Ni te imaginás como te extrañamos por estos días.
sábado, 25 de febrero de 2012
SEGUIDO ATENTAMENTE DESDE LONDRES
Vía el Grupo de Expertos en Todo accedemos acá al tan anunciado documento de los "intelectuales" (que incluyen a especímenes como Lanata, Eliaschev, Noriega y Fernando Iglesias) sobre Malvinas, apoyando el planteo de los kelpers sobre la autodeterminación.
Nos vamos a detener un poco en el documento en sí (nada memorable, a menos que alguien piense en escribir una antología de las zonceras de la cipayería argentina), como en el rol que esta gente pretende ocupar, y que se traduce en la decisión de publicar su particular opinión, justo a partir del tema Malvinas.
El documento no podría tener un alineamiento (conciente o no, eso es secundario) más claro con las posiciones británicas, ni un desconocimiento más palmario (en realidad, parece una deliberada sustracción) de muchas cuestiones centrales que tienen que ver con la historia de la usurpación inglesa de las islas.
Y mistificaciones varias (como introducir el tema de la falta de autocrítica social por haber acompañado la aventura militar de la dictadura) para ocultar lo esencial de la línea argumental del texto. al decir que "la comprensión de que esa decisión y la derrota que la siguió tienen inevitables consecuencias de largo plazo" no sólo se está erigiendo a la victoria militar inglesa de 1982 como fuente de derecho (ése es justamente el corazón del colonialismo: la fuerza da derechos), sino se está indultando la usurpación de 1833, aunque no se lo diga.
Resulta ahora que el gobierno argentino es el único que incurre en contradicciones en este caso, y se lo equipara en todo momento a los dislates de Cameron, que tildó a la Argentina de colonialista y reforzó el ya imponente despliegue militar inglés en las islas, incluyendo el despliegue de armas nucleares, y peor aún: en ningún momento el texto separa el abismo de legitimidad que separa a un gobierno constitucional democráticamente elegido (y por una amplísima mayoría), de una dictadura violadora sistemática de los derechos humanos, para reclamar internacionalmente por derechos qyue cree le asisten.
Exactamente la misma operación mental que hacen los ingleses, que pretenden vivir anclados en 1982, para seguir usufructuando lo que robaron en 1833.
El eje kirchnerismo-antikirchnerismo obnubila tanto el juicio de esta gente, que obvian el detalle de que los argumentos que hoy exhibe el gobierno de Cristina para reclamar las Malvinas, son los mismos que vienen plateando todos los gobiernos argentinos desde la recuperación democrática, y que se inscriben dentro de lo que la propia ONU ha señalado desde 1965 como cauce para la solución del problema.
El sistema multilateral presidido por la ONU sufre desde hace años una profunda crisis que resiente su ya limitada eficacia, y sin embargo ni así ha consentido en la formulación teórica de los instrumentos que lo conforman (la praxis política de los Estados es bastante diferente por cierto), que las situaciones de fuerza puedan crear derechos, algo a lo que el texto pasa sorprendentemente por alto.
La mención a los pactos internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional es -contextualmente- risible, si no sonara ignorante. ¿o acaso si los kelpers fuesen incorporados al conjunto de los habitantes de la Argentina no gozarían de los mismos derechos que su Constitución les reconoce a todo en el plano jurídico?
La suposición de que gozarían en ese caso de una suerte de "capitis diminutio" legal (algo que padecieron durante años por parte de la corona inglesa, hasta la guerra del 82´) sólo cabe en la cabeza de gente superficial como Lanata, afecta más a las bobadas cancheras (como decir que los haríamos esclavos) que al razonamiento profundo.
Extremando el argumento (reiteramos: esgrimido desde siempre por los ingleses) de la autodeterminación llegan al punto de desdoblar la cláusula constitucional, de resultas de lo que lo secundario (la obligación del Estado argentino de respetar el modo de vida de los isleños) se sobrepone a lo principal (reclamar la soberanía) hasta anularlo, que es lo que por otra parte se postula cuando se dice: "La afirmación obsesiva del principio “Las Malvinas son argentinas” y la ignorancia o desprecio del avasallamiento que éste supone debilitan el reclamo justo y pacífico de retirada del Reino Unido y su base militar".
