EL PROCURADOR PONCIO PILATOS

Sobre el acuerdo con los fondos buitres que se apresta a discutir la Cámara de Diputados, leemos en LaNación: “El Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, dictaminó que la opinión del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, en el sentido de que los bonistas que entraron al canje tiene pocas chaces de éxito si demandan a la Argentina, corre por cuenta de ese bufete, que es el que tiene la representación exterior ante los tribunales norteamericanos.

En un escrito de cuatro páginas que le entregó a Prat-Gay el viernes, Balbín, uno de los juristas más reconocidos en derecho administrativo, no respalda los argumentos de aquel estudio jurídico, aunque tampoco los rechaza. Dice Balbín que él, como jefe de los abogados del Estado, no tiene competencia para pronunciarse sobre los argumentos de aquel estudio jurídico, porque el decreto 749/2002 que firmó Duhalde le otorgó a esa firma la representación de la Argentina ante los tribunales extranjeros y que aquellos letrados no forman parte de los abogados del Estado que él dirige ni responden a su mandato. Ningún abogado, ni siquiera los de la Procuración del Tesoro, se animan a afirma que los bonistas del canje no vayan a iniciar nuevos juicios. La posibilidad está latente.” (las negritas son nuestras)

Según el artículo de la Ley 12.954 la Procuración del Tesoro de la Nación asume “la defensa ante los tribunales, del Poder Ejecutivo y de todos los organismos que integran la administración.”, y lo ratifica el artículo 5º inciso a) cuando dice que le corresponde al Cuerpo de Abogados del Estado (que preside el Procurador) “Representar al Estado y a sus reparticiones ante las autoridades judiciales, tanto si aquél litiga como actor o si lo hace como demandado...”.

Por esa razón el Decreto 749/02 (que menciona Balbín en su nota a Prat Gay) dictado por Duhalde a propósito del litigio que el país enfrentaba en los EEUU por las demandas de los fondos buitres dice en su artículo 1º “Autorízase al PROCURADOR DEL TESORO DE LA NACION a asumir la representación y defensa de los intereses del ESTADO NACIONAL en el caso "Allan Applestein TTEE FBO D.C.A. Grantor Trust v. The Republic of Argentina and The Province of Buenos Aires" en trámite ante el Tribunal de distrito sur de NUEVA YORK de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.”; y para que no quedaran dudas, su artículo 2º dispuso que “Autorízase al PROCURADOR DEL TESORO DE LA NACION para que la representación y defensa aludidas en el artículo 1° del presente Decreto, se hagan extensivas a cualquier cuestión incidental o causas judiciales conexas, directa o indirectamente relacionadas con los autos precitados y con aquellas causas similares que se inicien contra el ESTADO NACIONAL.”. (Las negritas son siempre nuestras)

El artículo 3º del mismo decreto autorizó la contratación del estudio Cleary, Gottlieb, Street & Hamilton para ejercer el patrocinio; pero queda claro que conforme al mismo decreto invocado por el Procurador Balbín y la ley del Cuerpo de Abogados, la responsabilidad primaria es suya.

Ahora el gobierno de Macri agregó al patrocinio al estudio Crawat, Swaine & Moore, los otros abogados yanquis que representan al país en los EEUU, y de los que leemos en La Nación:“Los nuevos abogados del Gobierno afirmaron que legalmente es posible realizar diferentes ofertas de pago a los acreedores en default. En un memo, los integrantes del estudio Cravath, Swaine & Moore indicaron que "la República tiene permitido celebrar diferentes acuerdos con diferentes bonistas", sin violar las leyes de los EE.UU., por las que se rigen los contratos de los bonos emitidos por la Argentina.

"En virtud de la ley de Estados Unidos, las partes de una demanda son libres de encontrar una solución sobre términos negociados", expresaron por escrito los abogados Daniel Slifkin, Michael Paskin y Damaris Hernández. "No existen restricciones que limiten la capacidad de una parte de negociar con uno o más adversarios, de realizar diferentes ofertas a partes diferentes o a retirar ofertas no aceptadas", indicaron. En particular, los abogados afirmaron que la cláusula pari passu "no le prohíbe a la República celebrar acuerdos con partes diferentes sobre términos diferentes", ya que "aborda el tema de la posición y el pago de los bonos, no la resolución de demandas litigadas y sentencias".

"Los acuerdos alcanzados con las partes demandantes de estos casos no contemplan que la República realice pagos sobre sus bonos; más bien, contemplan que la República realizará un pago de resolución a cambio de que las partes demandantes renuncien a todas las demandas que puedan tener en virtud de sus bonos", detallaron.

