Apenas asumieron le hicieron votar a la Legislatura la emergencia hídrica por inundaciones (todavía hay sequía), y las emergencias social, en salud, educativa y en seguridad; que les permiten -básicamente- hacer contrataciones sin previa licitación pública.
Luego vendría la emergencia en la prestación de los servicios de agua potable y cloacas, que les permite prestarlos sin marco regulatorio alguno, y aumentar las tarifas sin la previa intervención del ENRESS.
Crearon la Cámara de Ejecución Penal y designaron como camaristas a candidatos que habían sido excluidos por el jurado del concurso, porque -dijeron- "esos cargos los tiene que ocupar alguien consustanciado con la mirada del Poder Ejecutivo sobre el tema.
Antes de llamar a concurso para más de 400 cargos en la justicia, reformaron -una vez más- la reglamentación del Consejo de la Magistratura, para permitirle al gobernador proponer para ser designado a alguien no ternado por los jurados, e incluso a alguien que ni siquiera se haya presentado a concurso.
Repusieron la detención policial por averiguación de antecedentes y la obligación de portar el DNI en la vía pública y exhibirlo cada vez que lo pide la policía, para no ser detenido; cosa que les sucedió hasta a pibes que salían de la escuela.
Desconocieron unilateralmente acuerdos paritarios firmados por el gobierno anterior con los distintos gremios estatales, y cesantearon sin causa y con pretextos varios a 850 trabajadores pasados a planta permanente en ese marco, además de dilatar el pago de los aumentos.
Reimplantaron el presentismo docente (en negro y sin aportes jubilatorios) con otro nombre, y descontaron los días de paro a los trabajadores que participaron en protestas contra las políticas salariales, y hasta a muchos que no lo hicieron.
Aprobaron -con la Legislatura vallada y gases lacrimógenos, y casi sin debate- una reforma previsional que recorta salarios y derechos a los trabajadores y estatales santafesinos, declara la emergencia previsional, establece "aportes solidarios" sobre sus haberes a los jubilados, no establece un régimen opcional de transición y faculta al gobernador a subir la edad jubilatoria, cuando la suba el gobierno nacional.
Mandaron a detener a los sindicalistas que participaron de la protesta en la Legislatura cuando se sancionó. Tienen retenidos hace meses sin firmar más de 500 nombramientos (desde ingresos hasta ascensos) de empleados y funcionarios del Poder Judicial que rindieron concursos.
En el proyecto de presupuesto 2025 enviado a la Legislatura contemplan autorizar al gobernador a subir por decreto el tope que hace obligatorio realizar licitación pública para las contrataciones del Estado, si la inflación supera determinado monto.
Impulsan una reforma constitucional que contempla la supresión del Tribunal de Cuentas, e ingresaron en la Legislatura proyectos para ampliar el número de miembros de la Corte Suprema, lo que sumado a las bajas provocadas por la su ofensiva contra los actuales le permitiría controlar el tribunal.
Al próximo nabo de los de ellos (y también de los nuestros) que venga con el cuento de la calidad institucional y la independencia de los poderes en la república se lo despierta con un sopapo con la mano abierta. Mejor con las dos.
