LA FRASE

"TENÍA COMO 50 LLAMADAS PERDIDAS DE UN TAL MILEI EN EL CELULAR Y LO TERMINÉ BLOQUEANDO PORQUE SEGURO QUE ERA UNO DE ESOS VENDEDORES MOLESTOS QUE OFRECEN PROMOCIONES." (SOCTT BESSENT)

sábado, 5 de noviembre de 2016

MEJORES INDICADORES


Por si alguno no lo recuerda, hace un tiempo contábamos acá que la UCA iba a "monitorear" el avance del Plan Abre a partir de un contrato firmado con el gobierno de la provincia en la gestión de Bonfatti, por el cual le pagaban $ 1.220.000, de los que la mitad la iban a cobrar cuando presentaran su informe.

Lo que supone que por relevar los "mejores indicadores" del Plan embolsaron $ 610.000, habiendo cobrado a la sola firma del convenio otra suma similar. Acá van por las dudas las imágenes del decreto respectivo:


No es la primera vez que nos ocupamos del "Plan Abre": a principios del 2015 contamos en ésta entrada de que se trataba en esencia: un conjunto de monumentales negocios sobre todo en Rosario, con un grupo de 5 ó 6 empresas que se cartelizaron para repartirse las obras, por las que cobraron un anticipo financiero del 20 % (antes de empezar a trabajar) y sobreprecios de casi un 20 % por encima de los presupuestos oficiales, en todos los casos.

Ninguna de las obras se adjudicó por licitación pública sino por "concursos de precios" aunque estaban en juego millones de pesos, porque el gobierno provincial usó la "ley de emergencia en seguridad", que nada tiene que ver con la urbanización de villas o mejoras en la infraestructura de barrios periféricos. Si no a los avances del "Plan Abre" los debería haber monitoreado Pato Bullrich, y no el Observatorio Social de la UCA. 

Además de los sobreprecios y los anticipos financieros, en todas las obras del "Plan Abre", repartidas en Rosario entre 6 empresas (OBRING S.A., DYCASA S.A., EPRECO S.R.L., EDECA S.A., PECAM S.A. y DINALE S.A.) hubo en la ejecución de los contratos "redeterminaciones de precios", "adicionales de obra", "trabajos extrancotractuales" y otras yerbas, que terminaban inflando los costos finales.

En solo 23 días de éste año (los que van del 20 de septiembre al 13 de octubre) Lifschitz firmó 10 decretos (nros. 2372, 2448, 2449, 2520, 2522, 2764, 2846, 2847, 2879 y 2880), aprobando "redeterminaciones de precios" y "adicionales de obra" que significaron un aumento promedio del 47,24 % en los precios de obras que se adjudicaron a fines del año pasado, e incluso en éste.

Así obras que costaban originalmente $ 362.581.405,96 pasaron a costar  -por ahora, porque algunas ya llevan más de una "redeterminación"- $ 533.882.534,62: más de 171 millones de pesos de aumento de los precios de contrato.

De ese total, PECAM S.A. (la "Austral Construcciones" del socialismo, con múltiples obras asignadas en los 3 gobiernos del FPCyS, y parte del consorcio concesionario de la autopista Santa Fe-Rosario) se quedó con el 68,03 %: sus contratos por el "Plan Abre" subieron de $ 236.313.022,93 a $ 363.204.592,53, un 53,69 % de aumento y el 74,07 % de los mayores costos que pagará la provincia.

Quizás esos sean los indicadores que mejoraron con el Plan.

QUEDA CLARO DE QUIEN APRENDIÓ CORRAL A MANDAR FRUTA


Hace poco más de una semana analizábamos acá los anuncios de obra que hizo Corral al presentarles a los concejales el proyecto de presupuesto municipal para el 2017.

Con las cifras del presupuesto municipal y -sobre todo- del nacional, demostrábamos que mandó fruta, y mal. Recomendamos la re-lectura del post.

Nos remitimos al presupuesto nacional porque el propio Corral dijo que el 63 % de las obras prometidas iban a ser financiadas por la nación, que aportaría unos 1438 millones de pesos el año que viene, solo en la ciudad de Santa Fe.

Lo curioso es que ésta semana anduvo Macri por acá, y cuando le preguntaron por el puente Santa Fe-Santo Tomé (hasta ahora excluido del presupuesto nacional) dijo que la obra se iba a hacer, "a través de un esfuerzo compartido entre la nación, la provincia y la ciudad".

O sea que Corral dice que Macri le va a dar guita para hacer obras, pero Macri se la está pidiendo. Y hablando del puente, leer acá la lisérgica crónica de los anuncios en el portal oficial del gobierno de la provincia, imperdible.

Además de eso, en su paso por la provincia Macri anunció que su gobierno invertirá en Santa Fe 48.000 millones de pesos "solo en obras de transporte y en tres años y dos meses", según se ocupó de aclarar. O sea lo que le resta de mandato.

