Que en la editorial de hoy del diario fundado por Mitre se despotrique contra el unitarismo es bastante indicativo de que la derecha argentina apelará a cualquier argumento con tal de esmerilar al gobierno nacional, y por estos días el más socorrido es el del federalismo, además del consabido de "la plata de los jubilados", que también se usa en la nota.
Que miente desde la mismísima bajada del título cuando dice "el gobierno nacional gasta fondos que pertenecen a las provincias", sin luego dar un sólo ejemplo concreto de eso en toda la nota.
Porque analizando (y criticando) la decisión de Cristina de prestarle a Scioli fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (la mal llamada "plata de los jubilados), dice que tenía a mano otros recursos creados específicamente para eso, como son los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) para las provincias que registran dificultades financieras, y los recursos del Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Públicas Provinciales del cual Scioli recibió 1000 millones, y quedarían (según La Nación) otros 15.000 para ser distribuidos.
El problema con eso es que el programa deriva de otro, que es el Programa de Desendeudamiento que Cristina estableciera en el 2010 por el Decreto 660; para refinanciar las deudas que las provincias tienen con la Nación por varios conceptos, como por ejemplo el retiro de circulación de las cuasi monedas provinciales (llamado Programa de Unificación Monetaria) durante los gobiernos de Duhalde y Kirchner (sobre todo éste último); y la pesificación de las deudas contraídas por las provincias en dólares con los organismos multilaterales de crédito, a $ 1,40 + CER, absorbiendo la Nación el pago de la diferencia de los servicios de deuda a la cotización oficial del dólar, por lo que esa diferencia pasó a ser deuda nacional.
Esas deudas (y otras) se cancelan mediante un programa de renegociaciones establecidos por el Decreto 660, aplicando justamente recursos disponibles de la masa de ATN no distribuidos, que no son recursos de las provincias, sino de la Nación, creados por la Ley 23.5438 (el régimen de coparticipación de Alfonsín) en el marco del artículo 75 inciso 9) de la Constitución Nacional: liberarlas de deudas que se refinancian (con plazos de pagos más generosos) es -para muchas- provincias tan importante como auxiliarlas financieramente.
De modo que hasta acá, no aparecen por ningún lado los "fondos que pertenecen a las provincias" que estaría gastando la Nación; del mismo modo que el famoso "piso" del 34 % ´de coparticipación que -según la editorial- no se estaría cumpliendo: para no aburrir a los lectores, acá y acá se ha hablado en detalle del asunto, como para concluir en que es una especie de criatura mítica, que no existe.
Pero andando en la nota, se le empiezan a ver las patas a la sota cuando menciona el "Fútbol Para Todos" (al que le asignan un gasto de 4000 millones, sin aclara el cálculo ni que es por tres o cuatro años) o el déficit de Aerolíneas Argentinas, o las críticas al control de las importaciones que -al parecer- perjudicaría a las economías regionales, que (según ese razonamiento) no tendrían industrias propias que deban ser protegidas.
Al principio mencionan supuestos reclamos de Scioli (intuimos que por la distribución de la coparticipación, algo que se debe resolver por acuerdo entre todas las provincias y la Nación) y de De La Sota, que amenaza con ir a la Corte Suprema por el pago del déficit de la Caja de Jubilaciones (esto La Nación no lo aclara), incrementado exponencialmente luego de una reforma impositiva hecha en la provincia, insostenible desde el punto de vista de la sustentabilidad financiera del sistema.
Y casi como al pasar menciona el artículo que muchas provincias (supuestamente ante la asfixia financiera a la que las somete la Nación) se han visto obligadas a hacer reformas tributaria, traducimos nosotros: cobrarle más impuestos al campo, como le pasó a Scioli sin ir más lejos.
El racconto de los temas planteados a la columna deja claro de que se trata en realidad el asunto: cuestionamiento al rol del Estado, defensa de privilegios fiscales de sectores que capturan rentas extraordinarias, defensa de los negocios del socio en la Expoagro, Clarín; sembrar cizaña al interior del peronismo concientes de que allí es donde se juega la disputa de poder de cara al 2015, cuestionar la decisión del Estado de haber retomado el control de los fondos que manejaban las AFJP e invertirlos en la economía real (pisando allí muchos otros negocios).
O sea que la conclusión es muy clara y sencilla: el objetivo es impugnar globalmente las políticas centrales seguidas por el proceso político abierto desde el 25 de mayo del 2003.
O lo mismo de siempre, en este caso con la excusa del federalismo, que realmente les importa un soto.
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