¿QUIÉN DIJO QUE SE FUE?

"Estamos en una obra que nada ni nadie podrá detener. Ya he tenido oportunidad de decir, ¡dentificada con el líder, que el peronismo no se aprende ni se proclama. se comprende y se siente. Por eso es convicción y es fe. Por eso, también, no importan los rezagados del despertar nacional. yo no deseo, no quiero para el peronismo, a los ciudadanos sin mística revolucionaria. Que no se incorporen, que queden rezagados, si no están convencidos. El que ingrese, que vuelque su cabeza y su corazón sin retaceos, para afrontar nuestras luchas, que siempre habrán de terminar en un glorioso 17 de Octubre. 

Pero en nuestro movimiento no tiene cabida el interés y el cálculo. Marchamos con la conciencia hecha justicia que reclama la humanidad de nuestros días. Peronismo es la fe popular hecha partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la Patria. Hace poco tiempo, para definir mi condición de peronista, expresé: "Luchamos por la Independencia y la soberanía de la Patria, por la dignidad de nuestros hijos y de nuestros padres, por el honor de una bandera, por la felicidad de un pueblo escamecido y sacrificado en aras de una avaricia y un egoísmo que no nos han traído sino dolores y luchas estériles y destructivas". 

Si el pueblo fuera feliz y la Patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días, ser peronista es un deber. Por eso soy peronista. Soy peronista por conciencia nacional, por procedencia popular, por convicción personal y por apasionada solidaridad y gratitud a mi pueblo, vivificado y actuante otra vez por el renacimiento de sus valores espirituales y la capacidad realizadora de su Jefe, el General Perón. Esta es la definición de un peronismo auténtico, que tiene su raíz en la mística revolucionaria. Esta es la definición del peronismo del 17 de Octubre de 1945, sin otro interés, sin otro cálculo, sin otra proyección que el bienestar de la Patria, traducido en el bienestar de los trabajadores en sus múltiples actividades. 

Yo invito al pueblo a meditar sobre el significado, sobre la honda proyección del 17 de Octubre. Es la única, la auténtica, la definitiva revolución popular que se opera en nuestro pueblo. Una revolución histórica se justifica cuando sus causas sociales, políticas y económicas las determinan. Y ahí está la justificación de la revolución histórica del 17 de Octubre. Fue determinada por causas sociales, Políticas y económicas. 

En lo social, el abandono total de la justicia, con el enquistamiento de los privilegios y la explotación del trabajador. En lo político, con la sistematización del fraude en favor de los partidos que se turnaban en el Gobierno o se lo quitaban mutuamente según el menor o mayor apoyo de los intereses en juego y en lo económico, el entreguismo y la venta del país, surgidos de sus reyertas. contra ello, y para destruir ese estado de cosas, el pueblo rescató a su Líder y lo ubicó . en este balcón el 17 de octubre de 1945."

(Eva Perón, discurso en Plaza de Mayo en el Día de la Lealtad, 1949. El video de apertura corresponde a su último discurso en público, el 1 º de Mayo de 1952, en el acto del Día del Trabajador) 

UN APORTE CONTROLADO

Inútil será que traten de buscar en los medios locales la noticia de la que da cuenta la imagen de apertura, y que corresponde a esta nota de El Destape, en la que se revela que la presidenta del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Santa Fe, Daniela Veglia, apareció como aportante a la campaña de "Cambiemos" en la provincia en las elecciones del año pasado.

Por si alguno no lo sabe, el Tribunal es el órgano de control externo de la ciudad, que bajo la dependencia del Concejo Municipal tiene a su cargo el examen de las cuentas municipales y la eventual determinación de responsabilidad administrativa por perjuicios causados al erario público.

Fue creado en el año 1989 por la Ordenanza 9124, pero en el año 2008 (al asumir Mario Barletta la gestión como intendente), la UCR logró sancionar la Ordenanza 11.558 (completa acá),  que  introdujo un cambio fundamental en su funcionamiento: lo privó de la facultad de control preventivo de los actos administrativos vinculados a la hacienda pública; es decir el que se hace antes de que sean puestos en ejecución.

