PRECARIZACIÓN CONSENSUADA

Uno de los aspectos que pasó más desapercibido de la reforma laboral consensuada por el gobierno con la CGT y que ahora estaría entre paréntesis, es el sistema denominado de pasantías denominadas "prácticas formativas", que vendría a sustituir integralmente (porque así lo dice el proyecto) a la Ley 26.427, sancionada en 2008 por un amplio consenso en las dos Cámaras del Congreso, en base a un proyecto presentado por Héctor Recalde.

La ley vino a reemplazar a la Ley 25.165 sancionada en las postrimerías del gobierno de Menem, cuyo régimen era de una ambigüedad tal que bajo el disfraz de las pasantías educativas enmascaraba prácticas de precarización y fraude laboral.

La norma vigente define en su artículo 2 como pasantía educativa "... al conjunto de actividades formativas que realicen los estudiantes en empresas y organismos públicos, o empresas privadas con personería jurídica, sustantivamente relacionado con la propuesta curricular de los estudios cursados en unidades educativas, que se reconoce como experiencia de alto valor pedagógico, sin carácter obligatorio.”; y coherente con eso establece en su artículo 3 los objetivos del régimen, vinculados a la formación educativa de los pasantes: “Los objetivos del sistema de pasantías educativas son lograr que los pasantes: a. Profundicen la valoración del trabajo como elemento indispensable y dignificador para la vida, desde una concepción cultural y no meramente utilitaria; b. Realicen prácticas complementarias a su formación académica, que enriquezcan la propuesta curricular de los estudios que cursan; c. Incorporen saberes, habilidades y actitudes vinculados a situaciones reales del mundo del trabajo; d. Adquieran conocimientos que contribuyan a mejorar sus posibilidades de inserción en el ámbito laboral; e. Aumenten el conocimiento y manejo de tecnologías vigentes; f. Cuenten con herramientas que contribuyan a una correcta elección u orientación profesional futura; g. Se beneficien con el mejoramiento de la propuesta formativa, a partir del vínculo entre las instituciones educativas y los organismos y empresas referidos en el artículo 1º de la presente ley; h. Progresen en el proceso de orientación respecto de los posibles campos específicos de desempeño laboral.”. 

Nada de esto existe en el nuevo régimen, concebido sin ninguna participación del Ministerio de Educación que ni siquiera participará en su implementación: desaparecen los profesores guías y tutores que establece el artículo 18 de la ley vigente, y el control y supervisión de las pasantías pasa a ser responsabilidad del Ministerio de Trabajo; lo que deja perfectamente claro -por si hiciera falta- que no tienen una finalidad educativa, sino de fraude laboral, o empleo de mano de obra más barata por parte de las empresas. 

Tanto es así que desaparece del texto de la ley vigente (artículo 12) la salvedad de que los pasantes no pueden utilizarse para crear un empleo nuevo, que podría ser cubierto por un trabajador registrado, bajo convenio y con todos los derechos derivados de esa condición.

También desaparece el agregado introducido por la ley autoría de Recalde en el mismo artículo 12, que señala lo siguiente: “Si luego de la pasantía educativa se contrata a la persona por tiempo indeterminado, no se puede hacer uso del período de prueba del artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.”. La razón es muy sencilla: si las empresas toman pasantes, lo harán a prueba y con la posibilidad de despedirlos a los tres meses de iniciada la relación laboral, sin tener que pagar indemnización.

Y hay más pruebas al respecto: la duración y la carga horaria de las pasantías no se definirán en los convenios que firmen las empresas con las escuelas o institutos, sino en los convenios colectivos de cada sector o actividad; y de acuerdo con el proyecto, puede aumentarse del máximo de 20 horas semanales que establece el régimen vigente a 30, o hasta 40 si las pasantías son en el período de receso escolar; por si quedaran dudas de que no son las necesidades de formación del estudiante las que regulan las pasantías, sino las del ciclo productivo de las empresas.

Como sarcasmo final, el proyecto acordado entre el gobierno y la CGT que Macri remitió al Congreso establece que “No podrán participar del programa las empresas incluidas en el REPSAL (Registro de Empleadores con Sanciones Laborales) creado por la Ley 26.940..", siendo que el mismo proyecto empieza con un generosísimo blanqueo laboral para perdonar deudas por falta de aportes a la seguridad social y empleo en negro; y en el artículo 3 se dispone expresamente que los que se acojan al blanqueo serán dados de baja del REPSAL,y por ende podrán contratar pasantes.

"BASTA DE PREMIAR A LOS EMPRESARIOS AMIGOS DEL PODER"

AL FINAL, GALPERÍN NO ERA TAAAN INNOVADOR

Leemos en La Política Online sobre la crisis interna desatada entre la Casa Rosada y las autoridades del Banco de la Nación presidido por González Fraga, por el préstamo de 4000 millones de pesos a tasa preferencial pedido por Marcos Galperín, el dueño de "Mercado Libre" y empresario puesto como modelo por Macri.

