LA FRASE

"TENÍA COMO 50 LLAMADAS PERDIDAS DE UN TAL MILEI EN EL CELULAR Y LO TERMINÉ BLOQUEANDO PORQUE SEGURO QUE ERA UNO DE ESOS VENDEDORES MOLESTOS QUE OFRECEN PROMOCIONES." (SOCTT BESSENT)

jueves, 3 de noviembre de 2016

TELÉFONO PARA EL CONGRESO


En la nota que fue tapa ayer en Página 12 (completa acá) Fernando Krakowiak contaba las peripecias de la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento; licitada durante el gobierno de Cristina pero que estuvo a punto de caerse porque el consorcio ganador (que integran entre otros IECSA, la empresa que Macri ¿le vendió? a su primo Angelo Calcaterra) no aportó el financiamiento para el proyecto, como lo exigían los pliegos del llamado.

Contaba allí Krakowiak que Macri por el Decreto 797 decidió seguir adelante con la obra modificando los términos de la licitación de modo de favorecer ¿a su primo, a sí mismo?, de modo que se dispensa la obligación de conseguir financiamiento en los términos originales, y se acepta en cambio financiamiento del BNDES de Brasil, a cambio de que los insumos para la obra provengan de empresas de ese país.

Y lo más importante es que de ese modo se acepta un reclamo del consorcio ganador para elevar el monto del contrato, con una diferencia respecto a lo estimado por el Estado que oscila en los 750 millones de dólares, de un total de 3000 aproximadamente que insumiría la obra.

Pero la cosa no termina ahí: el Decreto 797 dictado por Macri en juniio pasado fue un DNU (verlo completo acá)  que ampliaba en 76.000 millones de pesos el presupuesto votado por el Congreso (emitiendo deuda por ese importe para financiar el mayor gasto) y autorizaba obras para sucesivos ejercicios por casi 98.674 millones de pesos.

De esas obras, el 71,94 % serán ejecutadas en la Capital Federal, y del total de obras, el soterramiento del Sarmiento representa el 45,60 %, con un monto estimado de 45.000 millones de pesos:


Como todo DNU el 797 debió ser enviado al Congreso para su ratificación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3) de la Constitución, y conforme al trámite de la Ley 26.122; dentro de los diez días de dictado.

Cuando Macri lo envió la Comisión Bicameral Permanente que analiza los DNU (donde el massismo tiene los votos para inclinar los dictámenes) votó por rechazarlo, correspondiendo que lo traten ambas Cámaras por separado y decidan si lo ratifican o lo derogan; bastando con que una de las dos lo apruebe, para que quede firme.

Hasta ahora ni Diputados ni el Senado le dieron "expreso tratamiento" en "forma inmediata", conforme lo mandan la Constitución y la Ley 26.122.

El DNU es una obra maestra del modo de gestionar del macrismo, que tiene todos los condimentos: amplía el presupuesto sin intervención del Congreso, emite deuda por una cifra importante, trampea metiendo en la bolsa el aumento de partidas de la ANSES para -supuestamente- pagarles a los jubilados uno de los tranos de aumento de la ley de movilidad previsional, favorece groseramente a la CABA en la asignación de recursos para obras.

Y como si todo eso fuera poco, convalida sobreprecios por 750 millones de dólares en una obra adjudicada a la empresa del primo presidencial, que no pocos sostienen que en realidad sigue siendo propiedad del propio Macri; corrupción y capitalismo de amigos (o parientes), es decir todas esas cosas que la gestión de "Cambiemos" promete desterrar.

Si el voto negativo al DNU del massismo en la Bicameral y los senadores del FPV (parte de la "oposición constructiva") no fue humo para la gilada tienen en sus manos la herramienta legal para impedir que el colosal negociado se consume; acordando con el kirchnerismo sendos pedidos de sesiones especiales en cada Cámara para tratar el dictamen de rechazo del DNU y dejarlo sin efecto, o derogando la parte que refiere a la obra de soterramiento del Sarmiento. 

