LA FRASE

"ACABO DE RECIBIR UNA PERICIA DE GENDARMERÍA QUE CONFIRMA LO QUE VENGO DICIENDO HACE RATO: LA GENTE LLEGA PERFECTAMENTE A FIN DE MES Y LA ECONOMÍA NO ESTÁ EN RECESIÓN." (JAVIER MILEI)

lunes, 22 de diciembre de 2025

LA BLITZKRIEG DEL CAPITAL

 

La discusión en el Congreso del Presupuesto y reforma laboral enviados por Milei se llevaron toda la atención y dejaron en un segundo plano los demás temas contenidos en el Decreto 865 por el cual se llamo a extraordinarias, y en un punto es lógico: ambos (presupuesto y reforma laboral) son a su vez madrioshkas de hijoputeces, verdaderas bombas racimo que desparraman para todos lados recortes de derechos para trabajadores y sectores sociales más desprotegidos, y canonjías, privilegios y beneficios para todas las fracciones del capital.

En el caso del presupuesto y además de sus números en sí (expresivos de la continuidad del plan de ajuste fiscal para generar excedentes que destinar al pago de la deuda) estaba el capítulo que finalmente fue rechazado en la votación en Diputados, e incluía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, el reconocimiento de deudas monumentales por la pesificación de las tarifas a Edenor y Edesur, el congelamiento de las asignaciones familiares y la AUH, la derogación del fondo de educación técnica y la restitución a la CABA de los puntos adicionales de coparticipación que le cediera Macri por decreto. 

La reforma laboral -un intento regresivo por volver a los tiempos de la servidumbre de la gleba- conlleva además beneficios tributarios exorbitantes para el capital más concentrado, en perjuicio incluso de la masa de recursos coparticipables que deben compartirse con las provincias.

Pero el resto del temario contenido en el decreto de convocatoria a extraordinarias no es menos tenebroso: así por ejemplo el proyecto de ley de "Inocencia Fiscal" supone un blanqueo (el enésimo en pocos años) permanente y perpetuo, así como la invitación a lavar dinero, evadir impuestos y fugar capitales, con la renuncia explícita del Estado nacional a buena parte de sus facultades de fiscalización y recaudación; mientras que la "Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria" propone penalizar (si: incluir en el Código Penal) determinadas políticas económicas expansivas del gasto, o que vulneren la regla del equilibrio fiscal o déficit cero: en la cabeza de Milei los lavadores de dinero o evasores de impuestos no son delincuentes sino héroes que deben ser premiados, pero toda política económica que se aparte del dogma de la superchería austríaca del cual él es devoto, merece la cárcel.

Hay además una horrorosa reforma del Código Penal que condensa todos los engendros del punitivismo de la derecha más reaccionaria y un proyecto de modificación (en la práctica derogación) de la ley de glaciares, hecho expresamente a pedido de los Estado Unidos en el acuerdo comercial anunciado hace poco, para beneficio de cuatro o cinco grandes multinacionales mineras; que sumado al contexto ya de por sí oprobioso del RIGI lo único que le reportará al país (y a las provincias que lo apoyan) es el saqueo de sus recursos naturales, sin dejar nada a cambio salvo pasivos ambientales, y algunos empleos más o menos bien remunerados. 

Como si todo esto fuera poco, el 14 de diciembre se dieron a conocer distintas propuestas emanadas del Consejo de Mayo, entre ellas una "ley de inviolabilidad de la propiedad privada", que conlleva modificaciones sustanciales en el régimen de expropiaciones de la Ley 21.499 (cuasi eliminando la ocupación temporaria de uso en casos de catástrofes o desastres naturales), en el procedimiento de desalojo contemplado en Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para los casos de alquileres (convirtiéndolo prácticamente en un juicio ejecutivo) y en el régimen de integración socio-urbana de barrios populares de la Ley 27.453 (estableciendo las condiciones para los barrios urbanizados puedan ser coto de caza de los desarrolladores inmobiliarios).

También introduce cambios en la regulación de tierras rurales de la Ley 26737 (eliminando las restricciones que se establecieron en tiempos de Cristina para las adquisiciones por extranjeros) y en la Ley 26815 de manejo del fuego, para eliminar los cambios introducidos en la pandemia a partir de un proyecto de Máximo Kirchner, para evitar los incendios provocados para ampliar la frontera agropecuaria, o posibilitar negociados inmobiliarios. Al respecto pueden consultar con provecho esta nota de María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo en "El Cohete a la Luna".

