Por Raúl Degrossi
En el medio del debate en el Congreso por la expropiación de YPF se coló "el tema del federalismo, aunque en realidad ya desde el anuncio de Cristina del envío del proyecto, se venía planteando -por parte de las provincias no petroleras- el reclamo de participar en la conformación y (sobre todo) las ganancias de la futura YPF controlada por el Estado: Bonfatti y Siocli, a su turno, hicieron punta.
Tema complejo (el del federalismo) si los hay, suele dar espacio para el guitarreo; y este caso no fue la excepción: la comparación petróleo versus soja es -desde el punto de vista jurídico, conceptual y político- un disparate.
En un caso estamos hablando de un recurso natural en sentido estricto, del dominio originario de las provincias de acuerdo al artículo 124 de la Constitución (si la norma está bien o no es otro asunto: personalmente creo que debería corresponder al Estado nacional, pero siempre dentro de la originaria propiedad estatal), que constituye un insumo crítico para todo el desarrollo de un país, y que por eso tiene un altísimo valor estratégico.
En el otro, se trata de un cultivo desarrollado explosivamente en los últimos años a partir de un determinado modelo de agronegocios -con la incorporación del paquete tecnológico y la financiarización de la actividad, a partir de la especulación con el valor de los commodities- que ha encontrado un nicho de oportunidad en el mercado; y por el cual no se recuerda que se hayan librado guerras, a salvo claro la asonada agrogarca argentina del 2008, que además -según nos contaron- fue por la patria y la bandera.
Por tener el primero las provincias productoras perciben regalías y participan de la discusión sobre el futuro de YPF, mientras que por el segundo sólo a quien desconozca nociones elementales del derecho público, se le ocurriría reclamar regalías.
De hecho, la comparación entre ambos lleva implícita la noción de que el petróleo es también un commoditie: justo el razonamiento que presidió la depredación de YPF por el grupo Repsol.
No menos disparatado es, bajo el paraguas del federalismo, reclamar -como lo hicieron Scioli y Bonfatti- participar de las ganancias de YPF porque en determinada provincia existen refinerías importantes: no estaban en los cordones industriales del conurbano bonaerense o del sur santafesino porque allí exista petróleo, sino porque son los lugares en los que existía (al momento de instalarse, y aun hoy) la mayor infraestructura disponible para cualquier actividad industrial del país: vías férreas, caminos, electricidad, gas, puertos y cercanía a los mayores mercados consumidores de combustible.
Variables todas que nada tienen que ver con el petróleo, la política energética y el autoabastecimiento de combustible (el contexto en el que se discute la expropiación de YPF), y sí mucho con el modelo de desarrollo económico implantado en la Argentina después de 1853, y sobre el que se asentó a posteriori el proceso de crecimiento industrial por sustitución de importaciones; con los efectos del desequilibrio en el crecimiento regional del país que todos conocemos.
El planteo de los gobernadores de las provincias no petroleras también tiene una profunda falla conceptual desde lo político:el proyecto para retomar el control estatal sobre YPF fue precedido por una clara estrategia diseñada y ejecutada en conjunto entre el Estado nacional y las provincias productoras nucleadas en la OFEPHI, sobre la base de que éstas contribuyeran al logro del objetivo estratégico del autoabastecimiento, aceptando además otra forma de disputar la captación de la renta petrolera por los Estados.
Porque hay que recordar que hasta acá y en todo el período kirchnerista, las provincias petroleras fungieron de aliadas de Repsol y de las demás compañías petroleras que operan en el país, presionando al gobierno nacional para que eliminara las retenciones móviles a las exportaciones de crudo, o liberara por completo los precios del combustible en el mercado interno, en lugar de administrarlos.
No fue sino hasta que la caída vertical de la producción de petróleo afectó sus ingresos por regalías (mientras asfixiaba al fisco nacional con el peso de las importaciones de combustibles) que las provincias petroleras comprendieron que debían separar su línea de acción de la de las empresas, porque los intereses diferían.
Claro que eso implicó también que aceptaran que, al menos en lo inmediato, la nueva YPF bajo control estatal no distribuirá dividendos entre sus socios (entre los cuáles estarán esas provincias, con un 24,99 % del capital), porque es imperioso -al menos por un tiempo- destinar las utilidades que produzca, a financiar las inversiones que hacen falta para incrementar la producción y alcanzar el autoabastecimiento.
Exactamente lo contrario de lo que venían haciendo Repsol y el grupo Eskenazi, o de lo que ahora reclaman algunos de los gobernadores de las otras provincias; que quieren ingresar a la empresa (sin precisar que recursos aportarían para financiarla) al sólo efecto de hacerse con parte de sus utilidades, para solventar los agujeros fiscales que tienen: la lógica del reclamo de Bonfatti y Scioli entonces, va en sentido contrario a la dirección estratégica que la empresa debe tener, para el futuro del país.