A menos que prefieran seguir formando parte de la escribanía de Macri, como con el arreglo con los buitresm el blanqueo, la "reparación histórica", el presupuesto y la "participación pública-privada" en los contratos del Estado.

miércoles, 2 de noviembre de 2016

"SI TENEMOS RAZÓN, VOLVEREMOS...


...y si no tenemos razón, mejor que no volvamos nunca..." (Juan D. Perón)

NO SEREMOS NAVARRO, PERO NOS DEFENDEMOS


¿Vieron los informes que estuvo haciendo Navarro a partir del spot "Empezamos" de Macri, con los anuncios de supuestas obras nuevas que ya venían de antes, del gobierno de Cristina?

Bueno, algo parecido está pasando acá: los muchachos se entusiasman haciendo grandes anuncios de obras a lo John Fitzgerald Quindimil, "estamos hasta las pelotas de obras".

Arrancó Corral bolaceando largo, como mostrábamos acá; y Lifschitz no quiso ser menos: como nuestro Lord Mayor aclaró que las obras que él anunció no involucraban a las que hiciera la provincia en la ciudad, "relanzó" el "Acuerdo Capital" que firmaron juntos en plena campaña para las elecciones provinciales del año pasado.

En ese marco hicieron un cásting buscando un actor de acá que diera el tipo "morocho que podría trabajar en la construcción", y para colmo dieron con uno (ver imagen de apertura) que por acá es más conocido que la ruda macho; y le pusieron de fondo el relleno sanitario al que va a parar la basura de Santa Fe y Santo Tomé, que no es estrictamente una obra y mucho menos una que "empiece" ahora, o esté en el "Acuerdo Capital".

Además de eso, pusieron en el portal de la provincia (ver acá y acá) un detalle de "100 obras" que se estarían haciendo en la ciudad incluyendo obras en el Túnel Subfluvial y el aeropuerto de Sauce Viejo (que no están en la ciudad), como vemos en éstas otras dos imágenes:



Explicamos: te dicen "100 obras en marcha" y vos empezás a mirar para los costados, por miedo a descuidarte y que te asfalten sin darte cuenta.

Pero empezás a descontar las que son "a licitar" (recuadros verdes), las que tienen el "proyecto en elaboración" (recuadros rojos), las que están "licitadas" (recuadros azules) y las que están "adjudicadas" pero no empezaron todavía (recuadros celestes), y entre las que están "en ejecución" o "finalizadas", te quedan no 100 obras, sino 45; o sea menos de la mitad de las anunciadas.

Y para colmo entre las que están "en ejecución" por el "Acuerdo Capital" firmado a mediados del 2015, aparecen el edificio nuevo del Instituto 12 (que arrancó en el 2007), el nuevo hospital Iturraspe (empezado en el 2009), el Cemafe (que arrancó en el 2010); y a la Ruta 1 (que también arrancó en el 2007) la dan como "finalizada": que le avisen a la gente de la costa, que todavía no se enteró.

Además figuran obras "emblemáticas" de gran utilidad social, como el "Parque Biblioteca de la Constitución", o la colocación de las lucecitas LED en el Puente Colgante en las que se gastaron casi 19 millones de pesos.

Incluso anuncian obras que ya anunció Corral que va a hacer con fondos del gobierno nacional, como las 140 viviendas en el Barrio Los Jesuitas. Pongámonos de acuerdo, capital.

ESTA PELÍCULA YA LA VIMOS


La bajada del título de la nota (completa acá) puede confundir, porque no se refiere a las empresas privada en las que el Estado tiene participación accionaria a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES: para esos casos el gobierno se aseguró en la ley que aprobó el blanqueo la derogación del “cepo” impuesto por la Ley 27.181 sancionada durante el gobierno de Cristina, de modo tal que el gobierno tiene las manos libres para desprenderse de esas acciones cuando lo crea conveniente.

