En las entradas anteriores analizamos los diferentes aspectos vinculados con una probable re estatización de YPF, pero también sería posible conformar una petrolera estatal sobre otras bases: creando una nueva empresa con ese fin, o conformándola sobre la base de ENAR S.A.y con la participación de las provincias.
En ese caso los permisos de exploración y concesiones de explotación de yacimientos que hoy tiene a su cargo YPF (los derechos que posee sobre los contratos, no la propiedad del recurso según aclaramos antes) no formarían parte de la ecuación; por lo que hay que pensarla sobre otras bases, y con otra escala de negocios.
En una de las entradas anteriores analizábamos que pasó con la oferta hecha por la Nación en la Ley 25.943 de creación de ENAR S.A.: ninguna se prendió y no suscribieron acciones, por lo que todo eventual aumento de capital de la empresa para poder explotar por sí o por terceros yacimientos (ya lo hace en algunos casos en la plataforma continental) correría por cuenta del Estado nacional.
A menos que -como dijimos antes- las provincias destinen a esos fines parte o todo de las regalías que perciben por la explotación de los yacimientos ubicados en su territorio; algo que hoy por hoy no parece muy probable: los esfuerzos por reflotar la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) -encabezados por el gobernador de Mendoza- están dirigidos fundamentalmente a exigirles a las petroleras privadas aumentos en los volúmenes de producción, para poder percibir más regalías.
Salvo Chubut (donde la producción se mantuvo estable) en la brusca caída de la explotación petrolera está justamente la causa de los apuros financieros de muchas provincias, como Santa Cruz o Río Negro: cayeron sus ingresos por regalías.
Cualquiera sea la variante por la que se opte si se pensara en conformar una petrolera estatal, hay otro punto que aclarar: mucho se ha especulado (sobre todo de parte de Pino Solanas y Proyecto Sur) con la caducidad (caída) de las concesiones por incumplimientos de las petroleras, y a partir de allí hacen como el cuento de la lechera con el cántaro: cuentan los pozos o yacimientos que recuperaron, y empiezan a volar soñando con que todo ya está hecho.
Recordemos lo que dijimos antes: los permisos de exploración y las concesiones de explotación están sustancialmente regidos por la Ley de Hidrocarburos 17.319, que establece en su artículo 80 las causales de caducidad de los mismos: falta de pago del cánon establecido, falta de pago de las regalías durante un tiempo determinado, negativa a someterse a las inspecciones o controles de la autoridad concedente, y finalmente, incumplimiento de las metas previstas en materia de inversiones, exploración, explotación y producción.
Recordemos también que se dijo en este blog que con la Ley Federal de Hidrocarburos 24.145 (1992) y con la Ley 26.197 (dictada en 2007 para dar pleno cumplimiento a la reforma constitucional del 94' y su artículo 124 que traspasó los recursos a las provincias) las potestades propias del poder concedente pasaron del Estado nacional, a los Estados provinciales; que son en consecuencia los que deben realizar los procedimientos para determinar -en cada caso concreto, con cada empresa petrolera- si se dan o no las causales de caducidad contempladas en la Ley 17.319, y en su caso dejar sin efecto las concesiones por ese motivo.
Y en el caso de los incumplimientos respecto de las metas previstas en materia de inversiones, exploración, explotación y producción, es necesario a su vez que esas metas estén clara y taxativamente previstas en los respectivos contratos, normas de adjudicación de los permisos o de las concesiones; otro aspecto a dilucidar en cada caso: no puede el Estado (ni el nacional ni los provinciales) salir a decir de golpe "cayó la producción, estamos importando combustible y por eso declaramos caducas todas las concesiones".
Porque de lo contrario se expondría a más que seguros juicios (a litigar ante el tribunal del CIADI, por la Ley 24.353) por confiscación de activos, o cosas similares, y ya sabemos como se las gastan estos muchachos. No se trata de decir que no se puede, sino que hay que hacerlo bien.
Y tener en cuenta como irán influyendo todas esas viscisitudes en la producción petrolera del país, porque tampoco es cuestión que generen conflictos que la paralicen más aun y el problema se agrave.
Una reforma del artículo 124 de la Constitución Nacional (muy necesaria en nuestra opinión) devolviéndole al Estado nacional el dominio originario de los recursos naturales estratégicos lo que permitiría es revertir el proceso iniciado con el menemismo, y que el poder concedente y el control de la explotación petrolera en manos privadas esté en manos de un actor más importante que los Estados sub nacionales (como las provincias); para encarar la negociación mano a mano con empresas que en muchos casos son gigantescas.
De más está decir que esa reforma debería disponer (como lo hacía el artículo 40 de la Constitución de 1949) que se coparticipe el producido de la explotación con las provincias donde están ubicados los recursos, con un porcentaje mínimo que tendría que ser incluso mayor al 12 % de regalías que perciben hoy de las petroleras; para que los representantes de esas provincias apoyen la reforma.
Y una reflexión final: en todos estos posteos sobre el tema (y en su aparición en el debate público) subyace un acuerdo básico: es necesario incrementar la explotación y producción de petróleo en el país, por múltiples razones, que van desde el autoabastecimiento energético hasta el equilibrio en la balanza de pagos y la disponibilidad de divisas fruto del superávit del comerio exterior.
Eso supone incrementar los riesgos ambientales que una actividad como el petróleo conlleva, más aun si se ingresa en el terreno de la explotación del llamado petróleo no convencional, que -entre otras cuestiones- exige utilizar enormes cantidades de agua.
Con lo que queremos anotar que la situación plantea muchas similitudes con la tan maltratada minería a cielo abierto (hasta en los aspectos jurídicos, como quedó expuesto), y sin embargo muchos de los que se oponen abiertamente a ésta, reclaman con la misma energía que se incremente la producción petrolera.
Pino Solanas y Proyecto Sur son los más arquetípicos, pero no los únicos: les corresponderá a ellos explicar esa incoherencia, a menos que prevalezca la vertiente ambientalista y se empiecen a oponer también a que la Argentina produzca más petróleo; y a que -si es necesario para eso- vuelva a tener una petrolera estatal.
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