Hablaba antes de soja, y en la discusión se coló el hecho de que las provincias que no son sojeras (entre ellas las petroleras) reciben parte de la renta que genera el poroto mágico; hecho exhibido como argumento para reclamar parte de los beneficios del petróleo, para aquéllas provincias que no lo tienen.
El argumento omite el hecho sustancial de que la distribución del 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja no es un hecho natural, sino la resultante de decisiones políticas del gobierno nacional: primero sostener el esquema de retenciones altas a las exportaciones de soja y sus derivados (no hace falta recordar que el intento de darles movilidad conforme a los precios internacionales paralizó al país por meses ante los piquetes de la Mesa de Enlace), pese a las presiones de las patronales del campo y de buena parte de la oposición; y segundo girar a las provincias (a través del DNU 206/09 de Cristina que creó el Fondo Federal Solidario) parte de un recurso (los derechos de exportación) que de acuerdo a la Constitución, le corresponde con exclusividad al Estado nacional.
Daría la impresión que, tras el reclamo de algunas provincias de la pampa húmeda de participar de los beneficios que genere YPF, hay en realidad un intento de disimular la escasa decisión de afectar otras rentas que tienen más a mano, como la agraria; algo que algunos gobernadores han empezado tibiamente a revertir con retoques por ejemplo del impuesto inmobiliario.
Tema complejo (el del federalismo) si los hay, suele dar espacio para el guitarreo; y este caso no fue la excepción: la comparación petróleo versus soja es -desde el punto de vista jurídico, conceptual y político- un disparate.
En un caso estamos hablando de un recurso natural en sentido estricto, del dominio originario de las provincias de acuerdo al artículo 124 de la Constitución (si la norma está bien o no es otro asunto: personalmente creo que debería corresponder al Estado nacional, pero siempre dentro de la originaria propiedad estatal), que constituye un insumo crítico para todo el desarrollo de un país, y que por eso tiene un altísimo valor estratégico.
En el otro, se trata de un cultivo desarrollado explosivamente en los últimos años a partir de un determinado modelo de agronegocios -con la incorporación del paquete tecnológico y la financiarización de la actividad, a partir de la especulación con el valor de los commodities- que ha encontrado un nicho de oportunidad en el mercado; y por el cual no se recuerda que se hayan librado guerras, a salvo claro la asonada agrogarca argentina del 2008, que además -según nos contaron- fue por la patria y la bandera.
Por tener el primero las provincias productoras perciben regalías y participan de la discusión sobre el futuro de YPF, mientras que por el segundo sólo a quien desconozca nociones elementales del derecho público, se le ocurriría reclamar regalías.
De hecho, la comparación entre ambos lleva implícita la noción de que el petróleo es también un commoditie: justo el razonamiento que presidió la depredación de YPF por el grupo Repsol.
No menos disparatado es, bajo el paraguas del federalismo, reclamar -como lo hicieron Scioli y Bonfatti- participar de las ganancias de YPF porque en determinada provincia existen refinerías importantes: no estaban en los cordones industriales del conurbano bonaerense o del sur santafesino porque allí exista petróleo, sino porque son los lugares en los que existía (al momento de instalarse, y aun hoy) la mayor infraestructura disponible para cualquier actividad industrial del país: vías férreas, caminos, electricidad, gas, puertos y cercanía a los mayores mercados consumidores de combustible.
Variables todas que nada tienen que ver con el petróleo, la política energética y el autoabastecimiento de combustible (el contexto en el que se discute la expropiación de YPF), y sí mucho con el modelo de desarrollo económico implantado en la Argentina después de 1853, y sobre el que se asentó a posteriori el proceso de crecimiento industrial por sustitución de importaciones; con los efectos del desequilibrio en el crecimiento regional del país que todos conocemos.
El planteo de los gobernadores de las provincias no petroleras también tiene una profunda falla conceptual desde lo político:el proyecto para retomar el control estatal sobre YPF fue precedido por una clara estrategia diseñada y ejecutada en conjunto entre el Estado nacional y las provincias productoras nucleadas en la OFEPHI, sobre la base de que éstas contribuyeran al logro del objetivo estratégico del autoabastecimiento, aceptando además otra forma de disputar la captación de la renta petrolera por los Estados.
Porque hay que recordar que hasta acá y en todo el período kirchnerista, las provincias petroleras fungieron de aliadas de Repsol y de las demás compañías petroleras que operan en el país, presionando al gobierno nacional para que eliminara las retenciones móviles a las exportaciones de crudo, o liberara por completo los precios del combustible en el mercado interno, en lugar de administrarlos.