En éste caso se está hablando de la disminución de los aportes del Estado a un conjunto de empresas estatales de las más variadas: se incluye por ejemplo al Correo Argentino, Télam, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, el Belgrano Cargas, AYSA, Aerolíneas Argentinas, Fabricaciones Militares, ARSAT o la Operadora Ferroviaria que maneja los ramales de trenes metropolitanos; porque buena parte de los del. Interior ya han sido desactivados.

Esos aportes en muchos casos son englobados dentro de la categoría de “subsidios”, y se nos aclara que quedan afuera de la poda CAMMESA y ENARSA, las dos empresas a través de las cuáles se canalizan las importaciones de combustible y la remuneración a las generadoras de electricidad. Debe ser casualidad.

A esta altura del partido no debería sorprendernos la escasísima imaginación de la derecha vernácula para renovar sus argumentos a la hora de volver a proponer una y otra vez -con abstracción de las particularidades de cada ciclo histórico- las mismas soluciones

Así como la excusa de la corrupción sirvió para terminar con el Plan Qunita o “Argentina Sonríe”, el supuesto gasto excesivo de dinero que podría aplicarse a otros fines más loables (antes fue pagarles a los jubilados, ahora son los jardines de infantes, o la urbanización de villas) suele ser la excusa perfecta para avanzar en estrategias de privatización, que a su vez son -invariablemente- la generación de nuevas oportunidades de negocios para el sector privado.

E incluso en no pocos casos los términos se invierten: primero se perjudica a la empresa estatal con decisiones que favorecen a sus competidoras, para luego atribuírsele deficiencias de gestión que justifican la poda de recursos, o sus privatización: es justamente lo que está pasando con Aerolíneas y el progresivo avance hacia la política de “cielos abiertos”, o con ARSAT y el “regalo” de la banda que se le había reservado del espectro para la prestación de servicios de telefonía celular para que lo usufructúen operadores privados, o la autorización para la prestación de servicios satelitales a otros; mientras se dilata la elaboración de la nueva legislación sobre esos servicios.

Es decir primero se sabotea deliberadamente la gestión de las empresas del Estado para luego rifarlas, al mejor postor. Nada nuevo bajo el sol.

martes, 1 de noviembre de 2016

ACONDICIONÁME EL AMBIENTE, NENE


Toda la información sobre la importante cantidad de plata que llevamos gastada en esta gansada, siguiendo este enlace a la etiqueta con todos los posteos anteriores. 

Según nuestros cálculos, andamos por los 49 palos, más otros 14 previstos para seguir quemando en el presupuesto del año que viene.


CAPAZ QUE UNA COSA TENGA QUE VER CON LA OTRA


En tren de especular a que puede obedecer tan fuerte caída de la construcción, pese al arreglo con los hold outs, el levantamiento del cepo" y la lluvia de inversiones, suponemos que algo puede tener que ver el hecho de que el PROCREAR ya no sea más para construir, refaccionar o ampliar viviendas, sino solo para comprarlas.

O quizás el hecho de que transcurridos 10 de los 12 meses del año, el gobierno de Macri no haya gastado ni la mitad de las partidas presupuestarias en "Bienes de Uso", que incluye a "Construcciones", es decir la obra pública:


Lo que incluye obviamente al locuaz ministro Frigerio, al cual sus frecuentes apariciones en los medios y roscas con la "oposición constructiva" posiblemente le quiten el tiempo necesario para dedicarse a sus tareas específicas, esto es ejecutar los programas de obra pública que son su responsabilidad:


SE VEÍA VENIR


Los otros días decíamos acá que era muy prematuro evaluar si el resultado de las últimas sesiones de Diputados marcaban un cambio de tendencia en la relación de la autodenominada “oposición responsable” con el gobierno de Macri.

Ejemplificábamos con el caso del presupuesto como el siguiente escalón que permitiría evaluar más a fondo la cuestión, partiendo de la base de que existe un consenso generalizado en el sistema político de que cualquier gobierno tiene derecho a contar con su presupuesto; lo cual no implica que todas las fuerzas con representación parlamentaria tengan que aprobárselo a libro cerrado tal cual lo envía al Congreso.

