QUIEREN QUE EL CHANCHO CHIFLE, PERO NO HAY CASO

Dijimos varias veces acá que el compromiso del gobierno de Macri para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia fue el argumento que encontró el socialismo para apoyar el blanqueo de capitales; al que ahora piensa adherir, cosa que nunca hizo en los dos que se aprobaron durante el kirchnerismo.

También decíamos acá hace poco más de un mes que el cumplimiento del compromiso era difícil, porque la exigencia es que se "armonicen" los sistemas previsionales, y el decreto que reglamentó esa parte de la ley del blanqueo establecía una serie de requisitos difíciles de cumplir para Santa Fe, sin modificar su legislación sobre jubilaciones. Recomendamos la lectura del post anterior, en el que se explican las exigencias, punto por punto.

Al respecto, leemos en El Cronista: “La ANSeS tiene en marcha las auditorías sobre 13 sistemas previsionales provinciales, tal como lo previó la reglamentación de la ley de reparación histórica, para evaluar cinco temas a armonizar: la edad jubilatoria, las alícuotas de aportes y contribuciones patronales, la cantidad de años de servicio, la determinación del haber inicial y la movilidad jubilatoria. Por cada uno de esos componentes, el organismo resta 20% del déficit a financiar. En función del déficit estimado de 2015, se proyecta la transferencia de este año. ” (las negritas son nuestras)

Aunque la nota omite otras precisiones que sí están en el decreto reglamentario de la ley, en dos de los aspectos que menciona (determinación del haber inicial y movilidad posterior) hay nítidas diferencias entre la nación y la provincia.

Respecto al haber base, en Santa Fe es del 72 % del sueldo percibido por el agente en actividad, con 30 años de servicios con aportes reconocidos, y desde allí se puede incrementar a razón de un 2 % por cada año más de servicios alcanzado el mínimo, hasta llegar al famoso 82 % móvil; que rige solo para los que acrediten por lo menos 35 años de servicios, y sujeto al régimen de movilidad que se describe luego.

En la nación, el haber base se determina multiplicando por el coeficiente 1,5 cada año trabajado por el agente hasta un máximo de 35, con lo cual el haber base inicial es en el mejor de los casos el 52,5 % del sueldo en actividad. En ambos casos (nación y provincia) se toma el promedio de los últimos 120 sueldos percibidos en actividad.

Y luego viene el régimen de movilidad: en la nación rige la Ley 26.417 aprobada en el 2008 durante el gobierno de Cristina; con dos aumentos semestrales en base a una fórmula que -para explicarla sencillamente- toma en cuenta en un 50 % el promedio de los aumentos percibidos por los trabajadores en actividad formalizados (registrados en la seguridad social), y en el otro 50 % los recursos de la ANSES (tanto los aportes patronales y contribuciones personales de los trabajadores, como la parte de la recaudación impositiva afectada a la seguridad social), dividido por el número de los beneficiarios.

En Santa Fe los haberes de los jubilados y pensionados se ajustan a los 30 días de aprobada una política salarial para los activos, por coeficientes sectoriales (para cada grupo o sector de empleados públicos) que determina el Gobernador.

Por eso desde el gobierno de Lifschitz (que lanzó el globo de ensayo de una reforma del régimen provincial antes de asumir, como veíamos acá) se está convocando a los gremios estatales y algunos privados cuyos afiliados se jubilan por la Caja provincial (como el SADOP) para "explicarles" las condiciones puestas por la nación para financiar el 100 % del déficit.

Parece cada vez más difícil que el chancho chifle, al menos sin que se queje.