LA FRASE

"SI TENEMOS ÉXITO PONIENDO A MILITARES PARA QUE LE ENCUENTREN EL PUNTO A LA CARNE QUE LE GUSTA A JAVIER, VAMOS A PONER A POLICÍAS PARA QUE SE ENCARGUEN DE LA PARTE DE LA PIZZA Y LOS HELADOS, DADA SU EXPERIENCIA EN ESOS RUBROS." (KARINA MILEI)

viernes, 3 de marzo de 2017

ALGO TEMEN EN LA CORTE SUPREMA


La Sra. Milagro Sala, continúa detenida en la Provincia de Jujuy por orden directa del gobernador Gerardo Morales y con el indisimulado apoyo de Macri. Sin pruebas de delito alguno, solo mantenida en prisión gracias a un poder judicial obsceno, impresentable, inidóneo, el gobierno jujeño y el gobierno argentino mantienen a Milagro presa, contrariando las resoluciones de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. 

Mientras tanto, el gobernador jujeño y sus secuaces, a quienes la dignidad les es desconocida, continúan armando una tras otra nuevas causas contra la dirigente social, todas sin ningún tipo de sustento, intentando darle algún barniz legal a una detención política y clasista.

Antes del incidente que se informara en Página 12, sobre una crisis nerviosa que sufriera Milagro Sala y en el marco de la cual se lesionara a sí misma, algo había ocurrido.

Más allá que se le comunicara que debía ser trasladada al Juzgado para notificarla de las nuevas causas iniciadas por el gobernador, y que el traslado fuera -como siempre- efectuado en un marco de humillación pública para la detenida, acompañado de un despliegue inusitado de fuerzas policiales y especiales, solo para custodiar a una mujer sola y desanimada, antes algo había pasado.

En la cárcel jujeña, una interna “motivada” por el servicio penitenciario, había sido conducida a la presencia de Milagro, y esa interna le expresó que si afuera no la habían matado, ella lo iba a hacer.

Ante la falta de pruebas, es probable que el gobernador jujeño esté pensando en otro tipo de soluciones. Quizás por ello, la Corte Suprema dictó el 1 de marzo esta insólita Resoluciónen la que se invocan “circunstancias de excepción que justifican ordenar la realización de una medida para mejor proveer”,  y se ordena a la Justicia de Jujuy un informe sobre las condiciones de alojamiento “a que está sometida” Milagro Sala.

Más allá de solicitar la información sobre el estado de todas las causas contra ella, tanto las que tramitan en la justicia ordinaria jujeña como en el fuero federal, se dispone la asistencia de todas las dependencias del Poder Judicial de la Nación incluído “de ser necesaria” , la intervención del Cuerpo Médico Forense.

Más de un año después de una detención burdamente ilegal, y dos meses después de haberse sacado de encima todos los expedientes del caso que le llegaron con argumentos absurdos, la Corte encuentra ahora  “circunstancias de excepción” y apura un informe sobre las condiciones a que es sometida desde hace mucho tiempo Milagro Sala, tratando de tomar distancia de una situación de la que hasta hoy son cómplices. Algo temen en la Corte Suprema.

jueves, 2 de marzo de 2017

ACÁ HAY ALGO QUE NO SE ENTIENDE


Al tipo lo echaron del bloque del Frente Progresista en la Legislatura (y él dice que también del partido) por no haber bancado determinadas decisiones, a saber: los aumentos de la luz y el agua, la adhesión de la provincia al blanqueo de capitales (algo a lo que que el socialismo se opuso en los dos gobiernos de Cristina), el endeudamiento de la provincia en dólares (con prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales extranjeros) y la destitución del Defensor General Gabriel Ganón.

O sea, por haberse opuesto a hacer lo mismo que hizo Aranguren en la nación con los tarifazos, y el gobierno de Macri con el blanqueo, el arreglo con los buitres, el re-endeudamiento del país y la ofensiva contra la Procuradora Gils Carbó.

Acá hay algo que no se entiende bien, y es como Lifschitz, Galassi y Bonfatti dicen que es imposible que ellos formen parte de "Cambiemos" porque los separan "diferencias ideológicas con el PRO, que representa a la derecha".

EL SOCIALISMO TOMA MEDIDAS URGENTES PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA PROVINCIA


Desde el 1° de enero de éste año en la provincia de Santa Fe el Estadio debe hacer licitación pública para todo contrato que supere los 800.000 pesos.