Según todo parece indicarlo y con la provisoriedad que exigen los juicios hablando de política y en la Argentina, tal parece que no estábamos muy errados: Macri contará con el presupuesto para el año que viene con el apoyo del trípode Pichetto-Massa-Bossio (sin el cual y con la fuerza propia no podría lograrlo), a cambio de concesiones menores, o algún que otro maquillaje o arreglo cosmético de los tijeretazos planteados en el texto original en algunas áreas, como por ejemplo ciencia y técnica.

Habrá que ver los resultados finales, pero hasta aquí la solución no difiere en términos político respecto de lo observado en los casos del acuerdo con los fondos buitres y el lanzamiento del canje, “embellecido” con la famosa “reparación histórica” a los jubilados: una oposición (o parte de ella) sin muchas ganas de oponerse realmente, que da por sentado que se ha instaurado en el país un nuevo orden político que llegó para quedarse; y del cual espera obtener -a cambio de su actitud “colaborativa”- beneficios puntuales.

Los supuestos beneficios a obtenerse de esa mirada política (en especial para los que tienen la responsabilidad de gestionar, como gobernadores e intendentes) están todavía por verse. Por el contrario, el camino está jalonado hasta acá de promesas incumplidas del macrismo, de las que el famoso “Plan Belgrano” es la más publicitada, pero lejos está de ser la única.

Sin embargo, también hemos dicho varia veces en éste blog que la cuestión entraña un aspecto más profundo que el de un simple pragmatismo de toma y daca, que desde esa óptica (la del estricto pragmatismo) podría aceptarse, a condición de mostrar resultados.

Lo que está sucediendo (y de allí que sí sea pertinente hablar de la implantación de un “nuevo orden político”) es que muchos sectores de la oposición en realidad tienen coincidencias de fondo con la mirada de Macri sobre el país, su “modo de gobernabilidad” y su economía; y en función de eso comparten creencias básicas del programa de “Cambiemos” sobre cuáles han de ser los supuestos fundantes de ese nuevo orden político, y los pilares del presunto despegue económico.

Para lo primero, la idea de una “pax romana” donde la política renuncia de antemano a todo intento de despliegue autonómico respecto de los poderes no institucionales (esencialmente los económicos y mediáticos) en busca de los anhelados “consensos”; que suelen ser por lo general la forma de denominar la aceptación por el sistema político, del pliego de demandas del poder económico.

Para lo segundo, la suposición (cercana a la creencia religiosa) de que los desequilibrios del sistema productivo del país se resuelven retornando al endeudamiento en los mercados voluntarios de capitales, y con el concurso decisivo de la inversión extranjera para superar los conocidos “cuellos de botella”, como la restricción externa.

En función de eso, no hay disensos fundamentales entre el gobierno y parte de la oposición respecto a cuáles son las llaves para encender los motores: sacrificar el consumo en beneficio de la inversión, apertura a la inversión extranjera, otorgamiento de todo tipo de facilidades y desregulaciones al capital (incluyendo al nacional), progresivo retiro del Estado de sus roles arbitrales, ni que decir de la gestión directa de actividades empresariales.

Aunque no se lo verbalice porque goza de mala prensa, o aunque se diga en público lo contrario, el retorno al corazón de las políticas del consenso de Washington, y la creencia absoluta en la teoría del “derrame”.

Un buen testeo para medir cuanto de cierto hay en éstas deducciones nuestras, lo proporciona el proyecto de “participación público-privada” que volvió a comisiones, pero según cuentan acá rápidamente retornaría al recinto de Diputados para ser aprobado, con el apoyo decisivo del massismo.

Repasando los “retoques” que se le harían, hay un hilo conductor con las “mejoras” con que esta misma parte de la oposición (que incluye a Bossio) disfrazó su apoyo al acuerdo con los buitres y al blanqueo: cambiemos algo, para que lo esencial siga exactamente igual.

