¿SE ACERCA AL PERONISMO O LE ACERCA EL PERONISMO A BONFATTI?

La Política Online es un portal que suele ser utilizado con frecuencia para lanzar operaciones políticas disfrazadas de noticias, o meter la operación adentro de la noticia; como sucede con esta nota en la que se habla de la supuesta crisis del socialismo, a partir del voto negativo de su único diputado en el Congreso nacional (Luis Contiggiani, ex ministro de la Producción de Lifschitz) a la reforma previsional, pese a las presiones del gobernador de Santa Fe.

En la misma nota se da cuenta del acercamiento de Contiggiani "con el peronismo santafesino", aunque en rigor sería a un sector bien concreto: el "Nuevo Espacio Santafesino" que armaron los senadores provinciales de la Banelco para presentar la lista que encabeza Alejandra Rodenas en las PASO del año pasado, que luego como sabemos al llegar al Congreso formó rancho aparte con un monobloque con esa denominación  (NES). 

Es muy sencillo advertir detrás de ésta nota -y de una anterior donde justamente se daba la primicia del bloque unipersonal que terminó formando Rodenas- las pezuñas de Armando Traferri, el senador por el Departamento San Lorenzo y verdadero inspirador del NES, y del acercamiento electoral del PJ con el socialismo de cara a las elecciones provinciales del año que viene.

Porque el artículo -oh casualidad- nos cuenta que Contiggiani "rompería" con el Frente Progresista o más precisamente con Lifschitz para juntarse con Rodenas en un interbloque de dos en el Congreso, en el marco de una estrategia de acercamiento de sectores del peronismo provincial (Traferri y los senadores, bah) y del socialismo (o sea, Bonfatti).

La idea es perfectamente funcional a la estrategia que hasta acá vino siguiendo el socialismo con el gobierno de Macri en general, y con sus iniciativas en el Congreso, en particular: Lifschitz acompaña y las vota (asumiendo el rol del "opositor responsable que cuida la gobernabilidad"), mientras Bonfatti (presidente a la sazón del socialismo a nivel nacional, una entelequia fuera de Santa Fe) la juega de "progre" y opositor "al gobierno de la derecha. 

Tanto que llegó al extremo de condenar los "salvajes tarifazos", omitiendo que desde el 2008 para acá el socialismo aumenta sin piedad todas las tarifas que regula el Estado provincial: la luz, el agua, los peajes de la autopista Santa Fe-Rosario, el túnel subfluvial y las rutas provinciales, y el transporte de pasajeros entre localidades de la provincia.

Hace poco reseñábamos acá las contradicciones e incoherencias en que incurrieron Bonfatti y Lifschitz al intentar justificar porque Santa Fe adhirió al pacto fiscal con la nación, que son consecuencia de este juego del policía bueno y el policía malo que vienen jugando los dos con el gobierno de Macri desde hace más de dos años.

La estrategia de los senadores provinciales del PJ en cambio, viene siendo la misma de siempre: son los de la agrupación "Vengo por la mía", que hacen la suya al margen de lo que define el partido en la provincia, y cual sea su política de alianzas; e incluso de la propia existencia del partido: mientras los empleados del PJ no cobraban los sueldos porque ellos no hacían el aporte de la parte de sus dietas que manda la carta orgánica y al partido le cortaban los servicios básicos por falta de pago, ellos le votaban a Binner la boleta única para salvar la ropa en sus departamentos, desentendiéndose de la suerte del peronismo en las elecciones provinciales (y nacionales también).

En las últimas PASO trataron de forzarlo al "Chivo" Rossi a competir por afuera del PJ (después de blandir el peronómetro, y apelar a la unidad y la "organicidad") con el argumento de que les hacía "entrismo" en el peronismo y se iba a quedar con una banca "birlada" gracias al "voto escudito" en una lista común, dado que -por supuesto- se comían un perro que la interna la ganaban ellos y Agustín entraba por la minoría. 