Sin embargo y como pueden ver, hay excepciones: en el decreto cuyas imágenes ilustran el post están contratando en forma directa por "razones de probada urgencia" o "emergencia imprevisible" a una empresa para que provea "merchandising" de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, para su "campaña de verano", por casi dos millones de pesos.

Bolsas de fiselina impresas, parasoles plegados de cartón (de esos que se ponen para que el sol no caliente los vidrios de los autos), frisbees de plásticos (los "discos" de playa) y lonitas playeras: todos elementos indispensables para la seguridad vial, y para disminuir el número de víctimas por accidentes de tránsito; tema sensible por estos días en la provincia si los hay.

Es bueno ver que se le da un destino tan útil a lo que cauda la Agencia por las multas de tránsito que cobra en las rutas provinciales, y en las nacionales que atraviesan Santa Fe. 

Con la planilla de cotización de la imagen de abajo pueden sacar cuanto se va a pagar por cada artículo que se compra, para ver si por lo menos consiguieron buen precio; pero a nosotros la cuenta nos da $ 27.20 cada bolsita, $ 16,94 cada parasol de cartón, $ 24,20 cada "disco" plástico y $ 78,65 cada lonita playera. . 

Menos mal que se apuraron a hacer la contratación directa, porque si no se les iba a terminar el verano.


MACRI CONTINÚA DE CAMPAÑA


El discurso de Macri ayer en el Congreso solo puede entenderse como el puntapié inicial de la campaña del oficialismo de cara a las elecciones de éste año, más que el cumplimiento de una formalidad constitucional, que por cierto fue vaciada de sentido: con escasísimas cifras y precisiones aportadas por el presidente sobre la gestión transcurrida desde el primero de marzo del año pasado, es muy difícil que alguien pueda formarse un juicio de valor sobre “el estado de la nación”, en los términos del artículo 99 inciso 8) de la Constitución.

Menos cuando el discurso de Macri rozó el punto de la completa irrelevancia en términos de debate político, por su absoluta desconexión con la “realidad real”. En todo caso sirvió escucharlo para comprobar que ratificó el rumbo que le ha impuesto al país, y está seguro hacia donde piensa ir, o para ser más precisos: adonde no quiere ir.

Desde la misma gestualidad fastidiada del que cumple con una rutina burocrática que claramente detesta y lejos de los "talleres de entusiasmo" de Rozitchner (¿el "ghost writer" del pastiche de ayer?), Macri dejó bien en claro que la revolución de la alegría deberá seguir esperando, porque son tiempos de responsabilidades y sacrificios actuales, imprescindibles para gozar de dichas futuras: la eterna promesa del neoliberalismo, que se saltea el presente oprobioso que sus políticas construyen.

Macri ratificó -por si alguien dudaba al respecto- que los tarifazos llegaron para quedarse,  y que las oportunidades para crecer vendrán de la minería, el campo y el turismo: marcó así claramente los límites no solo del modelo productivo, sino del hipotético “derrame social” de sus beneficios.

Ni siquiera mencionó las suspensiones, los despidos y los cierres de industrias y empresas; afectadas por el combo letal de la apertura indiscriminada de las importaciones, el alza de las tarifas y los costos y la baja del consumo: no se podía pedir mejor confirmación de que la destrucción de empleo y tejido productivo que su gobierno está provocando (bajo el eufemismo de “plan de reconversión industrial”) no es un daño colateral, sino un efecto deliberadamente buscado.

Y en ese contexto, ratificó lo que es el punto central del programa de “Cambiemos”: la flexibilidad laboral pactada en Vaca Muerta es el modelo a replicar, y los trabajadores deberán resignarse a la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios durante el 2016, y a negociar paritarias éste año dentro de la “banda” de “metas” de inflación planteadas en el presupuesto. La generalización de la negativa a homologar la paritaria bancaria, por otros medios.

Si como consecuencia de eso los sindicalistas deciden ponerse “combativos” (Macri llegó al Congreso con el paro docente lanzado, y la marcha de la CGT por los despidos convocada para el martes que viene), les ofreció un mix de palo y zanahoria: a los “dialoguistas” que amenazan con pintarse la cara les recordó que sigue manejando la billetera de las obras sociales; y a los que estuvieron parados en la vereda de enfrente del gobierno desde el primer momento (como Baradel) les hizo saber que la obligación del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, no alcanza a los opositores políticos o sociales a su gobierno.

