Durante el gobierno de Perotti se firmaron varios acuerdos paritarios con los gremios estatales (UPCN, ATE, AMRA, SIPRUS) para resolver las situaciones de precarización laboral en las áreas del Estado: contratos, personas que trabajaban facturando como monotributistas, subrogantes, etc.
En el caso de la Administración Central (o sea los empleados afiliados a ATE y UPCN) los más importantes fueron cerrados en dos etapas: la primera entre septiembre del 2020 (es decir en plena pandemia) y enero de 2021, cuando se firmó un acta homologada por el Decreto 5 del 8 de enero de ese año. Y la segunda entre diciembre de 2022 y abril de éste año, cuando se dictaron los Decretos 505 el 27 de marzo y 641 del 10 de abril, homologando sendas actas; antes de las elecciones provinciales de las que surgiría el nuevo gobierno, y antes también del período alcanzado por la regla del "fin de mandato" de la ley de responsabilidad fiscal.
En el primer acuerdo se resolvió la titularización del personal que se encontraba subrogando funciones y cargos vacantes y se estableció el 31 de diciembre de 2018 como fecha límite del decreto de otorgamiento del suplemento por subrogancia por las funciones de mayor jerarquía. También se acordó el pase a la planta permanente del personal que se desempeñaba como contratado a la misma fecha (31 de diciembre de 2018 y continuaba en esa situación al momento de la firma del acta paritaria (enero de 2021). O sea que el actual gobierno de la provincia estaba resolviendo situaciones de precarización laboral heredadas -en su totalidad- de la gestión anterior.
La segunda etapa de acuerdos paritarios en ése sentido empezó con el acta firmada en marzo de 2023 homologada por Decreto 505, por la cual se acuerda dar continuidad al proceso de pase a planta permanentedel personal contratado en sus diversas modalidades con vínculos posteriores al 31 de diciembre de 2018 y que a esa fecha (marzo del 2023) continuaran. Luego por el Decreto 641 del 10 de abril se acotó la fecha de corte al 15 de diciembre de 2022, porque esa fue la fecha límite que la Legislatura (con mayoría opositora a Perotti) puso en la autorización para crear los cargos vacantes necesarios.
En esas mismas actas las partes (los gremios y el gobierno) acordaron la titularización del personal subrogante de cargos vacantes con Decreto de otorgamiento del suplemento por las funciones de mayor jerarquía con posterioridad al 31 de diciembre de 2018, incluyéndose en éste caso a las dos categorías superiores de cada escalafón. Lo cual significa que recién en ésta segunda etapa quedan comprendidos en el proceso de pase a planta permanente agentes contratados o subrogantes a ser confirmados en sus cargos, que comenzaron en cualquiera de esas dos situaciones durante la administración de Perotti, además de los que accedieron en el último año del mandato de Lifschitz.
Los decretos dictados por Perotti en cumplimiento de los acuerdos paritarios de enero de 2021 (o sea, los que beneficiaban a personal precarizado durante los gobiernos del Frente Progresista) no tuvieron ningún inconveniente: no fueron suspendidos por cautelares judiciales, ni recurridos en sede administrativa por "ciudadanos que denuncian actos ilegítimos", ni observados por el Tribunal de Cuentas, ni pedidos de informes de la Legislatura, ni nadie se quejó porque -por ejemplo- había que aumentar la planta de cargos del Estado para poder designar en planta permanente a los que venían trabajado como contratados.
Distinta suerte están corriendo los decretos que dictó el mismo Perotti que benefician con los derechos reconocidos mediante los acuerdos paritarios firmados en el 2023 (aunque -como se dijo- estos hayan sido firmados antes de las elecciones provinciales y el período que marca la ley de responsabilidad fiscal) a personas que fueron contratadas o se les asignaron subrogancias en su gobierno, aunque esos acuerdos también regularizaron las situaciones de precarización laboral pendientes del último año de mandato de su antecesor en el cargo.
Ahora comenzaron a aparecer (después de las elecciones) observaciones del Tribunal de Cuentas, cautelares judiciales y recursos administrativos presentados por abogadas que constituyen domicilio legal en el estudio jurídico de un futuro funcionario del gabinete de Pullaro. Y de golpe lo que hasta el 10 de septiembre de éste año (fecha de las elecciones provinciales) estaba bien, de golpe pasó a estar mal, aunque los actos sean iguales que los que antes no tuvieron problemas, y los acuerdos paritarios se firmaron con los mismos gremios.
Y por si todo eso falla, alguien coló un artículo en el proyecto de ley de ministerios presentado en la Legislatura por el futuro oficialismo provincial, para llevarse puestas las paritarias por decreto. Como diría Niembro, se nota mucho. Tuit relacionado:
Recuerdan el escándalo cuando se sacó la "clausula gatillo"?
— Sergio Delfino (@serdelfino) November 23, 2023
Por la nueva ley de ministerios el futuro Gdor puede hacer lo que quiera sin pasar por la paritaria.
O sea, chau paritarias con el sector público. Veamos como reaccionan las almitas de cristal republicanas. pic.twitter.com/8i6vuAMO6x
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