De tal modo lo asimiló al modelo de la Auditoría General de la nación (AGN) introducido en la Constitución Nacional por el pacto de Olivos, que carece de esa potestad; pero al mismo tiempo y al menos en la ordenanza que lo regula, no reprodujo el modelo de la AGN que "lotea" los cargos en el órgano de control entre los diferentes partidos políticos, o para ser más precisos, el oficialismo y la principal oposición.

Sin embargo y en la práctica, desde que se modificaron sus funciones según lo señalado, el Tribunal de Cuentas municipal viene funcionando así: al vencerse el mandato de alguno de sus miembros (que permanecen en funciones hasta que son reemplazados) el intendente (Barletta en su momento, Corral después) rosquean con los "opositores racionales" (que en la ciudad son casi todos) para repartirse los cargos, y todos contentos.

De ese modo aterrizaron en el Tribunal vocales propuestos por el sector del PROnismo ligado a UPCN en su momento, o al "Cachi" Martínez y su "100 % Santafesino", por ejemplo. Pacto de gobernabilidad que le dicen.

De modo que la politización del Tribunal, y en consecuencia su esterilización como organismo de control no sorprende. Sin embargo, el caso de Veglia y sus aportes a la campaña de Cantard (el candidato del intendente a diputado nacional) cruza un límite, que es blanquear la filiación política de quien se supone debería ser independiente, porque tiene que controlar los actos del intendente y sus funcionarios.

Cuando estalló el escándalo de las cooperativas truchas a través de las cuáles Corral financia con dinero público la estructura de punteros barriales de la UCR en la ciudad, una de las defensas que el intendente ensayó fue que el Tribunal de Cuentas no había hecho ninguna objeción sobre el uso de los fondos, como si eso le diera un certificado de transparencia y honestidad. A la luz de la revelación de la investigación periodística, queda claro que el hombre hablaba sobre seguro: sabía perfectamente que desde allí nada tendría que temer.

Lo sorprendente es que ninguno de los concejales de la oposición (que a partir de la ruptura del FPCyS en la ciudad también incluye al socialismo) haya hecho el más mínimo intento tendiente a promover la destitución de Veglia, siendo una atribución del cuerpo. ¿Habrá puesto plata en más de una campaña?

CONTRA CRISTINA ESTABAN MEJOR

Hace mucho tiempo atrás, en noviembre del año pasado, con los resultados electorales de las legislativas 2017 a la vista todos (el oficialismo y buena parte de los opositores, muchos "analistas" gastaban a cuenta de la prolongada hegemonía del macrismo en el poder, y nadie se animaba a ponerle límites a su voluntad. En ese contexto, y tras haber negado otra vez (como en el balotaje del 2015) que lo fuera a hacer, el gobierno se preparó para descargar otro ajuste sobre la sociedad argentina: el propio Macri convocó desde el CCK al "reformismo permanente", y propuso a las provincias un pacto fiscal, que casi todas ellas (menos San Luis) terminaron firmando: ver acá sus cláusulas.  

Pero en la eternidad transcurrida desde entonces (ocho meses) y tal como dijo Macri, "pasaron cosas": la corrida cambiaria, el corte del chorro del financiamiento externo, las previsiones contenidas en el presupuesto 2018 que se fueron al carajo, y finalmente, el acuerdo con el FMI, que...oh sorpresa: deparará un nuevo ajuste; cuya magnitud el mejor equipo de los últimos 50 años calculó primero en 200.000 millones de pesos para el año que viene, para luego corregirlo a 300.000.