Cuando perdieron (y feo, porque como dijo el "Chivo", hay más kirchnerismo en la gente que entre los dirigentes en el peronismo santafesino) le sacaron el culo a la jeringa en la campaña, y luego armaron el monobloque de Rodenas "para resguardar los intereses santafesinos". Haber sabido que lo se discutía era una cuestión provincial, porque así dicho suena a la vieja teoría de Reutemann de "alambrar la provincia", para mantenerla al margen de las discusiones políticas nacionales.   

Y ahora están embarcados (Traferri sobre todo) en tirarle centros a Bonfatti pensando que de cara a las elecciones del 2019 para gobernador "es el que más mide", sin dejar de hacerle guiños a Lifschitz (que en definitivas es el que firma los cheques de la Banelco de los subsidios) con la posible reforma de la Constitución provincial, que habilite su reelección. 

El miedo al "efecto Cantard" (es decir, que Macri imponga la marca "Cambiemos" con candidatos desconocidos en el 2019, y perder sus bancas que conservan en algunos casos hace más de 30 años en sus departamentos) los empuja en esa dirección. Son las delicias de la boleta única, que ellos votaron y con la cual Del Sel estuvo a punto dos veces de ser gobernador de Santa Fe.

Al socialismo esa estrategia en la que el peronismo (o parte de él) se subordina a sus necesidades le viene bárbaro, porque sueñan con compensar con votos peronistas, lo que perdieron en votos radicales al formarse "Cambiemos". Habrá que ver si el grueso de su electorado -rabiosamente antiperonista- piensa lo mismo; o la estrategia acelera la ya ostensible fuga de votos que vienen padeciendo, elección tras elección.

Sin embargo la mentira tiene patas cortas, y pronto se sabrá cuantos pares son tres botines: Contiggiani votó en el Congreso contra de la reforma previsional y también del presupuesto nacional y de la reforma tributaria, pero a favor del pacto fiscal que firmó Lifschitz con el gobierno de Macri; y que fue el origen de la reforma previsional y el ajuste a los jubilados, y de la reforma tributaria y los beneficios a los sectores más concentrados de la economía.

Lifschitz mandó la ratificación de la adhesión de Santa Fe al pacto a extraordinarias de la Legislaturaq provincial, pero Bonfatti (que preside la Cámara de Diputados) le pisó el freno al tratamiento del proyecto -según dicen- hasta febrero o marzo. Los gremios estatales santafesinos y todos los nucleados en el MOS (Movimiento Obrero Santafesino) lo rechazan de plano.

Veremos que hacen entonces los diputados que le responden a Bonfatti, y los senadores que le responden a Traferri: si lo rechazan, o lo aprueban en obsequio "a la gobernabilidad" de Lifschitz, haciendo la gran Pichetto que vienen haciendo en Santa Fe desde el 2007, con los tres gobiernos del socialismo/Frente Progresista.

HIJOS DE PUTA CON PRECISIÓN QUIRÚRGICA

Tras 7 años en @NacionalSantaFe, con 8 contratos precarios, se me comunicó que no sigo. Bauer precarizó. Lombardi precarizó y despide. Gracias a mis compañeros y mi sindicato, que siempre me bancaron. ¿La decisión? De @herlombardi @anagerschenson @PabloCiarliero y @jzenclussen pic.twitter.com/Kgl3WTigcX

— Nicolás Lovaisa (@nicolovaisa) 2 de enero de 2018

Como pasó el año pasado para esta misma fecha más o menos, comenzaron los despidos en Radio Nacional en todo el país, y Santa Fe no fue la excepción: en éste caso le tocó al amigo Nicolás Lovaisa, y no sería de extrañar que otros corran su misma suerte.

El año pasado contábamos acá que los despidos obedecían en todos los casos a estrictas razones político-ideológicas, tanto como a la situación de precarización laboral en la que había dejado a muchos de los trabajadores de la radio la gestión de Tristán Bauer durante el kirchnerismo.    

Este año y con la misma precisión quirúrgica con la que armó la lista de los despidos el año pasado el macrismo (vía José Zenclussen, el director de la radio acá, Ana Gerschenson y Hernán Lombardi) le apuntó a Nico; cuyo trabajo es reconocido por investigaciones vinculadas a las causas por violación a los derechos humanos durante la dictadura, y últimamente por ser parte del consorcio de periodistas que develaron los "Corral paper´s"; las irregularidades de manejo de fondos en la Municipalidad de Santa Fe, con las cooperativas armadas para sostener la estructura punteril de la UCR local.

