APRENDAN DE BOUDOU

El llamado "Plan de Inclusión Previsional" fue aprobado por la Ley 25.994, sancionada en 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Por entonces Sergio Massa era el Director Ejecutivo de ANSES y como tal, no hizo más que cumplir una ley sancionada por el Congreso nacional, a instancias del Poder Ejecutivo de ese momento. De Diego Bossio no sabemos en que andaba, acaso pidiendo sanguchitos por los despachos oficiales.

La segunda moratoria previsional (en la que la mayoría de las beneficiarias fueron mujeres, exactamente el 87 %) fue aprobada por la Ley 26.970, sancionada en el 2014 durante el segundo mandato de Cristina. Por entonces, Diego Bossio era el Director Ejecutivo de ANSES (designado por la presidenta de la nación), y le caben las mismas generales de la ley señaladas para Massa: hizo lo que tenía que hacer, ejecutar una política pública plasmada en una ley del Congreso nacional, dictada a instancias del Poder Ejecutivo de ese momento.

Para entonces Massa ya no solo no estaba en la ANSES, sino que ni siquiera estaba en el kirchnerismo, con el cual rompió en el 2013 para formar el Frente Renovador; y por lo menos accedió a una banca en el Congreso por votos propios, no como Bossio que ingresó en las listas del FPV (acaso como reconocimiento de CFK a su gestión en ANSES), para luego actuar negando haber sido parte de sus gobiernos, como Pedro a Cristo.  

Puede que ambos hayan sido -en su momento- eficaces gestionando en la función que se les asignó, pero eso no quita lo esencial: en un gobierno presidencialista como el que tiene nuestro país, las decisiones -para bien o para mal- le corresponden al presidente de turno; y si requieren una ley para ser concretadas, de su aprobación por el Congreso.

Este vicio (o miserabilidad política) de atribuirse a título personal decisiones políticas de un gobierno del cual se es parte pero con el que luego se tienen diferencias no es nuevo: le pasó a Lavagna cuando se atribuía el éxito del primer canje de deuda (omitiendo que el que lo presionó para que la oferta fuera más agresiva con los acreedores fue Néstor Kirchner); y más acá en el tiempo le pasó a Florencio Randazzo, cuando se lanzó a competir contra Cristina (y antes, en su intento de ser candidato presidencial) basándose en su buena gestión en el tema ferroviario (que la tuvo), como si no hubiera sido el resultado del respaldo político de Cristina, y de los recursos que le asignó para llevarla a cabo.

Un caso interesante desde este punto de vista es el de Lino Barañao, el único ministro que Cristina y Macri compartieron, y exactamente en el mismo cargo: el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: con Cristina, su gestión fue celebrada y exitosa, porque logró incrementar los recursos asignados a la ciencia y la investigación, repatriar más de 1000 científicos a través del Plan Raíces, fortalecer el CONICET y los institutos de investigación.

Con Macri es todo lo contrario: es el ministro de la poda y el ajuste presupuestario que le quita recursos al sector, del retroceso en el proceso de formación de nuevos investigadores, del abandono de los planes de expansión y del éxodo (otra vez) de hombres de ciencia que se van del país, buscando mejores horizontes. ¿Cambió entonces Barañao, se volvió bruto o hijo de puta de repente, o cambió el gobierno en el cual cumple sus funciones, y sus prioridades?

El ejemplo opuesto (el del que teniendo méritos de los que vanagloriarse no lo hace, porque no pierde vista la perspectiva política) es Amado Boudou: fue el que les acercó primero a Cristina y luego a Néstor (contra la opinión de Sergio Massa) la idea de terminar con el sistema de las AFJP y transferir sus activos al Estado para salvarlos del temporal que se venía con la crisis de las sub prime en el primer mundo; medida clave para evitar la destrucción del sistema previsional argentino, y que posibilitaría otras de gran impacto como la Asignación Universal por Hijo (AUH), o el Programa Procrear.

También fue el autor de la fórmula de movilidad de los haberes previsionales que el Congreso aprobó a instancias de Cristina en el 2008 con la Ley 26.425, y que el gobierno de Macri modificó en perjuicio de los jubilados, en diciembre del 2017. Sin embargo, jamás se atribuyó ni una ni otra cosa a título personal; sino que reconoció en todo momento el mérito político de Cristina, de haber apoyado esas iniciativas, hasta convertirlas en realidad. 

Y si bien es cierto que cuando se modificó la ley de movilidad Massa y Bossio recordaron que eran opositores y la votaron en contra, preocupados como están con la no continuidad de la política de inclusión previsional y los ingresos de los jubilados, omitieron decir que se clausuró cuando la Ley 27.260 de "reparación histórica" que ellos votaron, decidió no prorrogar la moratoria, y reemplazarla por la "Pensión Universal del Adulto Mayor", que fija haberes menores a la jubilación mínima, a la que se podía acceder por las moratorias.

Misma ley en la que se derogó la Ley 27.181 que Cristina había hecho aprobar por el Congreso en 2015, para evitar que se vendieran los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, sin autorización del Congreso por ley especial, con el voto de la mayoría de los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara. O sea, cuando tuvieron que decidir por ellos solos (y no ejecutar las órdenes de un presidente del cual eran funcionarios) los dos, Massa y Bossio, le erraron como a las peras. Tuit relacionado:

"Lino Barañao" como respuesta a todo ex funcionario nuestro que (como Sanguchito Bossio) se atribuya a título personal el éxito de alguna política pública del kirchnerismo. Deberían aprender de Boudou

— La Corriente K (@lacorrientek) 10 de enero de 2019