Un ajuste que, aunque Macri no consultó a los gobernadores de las provincias para ir al Fondo, las abarca y comprende, y la primera pretensión oficial era que ellas cargaran con el 50 % del muerto, ajustando gastos por un total de 150.000 millones de pesos. Luego y ante la previsible resistencia, "ofreció" que solo fueran 100.000 millones, corriendo el resto por cuenta de la nación. Y en eso están, negociando "la letra chica" de los tijeretazos, tal como da cuenta ésta nota de El Cronista del martes, a la que corresponde la imagen de apertura, que deja algunas perlas para el análisis, a saber:

* La nación les pide a las provincias que cedan el 5 % de la coparticipación que les corresponde para destinarlo a financiar a la ANSES, porque no le alcanzarán los recursos de ésta para pagarles los aumentos a los jubilados y pensionados de acuerdo con la nueva fórmula de ajuste aprobada el año pasado (que se aprobó porque "la ANSES no da para más"), y la "reparación histórica" aprobada en 2016.  

Para que se entienda: los cambios introducidos en el pacto fiscal de noviembre pasado al reparto de los impuestos coparticipables afectados en parte a financiar la seguridad social (eliminando el aporte de Ganancias, y coparticipando en un 100 % el impuesto al cheque) perjudicaron las arcas de ANSES por el lado de los recursos; y por el lado de los gastos éstas se ven complicadas por otras dos decisiones adoptadas por el gobierno de Macri, con el apoyo de la mayoría de los gobernadores: el cambio de la ley de movilidad y la "reparación".

* Como los aumentos del primer trimestre del año que viene a jubilados y pensionados se aplicarán tomando en cuenta en un 70 % los índices inflacionarios de este año (el otro 30 % es por RIPTE, o sea la evolución de los salarios), que el gobierno imaginó en el presupuesto que serían del 10 % para todo el 2018 y terminarán superando cómodamente el 30 %, más cerca del 35 %, el cambio agravará la situación financiera de la ANSES, sin mejorar la de los jubilados: el agregado de Pichetto en el paso de la reforma por el Senado tira los aumentos para abajo, porque la mayoría de las paritarias de los trabajadores formales terminarán perdiendo contra la inflación.

* La fórmula de movilidad aprobada en 2008 durante el gobierno de Cristina por la Ley 26.417 -que fue derogada en diciembre del año pasado para imponer los cambios que ahora el gobierno dice que no puede sostener- contemplaba la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad, y la de los recursos propios de la ANSES: contribuciones patronales, aportes personales y parte de la recaudación de impuestos coparticipables (IVA, Ganancias, cheque, especialmente) afectados específicamente. 

Sí: esos mismos impuestos que Macri está devolviendo a las provincias por el fallo de la Corte Suprema a favor de Santa Fe, Córdoba y San Luis, y que el kichnerismo mantenía afectados para que la seguridad social fuera sustentable financieramente, por eso los recursos de ANSES entraban de algún modo en la fórmula de ajuste.

* Que decir de la "reparación histórica", que solo beneficia a un número reducido de jubilados pero condiciona las finanzas del conjunto del sistema previsional, y le brinda al gobierno la excusa perfecta para comprometerse en el acuerdo con el FMI a liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. Sí, queda algo por decir: que en 2016 fue aprobada gracias al apoyo de la mayoría de los gobernadores, pese a que era obvio que eso iba a pasar, y a que además era el anzuelo para colar el blanqueo de capitales. 

* La nación le pediría a las provincias la eliminación del Fondo Federal Solidario (fondo soja), creado por Cristina en 2009 a través del Decreto 206, afectando el 30 % del producido de la recaudación de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados, fondo que ya en el presupuesto de éste año y de acuerdo a lo acordado en el pacto fiscal, no figuró y viene disminuyendo por el cronograma de rebaja de retenciones a la soja aprobado por Macri.

De desaparecer el FFS, el gobierno nacional (que no quiere suspender la rebaja de retenciones, ni siquiera a pedido del FMI o la UCR) se quedará con esos recursos que antes se destinaban a las provincias (no obstante no ser obligatoriamente coparticipables), con la finalidad exclusiva de destinarlos a la obra pública, aunque sus gobernadores (como los de Córdoba o Santa Fe) hubieran apoyado a las patronales del campo durante el conflicto por las retenciones móviles. 

