LA FRASE

"QUIERO DESMENTIR QUE ME HAYAN OFRECIDO REEMPLAZAR A ADRIÁN RAVIER COMO VOCERA DEL GOBIERNO." (LIZZY TAGLIANI)

jueves, 19 de noviembre de 2026

EL LAVERAP DE PULLARO Y OLIVARES

 

El martes pasado Pullaro dictó el Decreto 2528, cuya imagen abre el post. Por él aprueba el convenio que él mismo firmó con la Nación el pasado 22 de octubre para adherir al Régimen de Compensación de Deudas y Créditos entre el Estado nacional y las provincias establecido por Milei mediante el Decreto 969/24.Y lo aprueba sin mandarlo a ratificar por la Legislatura (a la cual solo se lo comunican según el artículo 13 del decreto) con fundamento en el artículo 66 de la Ley 12510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, que dice lo siguiente: "El Poder Ejecutivo puede realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello genere un mejoramiento de los montos, plazos o intereses de las operaciones originales y no implique un incremento del monto adeudado.". 

Es muy opinable que se aplique esa norma en éste caso, porque no están consolidando deudas (unificando sus plazos, tasas y condiciones de devolución), sino compensando deudas y créditos entre dos partes (Nación y provincia), las que se extinguen hasta su concurrencia (o sea hasta el monto en que son iguales). De allí que no se puede saber si las deudas de la provincia con la Nación comprendidas en el acuerdo (por ejemplo con el Club de París) mejoraron su perfil (plazos, vencimientos, tasa, monto del capital) como consecuencia del acuerdo, o al menos no se desprende nada concreto sobre eso del decreto. 

Por otro lado del propio decreto surge que hay aumento del endeudamiento, por el anticipo de coparticipación, del cual queda un remanente a devolver para lo que Pullaro está autorizando a la Nación a que le descuenten las cuotas de la coparticipación por el artículo 10 del decreto. Tampoco queda claro (como dicen los considerandos) que las deudas que la provincia tenía con Nación y entraron en el convenio fueran "exigibles", si por tal cosa entendemos con vencimiento en éste ejercicio. Sospechamos que a partir de éste decreto (que amplía el presupuesto en unos 326.637 millones de pesos por la contabilización del anticipo financiero) y una vez aprobado el Presupuesto 2027 (que los legisladores del oficialismo acordaron dictaminar y votar a ciegas, dándole un cheque en blanco a Pullaro)  es posible que se vuelvan a publicar las cuentas oficiales (que no están disponibles públicamente desde el 30 de junio), porque les deben haber mejorado los números con esos recursos adicionales provenientes del anticipo financiero.

Lo otro que demuestra que es trucha la invocación del artículo 66 de la Ley 12510 es que si ese fuera el caso, todos los recursos ingresados por el convenio que el decreto aprueba deberían destinarse a la cancelación de deuda pública, y solo se destinan a esos fines unos 145.590 millones, de los que 120.850 van a "Deudas directas de la Administración", y dentro de ése total, 101.897 millones son para atender "Deudas no clasificables". Si estos últimos fuerana por ejemplo deudas corrientes del ejercicio (con proveedores, con el Banco por algún descubierto) es discutible que sean "deuda pública"; y la propia Ley 12510 en su artículo 60 inciso f) dice expresamente que no lo es. Los otros 181.047 millones de la ampliación de recursos del Presupuesto que dispone el decreto se destinan a "Obligaciones a Cargo del Tesoro" para que Olivares haga con eso literalmente lo que le plazca; incluidos unos 7373 millones de pesos en "Coparticipación a Municipios y Comunas", lo cual no respetaría ni siquiera las proporciones legales sobre los mayores recursos incorporados establecidas por la Ley 7547; es decir todo es oscuro y confuso.

Es todo tan trucho que dicen en el decreto que después de compensadas en el acuerdo las deudas y créditos recíprocos entre la Nación y la provincia, lo que queda es una "operación de crédito" comprendida en el artículo 43 de la Ley de Presupuesto de éste año, que dice lo siguiente: "Autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir durante el ejercicio 2026 préstamos u otros instrumentos de deuda pública para la atención de las necesidades financieras que demandará la cancelación de los servicios de la deuda que ocurran en el ejercicio emitidos en moneda nacional o extranjera. Dicho endeudamiento podrá ser contraído mediante los mecanismos y/o instrumentos financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más apropiados oportunamente, incluyendo sin carácter limitativo, emisiones de títulos de deuda pública en los mercados de capitales nacionales e internacionales.".

No solo que (como dijimos antes) los mayores recursos (que ingresan por el anticipo financiero de Nación) no se destinan a esos fines, sino que si el fundamento legal del decreto fuera cierto, sería confesar la propia torpeza de haber tomado deuda en dólares, asumiendo el riesgo cambiario; eso sin considerar que el dólar oficial (que es el que se debe tener en cuenta en estos casos) se ha mantenido relativamente estable en el transcurso del ejercicio.

Pero sigamos tomándolo a Pullaro de su propia lengua, o de su propia pluma: si lo que el decreto hace al ratificar el convenio con la Nación es una "operación de crédito público", debe consultarse necesariamente lo que dice el artículo 59 de la Ley 12510, que es lo siguiente: "El endeudamiento resultante de las operaciones de crédito público debe estar destinado exclusivamente a las contrataciones de obras, bienes y servicios vinculadas a inversiones en infraestructura económica-social reproductivas, la atención de casos excepcionales de evidente necesidad o gravedad o emergencia financiera extraordinaria; la refinanciación de pasivos del sector público provincial; la ejecución de programas de transformación de su administración; y la realización de gastos directamente relacionados con la ejecución y administración de las citadas operaciones.". (Las comillas son del texto y las negritas son nuestras)

Descartadas (solo leyendo el destino que le da el decreto a los recursos) las "...inversiones en infraestructura...", la "...refinanciación de pasivos del sector público provincial..." (por lo señalado más arriba), la "...ejecución de programas de transformación de su administración..." y los gastos asociados a esos fines, solo queda "...la atención de casos excepcionales de evidente necesidad o gravedad o emergencia financiera extraordinaria;..." como posible fundamento de la "operación de crédito público" de la que habla el Decreto 2528. ¿Acaso están reconociendo implícitamente Pullaro y Olivares la gravedad de una situación financiera que tratan de ocultar no publicando hace casi cinco meses las cuentas públicas provinciales?  

Otra conclusión posible (muy posible) es que hicieron un enjuague porque no les cierran los números y para tapar dos fracasos: 1) haber firmado un convenio con ANSES para el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones de éste año del cual solo les pagaron la primera cuota de las 12 convenidas, y 2)) haber tenido que pedir un anticipo de coparticipación que negaron haber pedido, porque dijeron que no lo necesitaban. 

Llegados a ese punto y con la complicidad de los órganos rectores de Economía (en especial Crédito Público) inventaron una sarasa pseudo-legal para puentear la discusión del convenio en la Legislatura, porque además en medio del proceso descubrieron que en la Ley 14424 (Presupuesto de éste año) no había ninguna autorización legal para que Pullaro adhiriera al régimen de compensación de créditos y deudas entre la Nación y la provincia; que existía desde 2024 pero al cual se metieron por la ventana (según surge del mismo Decreto 2528) exactamente ocho (8) días después de que Milei dictara el Decreto 474, concediéndole a Santa Fe un anticipo financiero por 400.000 millones de pesos.

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