COPAMIENTO

Notemos la terminología que aplican los medios cuando el gobierno avanza sobre determinadas áreas del Estado, o para ser más precisos, cuando alguien vinculado al kirchnerismo ocupa cargos en la actual gestión: así como Fernanda Raverta (la de "raíces montoneras") "se quedó" con la ANSES, ahora los propuestos para el directorio de Transener en representación -justamente- de las acciones que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) "coparon" la asamblea de accionistas.

Pero más allá de las etiquetas que los medios nos quieran poner, no lo hicieron nada mal: según cuentan acá en El Cronista, hicieron valer sus votos en la asamblea para que la sociedad no distribuya dividendos entre sus accionistas, sino que constituyera una reserva de 108 millones de dólares (al tipo de cambio oficial de hoy) para hacer frente a inversiones, pagar deudas, reponer capital de trabajo o hacer frente a cualquier contingencia financiera futura; como por ejemplo la continuidad del congelamiento de tarifas, o su pesificación.

Todos los directores designados en representación de las acciones del Estado (sea a través del FGS, o de las acciones que posee la ex ENARSA) son funcionarios del gobierno, en las áreas energéticas (como Federico Bernal), u otras, como Santiago Fraschina. Es decir que van a la sociedad a cumplir un rol político, en el marco de las instrucciones generales del gobierno, como debe ser.

Y en ese marco, con inteligencia, adoptar decisiones que los privados no adoptarían, si pudieran ser ellos solos los que manejaran la empresa, o tuvieran la mayoría necesaria para hacerlo: por el contrario, se opusieron a no repartir dividendos, como era de esperarse. Un ejemplo de uso inteligente, entonces, de los recursos y herramientas de que dispone el Estado.

Hace un tiempo contábamos en ésta entrada la historia de la privatización de Transener (empresa transportadora clave en el diseño del modelo energético del país) que ordenó Macri mediante el Decreto 882/17. Decíamos entonces que "En alguna de esas empresas (todas las del sectore energético donde el Estado tiene acciones, aclaramos ahora) los accionistas mayoritarios (que seguramente comprarán las participaciones accionarias del Estado) son Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, y SADESA de “Niky” Caputo. Es decir, desguazar por completo la participación del Estado en la generación, transporte o distribución de energía en seguro beneficio de Mindlin, Caputo, Lewis y los demás amigos y testaferros de Macri, justo cuando bajan los subsidios y suben las tarifas.".

O sea que a su modo y para sus intereses y los de sus amigos, Macri también hizo un uso inteligente de los recursos del Estado. Se trata entonces de ponerle punto final a la rapiña, y lo de la asamblea de Transener es un paso muy auspicioso en ese sentido; que debería complementarse con la derogación del 882/17 para enterrar -como dice el título de la nota- el plan completo de privatizaciones en el sector energético, y reponer la vigencia de la Ley 27.181 dictada durante el gobierno de Cristina, para bloquear toda posible privatización de las tenencias accionarias del Fondo de ANSES, en empresas privadas.