Sin embargo no se había alcanzado a ir, que ya lo estaban desmintiendo:



Para comprobar si era cierto lo que dijo Macri o lo que corrigió Fascendini, nosotros hicimos lo mismo que con los anuncios de Corral, y lo mismo que hizo el vicegobernador: también nos fuimos al plan de obras comprendido dentro del proyecto de presupuesto nacional 2017, que aprobó Diputados y pasó al Senado: ver acá.

Pues bien, sumando el monto total (o sea no solo lo que se va a invertir el año que viene, sino hasta la finalización) de todas las obras comprendidas allí (no solo las de transporte o viales), suman $ 10.946.725.850.

O sea menos de la cuarta parte de lo que anunció Macri y bastante menos de lo que dice Fascendini.

Y de ese total, 130 millones corresponden a "obras en rutas nacionales en las provincias de...Santa Fe" y otras provincias, sin discriminar cuanto corresponde a cada una.

Es más. aun sumando lo que van a gastar en Santa Fe las reparticiones nacionales en "Bienes de Uso" (como si todo fuera para obras, y ninguna de ellas figurara en la planilla respectiva), más las "Transferencias de Capital" (plata que manda la nación para que las obras las hagan la provincia o las municipalidades) llegan en el mejor de los casos a $ 13.797.220.075, hasta diciembre de 2019 o después, si las obras anunciadas demoran más de esa fecha en terminarse.

Es decir que no solo los asesores de Macri sumaron mal, sino que Fascendini también.

Como sea, estamos bastante lejos del anuncio ¿no?

viernes, 4 de noviembre de 2016

LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PROVINCIA SERÍA CRÍTICA: ESTARÍAN PIDIENDO LIMOSNA


OTRO PASO HACIA LA ARGENTINA OFF SHORE


Hace unos meses atrás en esta entrada enumerábamos una serie de medidas "liberalizadoras" tomadas por el gobierno de Macri sobre diferentes resortes de la economía, y nos preguntábamos si la Argentina iba rumbo a convertirse en un paraíso fiscal.

Desde entonces para acá vinieron la duplicación del monto de dinero de las operaciones a partir del cual es obligatorio para los estudios jurídicos y contables reportar las operaciones sospechosas de lavado de dinero, el avance de la transferencia de las Inspección General de Justicia y el registro de sociedades a la CABA, las declaraciones del titular de la UIF justificando la evasión impositiva, el impulso al régimen de "PPP" (participación pública privada, a punto de ser votado en el Congreso), las sucesivas “flexibilizaciones” del blanqueo (la AFIP y la UIF diciéndoles a los bancos que no les pidan a los blanqueadores declaraciones juradas sobre impuestos o el origen del dinero blanqueado), y últimamente la idea de derogar la Ley 26.831, para que los mercados de capitales "se autoregulen".

Y ahora los fondos off shore del exterior operando sin restricciones en el país en plena época de los Panamá paper’s, sumado a las concesiones que se hicieron antes para llevarse los dólares que traigan, cuando quieran y como quieran.

Otro ejemplo más de que las famosas “reglas de juego claras” y “seguridad jurídica” que siempre se reclaman consisten en no poner reglas, ni instrumentar controles ni regulaciones públicas de ningún tipo; una filosofía que llevó a las burbujas financieras que han ido explotando en todo el mundo y que están en la matriz de la crisis internacional del 2008 que aun se prolonga

La decisión (que se instrumentaría con la coordinación de la AFIP y la UIF, convertidas en cuevas de evasores y lavadores, respectivamente) deja en claro toda la truchada del GAFI y sus “rigurosas exigencias” para prevenir el lavado de dinero; que son como las recomendaciones de política económica del FMI o los dictámenes de las consultoras o calificadoras de riesgo: dependen de la cara del cliente.

No se les exigiría ningún requisito para operar en el país a los fondos de inversión que provengan de los países miembros del GAFI (los del G20), como por ejemplo son Black Rock (cuyo CEO estuvo reunido hace unos días con Macri, responsables de la quiebra y vaciamiento de la imprenta Donnelley), NML (el fondo de Paul Singer), Aurelius o Capitol, por citar solo a los que litigaron contra el país en juzgados del exterior.

Eso sin mencionar que de los principales países miembros del GAFI provienen la plata que se evade, fuga y lava en el mundo, o que en ellos están algunos de los principales paraísos fiscales y en ellos (por seguir estas ideas) también se originó la crisis financiera internacional que aun no se termina de resolver.

Comprando esas ideas y poniéndolas en prácticas, “volvemos al mundo” conectándonos con problemas que en la década pasada nos afectaron pero mínimamente, o no nos desequilibraron; al tiempo que se adopta un modelo de valorización financiera altamente vulnerable (como decíamos acá) a cualquier volatilidad de capitales por hechos internos o externos a nuestra economía.

Posdata: en el Boletín Oficial de hoy se publica la Resolución 141 de la UIF (completa acá) que , para favorecer el ingreso de más gente al blanqueo, les ordena a los bancos algo así como "déjense de joder con andar preguntándole como andan con los impuestos", como si el lavado y la evasión fueran dos temas distintos, disociados entre sí. 