Cabe preguntarse si no es en nombre del reclamo de soberanía, desde donde se pediría el cese de la presencia militar inglesa en las islas, o la gestión compartida de los recursos naturales, ¿tal vez apelando a Greenpeace y el salvataje de ballenas?
Dijimos antes que el documento se inscribía en una antología del zonzaje cipayo nacional al mejor estilo jauretcheano de los términos: gente que en el fondo se siente exiliada en su propio país, sobre todo cuando éste toma en sus manos su propio destino y tratar de guiarlo hacia donde la parece a la mayoría de la gente que en él vive que -causa o efecto, pero es así- no suele ser el que prefieren ciertos "intelectuales".
Pero en esos pequeños intelectos (algunos) y grandes egos (todos) hay otra cuestión, que los ha llevado no casualmente a que hayan elegido a Malvinas para proyectarse públicamente.
Porque da la casualidad que es un tema donde muchos opositores (afortunadamente la mayoría) se alinearon con el gobierno -como debe ser-, hecho hasta demostrado con la concurrencia de muchos de ellos a la Casa Rosada, respondiendo a la invitación de Cristina.
Hete aquí que esta gente entonces pretende cumplir un rol político, por fuera y al costado del propio sistema de partidos (como cuando los medios hegemónicos batallan por vertebrar a la oposición al kirchnerismo), y sobre todo cuando éste por un momento (como en este caso) depone la lógica "oficialismo-oposición": el documento hasta llega a denostar despectivamente la noción de "políticas de Estado" (una zoncera que muchos de ellos llegaron a difundir profusamente todos estos años), justo en este caso.
Confluyen en el grupete de aspirantes a la notoriedad académicos celosos del protagonismo político que cobraron otros (como Carta Abierta), algo incómodos con el kirchnerismo porque los ha dejado en ciertas compañías poco gratas (aunque en algunos casos como el de Beatriz Sarlo, parecen sentirse a sus anchas allí); junto con periodistas "desalengados" en estos mismos años desde el 2003 para acá (caso Lanata y Eliaschev), porque de golpe se descubrió que de transgresores no tenían mucho más que las encuestas sobre el tamaño del pene y las plumas del Maipo.
Todo aderezado con una moderada reivindicación del clima cultural del alfonsinismo original (tan caro a los sentimientos de la propia Sarlo, o del inefable profesor Romero), en clave de desmalvinización -otros de los legados de la época-, bastante de institucionalismo a lo Carrió y mucha nostalgia del clima anti-político de los cacerolazos del 2001.
Y todos ellos desalojados -por decirlo de algún modo- por el ciclo kirchnerista de poltronas que ocupaban cómodamente y sin demasiado esfuerzo: los denunciantes del régimen menemista, la intelectualidad crítica y progresista; y hablando desde el "no lugar" que implica su presunta neutralidad partidaria, lo que creen es un cómodo atajo a las previsibles réplicas que sus opiniones van a generar.
Pocas razones, poco peso (aunque el caso de Lanata sugiera literalmente otra cosa), poco vuelo argumental, para tanta pretensión de protagonismo.
Pero seguramente -como dice la nota de Clarín que ilustra el post- seguido atentamente desde Londres; para llevar agua para su molino, o para agregar alguna pieza a la colección del British Museum.
A menos que ya tengan allí bastantes boludos importantes en su colección.
viernes, 24 de febrero de 2012
¿Y A CÓRDOBA POR QUÉ LE TOCÓ ENTONCES?
Ay, ay, ay esta chica Ciciliani, siempre tan empeñada en vivir en su nubecita de pedos, firme en el propósito de parecerse cada vez más a Coti Nosiglia, la de "Boluda total" de "Todo Por Dos Pesos".
Ahora resulta que la multa que el Estado nacional (a través de CAMMESA) le cobró a la EPE por el último aumento de tarifas es un caso de persecución política contra el socialismo.
A lo mejor esta chica no se enteró, pero por la misma razón que a la empresa santafesina, y antes, habían multado a EPEC, la distrubidora estatal de Córdoba: ¿habrá madurado finalmente el "cordobecismo" y De La Sota forma parte de la oposición?