Recordemos que ya la nación les advirtió a las provincias que no habrá fondos para obras sino que deberán encararlas bajo el sistema PPP (Participación Pública Privada), o con sus propios recursos; y que el mismo artículo dice que también les pedirá que se hagan cargo de los planes de vivienda, sin precisarse si les seguirán llegando los fondos del FONAVI de la Ley 24.464, o se los quedará la nación.

* Siempre según la nota, la nación les pediría a las provincias hacerse cargo del pago del Fondo de Incentivo Docente (FONID), lo cual merece un comentario: la mayoría de los gobernadores apoyaron que Macri borrara de un plumazo la paritaria nacional docente creada por el artículo 10 de la Ley 26.075 de financiamiento educativo aprobado durante el gobierno de Néstor Kirchner, de la mano del Programa de Compensación Salarial, por el cual la nación financiaba las mejoras salariales para los docentes pactadas en ese marco, que las provincias no pudieran financiar con sus propios recursos.

De prosperar el pedido, las provincias deberían pagar con sus recursos (que en el pacto fiscal se comprometieron a bajar, como el caso de Ingresos Brutos) la parte del salario docente que estaba integrada por el FONID, y lo que ya no vendrá por el programa de compensación porque se disolvió la paritaria nacional. 

* Finalmente el artículo nos cuenta que la nación insiste en que las provincias financien buena parte del ajuste, porque perderá recursos propios por un equivalente a un 1 % del PBI, a saber: incremento de las partidas del Fondo del Conurbano bonaerense (comprometida en el pacto fiscal), rebaja de impuestos (Bienes Personales y otros) y contribuciones patronales de la reforma tributaria (Bienes Personales y otros), rebaja de retenciones y desaparición de aportes extraordinarios del Banco Nación, como los 20.000 millones de pesos manoteados de su capital éste año, según también lo pactado en el consenso fiscal con las provincias, y volcado en un artículo de la ley de presupuesto, que votaron los legisladores que responden a los gobernadores.

Para que se entienda: para cumplir con la meta de déficit fiscal sobre el PBI pactada con el Fondo sin consultar a las provincias, el gobierno de Macri les exige participar del ajuste porque no quiere dar marcha atrás con las transferencias especiales a Vidal (aunque en la práctica no van a obras, sino a pagar la abultada deuda contraída por la PBA desde 2015), ni con la rebaja de las retenciones (aunque se lo pidan la UCR y el FMI, y quiera eliminar el fondo sojero), ni con la rebaja de los aportes patronales (aunque les está pidiendo recursos a las provincias para financiar la seguridad social), y porque ya no no puede echar mano a la caja del Banco Nación, porque corre peligro de vaciarlo, si además tenemos en cuenta la zona de riesgo en la que lo está colocando el Banco Central, con su toqueteo de los encajes.

* Finalmente dice el artículo que las provincias desconfían de las estimaciones macroeconómicas del gobierno para el presupuesto del año que viene (crecimiento del 2 % e inflación del 17 %), lo cual es lógico, considerando lo que pasó este año; cuando el presupuesto (aprobado gracias, otra vez, al apoyo de la mayoría de los gobernadores) estipulaba que la economía crecería un 3,5 % , y la inflación sería del 10 % para todo el año; meta modificada 12 (doce) horas después de la aprobación del presupuesto para llevarla al 15 %, y luego dejarla definitivamente de lado.

¿Será acaso que muchos jeños de la estrategia de la oposición, y magos de las finanzas del oficialismo, contra Cristina estaban mejor que a favor de Macri, o apoyándolo? 

PASARON COSAS

Lo único que falta ahora es que hagan lo que siempre pensaron, y nos terminen echando la culpa a nosotros, porque les dimos la idea, advirtiendo que lo iban a hacer.