¿DÓNDE VA LA EPE CUANDO AUMENTA?


Cuando se produjo el tarifazo de la luz en el orden nacional Cristina dijo en el programa de Navarro que muchas provincias hacían "caja" con sus distribuidoras de electricidad, porque pese a que entre el 2003 y el 2015 la compra de electricidad estaba subsidiada, igual aumentaban las tarifas.

Nosotros demostramos en ésta entrada y en ésta otra (que en su momento tuvieran gran repercusión acá en la provincia) que eso era estrictamente cierto, al menos en el caso de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe. 

Decíamos entonces que a través de los aumentos de tarifas de la EPE la provincia se financiaba por doble vía: por los mayores ingresos tarifarios, y por los mayores impuestos provinciales (como Ingresos Brutos) o nacionales coparticipables (como el I.V.A.) que la empresa paga en proporción a su facturación: más factura (por ejemplo si aumenta las tarifas), más paga.

Las imágenes del decreto que encabeza el post y continúa acá abajo demuestran que ahora es el propio Lifschitz el que nos da la razón: ver el párrafo final del considerando.


Explicamos: lo que está haciendo el decreto es modificar el presupuesto de la EPE para incorporar mayores recursos por casi 2112 millones de pesos, como consecuencia de las nuevas tarifas aprobada a partir de marzo, proyectando su incidencia hasta septiembre (o sea que los recursos adicionales pueden ser incluso más, o estar a las puertas de otro aumento de tarifas de acá a fin de año). 

La Resolución 6 que se menciona en los considerandos es la de Aranguren que dio lugar al aumento del precio de la energía que cobra CAMMESA, y al tarifazo nacional; y que aun hoy es discutida en la justicia.

Pero además lo que está haciendo el decreto es distribuir como gasta la EPE esos casi 2112 millones de pesos adicionales que le entraron, de acuerdo con éste cuadro que está en los anexos:


Pasando en limpio, el 67,56 % de los mayores recursos se destinan a pagarle la electricidad a CAMMESA con los nuevos precios (por la baja en los subsidios). 

Recordemos que el argumento del socialismo para volver a aumentar las tarifas de la EPE (que ya habían aumentado en diciembre del año pasado) fue que trasladaban estrictamente los costos del nuevo precio fijado por la administradora del despacho nacional de cargas; pero el decreto muestra que un tercio de los gastos no tiene que ver con eso.

De hecho, el cuadro demuestra que otro gasto muy importante que la EPE debió afrontar con los mayores recursos provenientes de su nuevo tarifazo fue el pago de impuestos: tuvo que destinar el 13,34 % de los recursos a ese fin; cifra que debe contrastarse con el insignificante 2,32 % destinado a "Bienes de Uso" para la realización de obras de electrificación rural, y eso porque esa parte de los recursos están afectados por ley a ese fin.

Porque es sabido que la EPE no destina los recursos provenientes de los aumentos de tarifas a hacer obras que mejoren el servicio, y si no veamos éste otro decreto firmado por el gobernador el mismo día 20 de septiembre:


De los decretos 1432 y 1632 que se mencionan en los considerandos hablamos en su momento acá, y lo que está haciendo este nuevo decreto es transferirle a la EPE fondos del Tesoro provincial por algo más de 28 millones de pesos, para pagar los intereses de un préstamo de 500 millones de pesos que contrajo la empresa con el Nuevo Banco de Santa Fe, supuestamente para hacer obras.

Por ese préstamo la provincia salió de garante de la EPE, afectando en garantía sus ingresos por coparticipación federal de impuestos, pero adviértase el contrasentido: una empresa que factura más de 7000 millones de pesos por año pide un préstamo de 500 para -en teoría- hacer obras, y le transfieren 28 y algo de millones para pagar los intereses de ese préstamo, el mismo día que está incorporando casi 2112 millones de pesos (es decir, 74 veces más) de recursos extra, que provinieron del aumento de tarifas.

Aumento que asfixia a familias, comercios, empresas y Pymes, y hasta clubes de barrio (a los que es subsidian el 50 % con un sistema engorroso que nunca llega), vecinales o entidades de bien público. ¿No sería preferible que la provincia subsidiara las tarifas, eximiendo por ejemplo a la EPE de pagar Ingresos Brutos? 


jueves, 3 de noviembre de 2016

MAJUL TE BATE LA POSTA DE POR QUÉ ESTÁ PARADA LA OBRA PÚBLICA


TE GANARON DE MANO POR 63 AÑOS, MARGA


Esa ley ya la impulsó Perón, la aprobaron en 1953, tiene el número 14.250.

De "Convenciones Colectivas de Trabajo" se llama, y ahí aparecieron las paritarias. 

Que es el mecanismo que tenían los trabajadores para que su salario no pierda contra la inflación.

Al menos hasta que llegó Macri, y puso las paritarias por "metas de inflación futura", con un guiño de los muchachos de la CGT.