El viernes pasado se publicó en el Boletín Oficial (completo acá) el Decreto 971, que reglamenta el artículo 10 inciso b) de la Ley 19549 de Procedimientos Administrativos, modificada por la "ley de bases" introduciendo la figura del "silencio positivo"; que implica (según explica el mismo decreto) que "...cuando una norma exija una autorización administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto en el marco del ejercicio de una facultad reglada de la Administración, al vencimiento del plazo previsto para resolver sin haber dictado resolución expresa, el silencio tendrá sentido positivo.".
Es decir, la demora de la administración en pronunciarse cuando debe hacerlo se considera como si lo hubiera hecho, y su pronunciamiento es a favor de lo que se está pidiendo en cada caso. El principio tiene excepciones, establecidas en la misma ley, en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público y se contempló la posibilidad de incluir otros supuestos específicos de excepción por vía reglamentaria., cosa que también hace el decreto.
No es más que la concreción de la idea (expresada por el propio Milei) del "topo" que destruye al Estado desde adentro, junto con las ensoñaciones funambulescas de Sturzenegger (que anda por ahí hablando de "leyes hojarasca"), y de los deseos de todas las fracciones del capital de sacarse de encima trámites y regulaciones molestas, para poder hacer lo que se les cante. Porque nadie va a defender la burocracia ni los trámites innecesariamente demorados en las oficinas públicas, pero tampoco es lógico que el Estado los institucionalice -como en esencia hace el decreto- apelando simplemente al recurso de la "cronoterapia", para que el "silencio positivo" haga el resto.
El Estado en tanto persona jurídica que administra la cosa pública tiene la obligación de dar cuenta razonada de sus actos tanto cuando concede un derecho, permiso, licencia o autorización, como cuando los deniega; con mayor razón en estos últimos casos. No decir nada nunca puede significar lo mismo que decirlo, cuando lo que se debe decir presupone análisis, informes, valoraciones, dictámenes o la verificación del cumplimiento de normas.
Parte del plan mayor de offshorización de la Argentina, para convertirla en un paraíso para narcos, lavadores de dinero y organizadores de esquemas Ponzi, mientras se desarrolla un modelo de economía de enclave extractivista de recursos naturales sin generación de valor agregado y salarios de plantación. En ese marco, se necesita un Estado bobo que no controle ni regule nada, y que si no habla es mejor, literalmente en éste caso.
Repasando el anexo del decreto donde se identifican los trámites en los que se aplicará el "silencio positivo" (es decir, que el mero transcurso del tiempo sin que el Estado se pronuncie significa otorgar lo pedido), se advertirá que lo que se busca no es tanto agilizar trámites -para lo que, por ejemplo, no se deberían despedir en masa empleados públicos-, como facilitar negocios.
Así por ejemplo en el ámbito de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología pueden resolver sin resolver (con el "silencio positivo") la interconexión entre Licenciatarios de Servicios de TIC con Ofertas de Referencia (lo que se cobran entre ello por el uso de las redes), los convenios de interconexión entre prestadores de licencias de servicios TIC, la obtención de licencia para prestarlos, el cambio de denominación de la licenciataria, la ratificación de la transferencia de licencia y/o registro, el cambio de control accionario, la modificación de estatuto o contrato de una sociedad licenciataria de servicios de comunicación audiovisual, la transferencia de licencia de servicios de comunicación audiovisual, o la inscripción en el registro para proveer facilidades satelitales. (Hola, Elon)
En la Jefatura de Gabinete de Ministros quedan comprendidos en el "silencio positivo" la inscripción como proveedor del Estado, la solicitud de Certificado Nacional de Autorización para Operadores de Turismo Estudiantil, y en el Ministerio de Seguridad la presentación extraordinaria de precursores químicos, la inscripción en Registro Nacional de Buques, la inscripción en la Matrícula Nacional de la venta de 10 o más toneladas de material flotante (a los narcos les gusta estos), y la inscripción, renovación o actualización en el Registro de Agencias Privadas de Vigilancia.
En el Ministerio de Justicia, pueden resolverse por "silencio positivo" la actualización de Sociedades por Acciones Simplificadas, el traslado de su domicilio social y su cancelación registral, la transformación de SAS a otro tipo social, la emisión, modificación y cancelación de obligaciones negociables, la disolución y nombramiento del liquidador, la liquidación y cancelación registral, el traslado del domicilio social de provincia a jurisdicción de CABA, la transformación a Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), la venta de tierras rurales de persona extranjera a nacional, la comunicación de situación no prevista en una sociedad de ahorro, su información contable o actuarial periódica y la constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
En el ámbito de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte pueden resolverse sin hablar ni escribir la presentación de la declaración Jurada de horarios (Servicio Público Urbano de jurisdicción nacional, la presentación y modificación del cuadro de horarios, la solicitud de alta genérica de Servicio Público Internacional para empresas nacionales y extranjeras de transporte de pasajeros y el trámite de permisos de viajes ocasionales en circuito cerrado al exterior (el padre de Milei algo tenía que ligar).
En la Comisión Nacional de Valores (CNV) casi todos los trámites relevantes se resolverán de ahora en más por "silencio positivo": la cancelación de Fondos Comunes de Inversión, su constitución o fusión, liquidación, procedimiento para distribución de utilidades, la oferta pública de fideicomisos financieros individuales, la actualización de los prospectos de emisión, el ajuste del capital social, del capital y dividendos, el aumento de monto, reducción y modificación de los programas de inversiones, el canje de obligaciones negociables, la capitalización de deudas, el ingreso al régimen de empresas extranjeras y empresas tecnológicas o de economía del conocimiento (tochi, Galperín), y la oferta pública por compra o venta de acciones.
En la Secretaría de Energía se resolverán sin necesidad de que el Estado se pronuncie la modificación de datos del Registro de Empresas Elaboradoras y Comercializadoras de Hidrocarburos y Derivados y la solicitud de exportación de Gas licuado de Petróleo (GLP) (acá mojó Paolo Rocca), y en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos la inscripción en el Registro de Prestadores (la parte de Eurnekián de la piñata). En el Banco Central la inscripción en el registro de empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra y en el registro de otros proveedores no financieros de crédito, y de servicios de crédito entre particulares a través de plataformas (toda de Galperín ésta), y en el registro de transportadoras de valores (hasta el Gordo Valor se anota).
En la Administración Federal de Ingresos Públicos (hey chicos, eso ya no existe más, lo disolvieron) el alta del CUIT en el corredor aduanero Vaca Muerta, el mismo trámite pero para las grandes inversiones (como el RIGI) y la inscripción en los registros especiales aduaneros de agentes de transporte, operadores de contenedores, despachantes de aduana, sus agentes y dependientes (hola, Ibrahim Al Ibrahim), las bajas retroactivas de impuestos y/o regímenes Controladores fiscales, el Certificado de Residencia Fiscal (¿otra vez Galperìn?), el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), la validación inmuebles parael Certificado de retención Impuesto a la Transferencia Inmuebles a Residentes en el exterior y la inscripción en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (Galperín se sentó a redactar el decreto, para no perder tiempo)
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Quieren auditar las universidades, las pensiones, los planes sociales y los comedores comunitarios, pero borrar la base de datos de todos los que entraron al blanqueo. Acá no entiende el que no quiere.
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