Cuando comentábamos acá la noticia planteábamos que el socalismo la iba a aprovechar para echarle la culpa a la Nación por los cortes de luz, pero decíamos: "Como al mismo tiempo (y por el mismo motivo) fue multada la empresa provincial de energía de Córdoba (gobernada por el peronismo), se cae el argumento de la persecución política".
Evidentemente no contábamos con la astucia de la diputada Ciciliani.
DISCUTIR Y PENSAR EL ESTADO
Por Raúl Degrossi
La fuerza conmocionante de la tragedia de Once dispara -como es natural- múltiples debates que se cruzan, con el riesgo de quedar atrapados en las lógicas discursivas que ooscurecen el abordaje serio de cualquier tema: kirchnerismo-antikirchnerismo, manipulación mediática o utilización política: algo parecido a lo que viene sucediendo con la discusión sobre la minería, y sobre tantas otras cosas.
Sin embargo la propia magnitud de la tragedia exige hacer el esfuerzo de superar esas lógicas, para traducir la conmoción en políticas y soluciones a futuro que puedan evitar que se repita; tomando en cuenta además que es importante encontrar responsables, pero más lo es hallar soluciones.
Se podría acordar en que todas las lecturas del accidente ferroviario se cruzan en un punto: el rol del Estado; sea como responsable de controlar los servicios que prestan las empresas concesionarias, o de tomar directamente a su cargo su prestación; dos reclamos tan perfectamente legítimos como de compleja solución, si se considera además de que Estado concreto estamos hablando.
Es frecuente decir (más aun entre kirchneristas) que el proceso abierto en el 2003 recuperó el rol del Estado y la afirmación es valedera; pero debe matizarse con al menos dos precisiones: con que estructura concreta cuenta ese Estado para poder cumplir eficazmente los diferentes roles que se propone asumir, y cual es la percepción social sobre lo que el Estado representa; esto último vinculado a otro tópico común de nuestro discurso (el retorno de la política), que debe ser también cuidadosamente reexaminado.
Nadie ignora que las reformas impulsadas por el menemismo en los 90´ dejaron tras de sí un Estado no solo disminuído en sus roles, sino fundamentalmente desvencijado y con escasa capacidad de respuesta a las demandas sociales: planteles de personal disminuidos (en cantidad y calidad) por despidos y retiros voluntarios, desmotivados por la falta de incentivos salariales o profesionales, lento proceso de adecuación a las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión y -esto particularmente perceptible en el caso de los servicios públicos-estructuras cooptadas por los propios intereses privados a los que deben controlar.
Cuando este Estado concreto debe acometer nuevos desafíos de gestión (sea incursionando en nuevos campos, o recuperando roles que había cedido) cruje ostensiblemente, tanto más complejo sea el desafío: por estos días todos coinciden en que debe rescindirse la concesión a TBA por los gravísimos incumplimientos en los que viene incurriendo desde hace años; más aun: pareciera ser la única salida políticamente correcta al embrollo.
Sin embargo para el que gobierna (y tiene la responsabilidad de garantizar la prestación de un servicio tan crítico) la cuestión no es ésa, o al menos no sólo ésa, sino evaluar que haría el Estado al día siguiente de despedir al grupo Cirigliano del Sarmiento: ¿está en condiciones de asumir por sí mismo la prestación del servicio, o deberá repartirlo entre otros concesionarios privados -casi con certeza igual de irresponsables- como hizo al rescindir la concesión del San Martín, incluyendo entonces a TBA?.
Y aun en ese caso se le plantea el dilema si lo hará transitoriamente mientras llama a una nueva licitación, en la que corre el riesgo de que se presenten otros empresarios tan inescrupulosos como los actuales concesionarios, o que ninguno lo haga porque esperan "señales de precios" (léase: certeza de que se aumentarán las tarifas y por ende la rentabilidad del negocio), justo en el momento en que el mismo Estado intenta rediseñar (a través de la tarjeta SUBE) la política de subsidios para reorientarlos a los pasajeros, en lugar de las empresas.
El ejemplo del ferrocarril Sarmiento -perfectamente trasladable a otros casos, como la aun vigente discusión por la reestatización de YPF, o la situación de los demás ramales ferroviarios- sirve para ilustrar lo que digo en cuanto a la complejidad de estas cuestiones de gestión estatal; que son áridas de tratar y no tienen la mística necesaria para generar una épica cara al relato militante, pero que son de imprescindible abordaje si lo que se quiere es "profundizar el modelo" o encarar la famosa "sintonía fina".
