DEL SUEÑO A LA PESADILLA

Leíamos en la semana en Página 12 que deudores de préstamos ajustados por UVA fueron recibidos por diputados de la oposición en el Congreso, adonde fueron en busca de una solución a su problema: las cuotas se disparan, se llevan una porción cada vez mayor del salario, si aun no han cancelado el valor de las propiedades (que es en dólares) el préstamo no les alcanza para comprar, y el capital que le deben a los bancos es cada día mayor.

Antes de que lo diga algún lector, lo vamos a decir nosotros: la primera respuesta que se nos viene a la mente es que se jodan por boludos, porque se les dijo en todos los idiomas posibles que era una estafa a la que era muy riesgoso entrar, porque iba a pasar lo que terminó pasando. Y como con la “campaña del miedo” del balojate presidencial del 2015, decidieron hacer oídos sordos a las advertencias, y le metieron por lo carpido, en algo que olía de lejos a negocio redondo para los bancos; acaso porque confiaron en Martín Tetaz, el columnista económico del programa de Lanata, y otros econochantas que promovieron el asunto.

Tampoco sirvieron experiencias anteriores asimilables, como los créditos de la tristemente célebre Circular 1050 de Martínez de Hoz, o los préstamos en dólares que muchos contrajeron durante la convertibilidad de Menem y Cavallo. Sin embargo, convendrán con nosotros que, catarsis aparte, no pueden ser el “te lo dije” y el “jodéte por boludo” la respuesta política a un reclamo social legítimo (después de todo, buscaban acceder a la casa propia, no veranear en la Polinesia), y por eso hicieron bien los diputados en atenderlos, y en ponerse a ver si pueden encontrarle una solución al problema.

Claro que deberán entender todos (los diputados, y los afectados, en primer lugar) que en la lista de prioridades de problemas a encarar, no están primeros, ni mucho menos: hay muchos otros estropicios perpetrados por el macrismo, más graves y que han afectado a muchos más argentinos, en cuestiones esenciales como el empleo, el salario, el acceso a los servicios públicos, la salud, la educación o la misma comida a precios razonables.

Los préstamos UVA han sido hasta acá un formidable negocio para los bancos (sus grandes impulsores junto con el propio gobierno de Macri), y una pesadilla para los deudores, y se hace difícil pensar en una salida en la cual las cargas se inviertan, de modo tal que pierdan los bancos (que la vienen levantando con pala) y ganen los deudores. Pero si fuera sencillo, hasta Macri lo podría hacer, y está claro que no puede, ni quiere.

Librados a las reglas de juego del mercado y de los contratos privados entre particulares (que es lo que son), la suerte de los deudores UVA no es dudosa: si dejan de pagar serán ejecutadas las garantías hipotecarias que tuvieron que constituir, y en una contienda judicial (que no todos están en condiciones económicas de afrontar) llevan todas las de perder.

En efecto, no parece posible que puedan alegar error como vicio de la voluntad contractual (en los términos de los artículos 265 a 269 del Código Civil y Comercial), ni tampoco lesión, en el sentido de “aprovechamiento por una de las partes (los bancos) de la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra”, como dice el artículo 332 del mismo Código: en la mayoría de los casos se trata de personas con instrucción (por lo menos formalmente escolarizados), que se supone están en condiciones de comprender lo que firman, y sus consecuencias.

Por otro lado, la imposibilidad de cumplimiento de los contratos tampoco podría atribuirse a un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor (artículo 955 del Código), porque las cláusulas indexatorias hacen su trabajo conforme estaba previsto (tomando en cuenta la inflación); y la invocación de la teoría de la imprevisión por la “excesiva onerosidad sobreviniente” (artículo 1091 del Código Civil y Comercial) de los préstamos para los deudores, si bien obedecería a causas ajenas a las partes, es dudoso que sea también ajena al riesgo que voluntariamente asumieron los que contrajeron un crédito bajo el sistema UVA.

Es posible que, si las demandas judiciales tendientes a obtener un reajuste de los préstamos son muchas, generen alguna jurisprudencia favorable a los deudores bajo la idea del “sacrificio compartido” entre las partes (deudor y banco) para afrontar el cambio en la mecánica de los contratos, pero a lo ya dicho sobre los costos de litigar en tribunales (que no todos pueden afrontar), hay que sumarle la demora en resolver los juicios.

Tampoco puede pensarse (al menos nos parece a nosotros) en una solución similar a la que se buscó en el 2002 para los deudores de préstamos hipotecarios en dólares: recordemos que entonces fueron pesidicados a $ 1,40 más CER por dólar, y el Estado emitió bonos para compensar a los bancos por la diferencia con la cotización real del dólar. Es decir, cargamos todos con la deuda que era de algunos. Si entonces la solución fue injusta (porque el país transitaba la peor crisis de su historia, con miles de problemas mucho más graves que ése, y por ende miles de prioridades que atender antes), repetirla hoy adaptada a la problemática que generaron los UVA sería igual, o peor.

Está claro que la solución debe llegar del lado del Estado y la regulación pública (otra lección para muchos de los afectados: no pocos de ellos compran el discurso liberal meritocrático, anti estatal y pro mercado), y que debe evitarle a ese mismo Estado distraer recursos en ella, que bien podría utilizar en otras necesidades. 

Acaso cobrarles a los bancos un impuesto extraordinario (o una alícuota adicional de Ganancias) por las utilidades que les generó la operatoria con los préstamos UVA, y permitirles compensarlo en parte resignando las que esperaban obtener de las cuotas remanentes (reajustadas a un valor razonable); porque de ese modo el Estado solo resignaría parte de un ingreso que hoy no percibe. De lo contrario, no se nos ocurren muchas formas de salir del entuerto sin que los bancos ganen igual; pero en lugar de salir sus beneficios del bolsillo de los deudores, salga del de todos.