EFECTO GRABOIS

La detención de Juan Grabois y otros dirigentes de la CTEP este martes a la noche mientras intentaban defender a un grupo de manteros senegaleses detenidos por la policía de Rodríguez Larreta desató la inmediata reacción de un amplio arco de dirigentes opositores, que fueron al lugar de los hechos a reclamar su liberación.

Desde Myriam Bregman o Alejandro Bodart, pasando por Juan Carlos Schimd del triunvirato de la CGT, dirigentes del kirchnerismo como el “Cuervo” Larroque o Luis D’Elíoa, pasando por Emilio Pérsico del Movimiento Evita, o Felipe Solá, hasta dirigentes de la CTA como Roberto Baradel, y muchos otros más.

La reacción espontánea no tuvo tanto que ver con que la figura en sí de Grabois (con quien muchos de ellos sostienen diferencias, pero las dejaron de lado), como en la necesidad de marcar que con su detención el macrismo cruzaba un límite que es intolerable cruzar en democracia, y precisamente allí radica lo valioso del hecho: demostrarle al gobierno que no puede hacer lo que se le venga en gana, sin que genere algún tipo de reacción.

Sería saludable que la misma respuesta se sostenga por ejemplo en relación con la situación de Milagro Sala, Julio De Vido, Fernando Esteche, Amado Boudou y todos los demás presos políticos del régimen macrista, o contra la descarnada persecución judicial de la que es objeto Cristina por el grupo de tareas de Comodoro Py, respondiendo a las necesidades políticas del gobierno.

Al fin y al cabo, la situación es exactamente la misma: groseras violaciones a los derechos humanos elementales y a las garantías individuales consagradas por la Constitución, cometidas por agencias estatales convertidas en fuerzas de choque de la coalición oficialista gobernante, en perjuicio de opositores políticos o sociales; un hecho de suficiente gravedad como para dejar de lado cualquier diferencia política circunstancial que se pueda tener. Algo de eso hizo ayer Schmid, de la CGT, al reconocer que el proceso judicial contra Cristina está viciado desde el principio, y encubre una persecución política por motivos ideológicos.

En ese marco, poco importa si la detención de Grabois estuvo directamente vinculada a sus recientes acercamientos con Cristina (a la que acompañó cuando fue a declarar al juzgado de Bonadío), porque lo que debe juzgarse en el caso son -por su gravedad- los hecho, más allá de sus motivaciones: lo que se busca en todos los casos es escarmentar a los díscolos, aplastar cualquier atisbo de reacción social o política contra un proyecto de exclusión, que supone a la represión de los que protestan como la consecuencia lógica y natural de ese proyecto excluyente.

De allí que el razonamiento de los que fueron a pedir su libertad haya sido el correcto, y la actitud tomada en su consecuencia, la que las circunstancias exigían. Las mismas circunstancias que están imponiendo replicar las mismas actitudes en relación con las políticas económicas y sociales del gobierno de Macri, para cuya ejecución como se dijo, se despliega el aparato represivo intimidador. Algo como lo que se vio cuando se discutía en el Congreso la reforma previsional, sin ir más lejos.

En breve ese mismo Congreso empezará a discutir el presupuesto nacional para el año que viene, que vuelca en su contenido el ajuste convenido por el gobierno de Macri con el FMI; y cada recorte o cercenamiento de derechos, cada retiro del Estado de sus funciones básicas e indelegables que allí se contemplan, tienen su correlato en la previsible protesta de los afectados, y la más previsible aun respuesta represiva del gobierno.

De allí que no haya forma de disociar ambos aspectos, pues como tantas veces se ha dicho y hay que repetir hoy, con más razón que nunca, el neoliberalismo es incompatible con la democracia, y los modelos que intenta imponer a las sociedades no cierran sin represión; y así como no puede haber matices ni contemplaciones en la defensa del estado de derechos y las libertades y garantías consagradas por la Constitución (no hay en ese plano violaciones tolerables y otras que no), tampoco puede haberlas en la oposición firme a un programa económico que no se torna sustentable o socialmente inclusivo porque se le hagan un par de retoques al presupuesto, “para mejorarlo”.

La Argentina está hace tres años en manos de un gobierno del odio, que ejecuta una revancha social y de clase para hacernos retroceder al estadio anterior al peronismo, y que cohesiona a partir de allí el apoyo de una parte importante de la sociedad; mientras amplía de hecho los bordes de la coalición político formal en la que se sustenta: massistas y “peronistas racionales” son, hoy, de hecho y a los fines prácticos, parte de la misma. En todo caso con pretensiones de sucederla, para administrar el país mas ó menos bajo los mismos parámetros, con diferencias de matices que no cambian el fondo de la cuestión.

Un bloque de poder tal (que suma además a los aparatos represivos del Estado, el Poder Judicial, los medios hegemónicos y los intereses económicos y políticos de Estados Unidos y sus socios globales) no puede ser enfrentado con divisiones secundarias, respecto de la contradicción principal, ni con sectarismo basados simplemente en especulaciones por posicionamientos electorales a futuro.

Lo electoral (las alianzas, las candidaturas, los acuerdos) aparece en este contexto y a 11 meses de las PASO, lejos y abstracto en medio de un país que está en llamas, y de un gobierno que solo arrima nafta al incendio con cada medida que toma. Por eso es que no importa si la confluencia que se dio en la calle en el rechazo a la reforma previsional o a la detención de Grabois se proyecta después a ese plano, o no.

Para defender los derechos humanos y el estado de derecho y para resistir el saqueo y el vaciamiento del país enfeudándolo ante el FMI para financiar con deuda la fuga de capitales, nadie debe dejar de pensar como piensa en todo lo demás, basta simplemente con que acuerde en este punto esencial: el macrismo debe ser detenido ahora, antes de que sea demasiado tarde, y que los daños que cause sean irreversibles.

Y eso exige articular los roles institucionales en el Congreso y los roles sociales en la calle, convirtiendo a las representaciones institucionales en caja de resonancia de las protestas y reclamos sociales; como cuando hace poco los diputados del FPV recibieron al sector sindical de Pablo Moyano que pugna por llegar a la conducción de la CGT, y los dirigentes sociales (incluyendo al sindicalismo, claro está) deben darle volumen a las posiciones parlamentarias opositoras,como acaba de hacer Hugo Moyano en La Plata, yendo a solidarizarse con los trabajadores del astillero Río Santiago, al mismo tiempo que a reunirse con los diputados provinciales del kirchnerismo en la legislatura bonaerense, para comprometer su apoyo en las movilizaciones contra el ajuste que plantea Vidal en el presupuesto provincial en el presupuesto provincial, en espejo con el nacional.    

Del mismo modo y como hicieron con Grabois muchos de ellos, los que tienen responsabilidades institucionales tienen que poner el cuerpo en la calle, acompañando las protestas y los reclamos en defensa de los derechos que el gobierno quiere cercenar. Después habrá tiempo para hablar de elecciones, internas, candidaturas y alianzas, o en todo caso: no hay mejor modo de construirlas que la unidad en la lucha, y en la resistencia a este régimen de ajuste y represión.