EVALÚAN SI TRASLADAN LA CAPITAL A LUXEMBURGO

Cuando el gobierno dictó el DNU 329 prohibiendo por 60 días los despidos y suspensiones por razones de fuerza mayor (suspendiendo en ese plazo la vigencia de los artículos 211 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo) que los permiten), el grupo Techint reaccionó despidiendo 1450 operarios de una de sus empresas constructoras.Finalmente logró que los despidos quedaran firmes, pese a que el DNU decía que los despidos dictados en esas condiciones "... no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales.".

Después de eso, se supo que hubo empresas del mismo grupo (Techint) que presentaron la documentación en ANSES para conseguir que el gobierno (o sea, todos nosotros) les pagara parte de los sueldos del personal; lo que incluyó al mismísimo CEO que firmó los telegramas de despido.

Hoy se publica en el Boletín Oficial (completo acá) el DNU 487, por el cual Alberto Fernández prorroga por 60, hasta el 31 de julio, la prohibición de disponer despidos o suspensiones por causa de fuerza mayor. Al igual que el primer DNU, este establece que "...Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2° y primer párrafo del artículo 3º del presente decreto, no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales.

En el mismo Boletín Oficial de hoy también aparece publicado el Decreto 488 (completo acá), por el cual se establece el "barril criollo" para remunerar a las petroleras su producción, en 45 dólares, frente a la caída del precio internacional. La medida supone fuertes subsidios que terminará afrontando el Estado (es decir, todos nosotros), para sostener la actividad y evitar despidos.

Esto último puede resultar un contrasentido cuando al mismo tiempo se está diciendo -el mismo día, en el mismo Boletín Oficial- que los despidos están prohibidos, pero lo cierto es que el Decreto 488 en su artículo 2° dice textualmente: "Las empresas productoras deberán aplicar idéntico criterio al sostenimiento de los contratos vigentes con las empresas de servicios regionales y deberán mantener la planta de trabajadores y trabajadoras que tenían al 31 de diciembre de 2019. Ello se realizará en un marco de consenso con las organizaciones de trabajadores y en procura conjunta de alcanzar modalidades laborales que mejoren la eficiencia, la tecnología y la productividad y que estén acordes con las mejores prácticas nacionales e internacionales de la industria de los hidrocarburos."

También el mismo artículo, en su párrafo final, dispone lo siguiente: "Durante la vigencia del artículo 1º, las empresas productoras no accederán al mercado de cambios para la formación de activos externos ni adquirirán títulos valores en pesos para su posterior venta en moneda extranjera o transferencia de custodia al exterior. ". O sea, las empresas que accedan al beneficio de cobrar 45 dólares por barril de petróleo no podrán fugar capitales, ni operar en la bolsa para hacerlo.

Hasta acá, nada que decir: son medidas adecuadas, en el contexto de crisis, aun cuando alguna vez habrá que tomar el toro por las astas en materia de petróleo, y tomar en cuenta los costos internos de producción, en pesos: del propio decreto surge que las empresas podrían convenir con los sindicatos convenios flexibilizadores a la baja, por ejemplo.

El grupo Techint (el mismo de los despidos mencionados al inicio del post) será uno de los principales beneficiarios del "barril criollo" a través de su petrolera Tecpetrol, una de las principales operadores privadas en Vaca Muerta. El mismo grupo que ayer forzó el despido de 30 operarios de una de las contratistas de Siderca (una de sus "naves insignias" en la siderurgia), y se temen otros 600 más, en las tercerizadas que le prestan servicios a la empresa del grupo.

Como ven, la estrategia de "cajitas chinas" del hólding que comanda Paolo Rocca es presentarse con sus empresas por todas las ventanillas disponibles del Estado para obtener beneficios, pero desentendiéndose de las obligaciones legales y sociales que ese mismo Estado impone, en un contexto de crisis. 

Lo que requiere de este Estado (es decir del gobierno) respuestas claras, rotundas y contundentes, porque lo están desafiando abiertamente, y están desafiando su autoridad. Antes de que sea tarde y a alguien se le ocurra plantear que, lisa y llanamente, la capital del país (es decir, el lugar donde residen sus autoridades) se traslade a Luxemburgo.