Más de una vez hemos señalado acá como el gobierno provincial se comprometía en contratos en dólares con proveedores y contratistas, generando así la posibilidad de que se le encarecieran los precios que debe pagar, por el riesgo cambiario; un factor que no maneja ni depende de sus decisiones.
Y los dos decretos que ilustran el post (ambos del mismo día, el 3 de mayo pasado) nos dan la razón: en ambos se está modificando el presupuesto aprobado por la Legislatura para incrementar las partidas del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, para poder afrontar los mayores costos de contratos dolarizados, como consecuencia de la devaluación.
El primero es el caso de la empresa BGH, contratada en el 2015 por más de 38 millones de dólares para "la compra, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de un "sistema integrado de comunicaciones de misión crítica con tecnología digital troncalizada".". Más información al respecto, acá.
El segundo, que ven abajo, es de la más conocida empresa NEC Argentina S.A., la filial de la empresa japonesa del mismo nombre, que desde 2013 viene siendo la única oferente y proveedora de las cámaras de seguridad y vigilancia que se instalan en la vía pública en distintas localidades de la provincia, así como de su mantenimiento, moniterio y actualización (más información, acá):
Sumando ambos contratos, la decisión de los gobiernos socialistas (los contratos originales vienen del mandato de Bonfatti) de dolarizar estos contratos le costó al Estado provincial más de 171 millones de pesos adicionales.
Claro que, como siempre decimos, al modificar el presupuesto para reforzar algunas partidas hay que podar otras, y aquí viene el dato de color: los decretos fueron dictados menos de una semana antes que el 9 de mayo, el día en el que Lifschitz anunció (de palabra, porque aun no hay decreto firmado al respecto) que suspendía la consulta popular por la reforma constitucional que había convocado por decreto a fines del año pasado.
Pues bien, el 3 de mayo (o sea, cuando aun pensaba convocar a una consulta popular que implicaba mayores gastos electorales no previstos), el gobernador por medio de estos dos decretos podó partidas del Tribunal Electoral por 25 millones de pesos, destinadas a los comicios generales del 16 de junio próximo. O sea que estas dos empresas se pueden contar -sin dudas- entre las ganadoras de la elección, antes de abrir las urnas, como Stolbizer.
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