El destino del préstamo es nada menos que "apalancar" financieramente a "Mercado Crédito", la financiera on line de Galperín; para la que veíamos hace poco acá viene pidiendo que el Banco Central no le exija los mismos requisitos para operar que a los bancos y demás financieras.

Para que se entienda: el amigazo Galperín (el que fuera una de las estrellas del último coloquio de IDEA al abogar por imponer en el país una reforma laboral a la brasileña) le pide plata a tasa baja al banco público, de todos nosotros, para conseguir fondos para su financiera; que prestará a tasas usurarias (mayores incluso que las de los bancos), aprovechando que por las menores exigencias que tiene que cumplir, los créditos se otorgan más rápido y fácil, sin tanto papelerío ni garantías.

Una de las principales objeciones del Banco Nación y del kirchnerista infiltrado González Fraga para otorgarlo el préstamo, es que "Mercado Libre" está en juicio con la AFIP; que le reclama una deuda de 500 millones de impuestos impagos, por haberse beneficiado indebidamente con el régimen de promoción fiscal de la industria del software.

Dar un préstamo de esa magnitud y en esas condiciones complicaría la solvencia patrimonial y la liquidez del Banco Nación, ya en riesgo por la decisión del gobierno de Macri de extraerle 20.000 de pesos de sus utilidades (disminuyendo así su capital) para financiar al Tesoro; exacción que -dicho sea de paso- está contemplada en el proyecto de presupuesto 2018 que el Ejecutivo envió al Congreso, y fue expresamente avalada por los gobernadores que firmaron el pacto fiscal, en una de sus cláusulas.

Pero volvamos a Galperín, y aclaremos por segunda vez, por si no se entendió: el tipo se encanutó 500 palos de impuestos (hola ¿se acuerdan de todo lo que se dijo de Cristóbal López?), autoatribuyéndose un régimen promocional que no lo alcanza, porque está pensado para los que desarrollan la industria del software, agregando conocimiento y generando empleo. No para vivos que diseñan hermosos curros por Internet, como Galperín.

Y no conforme con eso, el tipo le manguea 4000 palos al Estado (o sea, al Banco Nación), para poder prestárselos a usura a otros, y quedarse con la diferencia.

Lo que no se entiende es que tiene de "innovador" un empresario que hace lo que hacen muchos, desde hace muchos años: desangrar al Estado por todos los medios a su alcance, para luego reclamar baja de impuestos, privatizaciones, desregulaciones y menor injerencia estatal; mientras piden que ese mismo Estado los proteja de sus competidores (en éste caso Amazon), sin ponerse colorados.

Lo que sí se entiende, en cambio, es por qué para Macri Marcos Galperín es el empresario a imitar: es porque es uno de los suyos, que seguramente ha aprendido lo que sabe siguiendo las andanzas del clan familiar, desde hace más de 40 años, con todos los gobiernos.

NOSTÁLGICOS DE LOS 70'

No pudieron esperar, y tuvieron que hacerlo el mismo día en que sepultaban los restos de Santiago Maldonado, allá en 25 de mayo donde había nacido.

No pudieron esperar a que la justicia dijera en qué circunstancias murió, cuando escapaba de una represión ilegal de las fuerzas de seguridad del Estado, en un procedimiento ilegal: lo volvieron a hacer. O acaso no quisieron hacerlo, porque interpretaron correctamente el mensaje que baja desde lo más alto del poder institucional.

Y lo volverán a hacer cada vez que lo crean necesario, porque les soltaron la correa; porque el discurso del poder los legitima, los protege, los encubre y les garantiza que no sufrirán ninguna consecuencia por hacerlo.

Tanto que ese mismo poder se muestra desesperado por ponerle un "punto final" (vaya expresión) al caso Maldonado, que se habría ahogado en una excursión de turismo que terminó mal; sin que la Gendarmería tuviera nada que ver con el asunto.

Mientras, la cadena nacional de los medios cómplices que sin ninguna gacetilla oficial que se los sugiera (¿o sí la hubo?) como en los tiempos de la dictadura, vuelve a hablar de "enfrentamientos", como en los días más oscuros.

Dejando en claro que entonces no lo hacían amenazados por la censura del régimen, sino porque es lo que piensan: gustoso se sumaron entonces a la orgía de muerte, tan gustosos como se suman ahora a la de la complicidad y el encubrimiento. 

No faltarán -por supuesto- las justificaciones, y es higiénico alejarse un poco de los medios y las redes sociales hasta que baje la ola de mierda de los que entienden que está bien reprimir la protesta social, y hacerlo con el empleo de fuerza letal, incluso al extremo de cobrarse vidas humanas.

"Por algo será", "Algo habrán hecho", "En algo habrán andado", "Si vos no te metés en nada raro, no te pasa nada" no son frases de circunstancias con las que una parte de la sociedad argentina intentaba exorcizar en la dictadura, el temor a compartir la suerte de las víctimas. Tanto como "La crisis causó dos nuevas muertes" no fue la desafortunada frase elegida por un editor apurado por el cierre del diario.