¿Vos decís entonces que el gobierno que apoyaste, y que está poniendo en práctica tus ideas geniales de siempre es tan pero tan malo, que es pior que el más pior de todos para vos, que fue el de Cristina?

¿No será que tal vez, quizás, a lo mejor -habría que verlo, manejá la posibilidad, no la descartes de plano- el problema está en el modelo y en las ideas, y no en quien las aplica?

¿O ya estás preparando el terreno para decir otra vez que si algo falló es por culpa de los circunstanciales ejecutores?

Pero cómo, ¿no era que cada día íbamos a estar un poco mejor cada día, porque nos habían salvado de ser Venezuela?

Casi 32 meses después de haber evitado el colapso ¿nos vienen a decir que en el peor año del kirchnerismo, después del estallido de la crisis financiera internacional, estábamos mejor que ahora?

¿O sea que Nico y Toto, el que jugaba en la Champions League, no solo no lograron desarmar la bomba de las LEBAC's que armó Fede, sino que armaron otra peor?

Si entendimos bien, cambiaron deuda cuasi fiscal (del Banco Central) en pesos que emitimos acá y generaron para contener al dólar y la inflación, por deuda de corto plazo en dólares (que no emitimos), que vence antes de fin de año, agravando el ya complejo endeudamiento y deterioro del balance de pagos de la cuenta corriente?

¿Entonces quiere decir que fuimos a pedirle guita al FMI para seguir alimentando la fuga de capitales, y para generar nueva deuda en dólares -solo de acá a fin de año- por el equivalente a las dos terceras partes de los que ya nos prestaron y se fugó?

¿Será este el famoso "crecimiento invisible" del que habla nuestro presidente ojitos de cielo?

¿Estamos ante un caso de amor no correspondido, en perjuicio del buenazo de Urtubey?

¿Macri le dirá a Morales que las obras en Jujuy las haga la Tupac Amaru?

¿En qué habrá quedado el "Plan Belgrano"?

SANTA FE SE SUMA AL HUMO

En un par de oportunidades nos ocupamos acá de la "ley de extinción de dominio" que discute el Senado nacional (ya tiene aprobación de Diputados), con el presunto y loable propósito de "recuperar lo robado por la corrupción": acá y acá te contábamos por qué el proyecto es un absoluto mamarracho, que no pasa el más mínimo test de constitucionalidad.

Pero a la hora de vender humo, en Santa Fe, el socialismo no se queda atrás: leíamos el viernes pasado en el portal oficial del gobierno provincial: "Los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, y de Seguridad, Maximiliano Pullaro, inauguraron, este viernes en la localidad de Alvear, la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), un nuevo organismo que dispondrá de los objetos secuestrados por la justicia penal y gestionará que pasen a la esfera estatal vía subasta o reutilización. El objetivo de este cambio en el sistema –una iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos– es afectar el poder económico de las bandas delictivas y darle a los bienes adquiridos ilícitamente un destino público, es decir que servirán a los fines sociales en hospitales o escuelas, por ejemplo. 

“A nivel nacional se debate la extinción de dominio por parte de los bienes que provienen del delito, pero Santa Fe no espera esa norma y aprueba una ley por la cual, después de seis meses, los bienes se rematan para que la sociedad reciba lo producido. Es un sustituto eficiente -mientras aguardamos la ley nacional- y para todos los delitos, como parte de un proyecto político alternativo en el país”, concluyó el ministro. Por su parte, Pullaro calificó la inauguración de la agencia como “un paso importantísimo, uno de los más importantes que hemos dado como Estado provincial en la pelea contra el delito organizado”. El ministro explicó que “una política pública de seguridad tiene muchas aristas que debemos abordar” y en ese sentido resumió que “le sacamos la plata y los bienes a las organizaciones criminales para desarticularlas y para que les sean devueltos a la sociedad. Estamos cumpliendo con el objetivo de golpear al delito en todos sus niveles, sin privilegios”. 