Estamos en presencia entonces de una verdadera guerra relámpago desatada por todas las fracciones más concentradas del capital nacional y extranjero, lanzados como animales carroñeros sobre los restos de lo que queda de la Argentina, sus riquezas y recursos naturales y los derechos de la mayoría de sus habitantes. Tal como lo hicieran con Martínez de Hoz primero y con Menem y Cavallo después, y como lo intentara Macri en 2017 hasta que chocó la calesita, los que nos dicen que nosotros íbamos por todo lo hacen ellos apenas pueden; y vuelven a repetir su doble lectura de los resultados electorales en el país, según quien gane las elecciones: cuando el que gana no les gusta, debe moderarse y ejecutar las políticas que convienen a sus intereses con prescindencia de lo que haya votado la gente; pero cuando ganan ellos -a través de sus mascarones de proa de ocasión- tienen carta blanca para hacer lo que les plazca, y toda oposición debe ser arrasada.

Debates a las apuradas con plazos perentorios, comisiones del Congreso armadas a dedo sin respetar las proporciones resultantes del voto ciudadano, leyes ómnibus armadas como verdaderos Frankenstein jurídicos que evidencian tratos pampas entre mafiosos que en el fondo saben que lo son, y no se tienen confianza más allá de los acuerdos circunstanciales, secretismo sobre los contenidos  escasa o nula defensa argumental de las bondades de las iniciativas; y en no pocos casos, confesión más o menos explícita de que en el fondo se trata de defender negocios, o responder a intereses bien concretos, y muy poderosos.

Es tan difícil encontrar en el paquete de leyes que Milei quiere aprobar (y que se suman a la ley bases con el RIGI y el DNU 70 aun vigente) algún fracción más o menos relevante del capital nacional o extranjeros cuyos deseos no hayan sido atendidos de modo preferente, con precisión quirúrgica, como encontrar allí algo mínimamente parecido al cuidado o la atención de un grupo vulnerable, la concesión o la garantía de un derecho para las grandes mayorías nacionales, o algún beneficio tangible y concreto para los pauperizados sectores populares.

El (triste) papel que cumple en todo esto Milei no difiere mucho del que juega Jaime Campos en la AEA: el amanuense de ocasión encargado de recolectar las demandas de los patrones (nacionales y sobre todo extranjeros), y hacerlas realidad. Solo que munido de la investidura presidencial, y con el respaldo institucional del Estado argentino.

La voracidad del asalto indica que en el fondo y aunque apoyan el experimento libertario con seres vivos, son concientes de su fragilidad y de que no puede durar mucho; de allí que lo que quieren en rigor es blindarse para condicionar a futuros gobiernos, aprovechando la oportunidad (que ellos mismos calificaron de histórica, y en un sentido lo es), y sacando provecho de la experiencia.

Será cuestión entonces de que alguna vez hagamos lo mismo nosotros, y así como el deber de la hora es resistir con todas las fuerzas la avanzada, también hay que prepararse para un futuro no solo con propuestas alternativas que (como la que hizo esta semana el PJ sobre la reforma laboral) requieren reconquistar el poder político para poder imponerse, sino con un programa construido en base a compromisos concretos de tumbar todos estos latrocinios al país, su pueblo y sus recursos, si llegaran a concretarse; comenzando además por decir claro y con todas las letras que haremos con la deuda, que es el nudo gordiano de la dependencia. 

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domingo, 21 de diciembre de 2025

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sábado, 20 de diciembre de 2025

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viernes, 19 de diciembre de 2025

PARA IR GANANDO TIEMPO

 

Sabido es que la provincia de Santa Fe acaba de concluir una reforma constitucional diseñada por Pullaro para asegurarse la chance de la reelección, y buscando acrecentar su poder de control sobre los tres poderes del Estado provincial. Tanto que una de las cláusulas en la que más insistió fue la que establece el cese automático de los jueces de la Corte Suprema al alcanzar los 75 años de edad.

Desde entonces -desde que la reforma fue aprobada- Pullaro viene insistiendo en público para que los jueces de la Corte que están en condiciones de dejar sus cargos (Spuler, Gutiérrez y Falistocco) lo hagan, bajo la amenaza de cesarlos por decreto si no lo hicieran. Y este miércoles firmó el Decreto 3218 cuya imagen abre el post, dando inicio al procedimiento de designación de sus reemplazantes.

En los considerandos del decreto señala el gobernador que "...a los fines de ordenar la aplicación de lo dispuesto por el artículo 124, en línea con las exigencias de diálogo y responsabilidad institucional que debe guiar la actuación de quien se desempeñe como funcionario en cualquiera de los órganos del Estado provincial,...". (Las comillas son siempre al texto y la negritas son nuestras). Diálogo y amenazas de raje por decreto si no renuncian, sería.

