DEFENSA DE LAS INSTITUCIONES

La triste historia de los golpes de Estado en la Argentina marca que sus autores nunca asumieron explícitamente que estaban quebrantando las instituciones, sino por el contrario decían defenderlas: "construir las bases de una democracia genuina, en la que funcionen adecuadamente las instituciones de la república" eran -palabras más, palabras menos- los objetivos con los que se justificaba invariablemente la interrupción del orden constitucional.

En la era de los llamados "golpes blandos" donde el partido militar ya no aparece en escena para interrumpir el funcionamiento de las instituciones democráticas, subsiste esa seudo justificación para todo tipo de maniobras de neto corte desestabilizador; como las que desde un tiempo a ésta parte se viene ensayando contra el gobierno de Cristina, incentivadas por y desde la muerte del fiscal Nisman.

Precisamente en el hecho absurdo de fiscales que marchan "pidiendo justicia" subyace la idea de que el país vive un Estado de anomia institucional, en el que nada funciona como es debido y no existen garantías para los cuidadanos; porque no se respeta ninguno de los mecanismos establecidos por la Constitución para garantizar sus derechos.

Por supuesto que -a poco que se analice la realidad- se concluirá en que se trata de una auténtica paparruchada, destinada a crear el clima propicio para la justificación de las maniobras desestabilizadoras: "no nos queda más remedio que hacer esto, para salvar a las instituciones". 

Pero no por absurda que parezca la maniobra, deja de ser peligrosa, y por ende corresponde desenmascararla, analizando si es cierto que en el país no funcionan las instituciones; y en su caso, por responsabilidad de quien.

En un fresco de nuestra realidad que por momentos es bizarra, ayer por la tarde sesionó el Senado de la Nación y aprobó por una amplia "soledad" de 38 votos contra 7 (y una vez más sin la presencia del "aliado imprescindible" Menem) los cambios a la Ley 25.520 en base al proyecto que remitió el Poder Ejecutivo; al cual se le incorporaron importantes modificaciones en base a las sugerencias de expertos como Marcelo Saín, u organizaciones como el CELS (ver acá su comunicado); en un debate del cual se autoexcluyó buena parte de la oposición bajo la excusa de que no iban a "legitimar con su presencia" la "maniobra distractiva" del gobierno, para correr el foco de la atención pública del caso Nisman.

Una oposición que -puerta por medio en el mismo recinto del Congreso- celebraba una mediática audiencia pública sobre una causa que está en investigación por la justicia (ésa misma que ellos dicen defender en su independencia), y en la que hasta acá, todos los indicios colectados conducen a la hipótesis del suicidio.

No obstante eso, ninguno de los opositores (incluyendo a jueces y fiscales que con olvido de su rol, fungen claramente como tales) se privó de dar por sentado que a Nisman lo mataron, y que la responsabilidad es del gobierno. En la misma audiencia -y no en el recinto del Senado, como corresponde y manda la Constitución- se comprometieron a derogar una ley que aun no ha sido sancionada; y cuyo texto desconocían al momento de hacer tal promesa.

Una ley que intenta ser la respuesta institucional del Estado -en éste caso del Poder Ejecutivo- a una operación extorsiva encarnada en parte de los servicios de inteligencia, obrando con agenda propia y facilitada su labor por los resquicios que les dejaba el marco legal vigente; que es justamente lo que el proyecto enviado por Cristina, trata de corregir. 

Los cambios que se le introdujeron en el debate parlamentario son -por otra parte- una nueva demostración de que es una falacia aquéllo de que el kirchnerismo obliga a aprobar las leyes "a libro cerrado", y sin modificarles ni una coma.

La cuestión de la "legitimación" de determinadas cuestiones (particularmente esgrimida por los radicales, considerados a sí mismos una especie de albaceas de las instituciones democráticas) nos remite al debate de la legitimidad en democracia; y el planteo opositor no puede lucir mas antidemocrático: cada sector político que llega a un lugar de representación institucional como el Congreso de la Nación está legitimado desde su origen, en tanto es el voto ciudadano el que lo ha depositado allí, sera oficialista u opositor.