Acaso por razones de estricta modestia, Nico no lo mencionó en su tuit sobre su despido, que por lo demás es estrictamente riguroso con los hechos: desde Tristán Bauer hasta Hernán Lombardi, todos los mencionados allí son los responsables directos de su despido, como de los que ya se habían producido en Radio Nacional Santa Fe, o los que -ojalá que no- se produzcan en el futuro.

Pero esto lo agregamos nosotros: en la precisión quirúrgica de poner primero a Nicolás (a quien le mandamos desde acá nuestra más absoluta solidaridad) en la fila de los despedidos, es inevitable ver la mano del hijo de mil putas de José Corral.

TRAS LOS ÉXITOS EN LA LUCHA CONTRA LA INFLACIÓN, LLEGAN LOS LOGROS EN EL COMBATE CONTRA EL DÉFICIT FISCAL

Es raro este gobierno: para alcanzar la pobreza cero, impone una nueva fórmula para actualizar las jubilaciones, pensiones y la AUH de la que resulta que los beneficiarios recibirán menos aumentos que con la fórmula vigente durante el kirchnerismo, y le quiere poner como tope a las paritarias la meta de inflación que ellos mismos abandonaron hace unos días.

Para combatir la inflación aumenta la luz, el gas, el agua y el transporte, deja subir el dólar, libera los precios de los combustibles y autoriza aumentos en las cuotas de la medicina prepaga.

Y combate el déficit fiscal restándole ingresos al Estado, como ocurrirá con la baja de las retenciones a la soja a partir del primer día de éste 2018, a razón de un 0,5 % menos por mes en concepto de derechos de exportación; lo que repercutirá en las finanzas del Estado nacional y en las de las provincias, porque se reducirán las transferencias del Fondo Federal Solidario (conformado con el 30 % del producido de las retenciones al poroto y sus derivados), que se destinaba a obras de infraestructura.

El cronograma de reducciones había sido fijado en su momento por Macri en el Decreto 1343/16, y aparece ratificado por el artículo 12 del Decreto 1126/17, publicado hoy en el Boletín Oficial (completo acá).

A propósito del fondo sojero: algunos gobernadores (entre ellos Lifschitz) y otros dirigentes políticos (como Bonfatti) justificaron la firma del pacto fiscal (que Santa Fe todavía no ratificó por su Legislatura) entre otras razones, en que si no lo firmaban perdían los recursos del fondo, que se irán achicando en la medida en que se sigan reduciendo las retenciones a la soja.

Pero lo real es que el pacto (cuya ley aprobatoria también está publicada hoy en el Boletín Oficial) dice respecto al fondo que el Estado nacional se compromete a "Distribuir los recursos del Fondo Federal Solidario (en la medida que éste exista) entre las jurisdicciones que adhieran y cumplan con este Consenso, sin incluir el Estado Nacional, de acuerdo con la distribución prevista en el régimen general de coparticipación federal,... " (las negritas son nuestras).

Lo cual es curioso porque ese criterio de distribución ya lo estableció el Decreto 206/09 de Cristina que creó el fondo y aun está vigente. Lo novedoso que aporta el pacto fiscal es que la nación no se comprometió a sostener la vigencia del FFS, sino que incluso se reserva la facultad de dejarlo sin efecto; por ejemplo si bajando las retenciones a la soja (como sucederá) cae la recaudación por ese rubro, y en consecuencia manotea de un plumazo ese 30 % que coparticipaba a las provincias, para compensar, y listo.

Y ninguna podría reclamarle al Estado nacional no solo porque lo  dice el pacto que firmaron, sino porque los derechos de exportación (vulgo retenciones) son recursos exclusivos del Tesoro nacional que no tiene la obligación de compartir con las provincias, conforme a los artículos 4 y 75 inciso 1) de la Constitución Nacional.

