El aceitado (y costoso) aparato publicitario montado por el socialismo durante los cuatro años del gobierno de Binner ya no puede tapar el sol con la mano, y las consecuencias del despilfarro y la inoperancia para gestionar la provincia están cada vez más a la vista.
Los despidos y suspensiones de obreros de la construcción en obras públicas paralizadas, con certificados que no se pagan desde hace meses, se suceden: sólo en la obra del nuevo hospital Iturraspe (a la que refiere la nota de la imagen) ya son más de 60; y la empresa contratista (la tristemente célebre Ponce Construcciones) aduce que es porque la provincia le pidió que paralice los trabajos, porque no los puede pagar.
No es la única obra ni el único lugar donde sucede, como podemos ver acá:
Hace un tiempo atrás (y aun subsiste) se daba la misma situación en obras públicas provinciales y municipales en la ciudad de Rosario.
Los funcionarios provinciales desmintieron la situación, una y otra vez; y fueron a su vez ampliamente desmentidos por la realidad: las obras públicas están paradas, los certificados no se pagan, y las empresas apelan al expediente de los despidos y las suspensiones de personal.
La situación es grave, porque tiene un costado social doloroso, y del mismo modo que la obra pública es un elemento dinamizador de la actividad económica, su paralización trae aparejado los efectos contrarios; que es lo que está pasando en Santa Fe: después los funcionarios provinciales se rasgan las vestiduras cuando los indicadores de desempleo nacionales le dan a la provincia o sus grandes aglomerados urbanos, cifras por encima de la media nacional.
Y es más grave aun porque las explicaciones -convincentes- de los funcionarios del gobierno de Bonfatti, brillan por su ausencia: raro, ¿no?, en una gestión que la da tanta importancia a la política de comunicación mediática.
O no tan raro quizás, si se considera que las verdaderas causas de todo esto son total y absolutamente atribuibles a la propia incapacidad del socialismo (y sus socios radicales: no olvidemos que en el reparto del gabinete les tocó el área de Obras Públicas) para gestionar la obra pública.
Porque en este caso (en las obras que se encuentran paradas, sobre todo en los tan promocionados hospitales como el Iturraspe, el CEMAFE , o los hospitales de Reconquista y Las Toscas se están financiando en su totalidad con las partidas que remite la Nación (en forma diaria y automática, como la coparticipación federal) a través del Fondo Federal Solidario, o Fondo Soja.
Lo que implica que el dinero está líquido y disponible en el Banco Nación sucursal Santa Fe (repetimos: todos los días), y como se trata de recursos afectados (o sea que tienen un destino específico, en este caso la obra pública: así lo dispone el Decreto 206/09 de Cristina), no se pueden usar para otra cosa; como por ejemplo pagar sueldos o gastos corrientes.
El problema entonces no es de plata, a menos que el socialismo y sus aliados (¿cómplices?) radicales estén echando mano de esos recursos para otra cosa, y ya no los tengan: porque entonces estaríamos hablando de un delito, que es malversación de caudales públicos.
A ver si el amigo De Olazábal y todo el pomposo Ministerio Público creado con tanta fanfarria se ponen a investigar un poco el asunto.
Y si se tratara -como de dice en uno de los artículos- de maniobras especulativas de las empresas para presionar al gobierno y obtener redeterminaciones (indexación) de precios de los contratos; también amerita que las autoridades provinciales lo expliquen claramente a la ciudadanía, empezando por las propias familias de los trabajadores despendidos y suspendidos.
Porque lo llamativo del caso es que muchas de esas empresas (como Ponce Construcciones, que tiene a su cargo la obra del Iturraspe) fueron beneficiadas por el gobierno del Frente Progresista con la adjudicación de nuevas obras, como es el caso de la tan meneada Ruta 1 (de la que fueron echados al inicio del gobierno de Binner), sin ir más lejos.
Lo que revelaría una trama oculta un poco más compleja, por la cual las presuntas maniobras especulativas no existen, o si son ciertas, el gobierno provincial no las puede denunciar públicamente porque está atado por compromisos contraídos previamente.
Compromisos que pueden pasar por adeudar cuatro o cinco meses de certificaciones de obras, habiendo generado una deuda flotante por más de 1405 millones de pesos por certificados impagos el año pasado (hecho denunciado en este blog acá, y también en su momento desmentido por el gobierno del Frente Progresista); o por haber usado el descubierto en el Nuevo Banco de Santa Fe (algo también denunciado en este blog) aumentando más el endeudamiento provincial, tras un 2011 que cerró con 1640 millones de pesos de déficit.
O compromisos derivados de que quizás los muchachos contratistas arrimaron alguna moneda para las campañas: la de Bonfatti gobernador, y la de Binner presidente; y por que no, las de Corral y Mónica Fein a las intendencias.
Como sea, la gravedad del caso (los despidos aumentan todos los días) amerita sobradamente que desde el gobierno provincial nos den a los santafesinos las explicaciones del caso; y para el que le interese información sobre el tema, pueden leer todo lo que fuimos publicando en Nestornautas al respecto, buscando a la derecha en la etiqueta "obras".
Podrán ver que tan errados no estábamos.
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