A unos para que gobiernen y marquen la agenda, impulsando la dirección del país y su gobierno en el sentido que indica el voto popular mayoritario; y a los otros para que controlen o se opongan, pero donde la Constitución manda, no donde lo exige el ráting de los programas televisivos, o las urgencias políticas que marcan los negocios de las corporaciones mediáticas. 

De modo que si algo queda deslegitimado cuando pasan cosas como las de ayer, es la oposición que deserta de su rol institucional, y de su compromiso democrático; para arrimar fuego a la hoguera de una maniobra de neto corte desestabilizador.

En la misma tarde, se conoció el rechazo de una jueza (evitemos el uso promiscuo de la expresión "la justicia") a la cautelar presentada por un grupo de diputados opositores contra Gils Carbó de la que hablábamos acá; para que se abstenga de designar a él o los reemplazantes de Nisman al frente de la investigación de la causa AMIA:

En los fundamentos del escueto fallo (verlo completo acá en el CIJ) señala: "los co-actores legisladores podrán ejercer las atribuciones que les confiere la Constitución Nacional en el ámbito del Congreso de la Nación a fin de asegurar la independencia e imparcialidad en la causa original”". Es decir, en buen romance, los remitió a discutir si Gils Carbó es o no idónea para desempeñar su cargo al ámbito previsto por la Constitución y las leyes, que es el Congreso de la Nación; no los tribunales. 

Los opositores han venido prometiendo la remoción de Gils Carbó de su cargo si llegan al poder, sin reparar en que para ello necesitarán plantear su juicio político en los términos de los artículos 53 y 59 de la Constitución (con mayoría especial de dos tercios de los presentes en cada Cámara), de acuerdo con la independencia funcional que le garantiza el artículo 120, y lo que dispone el artículo 18 de la Ley 24.946 del Ministerio Público.

En otra aceleración de la escalada golpista en marcha, leemos en Clarín de hoy (con profuso abuso de los potenciales en impactante tapa) que "imputarían" a Cristina por encubrimiento; a partir de la absurda denuncia de Nisman, a la que no se pretenderá que su muerte convierta en algo consistente, por arte de la piedad humana.  

Una denuncia basada en pruebas obtenidas de modo ilegal, como escuchas no autorizadas judicialmente (tal lo señalado acá), enderezada a cuestionar desde el derecho penal un acto soberano del Estado argentino, concerniente a sus relaciones exteriores (el acuerdo con Irán); que obtuvo aprobación con la intervención de los dos órganos establecidos a esos fines por la Constitución Nacional: el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación.

Razón por la cual no sorprende que la Procuración del Tesoro de la Nación (órgano oficial de defensa del Estado en juicio) presente en el juzgado que investigará la denuncia de Nisman los hechos públicos y notorios producidos por el propio Estado, que demuestran que los supuestos de la denuncia son absolutamente falsos, por no decir delirantes.  

El tratado con Irán y la ley que lo aprobó fueron suspendidos luego en sus efectos por una cautelar judicial (un hecho inédito en nuestra historia, porque un tratado internacional no es justiciable); y luego en la denuncia de Nisman se los tildó de haber sido gestados con el sólo objeto de perpetrar un delito (encubrir el atentado), lo cual constituye otro absurdo sin antecedentes históricos: no se trataría ya de una ley sancionada mediante la comisión de un delito (como la "ley Banelco", a través de sobornos), sino de una "ley delito".

Un absurdo que tiene bastante parentesco con el discurso opositor de rehusarse a debatir en el Congreso los cambios a la ley de inteligencia nacional, con el argumento de "no legitimar con su presencia" lo que sería una "cortina de humo" para tapar el caso Nisman; un caso que debe esclarecer la justicia, no el Poder Ejecutivo o el Legislativo.

En éste marco de hechos descripto, cabe preguntarse seriamente quien ataca las instituciones de la república en la Argentina; y quien las está defendiendo.