Tamaño exabrupto en términos democráticos y de respeto por el Estado de derecho no debería sorprender, en boca de quien dijo que era correcto que Milagro Sala estuviera presa, porque las encuestas marcaban que la mayoría de la gente pensaba que debía estarlo. Del mismo modo las vagas referencias a la “transformación de la justicia” deben traducirse sencillamente en que los jueces que no cumplan con los deseos del gobierno serán amenazados con perder sus cargos; como les ocurrió a los camaristas laborales que homologaron el acuerdo salarial de los bancarios.  

Poner como prioridades centrales del Poder Judicial esclarecer la muerte de Nisman y su ridícula denuncia contra Cristina (resucitada una y otra vez, pese a la montaña de fallos judiciales que la desestimaron) sin siquiera mencionar la necesidad de esclarecer el atentado a la AMIA, nos da una idea cierta de lo que estamos hablando: las prioridades de la justicia deben ser vehiculizar las operaciones políticas del gobierno.

Una respuesta defensiva de tinte mafioso de quien asumió su cargo estando procesado, y fue ayer a hablar al Congreso afrontando su enésima imputación desde que es presidente, por gestionar sus negocios particulares y familiares desde el cargo público, en detrimento del Estado. 

Prometió regular para combatir la corrupción empresaria (como si eso no estuviera ya legislado en el Código Penal) y los conflictos de intereses, pero luego de transcurrido casi un tercio de su mandato, y cuando ya logró consumar varios negociados en beneficio propio; que terminaron en otros tantos escándalos. Eso sí: lo hará por DNU, modificando la ley de ética pública que surge del artículo 36 de la Constitución, y los republicanos legisladores de "Cambiemos" lo aplaudieron a rabiar.

La “inserción del país en el mundo” (tópico caro al relato macrista) es medida en términos de la cantidad de eventos en los que el presidente participa, o los visitantes extranjeros que recibimos: no se puede pedir mejor admisión de que la “lluvia de inversiones” no alcanzó siquiera a una tenue garúa. La “política exterior madura y pragmática” de la que habló ayer Macri hilvanó una serie increíble de papelones internacionales, mezcla de cerrazón ideológica y amateurismo diplomático.

Macri habló enojado con la realidad (que se resiste a sus deseos), no con el énfasis del convencido, o en todo caso el tono que le dio a su discurso fue para animar a la tropa, al voto propio, para que no decaiga; salteando ya las luces al final de los túneles y los semestres venturosos, para ubicarnos como por arte de magia en la senda del crecimiento y la generación de empleo.

Puso énfasis también en decir que en sus recorridas (invariablemente valladas, “guionadas” y rodeadas de un impresionante dispositivo de seguridad, como ayer) por el país le piden que no afloje, pero se ahorró decirnos quienes, y en que: ¿acaso se encuentra a menudo con gente que le pide que no dejen de aumentar la luz, el gas y el agua, y que el Estado siga mirando al costado cuando cierran fábricas y se producen despidos?

El presidente que no concita apoyos callejeros (en la plaza del Congreso no estaban ni los 60.000 voluntarios que recibiría Vidal) pero conserva sin dudas el acompañamiento de una parte de la sociedad le habló a ese sector, polarizó con el kirchnerismo y se ofreció como la garantía para que no vuelva la bestia negra del populismo: exudando algo de miedo por la incertidumbre electoral, apeló a “la campaña del miedo” para captar votos.


Un módico programa de futuro, con el que espera retener a los votantes desencantados con su gestión; pero hoy por hoy y a la luz de los resultados de la gestión, no está en condiciones de ofrecer mucho más. Y de paso aprovechó para pedirle al kirchnerismo una autocrítica ¿acaso un guiño para los “post kirchneristas” que han hecho de eso el leitmotiv de su discurso y de los garrochazos producidos desde diciembre del 2015?

miércoles, 1 de marzo de 2017

PERIODISMO DE ANTICIPACIÓN


LOS LÍMITES DEL "MUERTISMO" EN POLÍTICA


Leíamos ayer en Redacción Rosario: "En octubre de 2014, Redacción Rosario reveló la investigación judicial sobre el aporte con que, entre otras empresas, la compañía de transporte público de pasajeros Monticas SA contribuyó a la campaña proselitista del socialismo en 2007. 
Al momento de ser realizados los aportes, el presidente del Partido Socialista era Hermes Binner; el tesorero, Miguel Lifschitz; el responsable económico-financiero, Omar Saab y el responsable político, José Leon Garibay, hoy nada menos que ministro de Infraestructura y Transporte de Lifschitz."
En su momento allá por el 2014 en esta entrada nos ocupábamos de los aportes empresarios a la campaña del socialismo que las autoridades del partido no pudieron explicar, por lo que fueron objetados sus balances por la justicia electoral.