Pero el decreto publicado hoy no termina en la soja en materia de reducción de recursos a percibir por el Estado nacional: su artículo 11 ratifica la eliminación de las retenciones a las exportaciones industriales, lácteas, cerealeras, de productos de las economías regionales y de la minería establecidas en su momento por Macri a través de diferentes decretos.

Lo cual nos lleva a recordar lo señalado en detalle en su momento en ésta entrada cuya relectura recomendamos: tratándose de legislación delegada por el Poder Legislativo en el Ejecutivo en los términos del artículo 76 de la Constitución, todos estos beneficios impositivos a algunos de los sectores más concentrados de la estructura económica del país, deben ser ratificados por el Congreso conforme al procedimiento establecido por la Ley 26.122.

Una buena oportunidad para ver en que medida la "unidad opositora" que pareció alumbrar en el rechazo a la reforma previsional subsiste, o en algunos casos (por ejemplo el Frente Renovador, dado que Massa siempre que puede habla de los beneficios a las mineras como ejemplo de lo que está mal) fue pura venta de humo.

¿LAS VERDADERAS RAZONES DE UN APOYO?

Aun en medio de una masiva movilización al Congreso protagonizada -entre otros- por Pablo Moyano (miembro del Consejo Directivo) y la Corriente Federal de los Trabajadores (integradas por gremios que pertenecen a la central), la CGT ratificó en su momento su respaldo a la reforma laboral que el gobierno envió al Senado. Al decir de Schmid, lograron introducirle cambios al proyecto original “que preservan el corazón del derecho laboral”, por lo que la cosa quedaba en manos de los legisladores.

Los otros días veíamos en esta entrada como dentro del “paquetazo” de la reforma y entre los temas que nunca fueron objeto de discusión entre el gobierno y el triunvirato figuraba la desaparición del actual régimen de pasantías educativas; para dar paso a una forma de fraude laboral encubierto disfrazada de “prácticas formativas”. En la propuesta no intervino para nada ni el Ministerio de Educación (no es que se esperara demasiado de su participación, desde luego) ni tampoco los gremios docentes, y “colarla” dentro del proyecto ómnibus de reforma laboral da una idea clara de sus auténticas motivaciones; que no son precisamente las de brindar un complemento a la formación de los estudiantes.

Algo parecido pasa con la creación de la “Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud” (AGNET), colocada en los artículos 105 a 122 del proyecto: cuando se analiza su contenido se advierte claramente que se trata de un tema directamente vinculado a la salud, sin que conste que el ministerio respectivo haya intervenido; aun cuando el ex ministro Lemus adelantó que se crearía cuando lanzó la “cobertura universal en salud” (CUS), analizada en su momento acá. 

De acuerdo con la reforma laboral, la AGNET  sería un organismo descentralizado dotado de autarquía que funcionaría en el Ministerio de Salud (artículo 106), con competencia para “...la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio (PMO), o los que en el futuro lo reemplacen...” (artículo 107, las negritas son nuestras).

La Agencia será además “...el órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria relativas a las temáticas previstas en el artículo 106.” (artículo 111), por ejemplo un amparo o acción judicial análoga en la que un afiliado a una obra social o prepaga demanda a estas para obtener la cobertura de algún medicamento o práctica clínica o quirúgica. Sus actuaciones tienen carácter vinculante (es decir, obligatorio) “...para todos los organismos del Sector Público Nacional, de las Jurisdicciones que adhieran y de los sujetos alcanzados por su actuación.” (artículo 118); como por ejemplo las obras sociales, empresas de medicina prepaga y demás prestadores de servicios de salud, aunque sean hospitales y otros efectores públicos.

De acuerdo con el artículo 119 del proyecto, la AGNET contaría con una “Comisión Técnica Consultiva” con representación -entre otros- del PAMI, el Defensor del Pueblo, las empresas de medicina prepaga, la ANMAT, el sector académico y las obras sociales provinciales y sindicales.

