Conforme la crisis se agrava y los
indicadores económicos y sociales son cada día más espantosos, muchos se
preguntan en que anda el gobierno, como ocupan el tiempo el presidente y sus
funcionarios, y si están tratando de hacer algo para revertir la situación.
Otros tenemos en claro que nada, y casi tenemos la certeza de que aunque
quisieran, nada podrían hacer. el tránsito de Macri de acá al final de su
mandato será una larga agonía para todos, sin esperanza de mejoría alguna.
En el caso del
presidente y de su entorno más cercano (el jefe de gabinete, más que nada)
parece bastante claro que todos sus esfuerzos están puestos exclusivamente en
la elección, y en como conseguir el improbable logro de revertir la paliza de
las PASO: no hay una sola medida tomada o anunciada que ni apunte en esa
dirección; como se pudo comprobar penosamente con el derrumbe en las obras del
aeropuerto de Ezeiza que se cobró una vida: la prioridad era inaugurarlas en
campaña antes de que llegara la veda, a como diera lugar.
Por fuera de eso,
las gestiones infructuosas de Lacunza ante el FMI para que destrabe el
desembolso de 5430 millones de dólares del stand by, y los emparches al “cepo”
y los controles cambiarios que van saliendo uno tras otro para flexibilizarlo,
pese a que la sangría de reservas continúa: si hubiera que juzgar al gobierno
por eso, se podría decir que quieren acelerar su propio final.
Sin embargo, si se
presta atención por detrás de lo visible, hay otro rubro en el que el macrismo,
el presidente y sus funcionarios parecen sostener los esfuerzos hasta el final,
y dedicarles atención prioritaria: es todo lo que tiene que ver con cerrar
asegurar o fortalecer los negocios de la banda gobernante, y tratar de salir
impunes por ello. Ahí no hay distracciones, ni vagancia.
Se “reestatizan”
corredores viales que se licitaron bajo el fracasado sistema PPP, en la
creencia que de ese modo lograrán zafar de la causa que les abrieron en la
justicia a Macri, Dietrich e Iguacel por haber prorrogado ilegalmente las demás
concesiones, y los abogados del presidente/empresario siguen intentando todos
los recursos a su alcance para dilatar el pago de la deuda del Correo, mientras
tratan de pasar la causa a la justicia de la CABA, que por supuesto les sería
más amigable.
Y hablando de
traspasos: son cada vez más fuertes las versiones en el sentido de que Macri
dispondría por DNU el traspaso a la CABA de la Inspección General de Justicia
(IGJ), y del puerto de Buenos Aires; para perfeccionar en éste caso el
negociado de transferirle su administración a “Niky” Caputo (para lo cual
previamente Macri lo áceptó como cónsul honorario de Singapur), y concretar al
mismo tiempo un fenomenal negociado inmobiliario en los terrenos que hoy ocupa.
En el caso de la
IGJ, el traspaso a la ciudad sería para que ésta tenga el control del Registro
de Sociedades por Acciones, y desde allí convertir a Buenos Aires en la nueva
Panamá: una plaza ideal para crea sociedades off shore, con la que vehiculizar
negocios turbios y lavado de dinero.
Por si todo esto
fuera poco, Dietrich presionó a la ANAC (Administración Nacional de Aviación
Civil) para que emitiera en tiempo récord una pericia determinando que los
ruidos que generan los vuelos de las “low cost” en el aeropuerto de El Palomar
no superan los niveles tolerables y así lograr que la justicia habilite las
frecuencias que el gobierno otorgó y fueron suspendidas por una cautelar;
mientras que aparecía publicada en el Boletín Oficial del jueves (verla acá) la
Resolución 586 firmda por él mismo, por l cual prorrogan por 15 años (hasta
2035 y 2036, respectivamente) las concesiones de rutas aéreas que tiene
otorgadas LAN (la empresa a la cual ¿perteneció o pertenece? Lopetegui) en el
país y hacia el exterior.
Si bien la Ley
17.285 (Código Aeronáutico) dispone en su artículo 103 que la prórroga debe ser
pedida por la concesionaria con un año de anticipación al vencimiento (para las
rutas al exterior faltaban dos), no dice que deban ser otorgadas inmediatamente
después de solicitadas; y el gobierno lo hizo al instante, sin audiencia
pública y sin ningún informe previo sobre la conveniencia del pedido para el
interés público: la cosa es dejar atado todo para cuando llegue la próxima
administración, y se encuentre con situaciones creadas.
Lo cual nos lleva,
para concluir, a otro aspecto a destacar: dejando claro así en que están
ocupando su tiempo Macri y su gobierno, la pregunta es ¿qué piensa hacer al
respecto la futura administración, quedarse de brazos cruzados y dejarlos que
consoliden sus negociados? Porque una cosa es desechar la idea de un
“Ministerio de la Venganza”, y otra muy distinta es pasar por pelotudos.
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