Entre esos aportantes figuraban empresas concesionarias de servicios públicos y beneficiarias de permisos estatales, como la operadora del puerto de Rosario, y Monticas; la empresa protagonista de la tragedia de la ruta 33 de estos días.

Con lógica de hierro, el artículo relaciona la falta de controles del gobierno provincial a la empresa, con el hecho de que sus dueños fueron aportantes a las campañas del socialismo. Sin descartar la validez del argumento, la política del socialismo al respecto es igual con todas las empresas concesionarias: escasos o casi nulos controles de las concesiones de transporte de pasajeros dentro del territorio provincial, que son su estricta responsabilidad.

Sin embargo y con puntualidad religiosa, los gobiernos de Binner, Bonfatti y Lifschitz (que tuvieron como responsable del área a Boggiano, lobbista de las empresas) les concedieron desde el 2007 para acá por lo menos dos aumentos anuales de tarifas; pese a la existencia de subsidios nacionales durante el kirchnerismo.

Tal como se señala en la nota de Redacción Rosario, en el caso particular de Monticas abundaron los reclamos de los usuarios por las malas condiciones del servicio, el estado de las unidades y las frecuencias; e incluso de los propios trabajadores de la empresa por el incumplimiento de los turnos de descanso de los choferes, aspectos todos que debía controlar el gobierno provincial, y no lo hizo.

La justicia deberá determinar las responsabilidades concretas del accidente que provocó otra tragedia que se terminó cobrando vidas humanas, y el gobierno de Lifschitz salió a sobreactuar ahora lo que no hizo antes, rescindiendo la concesión a la empresa; con el fervoroso apoyo del periodismo militante santafesino, alguno de ellos hoy funcionario, la mayoría cobrando su sueldo del presupuesto provincial, como si fueran empleados públicos, vía pauta publicitaria.

Es inevitable la comparación de la reacción de ese mismo periodismo, de los funcionarios y dirigentes del socialismo y de sus aliados políticos (como Victoria Donde) cuando la tragedia de Once: sin esperar veredicto judicial alguno, todos salieron a descargar las culpas de la tragedia sobre Cristina, De Vido y el gobierno; y aun hoy lo siguen haciendo.

Pero al parecer en el caso Monticas la teoría de la responsabilidad política por este tipo de hechos no funciona, y la culpa sería exclusivamente de la empresa, sin que el gobierno provincial tenga algo que ver al respecto.

Son los riesgos de practicar el "muertismo", es decir hacer política con las tragedias: es como escupir al cielo y quedarse parado en el mismo lugar.

TARDE PIARON


Leíamos días pasados en El Cronista: "En medio del viaje presidencial a España para captar capitales, un equipo interministerial trabaja en un nuevo modelo de tratados bilaterales de inversión que minimice el riesgo de que el país pierda juicios ante tribunales externos por eventuales demandas. Quiere eliminar la promiscuidad de árbitros que son juez y parte. La tarea oficial implica también clausurar los pleitos abiertos durante los años pasados con empresas extranjeras que demandaron indemnizaciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), ya que los TBI menemistas habilitaron la jurisdicción extranjera para resolver potenciales pleitos entre inversores y estadosEl tema es tan sensible y clave que se acaba de formar un equipo interdisciplinario para tratarlo, integrado por representantes de la Procuración del Tesoro, Banco Central, Cancillería y el Ministerio de Producción. Su misión es pulir una fórmula legal que permita atraer capitales extranjeros pero menguando la vulnerabilidad estatal ante sus exigencias.

Acá uno de los primeros principios que rigen las modificaciones en los TBI (tratados bilaterales de inversión) que se dispone a firmar Argentina de ahora en más: Derecho a regular El Estado puede producir normas en defensa del interés público que no van en detrimento de un tratado de inversión. Es una idea que inmediatamente se asocia a otra que fue muy discutida en los juicios que el país ya cerró ante el Ciadi, defendiendo la pesificación de tarifas de servicios públicos y su eventual congelamiento. Los cambios en los contratos firmados con las privatizadas tras la Emergencia Económica del 2002 son los que fundaron la mayor parte de los reclamos de los accionistas extranjeros que integran los consorcios adjudicatarios. Excluir o especificar la condición de trato justo y equitativo. Ese mandato, normal en todos los acuerdos de inversión, dio muchas veces lugar a inverosímiles reclamos de firmas inversoras contra los países en los que se radicaron, ya que es un enunciado demasiado vago. Sobre esa plataforma, los inversores pueden reclamar hasta por "defraudación de expectativas", aunque éstas no estuvieran específicamente fundadas en sus contratos. 