Y ese abordaje debe hacerse en serio, porque tampoco pueden alcanzarse las soluciones desde el pensamiento mágico de los vendedores de fantasías que confunden tener un diagnóstico más o menos certero del asunto (como podría pasar con Pino Solanas y los ferrocarriles), con diseñar las políticas adecuadas para revertirlo, acertar con las medidas concretas y no fallar en su ejecución.
Porque los analistas y diagnosticadores sobran, los traductores de esos análisis y diagnósticos a medidas concretas no tanto, y los ejecutores eficaces, suelen brillar por su ausencia.
El kirchnerismo pudo recomponer la capacidad de acción del Estado en muchos aspectos, y exhibir resultados contundentes que lo llevaron a ganar dos elecciones presidenciales, comenzando por lo principal: dotar a ese Estado de recursos suficientes, renovando y perfeccionando el organismo recaudador (la AFIP) aunque no haya encarado una reforma tributaria; la que por cierto quedaría en meros papeles si no contase con ese instrumento, porque el mejor impuesto es el que se cobra, como dicen.
Desde esa plataforma creció exponencialmente la inversión pública en infraestructura (energía y educación fueron los capítulos más relevantes al respecto) y el gasto en seguridad social, con decisiones que además comprometieron la eficacia del aparato estatal para ejecutarse; como la inclusión previsional, la estatización de los fondos de jubilaciones y pensiones que tenían las AFJP, o la asignación universal por hijo.
En el Estado kirchnerista conviven desarrollos tecnológicos al nivel del primer mundo (como el avance en tecnología satelital, o el despliegue de la TV digital), con precariedades propias del desguace de los 90´; y en el caso de los servicios privatizados, el kirchnerismo se manejó sin conceptos a priori y con un criterio casuista, asumiendo la prestación en manos estatales cuando no quedaba más remedio o la situación de los concesionarios era insostenible (casos de AYSSA, el Correo o Aerolíneas Argentinas): hay tal vez en esa idea un reconocimiento de los límites concretos del aparato estatal para acometer nuevos roles, más que una convicción filosófica sobre sus límites o su tamaño.
Ese criterio, que pudo resultar eficaz en muchos casos, se ha revelado harto insuficiente en el del transporte público, en especial el del ferrocarril y sobre todo, en los ramales de transporte de pasajeros del conurbano bonaerense; un tema que tiene en sí una enorme complejidad que muchas veces los propios nostálgicos del tren (entre los que me incluyo) suelen pasar por alto.
Pero resta abordar un punto no menor para el debate, porque hace al contexto en que el mismo ha de darse; y es que -pese al lugar común del que hablaba al principio- no está tan claro que el rol del Estado esté plenamente relegitimado socialmente desde el 2003 para acá.
Porque resulta que el Estado es siempre el lugar de la queja (en forma creciente en los últimos años), pero los que se quejan no siempre esperan que sea también el de las soluciones: ahí los senderos suelen bifurcarse, y si no recordemos lo que pasó en los 90´; cuando las penurias de los sufridos pasajeros de los trenes del conurbano fueron (junto al problema del déficit) la plataforma sobre la que el menemismo proyectó el desguace del sistema ferroviario dentro del festival de privatizaciones.
Ese paradigma también (y aunque se lo pretenda ocultar) es el que entró definitivamente en crisis con la tragedia de Once: no basta con dejar que algo lo hagan los privados en lugar del Estado para que mejore, porque si ese Estado no controla adecuadamente, los resultados son casi siempre, peores.
La legitimación social del Estado es imprescindible para que ese aparato estatal pueda encarar cualquier política, sea controlar a un concesionario privado, u operar directamente un servicio; con más razón en el segundo caso, porque es lógico y razonable pensar que los problemas concretos que padecen por ejemplo los usuarios del Sarmiento no desaparecerán por arte de magia si a partir de mañana queda en manos estatales; verdad tan obvia y sencilla como que los formuladores del pensamiento mágico (los medios hegemónicos, las expresiones de la marginalidad electoral) se encargarán de que la olvidemos.
