Este planteo de Scioli para que su provincia participe del manejo de la futura YPF controlada por el Estado -remedando el que hiciera Bonfatti y analizáramos acá- admite más de una lectura.
La primera es política, y aporta otro elemento para entender lo acertado de la decisión de Cristina: los gobernadores de las provincias que no tienen petróleo (al igual que Macri, y el resto de la oposición política, según se analizó acá), han leído las encuestas y palpado el humor social sobre el caso YPF; que marca que la decisión cuenta con un amplísimo consenso en la gente, y no se quieren quedar afuera.
La segunda es jurídica, y fue analizada ante el planteo de Bonfatti: parece obvio puntualizarlo, pero las provincias petroleras participan de la dirección de una empresa petrolera porque tienen petróleo; y de acuerdo al artículo 124 de la Constitución reformada en el 94', aportan el recurso imprescindible para que YPF funcione, lo mismo sucede con el gas.
Esas provincias (que integran la OFEPHI) además tienen recursos concretos que aportar para suscribir e integrar las acciones que les corresponderán de YPF, por ejemplo capitalizando con ese destino las regalías que (justamente como dueñas del recurso) le corresponde percibir cuando se extrae petróleo (hoy día, el 12 % del valor del crudo en boca de pozo).
Si aumenta la producción, aumentan sus ingresos por regalías, que pueden aplicar a suscribir e integrar las acciones de la petrolera, para poder participar de sus negocios y utilidades.
Utilidades, dijimos, y ahí está el carozo del problema con el planteo de Scioli, Bonfatti y los demás gobernadores de las provincias que no integran la OFEPHI.
Supongamos que esas provincias tienen recursos propios que aportar para el financiamiento de YPF, la pregunta que hay que hacerse (en un marco de estrecheces fiscales que atraviesan varias, como Santa Fe y Buenos Aires), es por qué lo harían, y la respuesta es sencilla: para participar de la distribución de las utilidades que genere YPF, y obtener por ese lado un desahogo financiero.
Y allí está el problema: a la situación de deterioro de la produccción de petróleo en el país y el consecuente aumento exponencial de la necesidad de importar combustibles se llegó -como bien lo explicó Cristina al anunciar el envío de la expropiación al Congreso- por la política de distribución de dividendos seguida durante años por Repsol y sus socios en YPF (como el Grupo Eskenazi): un promedio superior al 90 % de las utilidades anuales de la empresa, durante varios años; lo que implicó disminuir drásticamente la inversión.
Por eso lo que YPF necesitará en lo inmediato son inversiones, y no nuevos socios (como podrían ser estas otras provincias que reclaman) preocupados por obtener rápidamente utilidades: Bonfatti por ejemplo, blanqueó de inmediato que ésa es su intención al reclamar participar de la empresa.
Es más: De Vido y Kicillof ya dijeron claramente (al asumir la intervención de YPF) que éste año la empresa no distribuirá utilidades y destinará toda la rentabilidad que obtenga, a incrementar la inversión.
Por esa razón el pedido de los demás gobernadores de participar de la empresa, sólo puede ser atendido en la medida en que acepten (como lo hicieron los de las provincias petroleras en su momento) alinearse con esa estrategia de la Casa Rosada, al menos hasta que el país alcance el autoabastecimiento, o por lo menos reduzca sustancialmente las importaciones de combustible.
Si así lo hicieran, y no porque jurídicamente les corresponda (el planteo de las retenciones a la soja y las refinerías ya fue tratado en la entrada anterior a la que remitimos, y es un disparate), sino porque políticamente convendría (ampliando el compromiso de la clase política con un objetivo estratégico nacional), podrían incorporarse estas otras provincias a YPF, pero por ejemplo avanzando -si fuera posible- sobre el 25,46 % del grupo Eskenazi, con lo que el control estatal sobre la sociedad llegaría al 76,48 % de su capital.
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