Terminamos con esta entrada la serie de posteos que hemos dedicado a las contrataciones del gobierno provincial de Binner y el municipal de Barletta para afrontar la cuestión de los anegamientos por inundaciones y lluvias en la ciudad de Santa Fe.
Por el decreto 864 del 15 de mayo de 2009 se adjudica la licitación privada (en realidad una nueva contratación directa por razones de urgencia o emergencia imprevisible) convocada por la Comisión Técnica Operativa ¡el 16 de noviembre del año 2008! para contratar la ejecución de la obra “Readecuación de Reservorios, Canales de Amortiguación y Terraplenes en la Zona Noroeste de la ciudad de Santa Fe”, adjudicada a la firma Milicic S.A. en aproximadamente $ 3.115.000.
Por el Decreto 1243 del 29 dejunio del 2009 se aprueba una licitación privada (en realidad una nueva contratación directa por razones de urgencia o emergencia imprevisible) convocada por la Comisión Técnica Operativa ¡el 28 de noviembre del año anterior! (lo “urgente” se resuelve en siete meses, para ejecutar una obra que demanda tres, estamos fritos), por la cual se adjudica a la firma Constructora Beton S.R.L. la obra “Obras Civiles para Repotenciación de Estación de Bombeo Nº 2 – Alcantarilla de Cruce s/Av. Circunvalación Oeste y Nueva Subestación de Bombeo Nº 2 - 1º Etapa”, por un importe de aproximadamente $ 3.155.000.
Posteriormente por el Decreto 1646 del 7 de septiembre de 2009 se autorizó la ejecución de trabajos adicionales a los adjudicados por el Decreto 2221/08 a la empresa EMSADE S.A. por $ 362.419 para la obra de desobstrucción de desagües que, como se dijo en su momento, no involucraba a los barrios de la zona oeste de la ciudad, los más vulnerables a las inundaciones.
Pero lo peor estaba por venir: las actuaciones por las que la Municipalidad de Santa Fe buscaba sacarse de encimas las obras fundamentales, y transferirle la responsabilidad a la provincia, lo que culminaría con el dictado del Decreto 1635 del 3 de septiembre de 2009.
En su momento dijimos que a la Municipalidad de Santa Fe mediante decretos 1316, 1317 y 1819 (todos del 2007) le fueron otorgados fondos con carácter de subsidio para los fines indicados en cada caso y con obligación de rendir cuentas de su uso.
En las actuaciones que dieron origen al decreto 1635/09, no existieron elementos para suponer que el municipio (en la gestión de Barletta) haya cumplido con esa obligación; y tampoco se entiende porque las nuevas autoridades municipales hubieron de convocar a licitación con el objeto de contratar las obras y trabajos mencionados en esos decretos al darle el dinero a Santa Fe, lo que supone que no se hizo antes.
Incluso hay que ver que uno de los decretos citados (el 1819) contempla específicamente un anticipo financiero, lo que implica que debió convocarse a la licitación en el transcurso del 2007 (antes del cambio de gobierno), adjudicarse el contrato respectivo y pagarse a la empresa el anticipo si así hubiera estado previsto en el pliego, y en caso contrario devolver la plata a la provincia, o pedir autorización para reafectarla al ejercicio 2008 (esto ya por el nuevo gobierno municipal).
Es decir no está para nada claro en que se gastaron los 5 millones o más que no estaban disponibles como saldo no invertido al 31.12.07, pero parece claro que no en las finalidades para las que fueron otorgados en su momento.
En este estado de cosas, se dicta el Decreto 492/08 de Binner del cual hemos hablado, que al transferir los fondos a “Bienes de Uso” está presuponiendo que las obras las iba a encarar por sí la provincia (lo cual veremos más adelante no es posible), pero en ese decreto en ningún momento se dice que la Municipalidad de Santa Fe ya había convocado a licitaciones con el objeto de contratar ella (como comitente) esas obras y trabajos, con todas las consecuencias presupuestarias y legales derivadas de ello.
Ahora bien, el decreto tiene fecha 26 de febrero del año 2008, y los contratos firmados por la Municipalidad con las empresas son posteriores, a saber 26 de marzo, 17 de abril y 6 de mayo del mismo año respectivamente; y en ellos se menciona que serán atendidos con fondos provinciales, y que así se habría hecho constar en los pliegos respectivos.
Esto implica que, aunque no se precise en los antecedentes la fecha de la convocatoria a las licitaciones municipales o de su adjudicación por sendas resoluciones o decretos del D.E.M., al momento de la firma del contrato las autoridades municipales no podían desconocer que carecían de los fondos aportados por la provincia (los saldos no invertidos en 2007 transferidos al año siguiente) para su continuidad (en realidad ejecución total) porque precisamente el Decreto 492/08 los pasó de “Transferencias” a “Bienes de Uso”, para que las obras las hiciera el Estado provincial.
