LA FRASE

"NO NOS LLAMAMOS UN CARGO, DE HECHO PEDIMOS CUATRO O CINCO COMO PARA EMPEZAR A HABLAR." (HUMBERTO TUMINI)

viernes, 23 de septiembre de 2016

SI BEBE, NO CONDUZCA OPERATIVOS DE SEGURIDAD


Pato Bullrich denuncia que desde los barcos que andan por el río (bueno sería que anduvieran por el aire) se arroja la droga hacia las costas. Hasta donde se sabe, la Prefectura depende de ella, así que algo podría hacer al respecto; o en todo así como en su momento aprobó por decreto la “ley de derribo”, podría hacer lo mismo sancionando una “ley de hundimiento”

Ayer firmó convenios con 30 puertos privados de la provincia para poder controlarlos y destacó su colaboración, omitiendo que están obligados a hacerlo, de acuerdo con la Ley 24.093 (artículos 19 y 21); cuya reglamentación aprobada por Decreto 763/93 dice que “Se considerarán faltas graves y darán lugar a la sanción de suspensión, las siguientes:...No facilitar a las autoridades policiales y de control las instalaciones necesarias, según las normas que se dicten al respecto.”. O sea que si no colaboran, pueden ser suspendidos y dejarían de funcionar, con o sin convenio.

Desde el socialismo vienen pidiendo que se controlen mejor los puertos, mientras los que dependen de la provincia no dejan de tener problemas: el de Rosario fue intervenido tres veces y quebró la concesionaria (acusada en España por narcotráfico), y el de Santa Fe padeció los estragos de Vorobiof, y estuvieron a punto de adjudicárselo a una UTE de 3 empresas; dos de las cuáles tenían acusaciones por narcotráfico, en uno de los casos por contrabandos de drogas hechos desde puertos que operaba en Paraguay.

Además la provincia tiene en Villa Constitución una de las cinco zonas francas del país, cuya concesión adjudicó Binner en 2011 a un consorcio que integran (entre otros) el hijo de Vorobiof. 

Patricia Bullrich prometió también la creación de 6 nuevos juzgados federales en la provincia, cuando es la ministra de Seguridad y no de Justicia, y la creación de nuevos juzgados exige una ley del Congreso.

En la misma semana (ésta) mientras se traspasaban a la Gendarmería más de 300 causas por narcotráfico que venía investigando la policía provincial, de acuerdo con el convenio que firmó Lifschitz con Bullrich, en la Legislatura se presentaban dos proyectos para desfederalizar las causas por “narcomenudeo”, y que pasen a la jurisdicción de la justicia y la policía provinciales.

Ayer en la misma sesión del Senado aprobaron la ley de decomiso de bienes narcos, por un lado, y la adhesión al blanqueo por el otro, blanqueo en el que la UIF (responsable de controlar el lavado de dinero) viene aconsejando a los bancos que hagan la vista gorda, y no reporten operaciones sospechosas, para que no fracase.

Eso sin mencionar que el narcotráfico es un delito federal y por ende nunca la provincia podría decomisar bienes de los narcos, y que el decomiso de los bienes y efectos del delito está contemplado en el artículo 23 del Código Penal, desde 1921.

Introducen cambios en el Código Procesal de la provincia (un vez más y van como mil, sólo desde el 2014 en que entró en vigencia) que ya fueron ensayados mil veces, y que el propio impulsor (el senador Enrico de la UCR) reconoció en el debate en el recinto que serán fuente de nulidades de las causas judiciales y declaraciones de inconstitucionalidad (como las leyes Blümberg), haciendo caer las causas; mientras promueven un jury para destituir al Defensor General Ganón que presentó un informe denunciando las torturas a detenidos de la policía provincial, a lo largo y a lo ancho del territorio santafesino.

Si la reforma sirve para algo, será para llenar las comisarías (porque las cárceles no dan abasto) de detenidos por portación de cara, que obligarán a dejar más agentes policiales cuidándolos, en lugar de estar en la calle garantizando la seguridad.

Mientras seguimos sin saber cuantos gendarmes vendrán a Santa Fe, en el presupuesto 2017 que Macri envió al Congreso el Estado nacional piensa gastar en seguridad en Córdoba (que no tiene puertos, ni tampoco limita con otros países, como para justificar grandes presencias de Gendarmería o Prefectura) más del doble que en Santa Fe: $ $ 3.167.465.473 contra $ 1.532.342.035. O vienen 10 gendarmes, o los gastos de la venida los terminamos pagando nosotros.

En síntesis, mucho humo, reuniones, “comandos estratégicos”, conferencias de prensa con botellitas de agua y nada concreto ; salvo que esta misma semana y mientras sanateaban de lo lindo, aprovecharon par hacer una gestión directa (es decir soslayar la licitación pública correspondiente invocando la “emergencia en seguridad” para comprar 240 camionetas para la policía, a $ 108.960.000 ($ 454.000 cada una):



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