Sigue diciendo el decreto que "...bajo dichas premisas resulta imprescindible dar inicio a los procedimientos pertinentes para proceder a postular -en el marco de las competencias que le corresponden a este Poder Ejecutivo, respetando el principio basal de división de las funciones del poder y a fin de garantizar el adecuado funcionamiento institucional de la provincia y el respeto a la Constitución Provincial- precandidatos y precandidatas para la cobertura de dichos cargos en el Máximo Tribunal;...". Es decir que según Pullaro sería imprescindible iniciar ahora el procedimiento de postulación de candidatos a la Corte, para que ésta pueda funcionar normalmente.


El decreto incluye los nombres de los tres candidatos propuestos por Pullaro para ser jueces de la Corte, incluyendo entre ellos al Pontaquarto de Felipe Michlig (el presidente de la UCR provincial) en el Senado, el actual juez federal de Reconquista y una abogada radical a la que disfrazaron de representante del Colegio de Abogados de Rosario. El decreto dice que se basa en el procedimiento establecido por Hermes Binner mediante el Decreto 18/07 (copia calcada del diseñado por Néstor Kirchner por el Decreto 222/03 para los jueces de la Corte Suprema Nacional), que el propio Pullaro modificara en 2024 mediante el Decreto 2889. 

El artículo 2 del decreto de Binner dice textualmente: "La finalidad última de los procedimientos adoptados será otorgar transparencia y facilitar la participación de la ciudadanía en el procedimiento de preselección de candidatos para la cobertura de vacantes en la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA y la vacante del cargo de PROCURADOR GENERAL en un marco de prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función." (Siempre las negritas son nuestras)

El artículo 4 (modificado por Pullaro en el 2024) señala lo siguiente: “Establécese que, producida una o más vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia o en el cargo de Procurador General, se publicará el nombre y los antecedentes curriculares abreviados de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de las vacantes en el Boletín Oficial, en las redes sociales oficiales y la página web de la Provincia de Santa Fe durante tres (3) días corridos. Del inicio del procedimiento se dará inmediata comunicación a la Legislatura.”.

Queda en claro entonces que el mecanismo empieza a funcionar cuando alguno de los cargos de la Corte o el del Procurador General quedan vacantes. Pero veamos lo que nos dice el mismo Decreto 3218 dictado por Pullaro el miércoles pasado al respecto:


Por si no se entendió: el único de los tres ministros de la Corte que exceden los 75 años de edad que presentó su renuncia y le fue aceptada (lo que requiere un decreto del gobernador) fue Spuler, pero con efecto a partir del 1 de septiembre. Tanto es así que el decreto dictado por Pullaro esta semana se basa en informaciones periodísticas para decir que tanto Rafael Gutiérrez como Falistocco "han anunciado" o "manifestado su voluntad" de dejar sus cargos, pero recién a partir de noviembre del año que viene. Mientras tanto, no han presentado sus renuncias, ni le han sido aceptadas por el gobernador.

Lo que supone que al día de hoy (y por mucho tiempo, hasta septiembre de 2026 en un caso y noviembre en los otros dos) no hay ninguna vacante en la Corte Suprema de Justicia de la provincia, no obstante lo cual Pullaro puso en marcha el mecanismo para designar a sus reemplazantes; y según nos cuenta acá el periodismo amigazo en el diario de Nahuel, la idea es enviar los pliegos a la Legislatura en enero y que sean aprobados a más tardar en marzo.

Con la mayoría cómoda de que goza Pullaro en ambas Cámaras de la Legislatura (y por ende en la Asamblea Legislativa que debe tratar los pliegos) se descuenta que así será, máxime cuando la Constitución provincial (ni con las recientes modificaciones) no exige la mayoría de dos tercios de votos de los presentes que exige la Constitución nacional para el acuerdo del Senado para los jueces de la Corte Suprema de la Nación. Y de ser así las cosas, tendremos dos Cortes paralelas: una funcionando con tres jueces firmando fallos con la mano muerta, las renuncias presentadas y eventualmente aceptadas, y otros tres designados de antemano en su reemplazo, esperando por asumir: a esto lo llama Pullaro calidad institucional.

Como el juego de la silla entre radicales que acaban de hacer -por estos mismos días- para cubrir la vacante de Villar (militante radical de toda la vida que pasó a ser funcionario del Poder Ejecutivo) en el Tribunal de Cuentas proponiendo para el cargo a Adriana "Chuchi" Molina, militante radical que acaba de terminar su mandato como presidente del Concejo municipal de Santa Fe, y de la que se decía que le iban a crear un cargo a su medida en la Gobernación. A tenerlo en cuenta cuando nos corran con la vara del republicanismo, o se indignen porque el kirchnerismo acaba de rosquear en diputados la designación del cargo que le corresponde (como principal oposición) en la Auditoría General de la Nación. 