No fue sino hasta que la caída vertical de la producción de petróleo afectó sus ingresos por regalías (mientras asfixiaba al fisco nacional con el peso de las importaciones de combustibles) que las provincias petroleras comprendieron que debían separar su línea de acción de la de las empresas, porque los intereses diferían.
Claro que eso implicó también que aceptaran que, al menos en lo inmediato, la nueva YPF bajo control estatal no distribuirá dividendos entre sus socios (entre los cuáles estarán esas provincias, con un 24,99 % del capital), porque es imperioso -al menos por un tiempo- destinar las utilidades que produzca, a financiar las inversiones que hacen falta para incrementar la producción y alcanzar el autoabastecimiento.
Exactamente lo contrario de lo que venían haciendo Repsol y el grupo Eskenazi, o de lo que ahora reclaman algunos de los gobernadores de las otras provincias; que quieren ingresar a la empresa (sin precisar que recursos aportarían para financiarla) al sólo efecto de hacerse con parte de sus utilidades, para solventar los agujeros fiscales que tienen: la lógica del reclamo de Bonfatti y Scioli entonces, va en sentido contrario a la dirección estratégica que la empresa debe tener, para el futuro del país.
Hablaba antes de soja, y en la discusión se coló el hecho de que las provincias que no son sojeras (entre ellas las petroleras) reciben parte de la renta que genera el poroto mágico; hecho exhibido como argumento para reclamar parte de los beneficios del petróleo, para aquéllas provincias que no lo tienen.
El argumento omite el hecho sustancial de que la distribución del 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja no es un hecho natural, sino la resultante de decisiones políticas del gobierno nacional: primero sostener el esquema de retenciones altas a las exportaciones de soja y sus derivados (no hace falta recordar que el intento de darles movilidad conforme a los precios internacionales paralizó al país por meses ante los piquetes de la Mesa de Enlace), pese a las presiones de las patronales del campo y de buena parte de la oposición; y segundo girar a las provincias (a través del DNU 206/09 de Cristina que creó el Fondo Federal Solidario) parte de un recurso (los derechos de exportación) que de acuerdo a la Constitución, le corresponde con exclusividad al Estado nacional.
Pero además la redistribución geográfica de parte de la renta sojera en forma directa y automática (a través del FFS) en base a los criterios de la Ley 23.548 de coparticipación, termina favoreciendo comparativamente a las provincias chicas y menos desarrolladas en términos relativos. ¿No es ése uno de los objetivos del federalismo, aunque en el camino ligue de rebote algo hasta la ciudad de Buenos Aires?
De allí que el modo de entender como funciona el mecanismo de apropiación estatal de la renta sojera que exponen -por ejemplo- los dichos de Bonfatti, demuestra un alineamiento conceptual con el discurso de la Mesa de Enlace durante el conflicto del 2008 ("los productores ponen tanto, y a sus provincias no vuelve nada" decía entonces "Minga" De Angeli); más que un planteo de federalismo real.
Del mismo modo, la fortísima inversión del Estado nacional en infraestructura pública desde el 2003 (escuelas, caminos, obras de energía, viviendas) y a la que el Fondo Federal Solidario contribuye (son recursos transferidos a las provincias con el objeto de que los destinen a obras públicas), ha hecho un mayor aporte concreto al federalismo que muchos discursos.
Ni que decir lo que también ha contribuido a esos fines el enorme gasto del Estado nacional para incrementar el piso de protección social (AUH, inclusión previsional, movilidad jubilatoria, asignación a embarazadas, la ley de financiamiento educativo y la paritaria nacional docente) uniforme en todo el país; con lo que comparativamente tiene más incidencia en las provincias pobres, y opera como un mayor igualador de derechos aun que el propio mercado laboral formal -ni hablar el informal-; donde las asimetrías salariales regionales suelen ser muy pronunciadas.De allí que el modo de entender como funciona el mecanismo de apropiación estatal de la renta sojera que exponen -por ejemplo- los dichos de Bonfatti, demuestra un alineamiento conceptual con el discurso de la Mesa de Enlace durante el conflicto del 2008 ("los productores ponen tanto, y a sus provincias no vuelve nada" decía entonces "Minga" De Angeli); más que un planteo de federalismo real.
Del mismo modo, la fortísima inversión del Estado nacional en infraestructura pública desde el 2003 (escuelas, caminos, obras de energía, viviendas) y a la que el Fondo Federal Solidario contribuye (son recursos transferidos a las provincias con el objeto de que los destinen a obras públicas), ha hecho un mayor aporte concreto al federalismo que muchos discursos.
Daría la impresión que, tras el reclamo de algunas provincias de la pampa húmeda de participar de los beneficios que genere YPF, hay en realidad un intento de disimular la escasa decisión de afectar otras rentas que tienen más a mano, como la agraria; algo que algunos gobernadores han empezado tibiamente a revertir con retoques por ejemplo del impuesto inmobiliario.
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