A su turno, el secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, de quien depende el nuevo organismo, explicó que “la agencia, que ya está funcionando en la práctica, busca atacar al crimen donde más le duele, es decir, en lo económico. Todos los bienes utilizados o adquiridos producto de delitos provinciales serán decomisados por el Poder Judicial y se ponen a disposición de la provincia, en algunos casos los subastaremos y en otros los vamos a destinar a políticas sociales concretas o asignar a organizaciones sociales”. “El objetivo es devolverle lo recaudado a la sociedad porque en definitiva es a la sociedad a la que se le robó para poder adquirir estos elementos”, puntualizó el funcionario y destacó el trabajo coordinado con el Ministerio Público de la Acusación (MPA)." (las negritas son nuestras)

Aunque en la nota no hacen referencia explícita a ella, están hablando de la Ley 13.579 sancionada por la legislatura en el 2016, y reglamentada recién este año por Lifschitz mediante el Decreto 276; que creó la "Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad)", o en criollo: la nueva estructura burocrática (con repartija de chapas políticas incluida) que inventó el socialismo para descubrir que el agua moja: que los jueces pueden ordenar el secuestro cautelar de los bienes o efectos producto de un delito mientras se lo investiga; y su decomiso y eventual venta cuando media sentencia condenatoria firme contra sus autores, algo que está contemplado en el artículo 23 del Código Penal de la nación desde su sanción en 1921.

De acuerdo con la propia ley provincial y conforme lo dispone también la legislación comparada al respecto, los bienes secuestrados deben ser conservados en depósito y solo pueden ser vendidos cuando se trate de bienes pereceros, o su propietario haga abandono expreso de ellos, cuando los gastos de conservación sean mayores a su valor, cuando su conservación los deteriore en grado tal que haga imposible su uso, entre otras circunstancias vinculadas al bien, y no al presunto delito del cual provienen. Con un detalle: en esos casos no contempla ningún destino especial para el producido de la venta.

Además de precisar que es concretamente lo que hace la Agencia (ante la grandilocuencia de los dichos de los funcionarios), conviene recordar que tratándose de organismos provinciales, están totalmente fuera de su alcance y actividad los delitos federales; que suelen ser los que involucran en mayor medida la criminalidad compleja, como el narcotráfico, contrabando, trata de personas, lavado de dinero, fraudes bancarios o bursátiles; como el de Bolsafé Valores, por ejemplo.

Y en los casos de corrupción estatal, o más precisamente de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, no se trata tanto de que en Santa Fe no se registre (como dice el eslogan oficial) "ni un caso de corrupción", sino de que cuando los hay, los esconden bajo la alfombra; y a las pruebas nos remitimos: en los tribunales santafesinos y por la influencia del poder político sigue dormida la causa contra Vorobiof por los curros del puerto local, y al fiscal que investigaba a Corral por las cooperativas truchas con las que financia la estructura punteril de la UCR (y el tráfico de inlfuencias del ministro de Seguridad en los concursos policiales) lo desplazaron de su cargo, lo apartaron de la investigación y lo sometieron a un sumario.

NUESTROS LIBERALES, TAN DISTINTOS Y TAN IGUALES

"Esta revolución -nuestra Revolución Libertadora- ante la insólita situación de malversación de caudales públicos y violación de las normas de la moral, la ética y el derecho, por parte de numerosos funcionarios públicos del régimen depuesto, debió, como uno de sus primeros objetivos, crear un organismo de auténtico cuño revolucionario, a fin de determinar con la celeridad y la eficiencia que el momento imponía, los latrocinios e impudicias que el país sufriera durante la tiranía, fue así que nació como una verdadera necesidad pública, la Comisión Nacional de Investigaciones.

