La lluvia que cayó en la ciudad entre el lunes a la noche y la madrugada del martes volvió a poner en el tapete la cuestión de la infraestructura con que cuenta la ciudad de Santa Fe para hacer frente a ese tipo de fenómenos, o crecidas de los ríos aledaños (en especial el Salado), sobre todo en materia de estaciones y equipos de bombeo y canales y conductos de desagüe y reservorios.
Esos aspectos fueron, además, objeto de una dura disputa política entre las anteriores y actuales autoridades tanto municipales como provinciales, llegando al extremo de promoverse una Comisión Investigadora de la gestión en la materia del ex Intendente Balbarrey, que concluyera pidiendo su destitución.
Es decir entonces que se trata de un tema de gran preocupación ciudadana (disminuida en los últimos tiempos porque no hubo crecidas o lluvias de gran magnitud hasta la última) y de altísmo voltaje político, sobre el cual es conveniente reseñar lo ocurrido a partir de la inundación de 2007 y hasta la fecha.
Con motivo de las grandes lluvias que se abatieron sobre buena parte del territorio provincial en marzo y abril del año 2007, el entonces gobernador Obeid dictó el Decreto 481, por el cual declaraba el estado de emergencia; medida que fuera a posteriori ratificada por la Legislatura mediante la Ley 12709 y extendida por 180 días que vencían alrededor de octubre del año 2007.
En esa misma norma se facultaba al Poder Ejecutivo a adoptar procedimientos de excepción para llevar adelante las contrataciones que demandase la situación de emergencia (para lo cual en realidad está facultado por las Leyes de Contabilidad y Obras Públicas), y se lo autorizaba a afectar fondos provenientes de diversas fuentes para los gastos que eso demandase.
Entre esos fondos estaban los provenientes del denominado Fondo Anticíclico creado por la Ley 12403, que en realidad ya autorizaba su uso a esos fines en su artículo 5º inciso c), y que adicionalmente creaba un Fondo para Obras de Emergencia Hídrica que podía destinarse también a los fines señalados al inicio (o sea estaciones y equipos de bombeo, obras de desagües, canales o reservorios).
En el caso de Santa Fe, el 6 de Julio de ese año 2007 se dictaron dos decretos, los números 1316 y 1317, por los cuales se le asignaron fondos a la Municipalidad con dos finalidades bien concretas: por el primero casi 8 millones de pesos para ejecutar las obras de readecuación de los reservorios de la zona oeste de la ciudad y el terraplenamiento con destino al traslado de viviendas ubicadas en zona inundable, y por el segundo una suma cercana a los 17 millones de pesos para la adquisición de equipos destinados a las estaciones de bombeo.
En ambos casos, el municipio suscribía con la provincia convenios por los que se obligaba a ejecutar los trabajos o adquirir los equipos por su cuenta con los fondos otorgados, y a rendir cuenta documentada de su uso, pudiendo la provincia fraccionar las entregas conforme se avanzara en las obras o en los procesos licitatorios de adquisición de equipos, y se presentasen las rendiciones respectivas.
El 21 de agosto del mismo año (2007) se dictó el Decreto 1819, por el cual se autorizaba al entonces Ministro de Asuntos Hídricos (Joaquín) a suscribir con la municipalidad de Santa Fe un convenio modificatorio del suscripto de acuerdo al Decreto 1317 (fondos para adquisición de equipos de bombeo), atendiendo al pedido formulado por las autoridades municipales para que se les otorgase hasta el 30 % de los fondos asignados (aproximadamente unos 5 millones de pesos) en concepto de anticipo financiero; con la supuesta intención de facilitar la compra del equipamiento entregando ese adelanto a los proveedores para que los empiecen a fabricar, o más bien a importar porque (se decía) en algunos casos no se fabricaban en el país, agregando además en el convenio equipamiento adicional a los equipos de bombeo propiamente dichos.
En este estado de cosas, se produce en diciembre de 2007 el cambio de autoridades municipales y provinciales, y en febrero de 2008 el gobernador Binner dicta el Decreto 492 disponiendo una serie de medidas vinculadas con la prevención de eventuales futuras inundaciones en el ámbito de la ciudad de Santa Fe.
Entre esas medidas, decide conformar una Comisión Técnica Operativa en la órbita del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente bajo la coordinación del Subsecretario de Coordinación y Planificación de la cartera, organismo que tendría a su cargo (entre otras funciones) coordinar con la Municipalidad de Santa Fe (que podía designar un representante) la ejecución de las acciones previstas en los decretos 1316 y 1317 (o sea las obras de los reservorios y la compra de equipamiento para las estaciones de bombeo), fiscalizar el cumplimiento de las mismas desde el punto de vista técnico (avance de las obras) como legal y contable (presentación de las rendiciones de cuentas), y asimismo tomar a su cargo las obras adicionales que resultaren necesarias para el logro de ambos objetivos (reservorios y estaciones de bombeo).
Por ese mismo decreto se dispuso la restitución al Fondo Anticíclico de fondos no invertidos al cierre del ejercicio 2007 por algo más de 19 millones de pesos provenientes de los decretos citados, y ampliar el presupuesto del Ministerio de Ciancio (con aportes del Tesoro Provincial) en otros algo más de 18 millones de pesos, 13 y algo destinados a la adquisición de maquinarias y equipos (presuntamente las electrobombas) y 5 millones a bienes de consumo y servicios varios sin discriminar.
En el mismo decreto 492, se le otorgaron amplias facultades a la Comisión para efectuar contrataciones (debiendo ser aprobadas por el gobernador cuando excediesen los 400.000 pesos), utilizando procedimientos de excepción (por ejemplo prescindiendo de la licitación pública), todo ello fundándose en lo crítico de la situación que (según dice el decreto) no admitía dilaciones (aunque ya la sequía empezaba a hacer sentir por entonces sus efectos y de llover ni hablar), dado que la situación de alta vulnerabilidad de la ciudad ante el riesgo hídrico continuaba.
En próximas entradas vamos a contar lo que pasó con la actuación de la Comisión, en lo que tiene que ver con la adquisición de equipos de bombeo y obras de desagües, y a lo mejor los datos ayudan a entender porque Santa Fe se sigue inundando cuando llueve.
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