"Las medidas cautelares no se aplican a los pagos de la resolución... Los pagos contemplados por la propuesta pública y por los acuerdos preliminares alcanzados hasta el momento no son pagos de los montos adeudados en virtud de los términos de los bonos del canje", sino compromisos asumidos "para resolver las demandas o para comprometer las sentencias que mantienen las partes demandantes". Además, "las medidas cautelares sólo se aplican a pagos a los tenedores de bonos del canje" y los acuerdos con los demandantes "no se ven afectados" por estas restricciones legales, concluyeron. ” (otra vez las negritas son nuestras)

Los términos de la respuesta -a la que el Procurador simplemente se remite, sin dar opinión propia- dejan en claro los riesgos que está asumiendo el Congreso al derogar la ley cerrojo y la de pago soberano, pasándose además a nado (como decíamos acá) la Ley 27.207 que incorporó al ordenamiento jurídico argentino con carácter de orden público los principios de reestructuración de deudas soberanas aprobados por la ONU.

Porque el problema con las eventuales demandas de bonistas que ingresaron a los canjes o con otros fondos buitres no es con las leyes de EEUU sino con las argentinas; y por esa razón justamente el gobierno de Macri impulsa su derogación. Del mismo modo que el fin del pedido del levantamiento del “stay” dispuesto por Griesa no es para viabilizar los pagos a los fondos buitres que acordaron con el gobierno, sino para destrabar los pagos retenidos injustamente por el juez a los bonistas que ingresaron a los canjes, que están en el BONY.

Si bien es opinable que la cláusula “pari passu” -como sostienen los nuevos abogados yanquis contratados por el gobierno de Macri- no le impedía al gobierno argentino alcanzar acuerdos con algunos de sus acreedores sobre bases diferentes a las del resto, lo cierto es que las cláusulas RUFO puestas en todos los prospectos de emisión de deuda que instrumentaron los canjes en el 2005 y 2010 lo obligaban a trasladar esas mejores ofertas, al conjunto de los acreedores. Algo que quienes de algún modo representan al país ante eventuales litigios futuros deberían saber, más allá del vencimiento de las RUFO en diciembre del 2014.

Y el hecho de que la Corte de Apelaciones de distrito haya debido tratar un reclamo de los fondos buitres (incluyendo a NML y Aurelius) de Paul Singer contra la decisión de Griesa de levantar el “stay” (cautelar que bloqueó los pagos a los bonistas de los canjes) deja claro que -en efecto y aquí sí aciertan los abogados contratados por el gobierno de Macri- el gobierno argentino no les exigió taxativamente desistir o renunciar de y a toda acción judicial presente o futura derivada del caso, como condición sine qua non para efectivizar los acuerdos y pagarles lo pactado.

Para peor, leemosen Ambito Financiero: “La Argentina le pidió ayer formalmente a la Cámara de Apelaciones de Nueva York que emita su fallo sobre las facultades reales de Thomas Griesa para imponer un "stay" a favor del país durante la primera semana de abril. Con la firma de Michael Paskin, el abogado del estudio Cravath, Swaine & Moore (CS&M) que representa en esta etapa a la Argentina, el país pidió que no más allá de esa semana (en lo posible el mismo 4 de abril), la segunda instancia judicial ya haya escuchado a todas las partes y emita un fallo definitivo. Luego, si éste es positivo al poder del juez de aplicar el beneficio para la Argentina, el Gobierno ordenará el pago del dinero correspondiente a los fondos buitre y holdouts. Si es negativo, la decisión de Mauricio Macri será la de no pagar y dar por caída la oferta que el secretario de Finanzas Luis Caputo llevó hasta Nueva York la primera semana de febrero.

Ayer hubo una catarata de presentaciones ante la Cámara de Apelaciones de parte de los acreedores para anotarse en el listado que los jueces de segunda instancia confeccionarán, en el caso que dictaminen que Griesa no tiene razón. Los primeros en decir ayer presentes con sus escritos fueron NML de Paul Singer y NM de Kenneth Dart, curiosamente de los primeros que cobrarían si se concretara el acuerdo con la Argentina, llevándose no menos de 6.000 millones de dólares entre ambos y obteniendo una ganancia de más del 1.000% si antes de la deadline del 14 de abril logran acreditar los pagos que girará el país. ” (otra vez las negritas son nuestras)

¿Se entiende?: Macri extorsiona al Congreso argentino para que apruebe el acuerdo, pero no tiene la certeza de que la contraparte (Paul Singer y los demás fondos buitres, hayan o no arreglado) lo cumplan porque siguen apelando para bloquear los pagos a los bonistas reestructurados.

Entre el monumental lavado de manos de Balbín (al mejor estilo de otro procurador, Poncio Pilatos) y la desaprensión con la que analizan el tema los abogados yanquis, queda claro que el Congreso argentino está a punto de discutir una ley trascendental para el futuro del país en las peores condiciones posibles: avalando un acuerdo ruinoso para el interés nacional, sin los menores resguardos jurídicos que den certeza y tranquilidad sobre nuevos y más costosos litigios; y sin que nadie quiera poner el gancho haciéndose cargo del mamarracho.