La Cámara Nacional Electoral, de quien nada
se esperaba en materia de ecuanimidad en la organización del debate
presidencial, nada está dando: acaba de designar como “moderadores” a los
periodistas oficialistas que figuran en el listado que abre el post.
Inútil es buscar en
la lista alguno que en alguna oportunidad haya expresado una mirada crítica del
gobierno de Macri y su gestión, o que por el contrario no haya tenido durísimas
críticas para el gobierno anterior, el kirchnerismo o Cristina: fueron cuidadosamente
elegidos precisamente por eso.
Tan inútil como el
debate en sí mismo, un show televisivo que -lo podemos decir ahora, con escaso
riesgo de equivocarnos- nada aportará a la calidad del proceso democrático, el
intercambio de ideas y el esclarecimiento al ciudadano; aunque la idea
instalada desde los medios y que el Congreso nacional compró llave en mano en
el 2016, es que hacer un debate televisado entre los candidatos otorga un sello
de calidad institucional, que nos convierte en una democracia madura.
La Cámara Nacional
Electoral comenzó “privatizando” la organización del debate en “Argentina
Debate”, la ONG que organizó el del 2015 previo al balotaje, varios de cuyos
miembros saltaron sin escalas desde esa plataforma, a cargos políticos en las
administraciones de Macri, Vidal y Rodríguez Larreta; de modo que no debe
extrañar el criterio de selección, como tampoco extrañan distintas resoluciones
que vino adoptando en el curso del proceso electoral frente a cada cambio
amañado de las reglas de juego que, con éste en marcha, instrumentó Macri por
decreto.
Lo que no deja de
sorprender es que, más allá de que ahora exista una ley que establece la
obligatoriedad de esta payasada (sancionada justamente luego del festival de
mentiras seriales de Macri en el debate del 2015), las fuerzas políticas
opositoras se presten mansamente a la misma, y acepten estas reglas de juego:
trascendió que precisamente el punto de mayor discusión en la organización fue
la selección de los periodistas moderadores; sin que sepamos que nadie haya
cuestionado -ponéle- que los moderadores deban ser necesariamente periodistas,
y no académicos, politólogos o algo por el estilo.
Que esos
periodistas sean a su vez de los medios hegemónicos, y como tales reflejen
invariablemente la línea editorial de esos mismos medios (que en estos cuatro
años fue de hostigamiento y persecución al gobierno anterior, y blindaje
mediático al actual) no es sino consecuencia del mapa de medios que hay en el
país; que este gobierno consolidó derogando de un plumazo por DNU las
disposiciones democratizadoras de la ley de medios, y mandando al archivo los
planes de desinversión de los multimedios para adecuarse a la misma.
Y es allí donde la
decisión de las fuerzas opositoras (en especial del “Frente de Todos”) hace
ruido: aceptar un debate con estas reglas de juego, lejos de ser un avance
democrático, es un serio retroceso; porque implica admitir que la democracia no es es
algo que gestionan los ciudadanos y los partidos políticos, sino los jueces electorales (unos pavos reales que no cumplen el
rol para el que fueron designados, y se atribuyen con frecuencia otros que no
les corresponden), las ONG de clase media con tiempo libre y necesidades
básicas satisfechas, y los medios hegemónicos a los que los único que les
interesa es generar ráting en horario prime time, sin costos de producción del
material.
Aun cuando el
desempeño de Alberto Fernández en los debates sea brillante y logre ridiculizar
a Macri (no ponemos en duda eso, ni creemos que sea el punto central de la
discusión), y dando por sentado que su influencia en las elecciones será nula, aceptando estas condiciones, pensando en el día después del
debate, en términos ahora sí de consolidación democrática, tiene más para perder que para ganar. Él y todos nosotros.