Especificar expresamente que el inversor debe cumplir con las leyes del Estado parte del tratado bilateral. El ejemplo más básico es el de tributar según la legislación local: los inversores foráneos tienen que pagar todos los impuestos que correspondan a las distintas jurisdicciones involucradas en su actividad. Según las nuevas pautas, someterse a la jurisdicción local implicará que las empresas tienen que agotar todas las instancias internas del país en el que están instaladas para resolver algún problema, antes de apelar a tribunales externos. Este punto resultó medular en todos los arbitrajes a los que tuvo que someterse Argentina en los últimos años, después de sus intentos infructuosos de exigir que las discusiones con las privatizadas se resolvieran en los tribunales argentinos. A priori, éstos resultarían más benévolos que los foráneos respecto a los intereses locales." (las negritas son siempre nuestras)

Si el problema es litigar en el CIADI, la solución es muy sencilla: se retira la adhesión al tribunal que nuestro país hizo por la Ley 24.353 durante el gobierno de Menem, y listo.Ver al respecto más info acá y acáPero la cosa es más compleja, porque el propio gobierno de Macri a través de la Ley 27.328 de "participación pública privada y su Decreto reglamentario 118/17 aceptó expresamente las condiciones que ahora dice querer cambiar, para -supuestamemte- favorecer la "lluvia de inversiones" del extranjero.

Así por ejemplo esas normas declara inaplicable a los contratos que firme el Estado bajo el “régimen de asociación pública-privada” de toda la normativa pública que rige sus contratos, en especial la Ley de Obras Públicas 13.064, la ley de concesiones de obra pública 17.520 y el reglamento de contrataciones aprobado por el Decreto 1023/01. Para esos contratos en particular regiría en primer lugar lo que las partes pacten entre sí, y en segundo término y supletoriamente el Código Civil y Comercial. Pero hay más:

Contemplan una garantía a favor de los contratistas privados de repago íntegro del financiamiento que hubieran tomado para el desarrollo del proyecto al que corresponde el contrato en caso de rescisión anticipada del mismo (lo que supone una eventual asunción de deuda financiera privada por el Estado), garantía extensiva al repago íntegro de las inversiones no amortizadas más una razonable utilidad esperada en el desarrollo del proyecto, es decir una especie de “rentabilidad garantizada” a priori. 

* Permiten expresamente la indexación de los precios de los contratos sin las salvedades de la Ley 24.283 que establece el principio del “realismo económico” (según el cual a la hora de indemnizar por un bien o derecho no se puede pagar más que lo que éste vale en el mercado en ese momento); y excluye expresamente los límites de la Lley de Expropiaciones 21499, lo que permitiría que en caso de rescisión de los contratos se pague a los contratistas privados lucro cesante, daños que no sean consecuencia inmediata y directa del hecho generador de la rescisión, el mayor valor que los bienes adquiriesen como consecuencia de la obra a ejecutarse o las mejoras efectuadas con posterioridad a la declaración de utilidad pública de un bien determinado.

* Excluyen la posibilidad de pesificar obligaciones contraídas en moneda extranjera que establece el artículo 765 del Código Civil y Comercial (CCyC), y la aplicación de la Ley de Responsabilidad del Estado 26.944; de modo tal que la responsabilidad de las partes se rige primero por lo establecido por ellas en el contrato, y luego por el CCyC. De este modo también en materia de responsabilidad admite indemnizar lucro cesante a los contratistas privados, aun como consecuencia de actividad lícita del Estado (por ejemplo una ley que cree un impuesto determinado).

* Prevén que las partes pueden pactar resolver sus diferencias a través de tribunales arbitrales, que pueden ser del exterior; cuyos laudos arbitrales no puedan ser impugnados ante los tribunales argentinos; lo cual es de capital importancia porque además establece el derecho del contratista a mantener el equilibrio económico financiero del contrato en cualquier circunstancia, por ejemplo si el Estado devalúa la moneda o dispone cambios en su política económica.

* Eximen a los contratistas de los riesgos contractuales derivados del “hecho del príncipe” (por ejemplo un defáult o una devaluación), fuerza mayor, caso fortuito, alea económica extraordinaria del contrato y extinción anticipada del contrato; y deja abierta la puerta para que se pacten en los contratos garantías de ingresos mínimos garantizados para la contraparte privada.

Más información al respecto, acá.