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jueves, 18 de diciembre de 2025

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miércoles, 17 de diciembre de 2025

LEVEN ANCLAS

 

En el posteo al que corresponde la imagen de apertura, Cristina señala las diferentes fases que atravesó en estos dos años el experimento libertario en manos del experto en hacer crecer la economía con y sin dinero, y del Messi de las finanzas, con los resultados conocidos: la inflación hace seis meses que baja subiendo cada vez más que el índice del mes anterior (y ni los dibujos de Lavagna junior lo pueden disimular), mientras se siguen perdiendo empleos y cerrando empresas (a razón de 394 por hora y 28 por día, respectivamente).

Ahora las bandas cambiarias que "estaban bien calibradas" (Toto Caputo dixit, hace apenas días) se ajustarán por la inflación a pedido del FMI, para poder adquirir reservas que permitan hacer frente a los pagos de la deuda, pese a que Milei dijo (también hace días) que no lo hacían porque era inflacionario.

Lo cual supone que el gobierno abandona el ancla cambiaria con la cual apostaba a contener la inflación, mientras sostenía el discurso de que ésta es un fenómeno exclusivamente monetario producto de la monetización del déficit fiscal vía emisión, y se viene una nueva devaluación, como pedía el mercado. Con los efectos que ya conocemos sobre el menguado poder adquisitivo de los salarios.

Al ancla de la motosierra tampoco le quedaba mucha nafta, y aun así en el presupuesto que a la hora de subir estas líneas se aprestaba a aprobar la Cámara de Diputados (con la inestimable colaboración de la UCR y los gobernadores de "Provincias Unidas") incluye en su artículo 75 la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, y de la Ley 27160 aprobada en 2015 durante el segundo gobierno de Cristina, que dispone que se actualicen por el mismo índice que se usa para las jubilaciones, las asignaciones familiares en generales, y la AUH en particular.

Así las cosas solo seguirá funcionando como ancla anti-inflacionaria -como ha sido hasta ahora, pero con más importancia- el salario, que es el otro fin para el que el gobierno impulsa la reforma laboral: debilitar a las organizaciones sindicales y destruir la negociación colectiva centralizada, forzando negociaciones de salarios a la baja en un contexto de desempleo creciente, que no hará más que subir por la baja de las indemnizaciones.

Y en esto último -habrá que decirlo- después de varios ensayos y fracasos como lo señala Cristina, todo marcha de acuerdo al plan. O dicho de otro modo: es exactamente lo que muchos votaron, lo sepan o no. 

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¿SERÁ EL MISMO HOSPITAL?

 

La historia del nuevo hospital regional de Rosario es larga: era uno de los famosos "8 hospitales en toda la provincia" de la propaganda del socialismo, y la obra fue originariamente adjudicada por Binner en el 2011: en ésta entrada pueden ver más detalles al respecto; pero lo cierto es que 14 años después, no está terminado aun.

Tanto que Pullaro por el Decreto 3116 cuya imagen abre el post adjudicó la etapa final a una UTE integrada por tres conocidas de la obra pública provincial, tantos en los gobiernos del Frente Progresista como en el actual: DINALE, EDECA y PECAM. Por cierto: esta etapa final tiene un plazo de ejecución de tres años, lo que supone que el hospital no estaría terminado antes de finales del 2028, 17 años después de habérselo empezado.

Como da cuenta el decreto, el presupuesto oficial para esa etapa final al mes de marzo de éste año era de $ 70.614.801.339,63; y la obra termina siendo adjudicada en diciembre a una oferta que cotizó en agosto (o sea, cinco meses después de confeccionado el presupuesto) $ 47.857.000.000; es decir un 32,23 % menos. O sea que en una obra que ya lleva 14 años de empezada sin concluirse, se tomaron cuatro meses para decidir la adjudicación, con esa diferencia entre presupuesto oficial y oferta más conveniente; como si algo no cerrara. 

Diferencia que además existe pese a que según surge de los propios datos oficiales del gobierno de la provincia a través del IPEC (Instituto Provincial de Estadística y Censos), el costo de la construcción en el Aglomerado Gran Rosario lleva acumulada a octubre (último dato disponible) un alza anual acumulada del 16,6 %, e interanual del 22,4 %: ver los datos acá. 

Todas las demás ofertas estuvieron por debajo del presupuesto oficial, en rangos que van desde el 10,12 % hasta el 19,36 %; con diferencias entre la ganadora y la más cara del 24,60 %, lo que ya de por sí es mucho.

A diferencia de los casos en que la oferta ganadora es más cara que el presupuesto oficial, en éste caso no se actualizó éste último, aunque imaginamos que de solo aplicarle el índice de precios de la construcción a que antes hicimos referencia, la diferencia sería aun mayor.

Tanta que uno se pregunta si el presupuesto oficial fue confeccionado por alguien que no entiende del tema, o las empresas que ofertaron (y en especial las que forman la UTE ganadora) están pensando en construir un hospital igual al que licitó la provincia. 

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