LA SARTÉN POR EL MANGO, Y EL MANGO TAMBIÉN

 

Tal como señala la imagen de apertura, hoy empieza a regir la segunda edición del "dólar soja", materializado en el DNU 787 publicado este mismo lunes en el Boletín Oficial (completo acá). La medida era más cantada que la marcha peronista desde que se la impuso por primera vez en septiembre, y significa una segunda capitulación del gobierno -frente a la escasez de reservas del Banco Central- frente a los sectores agroexportadores que retenían las divisas a la espera de lo que finalmente terminó pasando: otra devaluación a medida del sector que tiene la sartén del dólar por el mango, y el mango también.

Según se calcula, el beneficio que se les concede supone una emisión adicional de 210.000 millones de pesos que irán directamente a los bolsillos de los sojeros, sin que ningún monetarista proteste por ello: al parecer, hay emisiones buenas y malas. Con la primera versión del "dólar soja" (instrumentada por el DNU 576), sumarán 460.000 millones de pesos transferidos desde el Banco Central al complejo agroexportador, en menos de tres meses: al parecer, en algunos casos el presidente sí parece dispuesto a usar la lapicera.

Entre los considerandos del decreto se señala que "...la REPÚBLICA ARGENTINA es un relevante exportador mundial de las manufacturas de la soja, productos con baja incidencia directa en la cadena de abastecimiento nacional; de allí que esos alimentos y materias primas no generen impacto directo en la canasta familiar ni en las mediciones del índice mensual de inflación.", lo cual además de discutible (por aquello de las rentabilidades comparadas que bien se demostró en 2008 con el conflicto por las retenciones móviles), se contradice con otro punto del mismo decreto, que señala que "...todo estímulo exportador a los sectores mencionados redunda en ingresos fiscales incrementales a través del cobro de derechos de exportación como tributos nacionales y provinciales."; pues bien se sabe que uno de los sentidos de las retenciones es desacoplar los precios internos, de los internacionales, para no importar inflación.

Aunque pensándolo bien, no hay tal contradicción: el mismo gobierno que le genera al sector una devaluación a medida y una colosal transferencia de ingresos a su favor, ha jurado en todos los tonos e idiomas posibles que no le aumentará las retenciones, con lo cual la esperada mejora de los ingresos fiscales vendría por el incremento de las exportaciones, no de la presión impositiva sobre el complejo agroexportador. Por otro lado, esos sectores (los exportadores) no pagan ningún impuesto en las provincias, porque en todas ellas -por ejemplo- están exentos de Ingresos Brutos, por los pactos fiscales concluidos en los 90'.     

El análisis estrictamente económico de la cuestión podría concluirse señalando -como lo hicimos acá- que "...este gobierno se autolimitó desde el comienzo de su mandato (cuando logró que el Congreso sancionó la ley de emergencia) en su capacidad de poner altos derechos de exportación (retenciones), e incluso ha persistido (con Guzmán y ahora con Massa al frente de la gestión económica) en las políticas "ofertistas" para con los sectores exportadores, como si ganar mercados internacionales dependiera del nivel de los derechos de exportación que el país aplica a sus ventas externas, y no de la demanda de los productos que el país exporta."

"O como si dependiera del nivel del tipo de cambio -que en todo caso incide en la rentabilidad de los que exportan-, como pareciera sostenerlo el gobierno al administrar devaluaciones sectoriales (el "dólar soja", ahora el que beneficiaría a las "economías regionales"), que obviamente en una economía bimonetaria como la nuestra y sin desacople vía retenciones, solo alimentan la inflación. Los resultados de esa política están a la vista: en un contexto de alta inflación persistente, los precios de los alimentos y bebidas (bienes de consumo esenciales de la canasta básica, inelásticos a las variaciones de la demanda por esa razón) rankean alto, por encima incluso del promedio general inflacionario.". 

Si se repiten las medidas, es necio esperar que no se repliquen los resultados, como pasa con otras concesiones "ofertistas" al capital, como los recientes aumentos autorizados en el bioetanol, que impactarán en los precios de los combustibles, retroalimentando una inflación que se dice querer bajar; y profundizando el deterioro del poder de compra de los salarios y jubilaciones. 

Por otro lado, las medidas compensatorias brillan por su ausencia: del famoso "bono" o suma fija que -por ejemplo- reclamó Cristina no hay noticias, o sigue "en estudio": para esos casos la lapicera presidencial parece quedarse súbitamente sin tinta; y el anunciado congelamiento de precios está en veremos por la presión de las alimenticias, amén de que, sin lo primero (el bono o alguna forma de recomposición de los ingresos populares) lo segundo (el congelamiento), aun de concretarse y cumplirse, solo sacaría una foto transitoria de un patrón regresivo de distribución del ingreso, que no se modificaría.

Decíamos más arriba que hasta acá llegábamos con el análisis estrictamente económico de la medida, que seguramente podría ampliarse. El análisis político -de algún modo sugerido al principio cuando señalamos que se trata de otra capitulación más del gobierno frente a las fracciones más concentradas del capital- se limita a una simple y sencilla pregunta: ¿alguien supone que por éste camino se puede ganar una elección, revirtiendo la derrota del año pasado?