Pero volvamos a sus funciones: de acuerdo con el artículo 109 del proyecto, la Agencia debe “Analizar y evaluar el impacto económico y social de la incorporación de las tecnologías sanitarias a la cobertura obligatoria.”, y “Tomar intervención, con carácter previo a la inclusión de cualquier práctica, procedimiento o cobertura en general dentro del conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y por el Programa Médico Obligatorio (PMO),  o los que en el futuro los reemplacen;” (otra vez las negritas son nuestras).

Como vemos, el organismo se constituiría así en un “filtro” ineludible para definir los alcances de la cobertura del PMO, no necesariamente basándose en criterios de política de salud: recordando por nuestra parte que el Programa es el que determina los alcances de la cobertura obligatoria de las obras sociales (sindicales, profesionales, provinciales) y de las empresas de medicina prepaga.

Tal como está diseñado, parecen converger allí los intereses de estas últimas y de las obras sociales sindicales para aliviar su carga de prestaciones obligatorias, difiriendo algunas de las que hoy cubre el PMO al sistema de copagos o coseguros: es decir, las cubrirían, pero con dinero adicional a cargo de los afiliados, no estando las prestaciones que se excluyan del Programa cubiertas por la cuota o prima del seguro de salud que estos abonan mensualmente, o les descuentan de su salario.

Acaso haya que buscar por allí las razones de la insistencia de la conducción de la CGT en defender un proyecto que a todas luces atenta contra los derechos de los trabajadores: la AGNET parece puesta dentro de él como un intercambio de favores a cambio justamente de ese apoyo; razón por la cual no se la discute aparte, en el contexto de un debate más amplio sobre el modelo de salud a aplicar en el país, y como se distribuye su financiación entre los diferentes actores del mismo.  

También habrá que ver si el nuevo escenario que abrió la reforma previsional (incluyendo la crisis en la CGT) permite sostener este pacto espurio, en perjuicio del acceso a la salud para todos los argentinos. 

TWEETS POLÉMICOS

Claro, porque hasta diciembre venía bárbaro

— La Corriente K (@lacorrientek) 31 de diciembre de 2017

Más que honor, justicia

— La Corriente K (@lacorrientek) 31 de diciembre de 2017

Claro, es lógico: un hijo de puta celebra la hijoputez más grande

— La Corriente K (@lacorrientek) 31 de diciembre de 2017

Ojo que el ejemplo que tenia en mente es la Gestapo

— La Corriente K (@lacorrientek) 31 de diciembre de 2017

Deseo que los colectivos no se vayan a $ 12,20

— La Corriente K (@lacorrientek) 31 de diciembre de 2017

Feliz no lleva acento, àgrafa

— La Corriente K (@lacorrientek) 1 de enero de 2018

No pueden más de forros, muchachos
Tómense un descanso

— La Corriente K (@lacorrientek) 31 de diciembre de 2017

LOS INTRINCADOS CAMINOS DE VIALIDAD PROVINCIAL

Como es sabido el gobierno de Lifschitz pidió (y obtuvo) autorización para endeudar a la provincia en 500 millones de dólares en los mercados de capitales, fundamentalmente destinados a hacer obras de rehabilitación en las rutas provinciales. Para el año que viene pidió otro tanto, con el mismo destino.

Vimos antes acá que los fondos del endeudamiento se empezaron a gastar antes de que comenzaran las obras, porque éstas están previstas en su totalidad con el mecanismo de "anticipos" financieros" de hasta el 20 % del contrato, a favor de las empresas.

Sin embargo, lo que hacen ahora con el decreto cuya magen encabeza el post supera todo lo conocido en materia de extrañezas: toman 182 millones de pesos provenientes de otro endeudamiento externo, contraído con otros fines y con el Banco Mundial y el BID (es decir, con tasas y plazos de pago más blandos que los del mercado de capitales) para hacer obras en Vialidad, que contaban con su propio esquema de financiamiento.

Entre las obras que se dejarán de hacer o se retrasarán porque se les quitan los fondos están el Acueducto a Desvío Arijón (poda de $ 43.758.000), el abastecimiento de agua potable en el norte provincial ($ 16.519.000) y las obras de riego en la cuenca cañera también en el norte, a la que se le sacan $ 24.499.000.

