LA FRASE

"NO NOS IMPORTA EL FALLO DE LA CORTE Y VAMOS A SEGUIR ADELANTE, MÁS FUERTES QUE NUNCA: LOS HEMOS BLOQUEADO A TODOS EN LAS REDES SOCIALES." (SANTIAGO CAFIERO)

martes, 2 de marzo de 2021

LA FUERZA DE LOS HECHOS

 


El cambio discursivo del presidente ya se notó en su visita a México, cuando se peleó a la distancia con los medios argentinos y la oposición, señalando sus incoherencias sobre la pandemia y las vacunas. Se profundizó ayer en el Congreso, donde entre otras cosas, volvió a recordarles sus groseras contradicciones.

En el medio, pasaron cosas que pegaron de lleno en la línea de flotación de las creencias de Alberto Fernández sobre que siempre es posible conciliar y consensuar, aun con quienes no quieren hacerlo: desde las exigencias extorsivas de los formadores de precios de los alimentos, hasta los reclamos de los acreedores externos privados con los que se apresuró a cerrar un acuerdo, pasando por la oposición y sus puestas en escena cadavéricas, fueron recortando los márgenes concretos de la ilusión consensual. 

Salvo la pandemia -lo que no es poco-, los temas principales del discurso de Alberto eran conocidos ya el 1º de marzo del año pasado, cuando se dirigió por primera vez al Congreso como presidente. Veamos: 

* Las condiciones ilegales, rayanas en lo delictivo, bajo las cuáles fue otorgado el multimillonario préstamo del FMI a Macri, violando las leyes argentinas y el propio estatuto del Fondo al facilitar los recursos para financiar la fuga de capitales, y sin tener en cuenta la capacidad de repago de la deuda por el país asistido. De hecho, hay denuncias que aun tramitan en la justicia, y otras fueron rápidamente desestimadas.

Si bien es importante que sea el propio Estado argentino el que asuma ahora la querella, no lo es menos que desde hace exactamente un año ese mismo Estado dispone del informe del Banco Central sobre el proceso de fuga de capitales durante el macrismo, sin que el gobierno haya articulado alguna política pública en su consecuencia. Por ejemplo decidir que esa deuda la paguen los que se beneficiaron con ella, que son los mismos de la lista de fugadores; como se prometió en campaña y como lo viene planteando en tono de pregunta, desde que publicó "Sinceramente", Cristina. Los mismos, a su vez, que deberían pagar el "impuesto a las grandes fortunas" y ya están orquestando maniobras para evadirlo, o le pidieron al presidente pagarlo en cómodas, y sin intereses. La coincidencia es casi absoluta, lo que marca a las claras cual es la respuesta a la pregunta de Cristina.

Sin embargo, debe recordarse que el mismo gobierno -en particular el ministro Guzmán- apuraba el cierre de un acuerdo con el FMI a como de lugar, y que lo que el presidente anunció ayer no es una decisión final que esté en sus manos, si no en las de esa misma justicia que, con toda razón, cuestiona. Si la idea de la denuncia es fortalecer la posición negociadora del gobierno frente al FMI, bienvenida, siempre que tengamos en claro que el Fondo es el mismo de siempre, aunque prometa investigarse a sí mismo.

* La situación de emergencia en los servicios públicos privatizados (en especial, todo lo relacionados con la energía: gas y electricidad) ya estaba planteada en la Ley 27541, aprobada apenas Alberto asumió el gobierno. Desde entonces -y antes aun- se sabía que era necesario desdolarizar los precios de la energía y los servicios públicos, y -como pidió Cristina y se prometió en campaña- alinearlos con los salarios y la capacidad adquisitiva de la población.

Un año después, las tarifas quedaron congeladas, pero la "desdolarización" o revisión integral de los contratos no se concretó y ayer el presidente anunció que llevará mucho tiempo. Sin embargo, lo que sí pasó -hace menos de una semana- es que se autorizó un aumento del precio de la energía a los generadores, que se trasladará a las tarifas finales a los usuarios residenciales, comerciales e industriales; y también comenzó el proceso para los aumentos del gas. 

* Sobre la hidrovía y su polémica reprivatización, el presidente se limitó a decir que se creará una "agencia pública" con participación de las provincias para controlar el proceso de transferencia a los privados y el contrato posterior; lo que supone que la idea de una empresa estatal que se encargue del dragado ha sido definitivamente archivada.

* Cuando se le reclama al Congreso que ejerza su rol de control sobre los excesos del Poder Judicial, cabe preguntarse si se le está pidiendo -como hizo Néstor Kirchner en 2004- que inicie el proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema, habida cuenta que el enjuiciamiento y la remoción de los jueces inferiores le corresponde al Consejo de la Magistratura según la Constitución. 

De ser así, bienvenido, pues aunque se diga que "no dan los números" para aprobarlo, el mensaje es poderoso, para los legisladores y para los propios cortesanos; cuidadosos de sus sitiales y los privilegios anexos, más que de sus declaraciones juradas. Habrá que tener espaldas, en tal caso, para aguantarse los vueltos mafiosos a los que nos tienen acostumbrados.

* El presidente, un hombre de derecho como él mismo se define y con 35 años de cátedra universitaria, no necesitaba el consejo de ninguna "comisión de expertos" para saber  que es necesario reformar urgente el mecanismo del recurso extraordinario y el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para recortarle poderes discrecionales a la Corte. 

Que ahora se decida a promoverlo es una admisión implícita de que la cosmética reforma judicial que duerme en el Congreso no resuelve ninguno de los problemas derivados del "lawfare", y la demora de un año en profundizar los cambios implicó que, en uso de esos mismos poderes discrecionales, la Corte ratificara inequidades repugnantes al Estado de derecho, en perjuicio de los presos políticos, como Boudou o Milagro Sala.

* El anuncio sobre la "despolitización" del Consejo de la Magistratura es, cuando mínimo, confuso: sentada nuestra opinión sobre la absoluta inutilidad de ese artificio alfonsinista, si "despolitizarlo" significa debilitar la representación en su seno de los órganos electos por la voluntad popular (el presidente y el Congreso) en beneficio de las corporaciones de abogados y jueces, es una pésima idea.

Como fuere, ayer el presidente dio un discurso, y si bien eso es un hecho, hubo más definiciones conceptuales, que anuncios concretos de medidas futuras, en lo que al Poder Ejecutivo le toca: en buena medida repartió tareas y responsabilidades en el Congreso y la justicia, más que especificar las que hará en su área de incumbencia.

Se celebra el giro en la percepción del panorama político que ese discurso supone, pero así como los hechos precedentes al discurso parecen haber hecho mella en las convicciones íntimas de Alberto Fernández, desde acá esperamos los hechos posteriores que modifiquen la percepción -en algunos convicción- de que siempre va más allá en los anuncios, que en lo que efectivamente está dispuesto a cumplir; ahí están los casos de Vicentín y las retenciones para cimentar la desconfianza, que ojalá sea desmentida: mejor tarde que nunca. Porque como dijo alguien, "mejor que decir es hacer, y mejor que prometer, es realizar".

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1 comentario:

Anónimo dijo...

Clarín todavía no devuelve el aumento ilegal.
Todo circo.