¿CUÁL ES EL PLAN?

 

Después de marchas y contramarchas, Milei terminó convocando a sesiones extraordinarias del Congreso, con un temario que no incluye el presupuesto, pero si toda la agenda de temas con los que la derecha piensa entretener a su electorado, criminalizar la protesta social y perseguir opositores (en especial a Cristina), y de paso limar diferencias entre sus distintos sellos electorales, de cara a una posible alianza para las legislativas de éste año.

Juicio en ausencia, ficha limpia, los pliegos de la Corte, reiterancia e incluso una posible derogación o suspensión de las PASO que sería el telón para encubrir el verdadero propósito, que es eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, y reemplazarlo por aportes privados: la agenda de lo peor de la "casta" -en todos los sentidos-, que en no pocos casos se lleva puestos los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, y en ninguno atiende los problemas más urgentes del país, que este gobierno vino sino a agravar.

Asumiendo que estamos en un año electoral y mientras ellos discuten si nos matan juntos o haciendo un movimiento de pinzas, muchos de los nuestros se zambullen de lleno en el minué de posibles candidaturas y alianzas como si viviéramos en un país normal, en el que todo funciona más o menos bien. Y juegan a que hacen algo, indignándose en las redes sociales y los medios por los atropellos del gobierno. 

Un gobierno que confiesa en público y sin pudores que fuerza paritarias a la baja y espera que este año tampoco los salarios le ganen a la inflación (ni hablemos ya de recuperar lo que perdieron estos últimos años), y hasta acá parece conseguirlo: gremios en teoría combativos del sector privado como camioneros o la UOM firman acuerdos dentro de los límites consentidos por el ancla salarial oficial, que junto a la apreciación del tipo de cambio se convierten en las principales herramientas -no reconocidas explícitamente como tales- en la lucha contra la inflación.  

Los despidos en el sector privado -siguiendo la pauta marcada por el público, y acicateados por la recesión que el gobierno dio por terminada- actúan también como disciplinadores de los reclamos salariales, y como preludio de la reforma laboral esclavista que el gobierno ya discute -sin tanta repercusión pública- con los empresarios y la conducción de la CGT. Una reforma esclavista que incluye la eliminación de las indemnizaciones por despido, el aumento de la jornada de trabajo, el fraccionamiento de las vacaciones y la vuelta de los tickets canasta.

En línea con los sectores exportadores, el FMI advierte por el retraso del tipo de cambio alentando una devaluación y nuevos tarifazos (el gobierno ya convocó a la audiencia pública para fijar "un sendero de precios" dolarizado para el gas hasta el 2030), y urge al gobierno a levantar el cepo, todo un combo explosivo que no haría sino reavivar la inflación, y pulverizar aun más los salarios. Que es lo que se busca, obviamente.

El gobierno -otra vez con Caputo en los comandos de la economía como con Macri- volvió a endeudarnos con bancos privados con la posible garantía de la privatización del Banco Nación, al solo efecto de poder garantizar la fuga de los capitales para los que ya no es tan rentable el carry trade; maniobras que son posibles gracias a la subsistencia del DNU que le permite al gobierno tomar deuda y canjearlas aun en condiciones más leoninas, sin la intervención del Congreso.

Al que por cierto no es el gobierno el que necesita funcionando, teniendo como tiene la ley bases y el DNU 70 (y de allí el ridículo temario de extraordinarias), sino a la oposición (política y social), que parece estar en las nubes de Úbeda: no hay convocatorias -al menos públicas- de nadie a nadie para organizar nada, ni siquiera un mínimo ensayo de resistencia, y la única reacción social digna de ese nombre de los últimos tiempos fue la de los militantes y organismos de derechos humanos por el cierre del centro cultural Conti en la ex ESMA y el vaciamiento de los sitios de la memoria.

No se están reuniendo los gobernadores (ni nadie los está convocando) para exigir que se trate el presupuesto aunque las transferencias a las provincias hayan caído casi un 85 % en 2024 y la obra pública financiada por la nación esté paralizada o directamente no exista. No hay nada siquiera parecido a un plan de lucha contra la pérdida de salarios y puestos de trabajo y contra la avanzada flexibilizadora organizado por la CGT o las CTA, cada una por su lado o todas en conjunto. 

La interna en la PBA entre Kicillof y la Cámpora para haberse acallado -al menos público- pero al solo efecto de que cada uno atienda su juego, y no porque se esté desplegando una estrategia unitaria para enfrentar la blitzkrieg derechista. Mientras tanto, el neo vandorismo (como en todo año electoral) ya arma sus colectoras con el fin de drenar votos peronistas en Buenos Aires y Scioli le ofrece a Milei armar la pata peronista de LLA, y en otros distritos -como acá- el PJ está estallado o en hibernación, y bien lejos de ordenamientos o enderezamientos de lo torcido.

El plan del gobierno está más que claro: abaratamiento del costo laboral medido en dólares, desguace del Estado para los negocios de los amigos (el caso IMPSA está ahí para comprobarlo), eliminación de toda regulación pública molesta para el capital y tratar de organizar lo más ordenamente posible el proceso de fuga de capitales sin que se les desmadre todo; y lograr revalidar electoralmente el saqueo. De ahí a que puedan conseguirlo (por las inconsistencias propias del plan), es harina de otro costal.

Faltaría conocer cual es el plan de la oposición, a no ser que sea simplemente el que estamos viendo: esperar que todo explote, y nos vengan a buscar.