Se han objetado los fundamentos legales de la Comisión Nacional de Investigaciones, llegándose a comparar la misma con las comisiones especiales proscritas por el artículo 18 de la Constitución del 53 y a aducir que usurpaba las atribuciones de los jueces naturales anteriores al hecho del proceso; nada más erróneo que ello, ya que la función de nuestro organismo ha sido la de investigar los hechos e imputarlos, para luego remitir las actuaciones por él labradas a la justicia competente, a los fines de su ulterior juzgamiento." (Discurso del almirante Isaac Francisco Rojas, al recibir el informe final de la de la Comisión Nacional de Investigaciones creada por Decreto Ley 479/55 de la Revolución Libertadora, las negritas son nuestras)

"Se opuso también a nuestro desempeño una evidente falta de comprensión de lo que significa en la nuda verdad esta expresión: Revolución Libertadora. Apenas extinguido el rumor de los cañones, no faltaron quienes pretendían encuadrarnos de inmediato en las normas rígidas del derecho común, negándonos las potestades que el gobierno provisional expresamente nos confiriera. 

Olvidaron aquéllos que si bien es cierto que la revolución tuvo por miras reconquistar la libertad para volver a la Nación a la plenitud moral y jurídica, era inevitable el reconocimiento, durante un lapso prudencial, de una potestad imperativa discrecional al gobierno surgido del movimiento triunfante. No debemos ocultar la cruda realidad. 

En estas circunstancias de excepción, por sobre toda norma jurídica preexistente, impera la voluntad del gobierno provisional para el cumplimiento de su mandato. Va implícito, naturalmente, en ese mandato como preocupación principal del gobierno, el respeto de los derechos del hombre, de las garantías fundamentales del ciudadano, desconocidas por la dictadura. Pero todo ello está condicionado al cumplimiento de la misión reparadora."  (Discurso del contraalmirante Leonardo Mc Lean, presidente de la Comisión, al entregar el informe de la misma, las negritas son nuestras)

"Por Acta Institucional de 18 de junio de 1976, la Junta Militar asume "la facultad y responsabilidad de considerar la conducta de aquellas personas que hayan ocasionado perjuicios a los superiores intereses de la Nación", en virtud de causales tan genéricas como la "inobservancia de principios morales básicos en el ejercicio de funciones públicas, políticas, gremiales o actividades que comprometan el interés público". Con base en el Acta mencionada se han promulgado diferentes leyes especiales que por la discrecionalidad de los poderes que otorgan han dado lugar a la aplicación de medidas arbitrarias las que han causado intimidación e incertidumbre."

"La inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y para el desempeño de cargos honoríficos, la prohibición de ejercer la profesión para la que se está legalmente facultado, y la prohibición de administrar y disponer de bienes por actos entre vivos, así como la interdicción de los mismos o su confiscación transfiriéndolos al patrimonio del Estado, son, entre otras, catalogaciones que en la práctica pueden traducirse en serias violaciones de los derechos humanos, por cuanto en algunos casos, dan lugar a la creación y funcionamiento de organismos especiales no pre-existentes con facultades jurisdiccionales, a la aplicación de la ley con carácter retroactivo, y a una ostensible transgresión del derecho al debido proceso legal, invocándose, a tenor del Acta referida, "la responsabilidad de aquellos que por su acción u omisión han facilitado el incremento de la subversión disociadora"."

"Por Ley 21.670 de 19 de octubre de 1977 se reglamentan las Actas de 18 de junio de 1976 y de 3 de febrero de 1977 sobre prohibiciones e inhabilitaciones para administrar y disponer de bienes patrimoniales. Por Decreto N° 3245 de 21 de octubre de 1977 se creó la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial para aplicar la Ley 21.670. A partir del 18 de junio de 1976 se han dictado varias resoluciones que en lo correspondiente a bienes patrimoniales han afectado a una considerable cantidad de personas tanto naturales como jurídicas." (Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su visita al país en septiembre de 1979, las negritas son nuestras)

"La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el Artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie." (Constitución Nacional, artículo 17, las negritas son nuestras)

"Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice." (Constitución Nacional, artículo 18, las negritas son nuestras)

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