recursos, cuando este gobierno le erró enormemente en la proyección de la inflación, el tipo de cambio y la evolución del PBI; y cuando nadie se anima a decir -sin sonrojarse- como se comportará cada una de esas variables de ahora a diciembre del año que viene, con elecciones en el medio y cuando concluya el mandato de Macri, si es que lo termina normalmente.

Por el lado de los recursos, de acuerdo a los trascendidos se daría marcha atrás en muchos de los cambios que introdujo la reforma tributaria del año pasado en Ganancias, Bienes Personales y contribuciones patronales, entre otros ítems; y resta por ver cuanto impactan los cambios en las retenciones que surgen del último decreto de Macri (el 793 publicado el martes pasado en el Boletín Oficial), que pese a ser delegado no fue remitido al Congreso para su discusión como manda la Ley 26.122, y está por verse si no termina tumbado en la justicia ante el reclamo de algún grupo exportador, porque las facultades delegadas vencieron en agosto del 2010, y la Corte Suprema fulminó de inconstitucionalidad el artículo 755 del Código Aduanero en el fallo “Camaronera Patagónica” (2014).

En idéntico sentido se habla de suspender el ajuste por inflación de los balances empresarios para el pago de Ganancias cuando hay empresas que lo han obtenido precisamente gracias a amparos judiciales; y aun suspendiendo la entrada en vigencia de la baja generalizada de aportes patronales aprobada el año pasado, la evolución negativa del empleo y los salarios registrados impactan en la recaudación de ese rubro en particular.

También debe considerarse que los recursos del Estado nacional se completan con los que provienen del financiamiento obtenido a través de operaciones de crédito público, en un momento en el que al gobierno se le cerró el grifo del endeudamiento en los mercados de capitales, y renegocia el cronograma de desembolsos del crédito stand by del FMI, establecido en un acuerdo que jamás pasó por el Congreso porque Macri apeló al artículo 60 de la misma Ley 24.156 que lo exime de hacerlo; pero la cosa derivó en una causa judicial en la que está imputado por no haber cumplido con ese requisito constitucional, por ser competencia del Poder Legislativo el arreglo del pago de la deuda externa del país.

Ni que decir que esa renegociación involucra necesariamente nuevas “condicionalidades” impuestas por el FMI que suponen un brutal ajuste sobre los gastos del Estado nacional y las transferencias a las provincias, lo quieran éstas o no; e incluso afectar recursos que no se consolidan con el presupuesto nacional, como los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que el gobierno se comprometió a liquidar, y que viene licuando su valor en dólares al compás de la corrida cambiaria y el desplome de las acciones de las empresas en las que el fondo participa.

Se supone además que en el nuevo presupuesto deberán incluirse los servicios de deuda para el pago de las LETES emitidas en dólares y de los bonos duales con los que el gobierno pretendió desarmar la bomba de las LEBAC’S, que son deuda cuasi fiscal y por ende no integran el presupuesto; y habrá que ver que ocurre con los anticipos del Banco Central al Tesoro (el acuerdo con el FMI los prohíbe), o las transferencias de sus utilidades, porque volver a apelar a meter mano al capital del Banco Nación (como hizo el gobierno este año manoteando 20.000 millones) lo pondría en riesgo de quebranto e insolvencia patrimonial, justo cuando el gobierno lo pone a financiar un fideicomiso para que arranquen los contratos PPP (participación público privada), con los que espera compensar la drástica caída de la inversión en obra pública.

Y hablando de eso, en un presupuesto que se avizora con fuerte poda de recursos para la inversión en obra pública, hay que ver que sucede con las obras que ya están en marcha, y con las que encararon las provincias con aval de la nación para tomar deuda; además del presupuesto financiero y el de divisas, para atender el pago de una deuda que pesa cada día más en las cuentas públicas. Por no mencionar que está vigente el DNU de la poda del fondo sojero (Fondo Federal Solidario) que se destinaba a obras de infraestructura, y aunque la oposición lograba voltearlo en el Congreso (los gobernadores ya parecen resignados a no hacerlo, y buscan canjearlo por algo), eso no repondría automáticamente la vigencia del DNU de Cristina que lo creó. 

Finalmente, queda el dato no menor de que el gobierno no ha definido aun el presunto nuevo organigrama del gabinete nacional con supresiones y fusiones de ministerios, y como eso se traduce hacia el interior de los diferentes programas del presupuesto, y su asignación de partidas. Ayer mismo, cuando la edición diaria del Boletín Oficial recién reapareció a media tarde, se conoció el DNU que establece los ministerios que quedaron en pie, pero también (y mientras Frigerio negociaba con las provincias) la Resolución 122 del ahora extinto Ministerio de Energía, por la cual Iguacel en su acto póstumo como ministro transfería a las provincias la obligación de financiar la tarifa social de electricidad.

Puede parecer que todas estas cuestiones son simples detalles técnicos, que suenan a exquisiteces cuando el país está sumergido en una profunda crisis económica, social y política, pero ese es precisamente el punto: la extorsión a cielo abierto de Macri a la oposición para que le aprueben un presupuesto en términos perentorios tiene que ver con “enviar una señal a los mercados”, para ver si logra frenar la corrida del dólar y estabilizar su gobierno que se acerca al abismo; pero con intención aviesa pretenda saltearse debatir estas y otras cuestiones planteando el mega ajuste como la única solución posible y viable, algo que ya quedó palmariamente demostrado que es falso de toda falsedad: podar gastos del Estado con una tijera gigante no acercará un solo dólar para resolver el déficit de cuenta corriente del balance de pagos, ni alejará la crisis final, sino que con toda seguridad la precipitará con mayor velocidad.

De allí que sea incomprensible la actitud de buena parte de la oposición que, corrida por el espantajo del “golpe peronista”, vuelve a dar señales de que votará el presupuesto “para aportar gobernabilidad”, y en todo caso lo que discute son cuestiones menores, creyendo que de ese modo puede evitar pagar parte de los costos políticos del ajuste.

Es decir, perseverar en la misma estrategia suicida que nos llevó a este punto, privando al sistema político de alternativas reales en el momento en el que la crisis se hace más profunda y amenaza llevarse puestos a Mari y su gobierno, y muchos se empiezan a preguntar como se sale del dilema. Y todo por dejar asentados en un papel, dibujos y cálculos que serán rápidamente devorados por la realidad.