Porque hay que recordar que ese mismo Estado al que se le exigen (con justicia) soluciones, intentó cobrar impuestos a uno de los sectores económicos más privilegiados y le cortaron todas las rutas del país cuatro meses, o le cuestionan el funcionamiento de Aerolíneas, los controles sobre el dólar, o las colas de la gente para obtener la AUH (en su momento) o la tarjeta SUBE.
A este Estado le dedicó Clarín su tapa del lunes pasado criticando la presión tributaria, picando el seso de ese argentino promedio que quiere pagar los impuestos de Namibia, y contar con los servicios de Suecia, y que no es justamente el que viaja en el Sarmiento:
LA VERDADERA HISTORIA, QUIEN QUIERA OIR, QUE OIGA.
Hoy se cumplen sesenta y seis años de aquella histórica elección presidencial, por la cual Perón accede por primera vez a la Casa Rosada.
Recordamos que Braden -hombre cercano a Rockefeller y embajador de EEUU en Argentina desde mayo de 1945-, había respondido a los requerimientos de la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial, la Sociedad Rural y, con instrucciones de Washington, "conformó" la llamada Unión Democrática (radicales, socialistas, demócratas progresistas, comunistas) con la que se polarizó la elección contra el nuevo caudillo. Todo el poder político y económico sostenido por EEUU de un lado, contra el poder del pueblo del otro.
Y así la fórmula Tamborini-Mosca fue derrotada por Perón-Quijano, la que obtuvo poco más del cincuenta y tres por ciento de los votos, contra el cuarenta y dos por ciento y fracción de la vencida.
En tiempos en que nuevas uniones democrácticas se intentaron desde el poder real, con el resultado por todos conocidos, debemos ejercitar nuestra memoria y sostener este proyecto, pero exigiendo a todos sus actores la correcta sintonía para que siga trascendiendo.
jueves, 23 de febrero de 2012
AHORA LA CULPA DE LOS CORTES DE LUZ LA VA A TENER LA NACIÓN
Fácil y sencillito el método socialista para encarar la solución de los problemas: le echás la culpa de todo a la Nación, y listo.
No importa que en cuatro años la luz haya aumentado diez veces (sin que bajen un centavo los subsidios nacionales), que la EPE haya incrementado notoriamente sus ingresos por facturación y que esa mayor recaudación no se haya traducido en inversiones para mejorar el servicio, no señor: el problema es que ahora CAMMESA la admisnistradora del mercado mayorista eléctrico que integran la nación, las provincias y las generadoras de electricidad) le aplica una multa a la EPE porque aumentó las tarifas sin que hayan bajado los subsidios; y Ciancio dice que -por esa multa- la empresa no podrá cumplir con su plan de inversiones.
Como al mismo tiempo (y por el mismo motivo) fue multada la empresa provincial de energía de Córdoba (gobernada por el peronismo), se cae el argumento de la persecución política, y entonces hay que ir por el lado de la inviabilidad de la empresa (argumento sospechosamente parecido al de las distribuidora privadas de la CABA y el conurbano bonaerense que piden aumentos de tarifas).
En este blog nos hemos ocupado del asunto en reiteradas oportunidades, y se pueden consultar las entradas respectivas en la etiqueta "EPE"; pero nos interesa ahora reiterar algunas cuestiones.
"El primer indicador a tener en cuenta, es lo previsto en el presupuesto de la EPE para la compra de electricidad al DNC:
Compra de electricidad
2008 $ 605.382.772
2012 $ 1.018.972.000
El segundo indicador es lo previsto como ingresos de la EPE por tarifas:
Venta de electricidad
2008 $ 1.186.383.918
2012 $ 3.021.707.000
Como vemos, mientras el costo del insumo básico del servicio que presta la EPE (el fluído que compra al DNC) crecería en el período 200-2011 un 68,31 %, sus ingresos por tarifas lo harían en el mismo lapso un 196,54 %; es decir casi el triple.
Dicho de otro modo, si en el año 2008 por cada peso gastado en comprar electricidad, la EPE obtenía $ 1,96 por venderla; esa relación crecerá el año que viene a $ 2,96 a 1: o sea, por cada peso que gastará comprando luz, obtendrá casi tres por venderla.