Son expresión de una mentalidad arraigada entre nosotros, bastante más de lo que a menudo somos capaces de admitir; para renovar nuestra esperanza en que todo aquel horror no haya sido en vano, y haya dejado su enseñanza.

Pero centrémonos en algo, que va más allá del hecho en sí de que es en este caso otra muerte (y hay dos heridos graves más) a manos de fuerzas de seguridad del Estado federal: la cosa no cambiaría si las balas asesinas hubieran sido de alguna policía provincial, o si la víctima no fuera alguien de los pueblos originarios.

Los máximos responsables políticos de todo esto son Mauricio Macri y su gobierno, que crean el contexto para que estas cosas pasen, una y otra vez; tanto por lo que hacen (encubrir por ejemplo), como por lo que dejan de hacer: ponerse por encima de la pulsión de repulsión de represión y muerte de muchos de sus votantes, para cumplir con sus obligaciones como gobernantes democráticos sometidos al estado de derecho.

Seguir discutiendo a esta altura si son o no la dictadura es bizantino, en tanto son ellos los primeros en empeñarse en diluir las diferencias: mismo pensamiento, mismos métodos, mismo lenguaje, mismas justificaciones, misma complicidad de un mismo periodismo canalla; hoy como entonces.

Y por supuesto, mismos intereses defendidos por la brutalidad estatal puesta a su servicio, como entonces y como siempre; para que encima tengamos que aguantar que Lanata diga que lo tienen podrido con la dictadura, o que nos digan que los nostálgicos de los 70' somos nosotros.

¡LA COMISIÓN, LA COMISIÓN, SE VA A LA PUTA QUE LO PARIÓ!

Más información, acá y acá.

TRANSVERSALIDAD MACHISTA

En la madrugada de este jueves la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por amplia mayoría la ley que establece la paridad de género en los ámbitos de representación política, lo que supone aumentar al 50 % la participación de mujeres en las listas de candidatos, en condiciones de ser electas.

El proyecto tuvo amplio apoyo: 168 votos a favor, y solo 4 en contra; que son los que se ven en la imagen de apertura, correspondiente a la parte pertinente del acta de la sesión.

Como ven, hay dos diputados del PRO (nada menos que el presidente del bloque, Massot, y el amigo de Macri, Torello), uno de la UCR y otro del Frente de Izquierda.

Lo que se dice una auténtica transversalidad machista.

ASÍ ES LA VIDA: POR UN LADO TE DA, Y POR EL OTRO TE QUITA

La imagen de apertura corresponde a ésta nota de La Nación del jueves, en la que nos informaban que el recorte a los haberes de los jubilados consecuencia de modificar la fórmula de la ley de movilidad aprobada durante el gobierno de Cristina duplicará lo gastado en concepto de "reparación histórica" a un sector de los mismos jubilados.

En realidad el cálculo era benévolo, porque en la propuesta original del gobierno la poda significaba un "ahorro" de unos 118.000 millones de pesos, contra 36.531 de la "reparación", o sea, más del triple.

Sin embargo, demos por buenos los números de la tribuna de doctrina, porque además el gobierno aceptó cambios sugeridos por el bloque de Pichetto en el Senado, de los que surgiría un aumento adicional de 36 pesos para los beneficiarios de la jubilación mínima, y 7 pesos para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Lo que se dice un shock redistributivo.

Ahora bien, lo que no nos cierran son los números de la "reparación histórica" de los que da cuenta la nota, supuestamente gastados en un año y medio de vigencia del programa: 36.531 millones de pesos, como dijimos más arriba.

Como sabemos, la "reparación" se debía financiar con los fondos provenientes del impuesto especial a pagar por los que entraran al blanqueo de capitales, o dicho de otro modo: todo lo que entraba por el impuesto especial del blanqueo, iba destinado a la "reparación". Así lo estableció el artículo 51 de la Ley 27.260.

En el cuadro de abajo (sacado de la página del Ministerio de Hacienda) pueden ver lo recaudado por el impuesto del blanqueo en 2016 (primer renglón) y éste año, hasta ayer (segunda columna):

Como se ve, en cifras redondas estamos hablando de unos 147.636 millones, bastante más que lo dice el gobierno que gastó en la "reparación histórica". Exactamente unos 111.105 millones más, que no sabemos donde fueron a parar, pero seguro que a la "reparación" no.

Como sabemos que el ejercicio del año pasado cerró con déficit fiscal y este viene igual, no se supone que se hayan "ahorrardo" esos morlacos, guardándolos por ejemplo en plazos fijos.

¿No los habrán usado para pagar intereses y servicios de la deuda, no?

Sería feo que echaran mano así de "la plata de los jubilados", para después culparlos de ser los causantes del déficit fiscal.