En la edición de El Destape de este domingo apareció una investigación de Ari Lijalad sobre la posibilidad de que todos los documentos públicos del Estado nacional producidos en los cuatro años de gestión de Macri se pierdan o desaparezcan, por las graves fallas que presente el el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE); que el macrismo trasladó de la CABA al gobierno nacional apenas asumió.
Las fallas fueron detectadas en un lapidario informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) del que da cuenta acá Ari en su nota, y son atribuibles a su vez a la empresa que instaló y opera el sistema, contratada en su momento por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y luego por el gobierno nacional, ya con Macri presidente: Everis S.A.
El caso es que no fue el Estado nacional, con el macrismo, el único en acceder a los servicios de Everis para montar el GDE: también lo hizo -como no podía ser menos- la provincia de Buenos Aires en la gestión de María Eugenia Vidal; y la provincia de Santa Fe bajo el gobierno de Miguel Lifschitz: en ésta entrada de febrero del 2017 contábamos como el socialismo contrató en forma directa a la empresa, por "sugerencia" del entonces Ministerio de Modernización a cargo de Andrés Ibarra (hoy Secretario del área), a través del Decreto 97 (ver el texto en el posteo).
En esa oportunidad se la contrató para llevar adelante el proyecto de Gestión Documental Electrónica, en el mercado del programa que el gobierno provincial dio en llamar TECNOFE.
Un año después, en febrero del 2018, el gobierno socialista santafesino volvía a contratar en forma directa a Everis S.A. para la "puesta en producción, soporte y transferencia tecnológica para nuevos módulos de actualización" del sistema GDE, por el Decreto 70: su texto y más detalles, en ésta entrada.
Pero la cosa no terminó ahí: el gobierno de Lifschitz llamó a licitación para la instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de información hospitalaria, y la comisión de adjudicaciones aconsejó otorgarle el contrato a Everis S.A., con una oferta de 9.473.595 dólares: al tipo de cambio del viernes, más o menos unos 565 millones de pesos.
¿Están seguros los documentos públicos del Estado santafesino y otras cuestiones (como la historia clínica de los pacientes de los hospitales provinciales, por decir algo), o también estarán a merced de una "borrada" oportuna, en estos tiempos de transiciones problemáticas hacia el nuevo gobierno?
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