Es por eso que no se entienden las cláusulas insertas en todos los contratos por los que el municipio pretende eximirse de responsabilidad ante las empresas (lo que es inadmisible porque en definitivas es la comitente, con las responsabilidades legales resultantes de eso), ante la eventualidad que la provincia no le aporte más fondos, haciendo mención expresa al origen de los mismos en todos los casos (los decretos citados del año 2007).
En todo caso al ser notificada la Municipalidad del dictado del Decreto 492/08 (dado que integraba el órgano creado por el mismo) debió haber advertido a las autoridades del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente sobre la circunstancia de haber convocado a las licitaciones, eventualmente haberlas adjudicado y encontrarse en trámite de firma los contratos respectivos, para que se rectificase el decreto provincial en ese punto (la transferencia de partidas).
Esas cláusulas de exención de responsabilidad no tienen valor legal ante la Provincia y no le son oponibles, y mas allá de todo esto, la provincia no pudo constituirse en cesionaria de los contratos firmados por la Municipalidad de Santa Fe con las empresas y atender el pago de los certificados de obras que se fueran devengando, porque no se trataba de obras públicas provinciales en el sentido del artículo 5 de la Ley Nº 5.188 (o sea en inmuebles de propiedad de la provincia, o de los cuales se disponga de su uso por cualquier título jurídico); ni tampoco de la adquisición de elementos, máquinas o equipos (como los de bombeo) accesorios o complementarios de las obras en los términos del artículo 1 de la misma ley. Habría que incorporar además las obras al plan provincial en la materia, modificando el Presupuesto en ese sentido.
Convertirse en cesionaria de los contratos le importaría además a la Provincia asumir la condición de comitente a todos los efectos legales emergentes, como por ejemplo atender el pago de las erogaciones adicionales derivadas de eventuales redeterminaciones de los precios de los contratos en el marco de la Ley 12.046 y sus normas reglamentarias.
Pese a todos esos elementos, por el Decreto 1635/09 lo que pasó fue justamente eso: la provincia se convirtió en cesionaria de las obras adjudicadas por la Municipalidad, y por ende en la responsable legal y contractual de llevarlas adelante, concluirlas y pagarles a las empresas contratistas.
Con posterioridad, y a partir de otra crecida del Paraná que motivó la declaración de la emergencia hídrica y pluvial por el Decreto 2622/09, y la creación de otro Comité Interministerial por Decreto 33/10, se tramitó una nueva contratación directa por razones de urgencia y emergencia imprevisible (artículo 108 inciso a) de la Ley de Contabilidad), resuelta por el Decreto 752, dictado el 7 de mayo de 2010, es decir cuatro meses después de conformado el Comité.
Por este decreto se aprueba otra gestión directa por razones de urgencia para la adquisición de 8 motobombas por un importe total de $ 1.558.042, 6 de las cuales son provistas por la empresa Q.H. Ingeniería S.A. y las otras dos por la conocida Falmetal S.R.L.
Pero el desconcierto aumentaría cuando -en diciembre del año pasado- Binner dictara el Decreto 3012, por el que modificaba el anexo del Decreto 1317/07, por el que en su momento (más de tres años antes) Obeid le transfería fondos al municipio (a cargo de Balbarrey) en concepto de subsidio, para la compra de electrobombas sumergibles y moto bombas.
Y la modificación no era menor: de las 31 electrobombas sumergibles originariamente previstas, la compra pasaba a 24 (siete menos), y de las 20 moto bombas autopropulsadas, la compra disminuía drásticamente a 6, o sea menos de la tercera parte; pero sin disminuir el dinero transferido, lo que implica que cada uno de los equipos adquiridos por el Municipio se pagó bastante más caro de lo originariamente previsto.
Lo extraño del caso es que se modificó en diciembre del 2010 un decreto de agosto del 2007, para disminuir la cantidad de equipos de bombeo a comprar por la Municipalidad con la misma plata aportada por la provincia, pero el contrato de compra de esos equipos (originariamente licitado por la gestión municipal de Barletta) fue transferido de la Municipalidad a la provincia en septiembre del 2009 por el Decreto 1635 citado más arriba.
¿Cuál fue entonces el propósito del decreto dictado por Binner el 30 de diciembre del año pasado?
¿Encubrir tal vez que se compraron por la Municipalidad menos equipos de bombeo que los originariamente previstos, pero no devolvió el dinero sobrante, porque Barletta pagó más caros los que terminó comprando?
Y lo más importante, ¿podrán explicarles Binner y Barletta a los vecinos de los barrios que se inundan cuando llueve cuántos equipos de bombeo compraron e instalaron en definitiva, cuántos funcionan y si -por ejemplo- con las 7 electrobombas sumergibles y las 14 moto bombas autropopulsadas que se les "perdieron" entre el 2008 y el 2010 hubieran evitado los anegamientos del lunes y martes de esta semana?
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