A estar por lo que publican los medios al respecto, entre los cambios a considerar no se cuentan la creación de sociedades con propósito específico para la ejecución de los contratos, o de fideicomisos para el desarrollo de los proyectos, en un claro avance hacia la introducción de formas de “off shorización” societaria en el país; la garantía a favor de los contratistas privados de repago íntegro del financiamiento que hubieran tomado para el desarrollo del proyecto al que corresponde el contrato en caso de rescisión anticipada del mismo (lo que supone una eventual asunción de deuda financiera privada por el Estado), la garantía extensiva al repago íntegro de las inversiones no amortizadas más una razonable utilidad esperada en el desarrollo del proyecto, es decir una especie de “rentabilidad garantizada” a priori, ni la indexación de los precios de los contratos o la posibilidad de que en caso de rescisión de los contratos se pague a los contratistas privados lucro cesante, o la exclusión de la posibilidad de pesificar obligaciones contraídas en moneda extranjera y de la aplicación de la Ley de Responsabilidad del Estado 26.944.

Tampoco se ha cuestionado -al menos que se sepa- que se establezca el derecho del contratista a mantener el equilibrio económico financiero del contrato en cualquier circunstancia, por ejemplo si el Estado devalúa la moneda o dispone cambios en su política económica; o que los fondos afectados al desarrollo de los proyectos sean manejados a través de fideicomisos operados por los bancos nacionales o extranjeros; o que los contratistas privados tienen las más amplias posibilidades para ceder a terceros los contratos y subcontratar las obligaciones a su cargo con ellos, pudiendo incluso ceder sus créditos derivados del contrato sin notificación al deudor cedido, que sería el Estado. De este modo fondos especulativos como los de Paul Singer y similares terminarían convirtiéndose en acreedores del Estado, sin que éste lo sepa.

No hay demasiados cuestionamientos a que se les reconozca a los contratistas privados el derecho de suspender la ejecución de las prestaciones a su cargo si -por ejemplo- el Estado se atrasara en los pagos; entre otras cuestiones que denotan que el “carozo” del proyecto seguiría intocado pese a las advertencias de sectores del sindicalismo, y las quejas (menores) de parte del empresariado.

Se vuelve otra vez (como con los buitres, el endeudamiento o la “reparación histórica” a los jubilados) a la ilusión del control parlamentario, bien acotado en un sistema presidencialista como el nuestro; que además recuperó su fortaleza institucional tras la crisis del 2001 y en los gobiernos de Néstor y Cristina: otro aspecto de la “pesada herencia” que Macri no vacila en usufructuar, cuando lo cree conveniente.

Massa, Pichetto y Bossio se ilusionaron con ponerle “cepos” al re-endeudamiento del gobierno a cambio de su apoyo en el acuerdo con los hold outs, pero del proyecto que así lo disponía -haciendo pasar cada nueva operación de endeudamiento necesariamente por el Congreso- ya nadie se acuerda; y la deuda crece en millones de dólares por día, sin su intervención.

Por diferentes razones -fundamentalmente las disputas al interior de “Cambiemos”- terminó naufragando (habrá que ver si en forma definitiva) el proyecto de reforma a la ley del ministerio público que giraba en sentido parecido, desplazando hacia el Congreso la llave de las decisiones como en plena crisis del 2001.

Una época de la que muchos tanto en el PJ como en la UCR (excluida del núcleo duro que toma las decisiones de un gobierno que formalmente integra) parecen ser nostálgicos como si en el medio no hubiera pasado el kirchnerismo, o como si Macri hubiera sido electo por la Asamblea Legislativa y no por el voto popular.

Lo curioso es que todos ellos (el PJ “amigable”, la UCR, el propio Macri) parten del supuesto común de que el kirchnerismo es una excepcionalidad que no debe volver a repetirse, y pretenden atrasar el reloj más de una década; retomando el eje troncal de las políticas que llevaron a la crisis. Difieren simplemente en cuan concentrado o compartido debe ser el comando de la transición.