De no mediar alguna sorpresa de último momento, todo indica que hoy o en las primera horas de mañana el Senado de la nación le dará media sanción al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei. Hasta los propios dirigentes de la CGT reconocen que el gobierno tiene los números para imponer la iniciativa, lo que no quita que en el transcurso del debate se le hagan cambios, o se le poden algunos de los aspectos más controvertidos, sin afectar su esencia flexibilizadora y de recorte brutal de los derechos de los trabajadores.
Parece mentira que algo tan trascendente y perjudicial para los derechos de millones de argentinos, que arrasa con décadas de derechos y conquistas vaya a suceder casi sin pena ni gloria, con la simplicidad de un trámite burocrático y sin que ni siquiera los senadores deban sesionar mientras el país está paralizado por una huelga general, porque la CGT -una vez más- no consideró prudente convocarla para defender a sus representados. Pero es lo que ocurrirá, sin que tampoco haya -como en el 17 de octubre- una reacción espontánea de esos mismos representados, en defensa de sus derechos: la reforma parece no ser tema de conversación social, directamente.
Por supuesto que las primeras responsabilidades por haber llegado a éste estado de cosas son de la dirigencia sindical, en especial de la nucleada en la CGT: la otrora columna vertebral del peronismo y el movimiento nacional hace años ya que viene padeciendo escoliosis, y está lejísimos de representar a los trabajadores, aun a aquellos sindicalizados y con empleo formal, que hace rato también que dejaron de ser la mayoría. Una reforma laboral que -entre otras cuestiones- ataca el corazón de la organización sindical desmantelando la negociación colectiva y las paritarias y nulificando en los hechos el derecho de huelga garantido por la Constitución, no mereció de la CGT un paro general, como los cinco que le hicieron a Cristina por Ganancias: ¿será que no les preocupa perder herramientas que son reacios a utilizar?
Un sindicalismo que por décadas se acostumbró a pensar y actuar con mentalidad empresaria (más precisamente desde que Onganía y Rubens San Sebastián les concedieron la legislación de obras sociales) y está más preocupado por los números de sus gerenciadoras de salud, no vio venir a tiempo los cambios que se gestaban en el mercado laboral, desde hace mucho tiempo. Ahora que está de moda achacarle al kirchnerismo toda la culpa del fenómeno libertario, y pedirle que haga autocrítica y comprenda que el país y el mundo cambiaron, no está de más recordar que esos cambios ya estaban sucediendo aun cuando el país crecía, pero los dirigentes de la CGT eligieron poner en el primer plano de sus prioridades los fondos de las obras sociales, y el reclamo impositivo de una minoría incluso dentro de los trabajadores registrados; y Cristina planteó -en soledad y en vano- discutir esas cosas con una mirada más amplia, del conjunto.
Claro que el sindicalismo y la CGT no son los únicos unicornios azules que se le perdieron al peronismo: por allí anda también la tantas veces evocada burguesía nacional, la otra pata del pacto social impulsado para canalizar la puja distributiva, cada vez menos burguesía, y desde hace tiempo, cada vez menos nacional. En una economía fuertemente extranjerizada, el comportamiento empresario promedio -con honrosas excepciones, que resisten como pueden en un medio adverso- es el ausentismo, la fuga y la falta de compromiso social con el desarrollo del país y el bienestar de su gente; incluso cuando ese comportamiento atenta directamente contra sus propios intereses.
Y si no comprobemos que, sin distinciones de tamaños y escalas, la inmensa mayoría de los empresarios y sus organizaciones apoyan enfáticamente la reforma laboral que discutirá hoy el Senado, y si cuestionan algo son cuestiones accesorias, que tienen que ver con el financiamiento de esas organizaciones vía los aportes de sus representados, pautados en las paritarias, algo en lo que coinciden con el sindicalismo. Algunos atinaron a esbozar un cuestionamiento a la primacía de la negociación colectiva de ámbito menor o por empresa, pero casi ninguno ha dicho nada respecto a la virtual desaparición de todos los principios protectorios del derecho del trabajo que plantea la reforma: de hecho los apoyan enfáticamente, y compraron por bulto cerrado el argumento oficialista de que es un cambio imprescindible para generar más empleo.
Hablábamos antes del pacto social como la estrategia tradicional del peronismo para arbitrar y conducir desde el Estado la puja distributiva, y lo que viene sucediendo es que quienes la están ganando desde hace una década (el capital, en desmedro del trabajo) no tienen ninguna intención de moderarse ni de ceder nada, y por el contrario apoyan con fuerza una reforma laboral que si prospera, cristalizará por tiempo indeterminado una redistribución social regresiva del ingreso, en términos comparables a los existentes antes del advenimiento del peronismo; y un modelo de país en el que sobran millones de argentinos, que viven y consumen acá, en el país.
De ese modo, ese otro unicornio azul perdido por el movimiento nacional estará terminando de entregar un mercado interno (apostando a la pauperización perenne de los salarios a escala africana) ya jaqueado por la apertura indiscriminada de las importaciones, y una estructura industrial amenazada además por la política de apreciación cambiaria, y los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y Estados Unidos. A propósito: el estruendoso silencio de la mayoría de nuestro empresariado y sus organizaciones respecto a semejante avance consentido por la Argentina contra su entramado industrial (amenazando incluso rubros en los que el país había alcanzado cierto grado de desarrollo alto para los estándares de un país latinoamericano), debe contraponerse con su entusiasta apoyo a una reforma laboral que no le sirve a casi nadie, no resuelve ninguno de los problemas del país y sus empresas, y por el contrario los agravará.
La tarea de salir del marasmo en el que está dejando el gobierno de Milei al país no es solo responsabilidad de la política (que es ciertamente la primera responsable en ese terreno) y no es es solo cuestión de arquitecturas electorales eficaces y acuerdos políticos amplios: tiene que tener anclaje social, para ganar volumen representativo y capacidad de enfrentar al núcleo de intereses concentrados -nacionales y sobre todo extranjeros- que es el sostén real del experimento libertario.
Y construir ese anclaje habrá que hacerlo con la sociedad real y no la imaginada, incluyendo en ella el sindicalismo y el empresariado que ¿supimos? conseguir. Al mismo tiempo, la salida de la crisis no puede ser de otro modo que con una alternativa política que se plantee como su primera prioridad un fuerte shock redistributivo del ingreso nacional, en un contexto de dificultad. Nadie dijo que fuera fácil.
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