LA FRASE

"YO HACE 70 AÑOS QUE NO LA PONGO, POR CULPA del PERONISMO." (FERNANDO IGLESIAS)

miércoles, 12 de junio de 2019

RUTAS DE TIERRA ARRASADA


Reiteradas veces hemos dicho acá que el cronograma electoral fijado por Lifschitz el año pasado era una disparate, porque significaba que hubiera una distancia de seis meses entre que su sucesor como gobernador de la provincia fuera electo, y asumiera sus funciones. Más si -como todo lo indica- habría un cambio de signo político en Santa Fe tras 12 años de gobiernos del Frente Progresista, hegemonizados por el socialismo.

Señalamos también que en ese contexto era una irresponsabilidad (si no otra cosa peor) que el gobierno actual tomara decisiones que iban a comprometer al que lo suceda, en lugar de esperar a ver como terminaban las elecciones, y que pensaba en relación a ciertos temas el nuevo gobernador, incluso siendo Bonfatti (sabida es la interna que hay en el socialismo, cada vez más difícil de disimular).

Así por ejemplo y en contra de lo que dicta el sentido común, la administración Lifschitz siguió adelante con la nueva licitación del agente financiero de la provincia por cinco años con opción a cinco más (mientras su candidato promete crear un banco público, y el propio gobernador envió proyectos a la Legislatura en ese sentido), y está a punto de tercerizar en una empresa privada la operatoria de cargas del puerto de Santa Fe, por varios años.

Y ahora parecen decididos a dar un paso más en esta política de tierra arrasada tendiente a comprometer a la futura gestión, como lo demuestra el decreto cuyas imágenes ilustran el post, firmado por Lifschitz el viernes pasado, a solo 10 días de las elecciones generales, llamando a licitación pública nacional e internacional para la pavimentación de rutas provinciales en los departamentos del norte provincial; con un presupuesto de más de 4259 millones de pesos.


La primera curiosidad que salta a la vista es que, si bien se trata de obras cuya necesidad nadie discute, se licitan recién ahora, tras 12 años de gestión y tres gobernadores socialistas que pasaron por la Casa Gris; y luego de la provincia reciba por un lado los fondos adicionales de coparticipación que antes iban a la ANSES (no la deuda que sigue reclamando) y que por ley deben destinarse a obra pública; y luego de que además el propio Lifschitz haya obtenido autorización de la Legislatura para endeudar a Santa Fe en 1000 millones de dólares, con ese mismo fin: hacer obras. Con esa excusa, además, el socialismo votó a favor en el Congreso nacional el acuerdo del gobierno de Macri con los fondos buitres primero, y la “reparación histórica a los jubilados” y el blanqueo de capitales, después.

Resulta muy curioso este apuro del final por hacer obras de esta envergadura (con fecha de apertura de las licitaciones a un mes y medio después de conocerse el resultado de la elección), cuando el propio Lifschitz se jactó en su discurso del 1º de mayo abriendo las sesiones ordinarias de la Legislatura de que los gobiernos del FPCyS ejecutaron obras por 98.000 millones de pesos, cifra que Bonfatti elevó a casi el doble (170.000 millones) durante el debate en televisión con los otros candidatos a gobernador.

Pero lo más extraño es la modalidad que tendrá la licitación: el decreto admite explícitamente que las obras no cuentan con financiamiento disponible, y por eso la solución que aprueba es que sean los propios oferentes los que lo aporten, al estilo por ejemplo de lo que está haciendo el gobierno de Macri con los corredores viales nacionales licitados bajo el sistema de “participación pública privada” (PPP).

Tal modalidad supone -y lo dice el mismo decreto- que la provincia contraiga endeudamiento por las obras, y obtenga autorización del gobierno nacional para el uso del crédito: si bien los privados aportarían el financiamiento, obviamente se lo cargarán en la cuenta al Estado provincial. Más allá de lo riesgoso de salir a tomar deuda en dólares (así lo contempla el decreto) en estos momentos por las vicisitudes de la economía nacional e internacional y el riesgo cambiario, el gobierno de Lifschitz está comprometiendo al de su sucesor, porque el cronograma físico y financiero de ejecución de las obras que contempla el decreto supone que el 99 % de ellas se ejecutarán y pagarán en 2020 y 2021.


O sea fuera de su mandato, y en la primera mitad de quien lo suceda en el cargo: el propio decreto admite que los trabajos solo podrían comenzar (si se consiguen las autorizaciones para tomar deuda) a fin de año, y este año se gastarían apenas $ 3.646.000 de los más de 4259 millones totales de inversión: apenas alcanza pagar los avisos de la licitación en uno o dos diarios.

Eso sin contar con que el decreto viola la Ley de Obras Públicas 5188, cuyo artículo 6 establece que “Antes de sacar una obra pública a licitación o de contratar directamente su realización, deberá estar legalmente prevista su financiación. Exceptúanse de este requisito las obras públicas que fueren de indudable urgencia, a criterio del Poder Ejecutivo, con cargo de solicitar el otorgamiento del crédito correspondiente a la H. Legislatura.”.

En este caso y como lo dice el decreto, no hay partidas disponibles para licitar las obras en el presupuesto provincial de este año, y el gobernador tampoco está solicitando en el mismo la autorización a la Legislatura para el endeudamiento; que además depende de la aprobación del gobierno nacional. Y fija un plazo exiguo de apenas 54 días (menos de dos meses) entre la fecha del decreto, y la fecha de apertura de los sobres de la licitación; lapso en el cual los posibles oferentes deben conseguir financiamiento bancario (requisito esencial para presentarse) y armar sus ofertas.

No hay modo lógico de evitar pensar que el gobierno provincial ya tiene claro quienes serán esos oferentes y que la licitación está hecha a su medida, para comprometer con el resultado a la futura gestión. Sigue así adelante la política de “seguros de riesgo electoral” del socialismo de la que hablamos acá; mientras se quejan (como Bonfatti en el debate de candidatos) de que llegar al gobierno de Santa Fe en 2007 se encontraron con las obras de los acueductos adjudicadas a Odebrecht, y dejaron sin efecto la decisión porque había sospechas de corrupción; lo cual por cierto es una absoluta falacia: ver más información al respecto acá, en un posteo de hace dos años, precisamente en época de la anterior elección.

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