Y con esos 182 millones de pesos "podados" al financiamiento externo de los organismos multilaterales de crédito originariamente destinados a otros fines, financiarán obras de Vialidad Provincial en rutas concesionadas y con peajes (que en teoría son para solventar las obras en esos caminos), como la Ruta 14 (10,5 millones), la Ruta 70 (2,3 millones) y la autopista Santa Fe-Rosario (17,5 millones); en la que por ejemplo a partir de hoy aumentaron un 75 % los peajes.

Para "Rehabilitación de rutas provinciales" (es decir, para lo que específicamente se pidió el endeudamiento con los mercados por 500 millones de dólares) se usarán 59,5 millones; provenientes de otro endeudamiento anterior, y destinados a otros fines, que deberán esperar.

LOS CUATRO JINETES DEL APOCALPIPSIS

Por A.C.

Mientras el precio del dólar mantenía un incremento imparable, el gobierno ofrecía una conferencia de prensa sobre el “panorama económico”. El jefe de Gabinete Peña, junto al ministro de Hacienda Dujovne y el ministro de Finanzas Luis Caputo.

Pero  también -insólitamente-  integraba el panel un incómodo Sr. Sturzenegger,  presidente del Banco Central, incorporado al mensaje público del gobierno cuando tenemos entendido que preside una entidad independiente del Poder Ejecutivo. Un claro reconocimiento público que la independencia del Banco Central es un infantilismo insostenible.

Caras dubitativas, balbuceantes, buscaban las palabras que permitieran anunciar una medida que no debían mencionar: Devaluación.       

El día anterior a la conferencia, el gobierno firmó junto a los gobernadores, una meta de inflación del 10% para el año 2018,  pero menos de 24 horas después, en la conferencia modifican la meta firmada el día anterior y la elevan al 15%, en una muestra de la credibilidad que genera el gobierno de Macri, credibilidad que invade el frente interno y llega de pleno al plano internacional.

La decisión de una nueva devaluación del peso, busca cumplir con las exigencias del FMI para supuestamente mejorar la competitividad, en el marco de una balanza comercial que arroja el resultado más negativo de la historia argentina. Con un estimado cercano a los 9.000 millones negativos éste año en la balanza comercial, el incremento que se produce en el precio de las importaciones fruto de otra devaluación, arroja más nafta al fuego y proyecta hacia el 2018 un déficit comercial aún más profundo que el récord conseguido éste año por el mejor equipo.

Una nueva devaluación antes de fin de año era un secreto a voces. Los sectores fuertes de la economía se posicionaron aún más fuerte en dólares durante diciembre, y como ejemplo está Marcelo Mindlin, titular de Edenor, quien el 15 de diciembre ordenó a sus gerentes abandonar diversas inversiones, entre ellas Lebacs, y pasarse a la moneda verde.

Con grandes tenedores de Lebac licuados en su ganancia por un dólar que superó ampliamente los $19 y que continúa su camino en alza ¿cuál será la tasa que el Sr. Sturzenegger deberá ofrecer en la próxima licitación para evitar la corrida masiva al dólar ? 

Pero claro, podría ser que la tasa no sea tentadora, y así direccionar a la dolarización ese enorme volumen de letras. ¿Y entonces? ¿Se tomará más deuda para afrontar los vencimientos, o se empapelará con un bono a los tenedores? Como los principales tenedores son entidades bancarias, sería peligroso para los depositantes que los cuatro jinetes continuaran “recalibrando” , haciendo más ostensible su ya evidente desorientación.

El mercado está oliendo sangre, y los cuatro jinetes ya deberían haber aprendido que ni la ideología ni las relaciones detienen el impulso de obtener ganancias. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga.

Otra devaluación, otra transferencia masiva de ingresos a los sectores concentrados de la economía posicionados en dólares, y más consecuencias desastrosas sobre los grandes sectores de la población con ingresos fijos, porque mientras se publica éste post, ya empezó el traslado a precios de la devaluación decidida por los cuatro jinetes, y por lo tanto se incrementa la inflación que torna ridícula la nueva meta del 15% fijada por el gobierno macrista para el año 2018.