Un tercer indicador (la diferencia en plata que obtiene la distribuidora estatal entre la compra y venta de electricidad) afinará más la conclusión:
Diferencia entre compra y venta de electricidad
2008 $ 581.001.146
2012 $ 2.002.735.000
Esos números significan que el "colchón" de recursos que obtiene la EPE por la diferencia entre el precio al que compra la electricidad, y la tarifa a la que la vende, pasó de poco más de 581 millones de pesos en el 2008, a casi 2003 millones el año que viene: un aumento del 244,70 % en apenas cuatro años.
Pero además los aumentos de tarifas inciden en la estructura de costos operativos de la empresa, licuando la incidencia que allí tiene el costo principal (la compra de electricidad), como se puede ver con estos porcentajes:
Incidencia de la compra de energía en el gasto total de la EPE
2008 44,69 % (*)
2012 33,72 %
(*) En el año 2007 (último del gobierno de Obeid) la incidencia del rubro en los gastos de la EPE ERA DEL 49,03 %)
Y hablando de estructura de costos: como la EPE presta servicios en el mercado a título oneroso (percibe la tarifa), debe pagar diferentes impuestos, centralmente el I.V.A. y el Impuesto sobre los ingresos Brutos; coparticipable el primero y provincial el segundo.
Ese "costo" impositivo está vinculado a los niveles de facturación de la empresa (sus ingresos por tarifas y otros conceptos), y estos a su vez, dependen de los niveles de consumos y de tarifas.
Veamos en cifras como evolucionó este rubro en el período considerado (2008-2012):
Impuestos indirectos pagados por la EPE
2008 $ 95.316.327
2012 $ 554.865.000
Es decir que lo que debe pagar la distribuidora por impuestos pasaría de algo más de 95 millones de pesos, a casi 555: un aumento del 482,13 % en apenas cuatro años, sin que las alícuotas de los impuestos hayan variado.
Dicho porcentualmente: los impuestos indirectos eran el 7,03 % del gasto total de la EPE en el 2008, y pasarían a ser el 16,35 % el año que viene.
Como se observa, lo que ingresa por un lado (mayores ingresos por tarifas) se va en buena medida por el otro (pago de impuestos); vía por la cual además el Estado provincial se autofinancia: lo que la EPE paga de Ingresos Brutos, y lo que la Nación le coparticipa del I.V.A., son recursos propios de Rentas Generales del Tesoro provincial.
Si se lo analiza desde la estructura de costos de la EPE, la suma de los dos rubros (compra de electricidad + impuestos indirectos) era el 51,72 % del gasto total de la empresa en el 2008, y será del 50,07 % el año próximo; es decir prácticamente lo mismo: la baja de un rubro, la compensa la suba del otro."
En segundo lugar, y atento a lo que dice Ciancio sobre las obras del plan de inversiones de la EPE (ahora el problema serían al parecer las conexiones domiciliarias), remitimos a este post en el que -con los propios númneros oficiales- podíamos ver lo (poco) que se había avanzado en las inversiones antes de la multa; pese a los anuncios del gobierno provincial, y pese a que los aumentos de tarifas se presentaron justificados con ese fin.
Y en tercer -y último lugar- cabe detenerse en el fantasma que agita Ciancio cuando dice que si a los 36 millones de la multa se los multiplica por 12, desaparece el plan de inversiones de la EPE.
Habría que decirle al ministro que hay un axioma muy conocido que dice que, desaparecidas las causas, desaparecerán los efectos: si el gobierno provincial da marcha atrás con el aumento de tarifas, no habría motivos para que la multa se reitere todos los meses; y nada indica tampoco que vaya a ser así.
Que el gobierno provincial fue previamente advertido que esto sucedería lo dice la propia nota, y lo pueden corroborar acá, como también pueden corroborar acá que el socialismo también dijo en su momento que "esperaba las instrucciones" del gobierno nacional para resolver un aumento de tarifas de la electricidad (después de haber resuelto ocho anteriores sin "instrucciones"); y que sin que las "instrucciones" llegaran (de hecho nunca llegaron, porque la Nación no bajó los subsidios), igual aumentó las tarifas.
Así que ahora agua y ajo con el temita de la multa muchachos, ya saben lo que dicen: el que avisa no es traidor.
Claro que ya podemos saber desde hoy a quien le echarán la culpa del próximo corte: al gobierno nacional.
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