"¿Alguien pudo saber con meses de anticipación al informe final de la consultora interviniente, cuál era el lugar exacto que aconsejaría para trasladar el puerto? ¿Porqué, tiempo después, se registraron dos decenas de operaciones de compraventa de terrenos en esa zona? ¿Fue casualidad que uno de los adquirientes de terrenos era, a su vez, integrante del directorio de diario El Litoral? ¿No resultaba al menos curioso que uno de los responsables de la dirección de la empresa informativa vespertina fogoneara el traslado del puerto a través de continuos pronunciamientos desde su diario y las instituciones en las que participaba activamente -como la Bolsa de Comercio- mientras su socio directo, Nahuel Caputto compraba terrenos allí?".
Estas fueron las preguntas que deslizó el diario (opositor al gobierno nacional) UNO de Santa Fe tras conocerse el fallo.El expresidente de la Bolsa de Comercio, de ADEPA y socio de Clarín, fue un entusiasta impulsor del costoso cambio de lugar del puerto de Santa Fe, por donde pasan los multimillonarios agronegocios y dónde además se establecieron grandes centros comerciales. Claro que no decía que su propio socio Caputto, integrante del directorio de su diario, había adquirido los terrenos donde se iba a erigir esta obra. Obviamente, desde el diario El Litoral no hubo ninguna aclaración; sino que Víttori decidió recurrir a la Justicia y denunciar penalmente a quienes habían ventilado la información.
Sin privarse, desde su diario, de quejarse por la supuesta mordaza a la prensa que implica la ley de medios. Como presidente de ADEPA, Víttori pidió que “se desista de perseguir penalmente a periodistas y directivos de medios, en la genuina convicción de que con ello se contribuirá a afianzar la más irrestricta vigencia de la libertad de prensa, valor clave de toda sociedad moderna” mientras él denunciaba penalmente y económicamente a un periodista por revelar información sobre el negociado con el puerto de Santa Fe. Más aún, como presidente de ADEPA, mientras hacía ingresar a la entidad al monopolio Clarín, mostró grandes dosis de cinismo al asegurar que iba a pedir, antes de que Cristina Kirchner enviara el proyecto al Congreso, la derogación de los delitos de calumnias e injurias y que él personalmente iba a “redoblar sus esfuerzos ante el Congreso de la Nación a fin de explicar la conveniencia de su eliminación”.
La noticia por supuesto se publicó en el diario "Uno", pero no en "El Litoral": así funciona la libertad de prensa.
Pero lo interesante son los fundamentos de la resolución judicial, que textualmente dice: “evidentemente se ha ventilado un tema de interés público relacionado con un supuesto tráfico de influencias en la relocalización del referido puerto”.
Sumado a ello, las modificaciones que devinieron en el Código Penal para la protección del periodismo cuando éste avanza sobre temas de relevancia social derivadas del caso Kimel, terminó por delinear un pronunciamiento categórico: “Que la nueva ley 26.551 reformó el art. 110 del Código Penal disponiéndose que la acción resulta atípica cuando las expresiones vertidas refieran a asuntos de interés público (...) Por ello entonces, el hecho atribuido a Juan Raúl Monzón no encuadra en la figura penal del delito de injurias, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 356 inc. 1 ap. b) del C.P.P, corresponde disponer su sobreseimiento”.
Es decir que Monzón fue sobreseído porque la conducta que se le atribuía en la querella ya no constituye delito, y no lo es desde la sanción de la Ley 26.551 (2009) que modificó el artículo 110 del Código Penal, despenalizando las injurias cuando se trate de asuntos de interés público.
Aunque los hechos son del año 2007 (antes de la reforma), el juez aplicó el principio de la extractividad de la ley penal más beninga (artículo 2 del Código Penal) en beneficio del imputado.
La reforma del artículo 110 fue promovida por el gobierno de Cristina, en cumplimiento además de la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia en la causa "Kimmel".
Con lo cual queda claro que el kirchnerismo defiende la libertad de prensa atacada por ADEPA.
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